Actualizado el
martes, 16 abril 2002



Marzo 2002



DERECHA POLÍTICA DE CHILE SE OPONE A TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
4 de marzo : Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y la Unión Democrática Independiente (UDI) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el Tribunal Penal Internacional, que está siendo tramitado para su aprobación en la Cámara de Diputados.
Los personeros manifestaron su rechazo al tratado que lo establece por considerar que atenta contra principios constitucionales de Chile. El TPI sanciona crímenes de guerra, agresión de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, los congresistas de derecha consideran que dicha entidad atenta contra la soberanía nacional por el hecho de que organismos internacionales sancionen acciones delictivas cometidas en nuestro país.

GENERAL ® MANUEL CONTRERAS SEGUIRÁ PRESO
5 de marzo : La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó conceder la libertad bajo fianza al ex director de la DINA, general ® Manuel Contreras Sepúlveda. Contreras Sepúlveda se encuentra sometido a proceso por el secuestro de David Silberman, ex gerente de CobreChuqui, ocurrido en 1974, quien se encuentra actualmente detenido desaparecido.

JUEZ PEDIRÁ ACLARACIÓN AL EJÉRCITO SOBRE EXPEDIENTES
6 de marzo : El juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago con dedicación exclusiva para juicios de DDHH., Mario Carroza, pedirá al Ejército que le aclare cuáles son los expedientes de los consejos de guerra que no habrían resultado totalmente quemados a causa de un incendio en 1989, y dónde se encuentran éstos ahora, admitiendo que entre ellos pudiesen estar los que ha solicitado ya en siete oportunidades.
El magistrado dijo que “me ha correspondido oficiar al Estado Mayor del Ejército y a los tribunales militares para solicitar algunos de estos expedientes de los consejos de guerra. Las respuestas las he considerado dilatorias y evasivas, pero ahora he sabido que pareciera que algunos estuvieran destruidos, o no estén al alcance de nosotros, pero no he tenido una respuesta directa".
El 24 de noviembre de 1989, el entonces subsecretario de Guerra con el grado de coronel, Ricardo Izurieta Caffarena, envió un oficio “secreto” a la Vice-comandancia del Ejército de la época, informando que en un “atentado terrorista” cometido el 14 de noviembre de ese año en la Escuela de Educación Física de la institución, en la comuna de La Reina, resultaron quemados 7.419 expedientes de todos los consejos de guerra del país. Pero en un anexo al oficio detalló que 4.673 de éstos se “quemaron o destruyeron” sólo parcialmente.

PRESIDENTE LAGOS RECHAZA INFORME DE EE.UU. SOBRE DD.HH.
7 de marzo : El Presidente Ricardo Lagos rechazó el informe del Departamento de Estado norteamericano relacionado con el ámbito de los DDHH., en el que se califica a Chile como un corredor de drogas y se critica duramente el sistema carcelario chileno. “No es conveniente que un país, por importante que sea, se arrogue el derecho de calificar la situación de otra nación. Creo que eso corresponde a los organismos internacionales y debiera apuntar en esa dirección”, señaló el Mandatario, quien recordó los esfuerzos dedicados a la construcción de diez cárceles nuevas.

SE AMPLIA PLAZO A JUECES EXCLUSIVOS
9 de marzo : La Corte Suprema de Justicia amplió el plazo a los jueces con dedicación exclusiva para investigar los procesos por violaciones de DDHH., quienes debían culminar sus labores el domingo 10 de marzo. El máximo tribunal esperará los informes de los ocho jueces para fijar una nueva fecha de término.

MINISTRO EN VISITA CONCENTRARÁ CAUSAS CONTRA EX AGENTES DE LA CNI
14 de marzo : El ministro en visita Sergio Muñoz Gajardo, resolvió acumular en un solo expediente para efecto de unificación de las condenas, todos los procesos que se instruyen contra ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) implicados en los llamados casos “emblemáticos” de violación a los DDHH.. De esta forma, el magistrado accedió a la solicitud de ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, pero rechazó otra petición de los querellados en torno a la prescripción y la competencia de la justicia militar.

AUMENTAN CONDENA A SECUESTRADOR DE C. EDWARDS
20 de marzo : En 20 años de cárcel quedó definitivamente la condena del Rafael Escorza, quien había sido condenado en 1992 a presidio perpetuo por el secuestro del empresario Cristian Edwards. Si bien se trataba de una sentencia definitiva, en 1993 se dictó una ley que rebajaba la condena a los autores del delito de secuestro que hayan entregado a la víctima “libre de todo daño”.
La resolución la adoptó la Segunda Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que aumentó la pena de cárcel que le había impuesto el ministro en visita Hugo Dolmetsch tras dejar sin efecto el presidio perpetuo.

CONFIRMADO PROCESAMIENTO DE GENERAL ®
22 de marzo : La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió –por unanimidad- confirmar el procesamiento del general ® Raúl Iturriaga Neumann, quien está acusado como autor del secuestro y desaparición del militante socialista Víctor Olea Alegría, ocurrido en 1974. De esta forma, la justicia ratificó el fallo de la jueza con dedicación exclusiva a casos de DDHH., Raquel Lermanda.

JUEZ JUAN GUZMÁN SOLICITA AYUDA
22 de marzo : Un nuevo llamado para que quienes tengan información sobre detenidos desaparecidos entreguen esos datos a la justicia, hizo el juez Juan Guzmán. El magistrado se encuentra en Punta Arenas para conocer los casos del ingeniero petroquímico Silvio Betancourt y de Susana Ovando, quienes desaparecieron en septiembre de 1973.
“Hay mucha gente que sabe, muchas de ellas son obviamente inocentes y obedecieron a órdenes superiores y creo que lo importante, y el llamado que hago, es que empiecen a colaborar. Muchas veces ni siquiera se deja constancia de los datos”, dijo Guzmán, quien agregó que de los mil 200 casos investigados por jueces de dedicación exclusiva, unos 20 han sido aclarados.

REPATRIADOS RESTOS DE EX AGENTE DINA BERRIOS
23 de marzo : Procedentes desde Uruguay llegaron los restos óseos del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos, quien fue encontrado, en abril de 1995, maniatado y con heridas de bala en el cráneo en una playa a unos 30 kilómetros de Montevideo.
A Berríos se le atribuye la creación del letal gas “sarín” y se le vinculó además con el homicidio en 1976 del ex canciller chileno, Orlando Letelier en Washington.
Adolfo Bañados, juez especial que instruía el caso, pretendía obtener su declaración en 1991. El químico era considerado testigo “clave” para el proceso pero, abandonó el país bajo la identidad de Hernán Tulio Pérez Orellana con destino a Uruguay.
En 1992 el ex DINA se apersonó en una comisaría, dijo que estaba secuestrado y que lo querían matar para que no declarara en contra Pinochet por el caso Letelier. Ramón Rivas, militar en retiro y jefe de la Policía del departamento de Canelones, determinó que Berríos fuera entregado a los militares que lo custodiaban.
Los forenses uruguayos establecieron que murió entre enero y junio de 1993 a causa de heridas encéfalo-craneanas producidas por impacto de balas y calificaron la muerte del ex agente de seguridad de “homicidio”.

CASA DE LA CULTURA EN EX CENTRO DINA-CUARTEL OLLAGUE.
24 de marzo : Una “Casa de cultura por la Vida y el respeto al Ser Humano” es el proyecto inmobiliario que se construirá en la destruida casa de calle José Domingo Cañas, que sirvió de centro de torturas y desaparición durante la dictadura militar.
En este lugar fueron hechos desaparecer decenas de personas, entre ellas, el sacerdote catalán Antonio Llidó, los hermanos Andrónico Antequera y David Silbermann, cuya investigación mantiene preso a ex jefe de dicho organismo represivo, Manuel Contreras.

EX GENERAL FACH ADMITE REPRESIÓN INSTITUCIONAL
26 de marzo : El ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la FACH (DIFA) que operó durante la dictadura, general ® Enrique Ruiz Bunger, procesado recientemente en casos de detenidos desaparecidos, reconoció ante el tribunal que la represión que la FACH, la Armada, Carabineros e Investigaciones, desarrollaron a partir de 1975 coordinadamente contra el Partido Comunista y el MIR, fue una tarea “institucional” cuyas órdenes emanaron directamente del comandante en jefe de la FACH, el general Gustavo Leigh, y la Junta Militar, la cual incluso ordenó que operaran centralizadamente desde una oficina en el centro de Santiago.
El general ® Ruiz declaró que “todo el personal que de una u otra forma intervino o actuó, directa o indirectamente, en la lucha antiterrorista en acciones tales como detenciones e interrogatorios y otros, lo hizo obedeciendo instrucciones y órdenes militares emanadas del más alto nivel de la superioridad del mando institucional, sin posibilidad alguna de sustraerse a su cumplimiento, y en consecuencia actuaron como soldados obedeciendo a sus superiores jerárquicos y en el entendido que lo hacían por el bien común de la patria”
El ex-jefe de la DIFA agregó que quienes formaron estos “equipos operativos integrados por personal de la FACH, Armada, Carabineros e Investigaciones”, aportaron “personal, medios e infraestructura, por lo cual dispuso la Junta Militar de Gobierno que las organizaciones de inteligencia funcionaran en un solo local de calle Juan Antonio Ríos
N° 6, para así lograr una mejor coordinación operativa”.
“De esta manera se actuó como organización militar institucionalizada y jerarquizada en el cumplimiento de sus funciones” declaró el general Ruiz, agregando que en cuanto a la forma como se implementó la operatividad del sistema, “las instrucciones y órdenes generales me eran dadas directamente por el general Gustavo Leigh Guzmán y en consecuencia en la lucha antiterrorista se actuó con completa verticalidad de mando, desde el más alto nivel, hasta el último de los soldados y personal de inteligencia que participó en el combate al terrorismo”.
El general Ruiz declaró además que “las instrucciones que se impartían eran directamente dadas por mí a los jefes, entre ellos el coronel Linares y el comandante Hidalgo, quienes se entendían con los jefes operativos, tales como el teniente Fuentes Morrison (Roberto), quienes a su vez las daban a los grupos operativos”.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO RECALCA COLABORACIÓN DEL EJERCITO EN CASOS DE DD.HH.
26 de marzo : El Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Juan Emilio Cheyre, comprometió el apoyo de su institución para el esclarecimiento de los casos de DDHH. pendientes, en el marco de una visita institucional a diversas unidades militares de regiones.
El jefe militar recalcó esta colaboración, “entregando oportuna, veraz, completa y fidedignamente todo aquello que los tribunales nos requieran, porque somos los principales interesados en cooperar con la justicia por los canales establecidos”.

“ARMADA ENTREGÓ TODOS LOS DATOS SOBRE DDHH.”
28 de marzo : El comandante en Jefe de la Armada, almirante Miguel Ángel Vergara, aseguró que la institución entregó toda la colaboración posible para aclarar las violaciones a los DDHH. cometidas en el régimen militar.
El jefe naval señaló que la Armada nunca negó algún tipo de información a los tribunales de justicia, la cual, subrayó, se ha entregado en forma oportuna y completa. En este sentido, aseguró que la institución aportó el total de los datos que mantenía en su poder sobre casos de violaciones a los DDHH..

PROBLEMAS EN IDENTIFICACIÓN DE DESAPARECIDOS
31 de marzo : Un informe enviado por el Servicio Médico Legal a la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, advierte de dificultades para reconocer las identidades de cuerpos de desaparecidos durante la dictadura militar.
“Tanto el ataque inicial de hongos y bacterias que pudren los cuerpos, como las condiciones de humedad, PH y temperatura, además de sus respectivas fluctuaciones, más la salinidad del medio, la presencia de metales pesados, son todos factores que afectan la estabilidad del ADN” asegura el texto.
El documento agrega que muchas veces los restos humanos no contienen, ni la cantidad, ni la calidad de ADN suficiente, como para poder efectuar la identificación. Esto se suma al hecho que muchas veces los cuerpos fueron removidos o superpuestos en inhumaciones conjuntas, los restos están mezclados y no se tiene la certeza de si todos los huesos corresponden a una misma persona.