Agosto 2005


















SCHAEFER YA CUENTA CON NUEVOS ABOGADOS DEFENSORES
03 de agosto: Abogados que representan a militares implicados en causas de DD.HH. asumieron la defensa del líder de Colonia Dignidad, Paul Scaehfer, luego que la abogada María Eugenia Correa renunciara por asumir un cargo en la Academia Judicial.
Los juristas Enrique Ibarra -coronel (r) del Ejército- y José Luis Sotomayor, serán los nuevos representantes de Schaefer en las causas por secuestros calificados de detenidos desaparecidos que fueron vistos por última vez en Villa Baviera.

EX FRENTISTA HERNÁNDEZ NORAMBUENA DESEA QUE LO EXPULSEN A CHILE
03 de agosto: El ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, quien cumple una condena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto, desea que el Gobierno de Lula lo expulse a Chile.
Así se desprende de las gestiones realizadas por su abogado, Alberto Espinoza, quien solicitó al ministro en visita Hugo Dolmestch- quien investiga el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwars- que interfiera ante el Gobierno para agilizar el trámite de extradición del otrora Comandante
Ramiro.
Espinoza, abogado de FASIC, indicó que según la resolución que la Corte Suprema de Brasil adoptó el 1 de julio, la deportación de Hernández pasó de una fase judicial a una política ya que el fallo establece “que el presidente de ese país está facultado para dar curso a la extradición sin ningún tipo de condiciones”.

MONTIGLIO DEFIENDE LA AMNISTÍA Y NO SE VA
03 de agosto: La Corte de Apelaciones deberá decidir la continuidad del Ministro Víctor Montiglio en el proceso de la Caravana de la Muerte, luego que éste rechazara un “incidente de implicancia” con que se buscaba apartarlo de la investigación por manifestar, pública y privadamente, su preferencia por aplicar la Ley de Amnistía.
Al juez se le acusa de violar el octavo numeral del artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de implicancia de un juez “haber ya manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”.

TRES TONELADAS DE ARSENAL EN VILLA BAVIERA
05 de agosto: El ministro de fuero Jorge Zepeda, quien investiga las causas de DD.HH. relacionadas con la ex Colonia Dignidad, encabezó los trabajos para desenterrar el nuevo arsenal encontrado en terrenos de Villa Baviera.
Carabineros extrajo entre 2 mil 500 a 3 mil 500 kilos de material explosivo, en su mayoría granadas y detonadores, que estaban enterrados a más de cuatro metros.
El hallazgo se produjo el 22 de julio pasado en el fundo “El Litram”, a un costado del casino familiar que Villa Baviera tiene en la localidad de Bulnes.

CIEN MILLONES DE PESOS DEBERÁ PAGAR CARABINEROS A EX CABO QUE VIVE CON VIH
05 de agosto: Cien millones de pesos por concepto de “daño moral” deberá pagar Carabineros de Chile a un ex cabo dado de baja de la institución, por ser portados del VIH.
El fallo fue dictado por la titular de 13ª Juzgado Civil de Santiago, ante una demanda indemnizatoria interpuesta por la Clínica de Acciones de Interés Público y DD.HH. de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en representación del ex uniformado.
En su resolución, la jueza establece claramente que el ser portador del virus VIH “no inhabilita a una persona para seguir desempeñándose en sus funciones”, desechando así la causa invocada por la Comisión Médica Central de Carabineros, que decretó la baja del uniformado “por padecer una enfermedad invalidante de carácter permanente”.
Con ello se gana la primera demanda que impide invocar este hecho como causal de despido.

CORTE SUPREMA DESESTIMA APLICAR TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DD.HH.
06 de agosto: Uno de los principales fundamentos de los magistrados que absolvieron al coronel (r) Joaquín Rivera de la pena que enfrentaba por el homicidio de dos personas en 1973, fue que en este caso no se aplican los tratados internacionales que rechazan la prescripción.
El voto de mayoría -del ministro Nibaldo Segura, y los abogados Luz María Jordán y José Fernández- sostiene que no es posible aplicar la Convención de Ginebra sobre Crímenes de Guerra, debido a que no existen pruebas de que en 1973 había en Chile un estado de guerra interno; así como tampoco el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por que no se encontraban vigentes en 1973.
La decisión causó molestia en el ámbito de los DD.HH., debido a que el año pasado el mismo tribunal, pero con otra integración, sentenció que las leyes internacionales tienen preeminencia sobre “toda norma”, en el fallo que ratificó las condenas por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval.

JUEZ SOLÍS PROCESÓ 14 EX AGENTES DE LA DINA
09 de agosto: El Ministro Alejandro Solís dictó 14 autos de procesamientos contra ex agentes de la DINA por la responsabilidad que les corresponde en el secuestro de personas detenidas en Villa Grimaldi.
La resolución del magistrado afecta al general (r) Manuel Contreras; brigadier (r) Pedro Espinoza; coronel (r) Marcelo Moren Brito; brigadier (r) Rolf Wenderoth; teniente coronel (r) Fernando Lauriani; brigadier Miguel Krassnoff; suboficial (r) Basclay Zapata; general (r) César Manríquez; brigadier (r) Gerardo Urrich; coronel (r) Manuel Carevic; general (r) Hernán Ramírez Hald; el civil Osvaldo Romo Mena; el gendarme (r) Orlando Manzo; y el teniente coronel (r) Haroldo Latorre.
Según el fallo, todos ellos serían responsables del secuestro de Rodolfo González Pérez, Fernando Silva Camus, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas Eitel, José Flores Araya, María Teresa Bustillos, Jaime Robotham y Rafael Araneda Yébenes, quienes fueron vistos por última vez en Villa Grimaldi durante el segundo semestre de 1974.

HERNÁN ÁLVAREZ: “JUSTICIA DEBIÓ PEDIR PERDÓN”
09 de agosto: “Estábamos en permanente estado de excepción, los recursos de amparos no prosperaban”, reconoció el jubilado ministro de la Corte Suprema Hernán Álvarez, respecto de la labor del Poder Judicial durante el gobierno militar.
Álvarez dijo que probablemente “se pudo hacer más”, pues la gente acudía a tribunales para denunciar detenciones o desapariciones, “pero era poco lo que se podía resolver sin la autorización del gobierno en ese momento”.
Agregó que -a título personal- habría preferido que la judicatura hubiera pedido perdón por sus actuaciones durante el régimen militar, no obstante “en ese momento que se analizó el tema no hubo consensos (en la Corte Suprema)”.

LA JUSTICIA MILITAR DICTA PRIMERAS CONDENAS POR EXPORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS A CROACIA EN 1991
09 de agosto: Penas que van desde los 540 días hasta los 5 años y un día de presidio, impuso el Segundo Juzgado Militar de Santiago a los oficiales y empleados civiles que se vieron involucrados en el tráfico ilegal de armas a Croacia descubierto en 1991.
La operación causó revuelo en Chile en plena transición a la democracia, pues vulneró el embargo decretado por la ONU para impedir la prolongación del conflicto que, en esos días se desarrollaba en los Balcanes.
El fallo dictado por los tribunales militares sanciona al sargento (r) Ramón Pérez Orellana, con 540 días; al oficial de la FACH, Patricio Pérez Villagrán con 5 años y un día; y al capitán del Ejército, Pedro Araya Hermosilla, con 5 años y un día.
A Pérez Orellana se le imputa la responsabilidad en el delito de fraude aduanero, mientras que a los otros dos en el ilícito de exportación ilegal de material de uso bélico.
El cargamento de once toneladas fue detectado en el aeropuerto de Budapest, Hungría. El material salió de Chile bajo el rótulo de pertrechos humanitarios y tenía como destino final Sri Lanka.

FAMILIARES DE PINOCHET DETENIDOS POR FRAUDE
10 de agosto: En el Hospital Militar quedó recluida Lucia Hiriart de Pinochet, tras ser procesada por el juez Sergio Muñoz como cómplice de fraude tributario en el marco de la investigación de las millonarias cuentas secretas que el ex dictador tenía en el banco Riggs y en otras instituciones bancarias.
Marco Antonio Pinochet fue encausado y detenido en el Anexo Cárcel Capuchinos por similar delito, tras ser interrogado por el magistrado en el cuartel Central de Investigaciones.
Según la investigación, ambos habrían abierto cuentas en el extranjero que permitieron a Augusto Pinochet evadir impuestos por sumas millonarias.
Los fundamentos de los ilícitos que investiga el ministro Sergio Muñoz están en las 128 cuentas bancarias falsas en Chile y el extranjero, sustracción y falsificación de pasaportes, y la adquisición de pasaportes, joyas y artículos de lujo con recursos de fondos reservados de la Presidencia.

LIBRE LUCÍA HIRIART Y MARCO ANTONIO SIGUE PRESO
11 de agosto: La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió otorgar la libertad provisional a Lucia Hiriart, quien fue detenida en el Hospital Militar, pero se le denegó a su hijo Marco Antonio Pinochet por considerarlos “un peligro para la sociedad”.

PINOCHET ASUME SU RESPONSABILIDAD
11 de agosto: La acusación del ministro Sergio Muñoz a la esposa del ex dictador y a uno de sus hijos, hizo que Augusto Pinochet emitiera una declaración en que afirma que asume toda la responsabilidad en relación con la investigación de sus cuentas secretas.
“Asumo toda la responsabilidad por los hechos que investiga el ministro Muñoz y niego toda participación que en ellos pueda corresponder a mi cónyuge, mis hijos y mis colaboradores más próximos”, señala el breve comunicado. El general (r) añadió que la razón de su texto es la persecución por la cual, a su juicio, están siendo objeto tanto su familia como su entorno. A continuación Pinochet indicó que si el juez quiere encarcelar a alguien, “enjuiciando a una parte de la historia de Chile, que sea a mí y no a personas inocentes”.
En la ultima parte del documento, indica que jamás defraudó al Estado ni tuvo provecho ilegitimo del ejercicio de sus cargos: “Entregué, por razones de prudencia, ya que sería objeto de persecución y hostigamiento político, a instituciones profesionales extranjeras los ahorros de toda mi vida. Si hubo alguna diferencia tributaria, mis asesores han pagado todo lo que corresponde”.

A PINOCHET LE INCAUTAN UN MILLÓN DE DÓLARES EN MIAMI
13 de agosto: Sólo 49 días se demoraron cuatro bancos de Miami en entregar la información de los dineros de Augusto Pinochet tenía depositados en sus bóvedas. Y de inmediato el Consejo de Defensa del Estado logró la incautación de un millón de dólares, la suma que tenía el ex dictador en uno de los cuatro bancos identificados.
La presidenta del organismo fiscal Clara Szczaranski y la abogada, María teresa Muñoz, viajaron especialmente a Estados Unidos, para firmar el acuerdo con la entidad bancaria y así recuperar los dineros que se mantenían ocultos en dos cuentas corrientes a nombre de la sociedad de acciones al portador Eastvierw Finance S.A, una de las múltiples sociedades de papel que Pinochet y su entorno crearon para defraudar al fisco y ocultar su fortuna.

PARTE DE DINEROS INCAUTADOS A PINOCHET SERÍAN POR TRAFICO DE ARMAS
16 de agosto: La Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, manifestó que parte de los dineros incautados a Augusto Pinochet serían productos de trafico de armas. Además dijo que Lucia Hiriart y Marco Antonio Pinochet son coautores de delito tributario.
La titular del CDE señaló que “el ocultar el origen de los fondos es un método de lavado de dinero, y si eso no fuera ilícito no se ocultarían”. Agregó que Pinochet habría engañado a sus abogados.

SENADO RATIFICA A BALLESTEROS COMO NUEVO SUPREMO, PESE A RECHAZO PS
17 de agosto: Tras un intenso lobby del Gobierno y pese al rechazo de los parlamentarios socialistas y organizaciones de DD.HH., el senado aprobó con 34 votos a favor, 10 en contra y una abstención la propuesta que hizo el Presidente Ricardo Lagos para nominar como nuevo integrante de la Corte Suprema al magistrado Ruben Ballesteros.
Ballesteros fue designado en reemplazo del ministro Humberto Espejo, por lo que integrará la Sala Penal del máximo Tribunal, instancia que tendrá el pronunciamiento final en todos los procesos criminales, tales como causas de DD.HH., caso Riggs o MOP Gate.

CENSO ARROJA QUE HAY 857 MIL CHILENOS VIVIENDO EN EL EXTERIOR
17 de agosto: El equivalente al 6% de la población de Chile vive en el extranjero. Así lo confirmó un inédito censo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que concluyó que 853.781 connacionales y sus hijos viven fuera del país.
El sondeo arrojó que los motivos económicos son la primera razón para decidir radicarse en otro país. Le siguen las causas familiares y, muy por debajo las políticas. Para tales efectos, los chilenos han preferido instalarse mayoritariamente en Argentina, Estados Unidos y Suecia
El registro fue realizado a través de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior y el Instituto Nacional de Estadísticas y según sus resultados un 75,2% de los registrados mayores de 15 años manifestó querer participar en las elecciones presidenciales, siendo las personas de entre 45 y 59 años y las que viven en Venezuela las más interesadas.
Por ello el Canciller chileno Ignacio Walker, anunció que se le dará urgencia simple al proyecto de ley que permite el sufragio a connacionales que viven en el exterior.

BALLESTEROS DEFIENDE SUS POLÉMICOS CASOS DE DD.HH.
17 de agosto: El juez Rubén Ballesteros, confirmado como nuevo miembro de la Corte Suprema en reemplazo del ministro Humberto Espejo, defendió sus fallos en los que dio luz verde a la aplicación de la ley de amnistía y la prescripción en casos de DD.HH.
Respecto de las críticas que generó su nombramiento reiteró “que la gente tiene derecho a tener opiniones divergentes, no podemos pensar todos igual, y a lo mejor las criticas son infundadas”.
Según el magistrado, “los jueces resuelven de acuerdo a los antecedentes y conforme a la ley. En eso puede haber una decisión que a una persona o algún grupo no les guste, pero eso no significa que nosotros como jueces tengamos que resolver de acuerdo a opiniones o ideas que se emitan”(...) insistió en que “los jueces resolvemos conforme al mérito de los expedientes y la ley”.

SIGNIFICACIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
18 de agosto: La Reformas Constitucionales recientemente refrendadas en el Congreso Pleno eliminan diversas disposiciones negativas de la Constitución impuesta por la dictadura en 1980. Particularmente relevantes, en este aspecto, son el término de la tutela militar y el reconocimiento automático de la nacionalidad chilena de los hijos de compatriotas en el exterior. Dicha tutela se asentaba en la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros y la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional que, por su composición y atribuciones, concedía a aquellos un poder político sobre las autoridades civiles, todo lo cual ha sido derogado.
A su vez la eliminación de los senadores designados y vitalicios pasan a formar parte de eliminación de todos los “enclaves autoritarios” de la Constitución de 1980 y el fin de la transición, pues ahora estos cambios borrarán la figura de Pinochet y se cambiará su firma por la del Presidente Ricardo Lagos.

CHILENO PRESO EN PERÚ POR ACTOS SUBVERSIVOS SALE EN LIBERTAD
19 de agosto: Tras casi doce años de prisión en una cárcel de Lima, un ciudadano chileno, quien fue acusado de integrar el grupo terrorista denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue excarcelado, luego de obtener el beneficio de libertad condicional.
Alejandro Astorga Valdés, condenado a 15 años de prisión por participar en diversos atentados terroristas, como coches bombas y secuestros de empresarios peruanos, salió del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro de Lima por una orden emitida el 12 de agosto pasado por la Tercera Sala Penal Nacional, encargada de procesar a los acusados de subversión y ante la cual su defensa solicitó dicho beneficio.
Tras su libertad, sin embargo, no podrá retornar de inmediato a Chile debido a que el beneficio otorgado le obliga a permanecer en Perú durante un tiempo.

EN LIBERTAD UN CONDENADO DEL “CASO TUCAPEL”
19 de agosto: En libertad condicional se encuentra el suboficial (r) de Ejército Manuel Contreras Donaire, condenado a ocho años como autor del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, luego de que le fuera conmutada la pena por el Ministerio de Justicia.
Contreras Donaire abandonó la cárcel especial de Punta Peuco luego de cumplir cinco años y siete meses de prisión.
La decisión se adoptó por razones de “pacificación y clemencia”, según el Ministro del Interior Francisco Vidal.
La conmutación de la pena fue recibida con sorpresa e indignación por la familia del sindicalista ultimado en febrero de 1982. Tucapel Jiménez hijo, calificó la decisión “como una bofetada no sólo a la familia, sino también a los trabajadores”.

CARLOS HERRERA JIMÉNEZ INTENTA CONSEGUIR SER INDULTADO
20 de agosto: El autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, el mayor (r) Carlos Herrera, es uno de los cuatro ex oficiales que han pedido ser indultados por el Presidente de la República.
Herrera Jiménez enfrenta dos condenas a presidio perpetuo por el crimen del sindicalista y por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría, a quien se intentó inculpar por la muerte de Tucapel Jiménez.

ESTADIO NACIONAL RECUPERARÁ SU MEMORIA HISTÓRICA
24 de agosto: Aparte de que será íntegramente pintado, el Estadio Nacional presentará prontamente otra novedad que tiene que ver con la preservación de su “memoria histórica” como recinto deportivo que, en algún momento de la historia negra de nuestro país, sirvió como campo de concentración y exterminio.
Se trata de la iniciativa impulsada por las diversas organizaciones de DD.HH. para la instalación de ocho placas conmemorativas en sitios específicos, como el camarín Nº3, el velódromo, la escotilla Nº8 y la entrada de Pedro de Valdivia, entre otros.
El descubrimiento de estas placas a la comunidad está previsto para el 1 de diciembre próximo.

ARMAS A CROACIA: EJÉRCITO PIDE ENDURECER CONDENAS.
25 de agosto: El Ministerio Público Militar decidió apelar de la sentencia del juez militar de Santiago, General Miguel Trincado que condenó sólo a dos capitanes y un sargento por la exportación ilegal de armas a Croacia ocurrida en noviembre de 1991. El fallo exculpó a un general de la FACH, a dos civiles agentes de la aduanas y en el proceso no se investigó en profundidad en el rol que jugó el entonces director de Famae, general (r) Guillermo Letelier hombre de confianza de Augusto Pinochet y apuntado en diversos testimonios vertidos en el sumario judicial como participe clave en el caso.

DIGNIDAD DEJA DE SER ENCLAVE TRAS 43 AÑOS
27 de agosto: Los bienes, industrias y establecimientos comerciales creados y gestionados por los colonos de la ex Colonia Dignidad serán administrados por el síndico de quiebras Hernán Chadwick Larraín. Así lo dispuso la jueza de Parral, Jimena Pérez, quien investiga presuntos delitos de asociación ilícita cometidos en el ex enclave germano instalado en Chile en 1962.
La notificación se desarrolló en medio de un complejo y simbólico operativo policial encabezado por la propia presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, que incluyó un helicóptero, tanquetas y carros antimotines. No se registraron incidentes.

RAÚL VERGARA EN FASIC
27 de agosto: El Coronel (r) de la Fuerza Aérea de Chile, Raúl Vergara, quien en 1973 se negó a bombardear La Moneda, por lo que fue encarcelado, está en Chile invitado por los 30 años de FASIC.
Actual asesor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, Vergara dijo que en el extranjero hay una evaluación positiva respecto de cómo se ha manejado el tema de los DD.HH. en Chile.

MURIÓ GENERAL (R) FORESTIER
29 de agosto: Víctima de cáncer murió el ex Vicecomandante en Jefe de Ejército, Teniente general (r) Carlos Forestier. El militar, quien era suegro del general Juan Emilio Cheyre, estaba procesado por la justicia como autor intelectual de ocho homicidios cometidos contra prisioneros de Pisagua en 1973.
En esa época el general era el superior del recinto y comandante de la Sexta División del Ejército en Iquique. Por ello fue uno de los primeros oficiales en asumir responsabilidad de mando de dichas causas.

JUEZ CONDENA A CHOFER DE CORBALÁN
30 de agosto: Una nueva condena dictó el ministro en visita Sergio Muñoz cont(r)ra un ex uniformado por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, perpetrado hace 22 años.
El dictamen afectó al ex agente de la CNI Hugo Alarcón Vergara, sobre quien recayó una pena de cinco años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de homicidio calificado cometido por agentes del organismo militar.
Alarcón, conocido como “Ariel Gárate” y “el Pera”, fue escolta y conductor del vehículo que utilizaba el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla, condenado a cadena perpetua por el mismo crimen.

JUEZ APLICA PRESCRIPCIÓN EN CAUSA DE DD.HH.
31 de agosto: El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó la prescripción en la causa por la muerte y desaparición de un grupo de ex asesores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973.
En la resolución, que causó malestar en organizaciones de DD.HH, se adoptó la tesis de la no aplicación de los convenios internacionales en crímenes de lesa humanidad, por lo que se desvanece en este caso el delito de secuestro permanente.
El fallo anuló los procesamientos de los ex militares Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar, Isidro Muñoz Durán y José Darrigrandi Márquez.

EX GENERALES SE QUERELLAN CONTRA JUECES QUE NO APLICAN AMNISTÍA
31 de agosto: Una querella de capítulos en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan González y Alejandro Madrid, fue interpuesta por el abogado Fidel Reyes. Al ingreso del libelo, presentado a nombre de 120 mil ex militares, asistieron los máximos dirigentes de los oficiales en retiro, encabezados por el presidente del circulo de Generales y Almirantes en retiro, general (r) Guillermo Toro Dávila y el general (r) Jaime Núñez.
La acción penal se enmarca dentro del fallo que ratificó las condenas en contra de los generales (r) Manuel Contreras, Raúl Iturriaga Neumann y de los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich, por su responsabilidad en el secuestro calificado del mirista Dagoberto San Martín.
En dicha oportunidad los ministros ratificaron la sentencia de primera instancia, rechazando la prescripción y la amnistía para los condenados.