Julio 2006


















ELEVAN CONDENA A CONTRERAS
01 de julio: La Cuarta Sala de la Corte capitalina aumentó a diez años la condena que pesa sobre el general (r) Manuel Contreras por el secuestro de la profesora PC Julio Retamal, detenida el 13 de agosto de 1976. Originalmente el ministro de fuero Juan Eduardo Fuentes le había impuesto 3 años gracias al beneficio de la media prescripción, figura que fe desechada por el tribunal de alzada que consideró que el delito es permanente, por lo que no puede ser amnistiado ni prescrito. La Corte elevó además a 5 años y un día la condena al oficial (r) Carlos López Tapia.

MILITARES (R) REALIZARÁN ACTOS PUBLICOS MASIVOS
03 de julio: La asamblea general de la coordinadora de organizaciones de personas en retiro de las Fuerzas Armadas (Coperffaa) acordó iniciar “actos masivos” en recuerdo de sus caídos en atentados terroristas.
La decisión tiene por objetivo “revertir la distorsionada información” referida a la acción de las Fuerzas Armadas durante el régimen militar y, de paso, llamar la atención sobre las decenas de procesos pendientes en tribunales por temas de DD.HH.
El primero de estos eventos fue convocado para el sábado 15 de Julio, a las 11 horas, en la plaza Inés de Suárez para recordar al coronel Roger Vergara, asesinado por un comando del MIR en 1980,en un atentado en donde quedó gravemente herido el sargento Mario Espinoza.

VICEPRESIDENCIA DEL SENADO RINDE HOMENAJE A ORGANIZACIONES DE DD.HH.
03 de julio: La vicepresidencia del senado, encabezado por el senador Jaime Naranjo (PS), rindió un emotivo homenaje a la lucha que por más de 30 años han llevado en Chile dichas agrupaciones por la verdad y justicia.
En la oportunidad, la autoridad parlamentaria hizo entrega de una medalla recordatoria “de reconocimiento a todo lo que ustedes han entregado a nuestro país” a diversos representantes de este tipo de entidades.
Recibieron el reconocimiento Lorena Pizarro (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), Patricia Silva (Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos), Kart Bohmer (Amnistía Internacional), Julia Urquieta (Asamblea Nacional de Derechos Humanos) y Simona Ruy-Pérez (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Cintras).
También fueron premiados Sergio Fuenzalida (Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas), Bessie Saavedra (Comisión Chilena de Derechos Humanos), Felipe Portales (Comisión Ética Contra la Tortura), Roberto D´Orival (Comité 119, Operación Colombo), Alfonso Guerra (Coordinador Nacional de ex Prisioneros Políticos),Carlos Liberona (Corporación AYUN), Rodrigo del Villar (Corporación Parque por la Paz de Villa Grimaldi) y Paz Rojas (Codepu).
Fueron galardonados además Alfonso Baeza (Fundación de Ayuda de las Iglesias Cristianas, Fasic), Rosamarie Bornand (Fundación Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, Pidee), Joan Jara (Fundación Víctor Jara), Elena Goméz (Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos) y Fernando Aliaga (Servicio de la Paz y Justicia, Serpaj).

SENADO PIDE QUE SE RECONSTITUYA LA COMISIÓN VALECH
05 de julio: Por unanimidad el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que solicita al Gobierno la reconstitución de la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, conocida como Comisión Valech, con el objeto de abrir un nuevo periodo de recepción de testimonios y evaluación de casos de violaciones a DD.HH.
La iniciativa fue presentada por la senadora Soledad Alvear y apoyada por las bancadas de la Concertación.
Según informó la propia parlamentaria, el proyecto apunta a adherir en el informe Valech que concluyó su labor hace un año los testimonios de personas que no entregaron antecedentes de actos de agentes de Estado en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.

ALERTA POR CONDICIONES CARCELARIAS
05 de julio: Un fuerte cuestionamiento a las condiciones laborales de los gendarmes y las consecuencias de esto, es una de las conclusiones del informe anual de DD.HH. de 2006 de la Universidad Diego Portales. “La situación de los DD.HH. al interior de los recintos penales se mantuvo en el 2005 (...) persistiendo las graves condiciones de hacinamiento, falta de atención médica, muertes, tortura y malos tratos, corrupción de gendarmes y, en general, falta de transparencia y de control apropiado de la gestión de las cárceles”, alerta la investigación.

SIN LUZ VERDE FUNDACIÓN ALLENDE
06 de julio: En otra batalla –que se suma a sus polémicas actuaciones en caso como el juicio a Pinochet en Londres y la demanda internacional por Clarín- está embarcado el abogado español Joan Garcés. Esta vez se trata del otorgamiento de personalidad jurídica por parte del Estado chileno a la fundación española Presidente Allende, que él dirige.
Garcés presentó la solicitud en julio de 2005. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado presentó sus objeciones en septiembre, exigiendo que la fundación precisara cuáles eran “los valores y ideales sustentados por Salvador Allende”. Tras la respuesta de la fundación, el CDE, en votación dividida, levantó los reparos. Sin embargo, el Gobierno continua sin resolver el tema.
La queja de Garcés es que, mientras no tenga Personalidad Jurídica, la fundación no puede iniciar el pago de indemnizaciones a víctimas del régimen militar, financiado por los dineros que él canceló –según un convenio judicial- el banco Riggs.

ALAN GARCÍA
07 de julio: Los diputados del PPD, Jorge Tarud y Jorge Insunza, dijeron que la querella presentada en Chile por el Comité de Refugiados Peruanos en contra el Presidente electo Alan García por secuestros, torturas y ejecuciones políticas, responde a una maniobra política que busca que las relaciones bilaterales no se fortalezcan.

CONTRERAS ACUSA DE PINOCHET DE NARCOTRÁFICO
10 de julio: El general (r) Manuel Contreras aseguró que el general (r) Augusto Pinochet se enriqueció gracias a la venta de cocaína, que se fabricaba en las dependencias del Ejército en Talagante. El abogado de Contreras refrendó esta versión y aseguró que no se trata de una venganza, sino de “los porfiados hechos”. Por otra parte, el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, descartó que estos hechos empañen la imagen de la institución.

$22 MIL MILLONES COSTARÁ BONO PARA EXONERADOS
11 de julio: La Presidenta Michelle Bachelet envío a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que otorga un bono extraordinario a ex trabajadores del sector privado y de empresas del Estado exonerados por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975.
Por tal concepto, el Fisco desembolsará 22.866 millones de pesos. Los exonerados recibirán –según los tramos de clasificación- desde 2 millones 700 mil a 5 millones de pesos. Dichos montos serán pagados en un solo acto por el Instituto de Normalización Previsional.

M. A. PINOCHET ACUSA “DENUNCIA CALUMNIOSA” DE CONTRERAS
11 de julio: Una querella por “denuncia calumniosa” presentó Marco Antonio Pinochet en contra del general (r) Manuel Contreras por las afirmaciones del ex director de la DINA por los supuestos lazos que habría entre el hijo del general (r) Augusto Pinochet y el tráfico de drogas.
Contreras entregó un informe al juez Sergio Pavez sobre su teoría de la muerte del coronel Gerardo Huber y allí elucubra sobre el origen de la fortuna del ex jefe militar.

CONTRERAS QUIERE LIBRARSE DE 190 PROCESOS
13 de julio: Los abogados del general (r) Manuel Contreras, ex jefe operativo de la disuelta DINA, intentarán dejar sin efecto 190 de los 225 procesamientos en su contra, aludiendo a eventuales vicios procesales que habrían afectado el derecho a una debida defensa. Los recursos comenzarán a ser presentados, puesto que -según explicó el abogado Fidel Reyes- nunca se tomó declaración indagatoria al ex militar.

APRUEBAN EXTRADICION DE FERNÁNDEZ LARIOS
13 de julio: La Segunda Sala de la Corte Suprema aprobó enviar a Estados Unidos la solicitud de extradición del ex agente de la DINA Armando Fernández Larios, requerida por el ministro de fuero, que indaga casos de violaciones a los DD.HH. cometidos en la ex Colonia Dignidad Jorge Zepeda. El juez lo sometió a proceso por el delito de asociación ilícita.

EL PATIO 29 QUEDARÁ GRABADO
14 de julio: La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos elevó a la categoría de Monumento Nacional al Patio 29 del Cementerio General, última morada de numerosas víctimas de la dictadura.
El Consejo Nacional de Monumentos estimó que ese lugar del camposanto y su historia asociada son “un claro exponente del procedimiento llevado a cabo para ocultar los cuerpos y la identidad de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del régimen militar”.

PILOTO DE A. PINOCHET CONFESÓ HABER LANZADO AL MAR A CINCO FRENTISTAS EN 1987
17 de julio: El “Chino” Campos cargó los cuerpos Peldehue y los dejó caer frente a las costas de San Antonio. Las víctimas fueron inyectadas con un veneno que les quitó la vida por un enfermero de la CNI apodado “El Quincy”, quien se suicidó hace cuatro años.
Estos últimos eran nada menos que los cuerpos de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otarola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes habían sido detenidos días antes por los agentes de la desaparecida CNI, para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el grupo paramilitar de izquierda.

SUPREMA CONFIRMÓ DESAFUERO A PINOCHET
18 de julio: El Pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Augusto Pinochet U., a fin de enjuiciarlo por los homicidios de los dos disidentes al régimen militar en el caso Caravana de la Muerte. Este episodio se adscribe a los casos de los guardias de seguridad del derrocado Presidente Salvador Allende, Warner Salinas y Francisco Lara ambos ejecutados en octubre de 1973 tras ser arrestados en la ciudad de Curicó. En enero pasado, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago quitó la inmunidad al otrora gobernante de facto por 17 votos contra 6, revocando así lo resuelto por el ministro de fuero Víctor Montiglio.

AGREGADO MILITAR DECLARÓ ANTE JUEZ
19 de julio: El agregado militar en Francia, coronel Hugo Barría Rogers, declaró ante el magistrado Hugo Dolmestch que investiga el proceso por la desaparición en 1987 de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguz. Barría concurrió al tribunal luego de ser mencionando por un ex piloto del Comando de Aviación apodado el “Chino Campos”, quien dijo que el oficial fue su copiloto cuando le ordenaron lanzar los cuerpos de los frentistas al mar.

JUEZ RECONSTITUYE LANZAMIENTO AL MAR DE FRENTISTAS
20 de julio: En una de las últimas diligencias –antes de procesar- por el secuestro de cinco jóvenes del FPMR en 1987, el ministro Hugo Dolmestch realizó la reconstitución del lanzamiento al mar de sus cuerpos. El juez recorrió la misma ruta en n ahelicóptero del Ejército partiendo desde el Regimiento Peldehue hasta la costa del litoral central, donde hace más de un año logró encontrar restos de los rieles a los que fueron atadas las víctimas cubiertas por sacos.
En la causa, Dolmestch ha logrado confesiones en todas las etapas: seguimiento de los frentistas, detención, tortura y asesinato, y desaparición de restos. Respecto de esta última, policías trajeron a Chile al agregado militar en Francia, coronel Hugo Barría Rogers, quien fue copiloto del helicóptero. Este declaró haber participado, pero digo que no sabía que se trataba de cuerpos.

JUEZ APLICA PRESCRIPCIÓN Y ABSULEVE A MILITARES (R)
21 de julio: El ministro de fuero Joaquín Billard absolvió a los cuatro militares (r) sindicados como responsables del homicidio calificado del ciudadano argentino Bernardo Lejderman y su esposa mexicana, María Ávalos Castañeda, ocurrido en diciembre de 1973 en la Cuarta Región.
En su dictamen, el magistrado aplicó la prescripción de la acción penal a favor del ex comandante del regimiento “Arica” de la Serena, Ariosto Lapostol, y de los militares (r) Fernando Polanco, Luis Fernádnez Monjes y Héctor Vallejos Birtiola. Junto con ello, el juez estimó que no se logró establecer la participación en los hechos de Lapostol en los hechos.
Lejderman, profesor de educación física, y su esposa, llegaron a Chile en 1971, y se establecieron en Vicuña. Tras el 11 de septiembre de 1973, se escondieron junto a su hijo de tres años en las proximidades de Huallihuaica, mientras intentaban huir hacia Argentina. Fue en ese contexto en el que fueron detenidos el 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar que los ultimó.

MEMORIAL DESTRUIDO
22 de julio: Antes de que se terminara de construir, fue destruido el Memorial de Detenidos Desaparecidos que se levanta en la localidad de Paine y que recueda a 70 víctimas del régimen militar, y que sería inaugurado por la Presidenta Bachelet en los próximos meses.

CORTE ORDENA AGILIZAR CAUSAS DE DD.HH.
24 de julio: El pleno de la Corte Suprema ordenó a cinco ministros de causas de DD.HH., en las que existen peritajes de identificación de detenidos desaparecidos, informar a la brevedad acerca de los avances de sus procesos y “agilizar” su investigación acotando ésta al establecimiento de los hechos y a la determinación de los responsables de las mismas.
Se trata de los ministros Carlos Fajardo –instructor del caso Patio 29 donde en abril el Servicio Médico Legal reconoció errores en la identificación de restos-, Joaquín Billard, Víctor Montiglio, Juan Eduardo Fuentes y Alejandro Solís.

FALLO DE LA CORTE DE DD.HH. AÚN NO ES CUMPLIDO POR CHILE
24 de julio: El cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH., que condena al Estado de Chile a favor del ex capital de la Armada Humberto Palamara Iribarne, se ha dilatado en casi dos meses ante las autoridades nacionales.
Palamara demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en 1996, a raíz de la censura de su libro “Ética y Servicios de Inteligencia” y las dos condenas que le impuso la justicia naval por desacato e incumplimiento de deberes militares.
Después, de casi diez años de tramitación, la Corte dictaminó que el Estado chileno violó los derechos a la libertad de pensamientos y expresión, a la propiedad, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad personal.
Sin embargo, los seis meses que la Corte dio de plazo a Chile para cumplir los acápites de la resolución, expiraron en mayo pasado, sin que el afectado se le haya informado de los avances sobre la ejecución del fallo.

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO IMPUGNARÁ APLICACIÓN DE AMNISTÍA
25 de julio: No aceptar que los jueces modifiquen la calificación del delito de secuestro, en casos de detenidos desaparecidos a homicidios, con el fin de aplicar la Ley de Amnistía será el nuevo criterio fijado por el Consejo de Defensa del Estado.
La decisión del consejo general de la entidad, adoptada la última semana de junio, viene a borrar el criterio acordado hace dos años, cuando bajo la presidencia de Clara Szczaranski, se decidió aceptar que los jueces, utilizando la “sana crítica”, establecieran que tras 30 años de presumirse un secuestro y donde no hay cuerpo de las víctimas los jueces consideraran que había homicidio. Con ellos se cerraban los casos y se beneficiaba a los autores quedando sin penalidad.
Este último razonamiento, conocido como la “amnistía impropia” fue el que impuso Szczaranski a partir del 15 de junio de 2004. Pero este año, bajo la presidencia de Carlos Mackenney se dio un giro en 180 grados, al lograr que por nueve votos contra tres, los miembros del consejo general modificaran radicalmente el criterio. El organismo fiscal estableció que no se puede aplicar el cuestionado decreto ley a los procesos de secuestro, donde las víctimas siguen desaparecidas. Por ello, rechazan que los jueces establezcan el delito de homicidio en estos casos, perdonen a los responsables y cierren los juicios.

EXÁMENES A PINOCHET
25 de julio: El juez Víctor Montiglio rechazó anular la validez del informe médico que en el 2001 declaró demente a Augusto Pinochet y que servió para que el general (r) fuese sobreseído en el caso “Caravana de la muerte”.
Tras la negativa de Montiglio, los querellantes anunciaron que recurrirán ante la Corte de Apelaciones, que deberá resolver en definitiva si anula o siguen vigentes las pericias médicas.

QUERELLA CONTRA EX FISCAL DE TEMUCO ÓSCAR PODLECH
25 de julio: Una querella por los delitos de secuestro, torturas y asociación ilícita por la desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli Leonelli, se presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ex fiscal militar, abogado de Temuco y actual académico universitario de esa ciudad, Óscar Alfonso Podlech Michaud.
A Podlech se le imputa ordenar torturas y definir el destio de prisioneros políticos después del golpe militar como fiscal en esa zona, vistiendo uniforme del Ejército. En el caso de Veturelli, se presentó voluntariamente el 17 de septiembre de 1973 llamado por radio mientras su esposa se encontraba detenida en el Regimiento Tucapel, la que luego fue puesta en libertad.
En la querella se afirma que Podlech firmó con fecha 4 de octubre de 1973 el oficio Nº52 en el cual afirmó que Venturelli fue “dejado en libertad con fecha 3 de octubre de 1973”, pero nunca más se supo de su paradero.