Actualizado el
martes, 1 mayo 2001



Febrero 2001


FAMILIA PRATS SERÁ PARTE EN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN DE PINOCHET
01 de febrero : Por unanimidad, la Sala Penal de la Corte Suprema autorizó que la familia Prats sea parte en el juicio de extradición en contra de Augusto Pinochet y otros seis imputados, por el homicidio del ex Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats González, y su cónyuge, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
En diciembre pasado, el ministro del máximo tribunal, Jorge Rodríguez, a cargo de este proceso en primera instancia, había resuelto excluir a las hijas del asesinado general, querellantes en la causa instruida en Buenos Aires por la jueza María Servini, al rechazar los escritos de patrocinio y poder presentados por los abogados de la familia Prats, Pamela Pereira y Hernán Quezada.


PINOCHET APELA ENCARGATORIA DE REO
02 de febrero : La defensa de Augusto Pinochet se arriesgó a enfrentar la desfavorable Primera Sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, y presentó un recurso de apelación para revocar en el corto plazo el procesamiento dictado en contra de su cliente que conlleva, además, la detención domiciliaria y el fichaje policial.


EN TRÁMITE QUERELLA EN CONTRA DE COMANDANTES EN JEFE DE LAS FF.AA. Y ORDEN
03 de febrero : El juez suplente del 8° juzgado del crimen de Santiago, Patricio Souza, acogió a tramitación una querella por obstrucción a la justicia en contra de los comandantes en jefe de las FF.AA. y de Orden, basada en que los jefes castrenses no habrían entregado toda la información que poseen sobre detenidos desaparecidos, recopilados por acuerdo de la Mesa de Diálogo.
El curso de la querella causó inquietud en La Moneda, no sólo por lo inesperado del hecho, sino porque suma a la ya tensa situación tras el procesamiento del Pinochet.
El libelo fue interpuesto por 15 hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y afecta individualmente a los comandantes en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta; de la Armada, almirante Jorge Arancibia, y de la Fuerza Aérea, general Patricio Río, además del director general de Carabineros, Manuel Ugarte.


REVELAN DOCUMENTO COMPROMETEDOR
08 de febrero : Un nuevo elemento que da cuenta que Pinochet desestimó ordenar una investigación respecto de la ejecución de una de las víctimas de la llamada “caravana de la muerte” , se desprende de un documento donde el ex dictador propone, de puño y letra, una respuesta frente a una denuncia concreta.
Se trata de la denuncia que en su oportunidad hizo de la ejecución y torturas que sufrió Eugenio Ruiz-Tagle, llevadas a cabo en octubre de 1973, el abogado Gastón Cruzat Paúl, al ministro de justicia de la época, Gonzalo Prieto Gándara, quien, a su vez, la envió al ministro de defensa, a la sazón el vicealmirante Patricio Carvajal en un oficio que consignaba: “Teniendo presente la gravedad de los hechos que se relatan, he estimado mi deber ponerlos en conocimiento de U.S. pues me parece indispensable que sobre el particular se adopten medidas muy enérgicas que impidan la repetición de situaciones similares, y, también que se inicien las investigaciones pertinentes para sancionar a los culpables, si los hubiere”.
Pinochet, escribió sobre el documento las instrucciones de la respuesta: “Proponga respuesta: El señor Eugenio Ruiz-Tagle O. fue ejecutado en razón a los graves cargos que existían en contra de él. No hubo torturas según información”.


DURA CONDENA DE LA OEA A CHILE
10 de febrero : Estériles resultaron los esfuerzos desplegados durante más de tres años por el Ministerio de Relaciones Exteriores para impedir el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la censura impuesta por el país a la película “La última tentación de Cristo” de Martín Scorsese.
En un fallo unánime y categórico, la máxima instancia judicial del sistema hemisférico dedicó a este polémico episodio la primera condena de la Corte contra el Estado de Chile, por violar preceptos fundamentales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a la libertad de pensamiento y de expresión.


DENUNCIADO COMO TORTURADOR ALTO OFICIAL ACTIVO DE LA FACH
12 de febrero : En Puerto Montt se llevaba a efecto una secreta reunión del alto mando de la Fuerza Aérea de Chile para analizar la delicada situación en que se ha visto involucrado el Jefe del Estado Mayor de esa institución, general Hernán Gabrielli, ante una denuncia en su contra por haber torturado a prisioneros políticos el año 1973.
Gabrielli debió interrumpir sus vacaciones y regresar inmediatamente al país para aclarar la denuncia que formuló el ex ejecutivo de Inacesa Carlos Bau, quien dijo reconocerlo como uno de los oficiales que participó en golpizas a los presos en la base aérea de Cerro Moreno, entre los cuales estaba el ex gerente de Inacesa Eugenio Ruiz-Tagle, quien después fue ejecutado por la comitiva militar conocida como “la caravana de la muerte, en octubre de 1973.


GENERAL GABRIELLI NIEGA ACUSACIÓN
13 de febrero : Con un categórico desmentido a las imputaciones que se hicieron en su contra y un requerimiento por injurias, basado en la Ley de Seguridad del Estado, reaccionó el Jefe del Estado Mayor de la Fach, general Hernán Gabrielli, ante la denuncia por torturas formulada en su contra por el ex preso político Carlos Bau.


MINISTRO DEL INTERIOR PIDE QUE NO PROLIFEREN DENUNCIAS
15 de febrero : El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, sostuvo que, por el bien de la convivencia nacional, no deben proliferar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que no se remitan a detenidos desaparecidos y ejecutados.
El personero precisó que su preocupación se sustenta en el hecho de que una espiral de ese tipo de denuncias no ayudaría al proceso de cierre de las heridas que requiere Chile y, por el contrario, generaría una situación que calificó de difícil.
Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos, calificó abiertamente de inaceptables las palabras de Insulza por cuanto no puede circunscribir el problema de la violación a los derechos humanos sólo a la ubicación de restos. Agregó que en un estado de derecho deben ser investigadas por los tribunales de justicia todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura militar.


“FUE MAS CÓMODO NO VER NI OIR”
15 de febrero : En lo que podría constituir el primer “mea culpa” público que un parlamentario de derecha se hace por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, la diputada María Pía Guzmán (RN) declaró que en esos años supo de esos abusos y que para ella fue más cómodo “no ver ni oír, ni escuchar a la Iglesia”.
“Yo estaba en la universidad en ese tiempo y siento que yo cometí errores” señaló la parlamentaria, quien agregó que “Yo sabía, por mi familia, que había personas que el año 73 fueron torturadas y muertas. Supe lo de Eugenio Ruiz-Tagle desde un principio...desde que yo tenía 13 años. Y cuando llegué a la universidad y se planteaba este tema fue más cómodo no ver ni oír. Ese fue nuestro error. La gente hoy día dice que no sabía lo que pasaba, pero la forma más cómoda de no saber es no ver y no oír. Muchos de nosotros, que estamos y pertenecemos a la centroderecha somos católicos y no oímos a nuestro principal referente moral, que fue la Iglesia Católica. Nos escudamos en que los obispos eran “obispos rojos”, que los curas eran unos “curas marxistas” y no quisimos asumir ni darle siquiera la posibilidad de la duda. Y la existencia de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica debió haber marcado para nosotros, gente de derecha, una diferencia y no la oímos...no la oímos”.


“UNA JUSTICIA EXCESIVA PUEDE DEVENIR EN UNA INJUSTICIA”
23 de febrero : En sus primeras declaraciones luego de ser investido cardenal, monseñor Francisco Javier Errázuriz valoró el trabajo de la mesa de diálogo y advirtió en el Vaticano que había que tener cuidado con las presentaciones judiciales porque “una justicia excesiva puede devenir en una injusticia”. En un gesto de apoyo implícito a las polémicas declaraciones del ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien recomendó hace unos días restringir las denuncias ante los tribunales de justicia a casos de detenidos desaparecidos y ejecuciones políticas, evitando la presentación de querellas sobre otras situaciones de violencia ocurridas en los días posteriores al golpe militar de 1973, como torturas, maltratos, encarcelamiento indiscriminado o exilio.


OBISPO CAMUS DISCREPA CON CARDENAL ERRAZURIZ
25 de febrero : El obispo de Linares, monseñor Carlos Camus, discrepó de las palabras del nuevo miembro del purpurado, en cuanto al planteamiento de exculpar a los oficiales de menor graduación, bajo el concepto de “obediencia debida”.
Camus aseveró que “nadie está obligado a torturar”, haciendo referencia a las frases de Errázuriz, aún cuando a su juicio el nuevo cardenal hizo “una comprensión de la psicología del militar que está sujeto a mando, y que en ese tiempo, pocas veces podía ejercer su libertad porque hasta cierto punto corría peligro su propia vida”.
Otro de los temas de discrepancia planteado por el obispo Camus respecto del cardenal Errázuriz, tiene relación con la afirmación del nuevo cardenal, en cuanto a que la Iglesia no haría juicio respecto de los sacerdotes torturados.
Según el Obispo de Linares, ello es un tema “delicado”, ya que a su juicio los hechos represivos ocurridos tras el golpe militar fueron una “barbarie”. De hecho planteó que las palabras de Errázuriz seguramente se referían a la diócesis de Santiago, porque la decisión de presentar querellas por torturas dependerá de cada lugar y de cada obispo.


GOBIERNO DA RESPALDO A LAS FF.AA.
25 de febrero : El ministro de Defensa, Mario Fernández, en su calidad de “jefe de las FF.AA. y responsable de los acuerdos de la mesa de diálogo”, respaldó la petición que el Ejército hizo ante la titular del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago para que no tramite las querellas por obstrucción a la justicia interpuesta por un grupo de familiares de detenidos desaparecidos contra los comandantes en jefe de las FF.AA. y el general director de Carabineros.
En el documento se explica que la institución “contribuyó a la paz social, al entregar un informe sobre 200 casos de detenidos desaparecidos”. Por esta razón, para el secretario de Estado resulta “incomprensible” y “paradójico” el que a los comandantes en jefe de las FF.AA. se les esté acusando de no entregar información, si fue justamente eso lo que hicieron a través del informe que entregaron como resultado de la mesa de diálogo el 6 de enero pasado.


ABUSOS POLICIALES PRINCIPAL PROBLEMA DE DD.HH. EN CHILE ACTUALMENTE
27 de febrero : El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los abusos cometidos por la policía hacia detenidos y manifestantes son los principales problemas de derechos humanos que existen en Chile.
El informe indica que ha recibido reportes de abusos y malos tratos hacia detenidos de parte de carabineros e Investigaciones. Sobre el sistema carcelario, el Informe asegura que está sobrepoblado, al punto que el incendio de la cárcel de San Miguel, en el que murieron siete reos, generó un debate nacional sobre el tema. Además, el documento dice que no hay tratamiento adecuado para reos de alta seguridad, enfermos de Sida y con deficiencia mental. También se indica que muchos aprehendidos no son propiamente notificados de los cargos en su contra; y que son los juzgados militares los encargados de llevar los procesos de personas acusadas de actos terroristas, y de estudiantes arrestados durante manifestaciones por daños a la propiedad o maltrato a efectivos militares. Pese a que el informe indica que no hay reportes sobre prisioneros políticos, se señala que los presos de la Cárcel de Alta Seguridad aseguran que sí lo son.


LA MONEDA MOLESTA POR INFORME DE DD.HH. DE EE.UU.
28 de febrero : Con desagrado y molestia recibió La Moneda el nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, el que contiene un capítulo de 29 páginas dedicadas a Chile.
El Presidente Ricardo Lagos expresó que no le parece adecuado que un país se arrogue el derecho de opinar sobre determinados temas de una nación soberana, como también restó cualquier autoridad a Estados Unidos para intervenir con opiniones que se encuentran en el ámbito de las Naciones Unidas.