MARZO 2006


















FOSA DE PISAGUA SERÁ MONUMENTO HISTÓRICO
02 de marzo: La clandestina fosa de Pisagua, en la que en 1990 se hallaron 19 cuerpos de prisioneros asesinados después del golpe militar, será declarada monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.
El Secretario Ejecutivo de esa institución, Ángel Cabezas, afirmó que se hará lo mismo con la Isla Dawson, lugar que sirvió de campo de concentración de prisioneros.

ABOGADA CARMEN HERTZ RECIBIÓ PREMIO INTERNACIONAL EN ESTADOS UNIDOS
02 de marzo: La profesional, querellante en el proceso por las millonarias cuentas de Pinochet, participó la ultima semana de febrero como invitada a un simposio internacional sobre “Política de miedo”, organizado por el Instituto de Formación de líderes mundiales de la Tufts University de Boston. Allí se entregó el premio Ciudadanía Mundial Dr. Jean Mater a Shirin Evadí, abogada iraní, Premio Nóbel de la Paz 2003; a Mac Maharaj, sudafricano, colaborador de Mandela; y a la abogada Carmen Hertz por la defensa de los DD.HH en Chile.

CHEYRE VALORA QUE EN MATERIA DE DD.HH. NO HAYA IMPUNIDAD
03 de marzo: A días de dejar su cargo, el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilo Cheyre afirmó que valora “que Chile entero sepa que aquí no hay impunidad y que hay plena contribución a los tribunales”, “pese al costo y dolor” que significan las violaciones a los DD.HH cometidas en el gobierno militar.
Cheyre también recalcó que esperaba que en estas causas hubiera “un debido proceso” tanto para las víctimas como para los involucrados. “Creo que lo único que falta es que los asuntos terminen sin impunidad, sin peticiones especiales de clemencia”.

LONDRES 38 NO SERÁ REMATADA
03 de marzo: El Instituto O’Higginiano aceptó la permuta que le ofreció el Gobierno y entregará la casa de Londres 38, para instalarse en el Palacio El Álamo, en Santo Domingo 2368 de la comuna de Santiago. De esta manera, la casa que sirvió de centro de tortura y exterminio de la DINA, durante la dictadura, podrá convertirse en un Centro de la Memoria Histórica.

ONU CONSIDERARÁ ESTUDIO DE ORGANIZACIÓM HOMOSEXUAL CHILENA
03 de marzo: El relator especial sobre el derecho a la educación ante la Comisión de DD. HH. de la ONU, Vernor Muñoz, considerará en el informe que presentará en la próxima sesión de la organización un estudio enviado por el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile. En ese documento se denunciaron los casos de discriminación que han enfrentado algunas alumnas lesbianas en el país y el informe denominado “El derecho a la educación de las niñas”, incluye situaciones de injusticias tanto chilenas como mundiales.

PROCESAN A GENERAL (R) EN EPISODIO DE LINARES
06 de marzo: El ministro de fuero Alejandro Solís procesó al director de la Escuela de Artillería de Linares, entonces Coronel Gabriel del Río Espinoza, como autor de los delitos de secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cancino Aravena, Alejandro Mella Flores y José Campos Morales. Esto, en el marco del episodio que investiga la desaparición de militantes del MIR y del Partido Socialista en Linares entre septiembre de 1973 y enero de 1974.
El magistrado no ordenó embargar los bienes de Río, pero si se negó a otorgarle la libertad pues constituye un peligro para la sociedad “atendida la multiplicidad de los delitos que se le atribuyen, así como la gravedad de la pena asignada a los ilícitos referidos”, sostuvo en su resolución.

DEJAN ABIERTA LA PUERTA PARA LIBERAR A EX UNIFORMADOS
06 de marzo: El vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, no descartó la opción de beneficios carcelario -siempre que cumplan los requisitos- a ex uniformados que cumplen condenas por atropellos a los DD.HH.

JUEZ PROCESÓ A EX MIEMBROS DE LA DINE
07 de marzo: El ministro Claudio Pavez, quien investiga el homicidio del coronel Gerardo Huber en 1992 tras detectarse la exportación ilegal de armas a Croacia, procesó a cuatro ex miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército. El primero en ser notificado fue el general (r) Eugenio Covarrubias, ex jefe del mencionado organismo. Luego el general (r) Víctor Lizárraga, ex coordinador de la DINE.
Entre los citados también se encuentran el general (r) Carlos Krumm, ex director de Logística; el brigadier (r) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, y el Coronel (r) Julio Muñoz. Los cinco militares (r) cayeron en contradicciones y, según antecedentes de la investigación, ayudaron a ocultar el crimen de Huber.

LAGOS Y PUCCIO HOMENAJEARON A EX GAP FALLECIDOS EL 73
09 de marzo: Una placa en memoria de los 37 miembros de Grupos de Amigos del Presidente (GAP) y funcionarios de investigaciones fallecidos o desaparecidos tras el asalto a la Moneda el 11 de septiembre de 1973 fue descubierta por el Ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, junto a unos 50 familiares y ex compañeros de los GAP.
A la ceremonia se sumó el Presidente Ricardo Lagos, quien recalcó que aún se desconoce el paradero de varios de ellos. “Nos pareció que junto con la placa que recuerda el lugar donde murió Salvador Allende, debieran estar también aquellos otros chilenos que murieron con él”, dijo. En esa línea, el mandatario señaló que la placa “guarda en esos términos un recuerdo y un reconocimiento a esas personas”.

RECHAZAN INDULTO A MILITARES QUE VIOLARON LOS DD.HH.
10 de marzo: El Presidente Ricardo Lagos, rechazó las peticiones de indulto de cuatro militares vinculados a violaciones a los DD.HH., entre los que se encuentra el autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, y su cómplice, el brigadier general (r) Víctor Pinto Pérez.
La misma suerte corrió el suboficial Armando Cabrera Aguilar, quien está vinculado al asesinato del carpintero Juan Alegría, y el coronel (r) de Carabineros Guillermo González Betancourt que participó en el degollamiento de tres profesionales comunistas en 1985.
En tanto, los presos políticos recluidos por actos de connotación terrorista, Oriana Alcayaga y Adolfo Sánchez, también les fue negado el beneficio.

MINISTRA HERREROS PREPARA EXHUMACIÓN DE CUERPOS DE HORNOS DE LONQUÉN
16 de marzo: La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Margarita Herreros, se coordinará con el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones para exhumar los restos de las víctimas encontradas en 1978 en los Hornos de Lonquén y que más tarde fueron sepultadas en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo.
Los restos pertenecen a los cuerpos de 15 hombres detenidos y asesinados en octubre e 1973 por efectivo de Carabineros y descubiertos en noviembre de 1978, que dio origen a un emblemático proceso judicial sustanciado por el entonces ministro Adolfo Bañados.

CASO TEJAS VERDES: POR HOMICIDIO PROCESAN A GENERAL (R) EUGENIO VIDELA.
17 de marzo: El general (r) Eugenio Videla fue procesado por primera vez como autor del homicidio de seis trabajadores. La decisión fue adoptada por el ministro de fuero Joaquín Billard, quien investiga dos episodios de violaciones a los DD.HH. cometidos por efectivos de esa unidad militar, en los días posteriores al golpe de Estado de 1973.
En esta oportunidad, Videla fue encausado junto a Manuel Contreras Sepúlveda, y los militares (r)David Miranda, Patricio Carranca, Carlos Araya y Mario Jara, como autores del asesinato de estibadores del Puerto de San Antonio, Armando Jiménez, Samuel Núñez, Guillermo Álvarez, Héctor Rojo, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo. Todos ellos fueron detenidos entre el 13 y 22 de septiembre de 1973 por efectivos militares, llevados al centro de detención Tejas Verdes y, posteriormente asesinados en el sector de Atalaya, camino al Fundo Bucalemu “bajo el pretexto de haberse aplicado la Ley de Fuga”, aclara la resolución.

PIDEN APURAR PROYECTO QUE IMPIDE PRESCRIPCIÓN DE CRÍMENES DE DD.HH.
20 de marzo: Urgencia para el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad y la imposibilidad de aplicar amnistías en los crímenes de lesa humanidad y de guerra, pidió al Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal.
La solicitud fue gatillada por la solicitud del juez Victor Montiglio, quien decidió modificar los procesamientos de “secuestros permanentes” por los de “homicidio calificado” en el caso Caravana de la Muerte, lo que podrá permitir la prescripción de las causas.

CASO CARAVANA: JUEZ PROCESA A EX MILITAR POR HOMICIDIO EN CAUQUENES
20 de marzo: El ministro en visita Victor Montiglio, quien instruye el caso Caravana de la Muerte, procesó al teniente coronel (r) Sergio Arredondo González como coautor de un homicidio calificado registrado en 1973 en la localidad de Cauquenes, Séptima Región.
Se trata del crimen de Claudio Arturo Lavín Loyola, primo del otrora abanderado presidencial, Joaquín Lavín, ultimado junto a otros tres agricultores militantes del Partido Socialista.
El procesamiento se produce luego que el propio magistrado resolviera recalificar los cargos de esta arista del caso, asó como de los episodios de Calama y Copiapó, de secuestro calificado al de homicidio calificado.

POR HOMICIDIO PROCESAN A 13 MILITARES EN RETIRO
22 de marzo: Trece oficiales de Ejército en retiro fueron procesados por el ministro de fuero Víctor Montiglio en el marco del proceso conocido como la Caravana de la Muerte, por los homicidios calificados de 42 personas en las ciudades de Calama y Copiapó.
Las encargatorias de reo afectan al brigadier (r) Patricio Díaz Araneda, y a los oficiales (r)Ricardo Yánez Mora, Waldo Antonio Ojeda y Marcelo Marambio Molina, por 13 víctimas que fueron detenidas en Copiapó la noche del 16 de octubre de 1973, y ejecutadas horas más tarde utilizando fusiles SIG.
El magistrado encausó además como coautores de homicidio calificado de tres dirigentes sindicales, asesinados también el 17 de octubre, a los oficiales (r) Edwin Herbstard Gálvez, Fernando Castillo Cruz, Ramón Zúñiga Ormeño y Oscar Pastén Morales, todos pertenecientes en ese entonces al regimiento Atacama de Copiapó.
Por la muerte de 16 víctimas de Calama, quienes fueron detenido el 19 de octubre, Montiglio procesó al entonces comandante del regimiento de esa ciudad, Eugenio Rivera Desgroux; a los oficiales (r) Carlos Langer, Carlos Minoletti Arraigada, Víctor Santander Véliz, y al suboficial mayor Jerónimo Rojo Rojo.

CAREAN A MILITARES POR DESAPARICIÓN DE URUGUAYOS
22 de marzo: El ministro en visita Joaquín Billard careó por más de una hora al ex fiscal militar del Regimiento Tejas Verdes, Mario Jara, y al comandante (r), Raúl Quintana, por su implicancia en la desaparición de los ciudadanos uruguayos Nelsa Gadea y Julio César Ramírez, ocurrida en octubre de 1973. El ministro de fuero Alejandro Solís dictó recientemente autos de procesamiento contra Jara y Quintana por los delitos de secuestro y torturas acontecidos en el campamento castrense de Tejas Verdes. En el 2001, el Gobierno de Uruguay creó una comisión para recabar antecedentes de la desaparición de siete uruguayos en el recinto militar ubicado en San Antonio.

CASO HUBER: MINISTRO PIDE PROCESO POR LA MUERTE DEL PERIODISTA INGLÉS JONATHAN MOYLE
23 de marzo: El ministro en visita, Claudio Pavez, que investiga el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares, pedirá el expediente abierto por la muerte del periodista Ingles Jonathan Moyle, ocurrida en 1990, en el desaparecido Hotel Carrera.
La decisión del magistrado casi un mes después de que recibiera de manos de la policía la declaración de un ex militar que actualmente vive en Holanda, y que aseguró haber guardado algunos documentos entregados por Huber, pero luego destruyó porque lo amenazaron de muerte.
El proceso por el deceso de Jonathan Moyle permitirá al ministro Pavez profundizar la operativa que hubo tras la muerte de Huber, ya que tanto el reportero como el militar conocían del tráfico de armas que se realizaba desde Chile al extranjero.

CONDENAN A CONTRERAS POR CASO DE S. TORMEN
23 de marzo: El ministro de fuero Joaquín Billard dictó una nueva condena por el delito de secuestro calificado en contra del ex director de la DINA, Manuel Contreras.
El general (r) fue sentenciado a 10 años de presidio por el secuestro de los ciclistas y militantes del MIR, Sergio Tormen Méndez y Luis Guajardo Zamorano, quines fueron detenidos el 20 de julio de 1974 desde un taller de bicicletas de la familia Tormen, en San Miguel.
El juez impuso igual pena al oficial (r) Marcelo Moren Brito en su calidad de jefe del centro de detenciones “Londres 38”, lugar al que fueron conducidos los jóvenes tras ser aprehendidos. La sentencia afecta además al ex agente civil Osvaldo Romo Mena, quien fue condenado a 5 años y un día, también como autor del ilícito.

CONFIRMAN PROCESAMIENTO POR VILLA GRIMALDI
25 de marzo: En una votación unánime la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó los procesamientos por los secuestros y homicidios de 17 opositores al régimen militar, cometidos en Villa Grimaldi, que afectan a los miembros de la cúpula de la DINA.
De esta manera se confirmó la resolución que dictó en febrero pasado el ministro de fuero Alejandro Solís, que procesó al general (r) Manuel Contreras, a los brigadieres (r) Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Christofer Willike; a los coroneles (r) Marcelo Moren Brito, Fernando Lauriani, Francisco Ferrer Lima, Orlando Manzo y Rolf Wenderoth; al suboficial (r) Basclay Zapata; a los oficiales de Carabineros (r) Ciro Torré y Gerardo Godoy; y al agente civil de la DINA, Osvaldo Romo Mena.
Entre las victimas se encuentra la militante del MIR Lumi Videla, que fue detenida en septiembre de 1974, llevada hasta el centro de detención. Su cadáver fue lanzado posteriormente al interior de la Embajada de Italia en Santiago. Su marido Sergio Pérez, otra de las víctimas consideradas en la causa, permanece desde entonces desaparecido

CORTE INTERAMERICANA VERÁ DENUNCIA CONTRA AMNISTÍA
26 de marzo: Como un “hito histórico” fue calificado por diversos organismos de DD.HH la decisión de la Corte Interamericana de analizar por primera vez una denuncia por denegación de justicia presentada contra el Estado chileno, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía en un proceso por homicidio calificado ocurrido durante el régimen militar.
La acusación fue interpuesta por la familia del profesor y dirigentes de los trabajadores de la Sexta Región, Luis Almonacid Arellano, quien murió en el Hospital de Rancagua tras haber sido detenido por funcionarios de Carabineros el 16 de septiembre de 1973.
Tras un extenso análisis, que incluyó la consulta alas partes en litigio, en octubre de 2002 la comisión determinó que tenía facultad para analizar el caso, y los traspasó a la Corte Interamericana de DD.HH.

CONFIRMAN CONDENAS POR HOMICIDIO DE JOVEN MIR
26 de marzo: En una resolución unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas que dictó el ministro de fuero, Jorge Zepeda, contra los autores del homicidio calificado de la militante del MIR, Paulina Aguirre.
De esta forma se mantiene afirme la sentencia a cinco años y un día de presidio que pesa sobre el ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán; los militares (r) Krans Bauer y Jorge Andrade; y el oficial de Carabineros (r), Alejandro Astudillo.

CONFIRMA PROCESO A KRASSNOFF POR SECUESTRO
27 de marzo: La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó el procesamiento por secuestro calificado que el 16 de marzo pasado dictó el ministro de fuero Alejandro Eduardo Fuentes en contra del brigadier (r) y ex miembro de la DINA Miguel Krassnoff, por la desaparición del militante del MIR, Luis Muñoz Rodríguez.
Según el encauzamiento, Luis Muñoz fue detenido el 20 de enero de 1975, mientras acudía a una farmacia a comprar remedios para un familiar enfermo.
Según testigos, fue trasladado a Villa Grimaldi, desde donde fue sacado un mes después con un destino aún desconocido.
La resolución sostiene además que los procesados “no podían desconocer las detenciones y las actuaciones que se efectuaban dentro del cuartel mencionado”.
Krassnoff, al igual que Contreras y Moren Brito, permanecen recluidos en el Penal Cordillera, cumpliendo condena por el secuestro del sastre y militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval.

SUPREMA NIEGA A FAMILIAS DE VÍCTIMAS SUMARSE A EXTRADICIÓN DE FUJIMORI
29 de marzo: La Segunda Sala de la Corte Suprema, en fallo dividido, rechazó el pedido de los familiares de las víctimas de violaciones a los DD.HH. registradas durante el Gobierno del Presidente peruano Alberto Fujimori, que buscaban ser partes en el juicio de extradición que se lleva en contra del ex mandatario.
La solicitud habría sido presentada por abogados chilenos, Hugo Gutiérrez y Héctor Salazar, éste último de FASIC, en representación de los familiares de las 15 personas que murieron en Barrios Altos y de los 9 estudiantes y profesores que fallecieron en la Universidad de la Cantuta.
Los magistrados estuvieron por rechazar la solicitud, manifestaron que el tratado de extradición vigente entre Chile y Perú establece que el proceso “se restringe a los Estados requirente, requerido y al extraditado, lo que claramente se opone a la aplicación de las otras normas generales”.

BACHELET DICE QUE NO HABRÁ “PUNTO FINAL”
30 de marzo: La Presidenta Michelle Bachelet sentenció que no habrá una ley de “punto final” en Chile en casos de violaciones a los DD.HH. y anunció que seguirá impulsando nuevas medidas de reparación.
La gobernante inauguró -en el kilómetro 18 de Américo Vespucio- el monumento “Un lugar para la Memoria”, donde hace 21 años aparecieron los cuerpos de los profesionales del PC Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Miguel Parada, quienes fueron degollados por agentes de la ex Dirección de Comunicaciones de Carabineros.
Muy emocionada, la Jefa de Estado manifestó su convicción de que “ los tribunales van a continuar estableciendo la verdad y la justicia sin excepción, porque la dignidad de Chile así lo exige” y porque “la memoria de miles no admite ningún punto final”. Tras enfatizar que los DD.HH deben respetarse sí o sí, dijo, en tono personal, que la muerte de los profesionales fue “uno de los momentos más tistes de mi vida”.

MONS. BAEZA SE DESPIDE DE LA VICARÍA DE LA PASTORAL SOCIAL
30 de marzo: “Nunca quise ser cura. Mi primer año de seminario rogaba porque alguien me dijera “este cabrito no sirve”. Pero parece que servía porque nunca nadie me echó”.
Monseñor Baeza Donoso (75) quería ser otras cosas, menos sacerdote. En 1955 ingresó al seminario Pontificio de Santiago y en junio de 1960 fue ordenado sacerdote. Baeza, recuerda su labor durante el régimen militar, considerando que fue parte de “horripilantes” historias producto de la represión de la época.
Entre ellos, calaron hondo en la vida del sacerdote el asesinato de Tucapel Jiménez y el degollamiento de tres profesionales comunistas en 1985.
Siempre fue y ha sido un sacerdote de la calle. Por eso se va con el corazón hinchado por tener que dejar la Vicaría Pastoral Social, donde permaneció por más de dos décadas. Lo sucederá Rodrigo Tupper.
Mons. Alfonso Baeza asumirá la dirección de Caritas Santiago y seguirá como presidente de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC. Permanecerá además en su cargo de párroco del Sagrado Corazón de Jesús, en Estación Central

SANCIÓN A PERIODISTAS POR FALTAS A LA ÉTICA
31 de marzo: El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de “El Mercurio, “La Segunda”, “Las Ultimas Noticias”, “La Tercera” y a una periodista por falta a la ética y no cumplimiento con el deber “de entregar la verdad a la ciudadanía”, en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo.
El fiscal y el tribunal resolvieron de esta manera a favor del Colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Operación Colombo, que en noviembre del 2005 interpuso una denuncia en contra de los directores de los respectivos medios antes señalados y las periodistas Mercedes Garrido y Beatriz Undurraga, que aún se desempeñan en la profesión. Garrido, quien era editora de la Segunda, y trabaja actualmente en El Mercurio” fue absuelta por considerar que “las acusaciones en su contra nunca fueron comprobadas”.
Mediante el operativo comunicacional, el régimen militar intentó hacer creer a la ciudadanía nacional e internacional que las denuncias de familiares sobre desapariciones eran falsas. A través de la Operación Colombo se hizo aparecer algunos cadáveres calcinados en Buenos Aires, a los que se identificó como militares chilenos de izquierda, con un letrero que decía “Por Traidor”. La versión de la dictadura, recogida por los medios, que agregaron titulares injuriosos fue que los supuestos desaparecidos se estaban matando entre ellos en Argentina o que caían en enfrentamientos.