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Viernes, 06 de Agosto de 2010




Resumen: Julio 2010

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Familia de Tucapel Jiménez recibirá US$1 millón de indemnización

1 de julio: La Corte Suprema resolvió que la familia del asesinado líder sindical Tucapel Jiménez reciba la suma de un millón de dólares de indemnización, tras un extenso proceso judicial que se inició hace seis años. El fallo se da luego que se pusiera fin a la conciliación con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la que había llamado el máximo tribunal, por lo que cada uno de los cinco hijos del fallecido presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), recibirá 110 millones de pesos.

En declaraciones a Radio Biobío, el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado líder sindical, aseguró que “con todo lo que significó esto, se cierra un ciclo. Pueden saberse nuevas verdades, pero por fin se cierra un largo proceso”.

Recordemos que en el proceso judicial que llevó a cabo el juez Sergio Muñoz, fueron condenados en primera instancia en el 2002, el ex jefe de la DINE, general Ramsés Álvarez; el coronel Víctor Pinto; el mayor Francisco Ferrer Lima; y los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, como autores materiales del crimen. La única cadena perpetua recayó en el mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera Jiménez.

Procesan a sujeto que invocó falsos desaparecidos

1 de julio: El juez Alejandro Solís sometió a proceso por el delito de fraude al fisco a Rosendo Soto Salfate, quien ha cobrado del Estado beneficios por varios millones de pesos invocando como víctimas de la pasada dictadura a su padre, Gustavo Soto Peredo, y a un supuesto hermano, Rubén Soto Cabrera.

En la investigación judicial, el magistrado estableció que ambos “detenidos desaparecidos”, como los consigna el Informe Rettig, no tienen la calidad de tales pues el primero murió en una riña un mes antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y el segundo no registra antecedentes legales de su fallecimiento.

Embajador en Panamá declarará por Operación Cóndor

1 de julio: El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, informó que el embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, se pondrá a disposición de la jueza Raquel Lermanda, quien lo requiere en calidad de “inculpado” en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor.

“Él se va a poner en contacto con la jueza, quien lo está citando y por lo tanto es ella la que tiene que resolver de acuerdo al mérito del proceso”, expresó el secretario de Estado.

Agregó que el representante de la misión diplomática y hermano del alcalde de la comuna de Providencia “está muy tranquilo y, como digo, su interés es ponerse a disposición de la jueza para entregar cualquier información que ella requiera”.

Alberto Labbé tiene 35 años de carrera diplomática en los que se ha desempeñado en diferentes cargos en varios países, entre ellos Argentina.

Interior acusa "politización" de abogados del Programa de DD.HH.

2 de julio: Rodrigo Hinzpeter y el subsecretario Rodrigo Ubilla tuvieron una extensa reunión para analizar la situación en que la abogada Karina Fernández, del Programa de Derechos Humanos, pidiera la citación a declarar del embajador en Panamá, Alberto Labbé, en el marco de la investigación de la Operación Cóndor sin que el gobierno lo supiera. El impasse no es nuevo, pues en mayo pasado, otro abogado -que también venía del gobierno anterior- pidió que interrogaran al subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta, por la muerte de Víctor Jara. En ambos casos, no se informó a la directora del programa Rosy Lama.

"Dos ejemplos concretos de la politización de este tema ha sido la decisión objetiva por parte de dos abogados del programa de no comunicarle a su jefa respecto de los procesos que le correspondía realizar", dijo Ubilla a La Tercera.

En la actualidad, en el área jurídica del programa trabajan 17 abogados. Trece de ellos vienen de la administración anterior -como Fernández- y cuatro han sido contratados por Lama.  Pese a todo, altas fuentes de Interior aseguraron que por el momento, no tomarán "ninguna" medida en contra de los juristas que han incumplido el instructivo.

Víctimas de Paul Schaefer piden incluir los delitos no indagados     

6 de julio: A través del abogado querellante, Hernán Fernández, las víctimas de abusos sexuales cometidos por el fallecido Paul Schaefer aseguraron que hay delitos perpetrados en Colonia Dignidad que aún no son indagados por la justicia y que deberían ser investigados por el Ministerio Público.

Los ilícitos involucrarían a ex jerarcas que hoy administran empresas de esa comunidad, a quienes las víctimas estarían dispuestas a denunciar. Se trata de trabajos forzados, secuestros, defraudaciones, e incluso abusos sexuales registrados luego que Schaefer huyera hacia Argentina, en 1998.

Martín Mathussen, vocero de Villa Baviera, dijo no descartar la ocurrencia de delitos luego que Schaefer abandonara el ex enclave alemán.

En la Corte de Apelaciones de Talca, Fernández participó ayer de los alegatos previos a la sentencia definitiva que los jueces deberán dictar en contra de 14 jerarcas cómplices y 17 encubridores de los abusos sexuales que Schaefer cometió con 25 niños chilenos, ocurridos entre 1995 y 1997.

Médico Legal ha recibido 3.080 muestras de familiares de detenidos desaparecidos

7 de julio: El Servicio Médico Legal (SML) detalló que a la fecha se han recogido 3.080 muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos, quienes participaron de la campaña “Vives en nosotros. Te llevamos en la sangre”.

La coordinadora de Derechos Humanos del SML, Alejandra Jiménez, dijo a Terra.cl que esperan llegar a cinco mil muestras de ADN, es decir, tener un registro de al menos tres familiares por cada detenido desaparecido.

Indicó también que este trabajo ha traído consigo importantes logros judiciales como el reconocimiento de víctimas en casos emblemáticos como Paine, Lonquén, Patio 29, por ejemplo.

Caso Prats: Suprema condena a ex miembros de la DINA

8 de Julio: El ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y Pedro Espinoza, fueron condenados a 17 años de presidio por los crímenes del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en 1974 en Buenos Aires. El fallo incluye a otros 7 ex agentes represores.

A los ex jefes DINA, que ya cumplen cárcel por otros casos de crímenes en dictadura, se les agregan 3 años y un día de presidio por asociación ilícita terrorista.

El fallo de la Suprema también contempla penas de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo para el general (R) Eduardo Iturriaga, el coronel (R) Christoph Willikie Flöl, el ex agente José Zara Holger, uno de los ex jefes del departamento exterior de la DINA, y el ex jefe de la Brigada Lautaro, coronel (R) Juan Morales Salgado. En el caso de Iturriaga, Zara y Willikie, se agregan 100 días de presidio por asociación ilícita terrorista.

Ejército repudia a militares que participaron en crimen de Prats

8 de Julio: Tras conocerse la sentencia definitiva por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, el Ejército expresó su repudio a los militares que participaron en el doble homicidio, ocurrido en Buenos Aires en 1974.

"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe y también a su esposa", señala la declaración pública del Ejército.

El texto añade que los involucrados, "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución".

Asimismo, manifiestan su confianza en que "el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado".

Finalmente, el Ejército ratifica "su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena".

Dos personas al día son imputadas por error y quedan en prisión

13 de julio: El año 2009, 639 personas fueron imputadas, puestas bajo prisión preventiva, y finalmente absueltas de distintos delitos.

Un proyecto de ley, impulsado por el diputado UDI Gonzalo Uriarte, busca modificar cuerpos legales para lograr indemnizar a aquellas personas que se han visto afectadas por errores judiciales y al mismo tiempo modernizar el Estado, encontrar los res­ponsables en quienes ad­mi­nis­tran la justicia y finalmente mi­nimizar estas fallas.

Paula Vial, Defensora Nacional, expresó que cuando se encarcela a un inocente, "hay una responsabilidad pública involucrada".

"Lo que nos interesa es que en todos los casos en que haya una persona privada de libertad y finalmente haya resultado absuelta y en consecuencia, esa privación de libertad haya sido injustificada o haya afectado a una persona inocente- se le repare por la privación que sufrió de este derecho tan fundamental. En estos errores hay una responsabilidad pública involucrada. Es el Estado el que persigue penalmente a las personas, y obviamente es quien tiene que hacerse responsable de indemnizar, independiente de la responsabilidad funcionaria que exista", señaló Paula Vial.

Notifican a militares condenados por caso Prats

13 de julio: El brigadier (r) José Zara y el coronel (r) Juan Morales Salgado ingresaron hoy al penal de Punta Peuco para cumplir sus condenas como autores del homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, perpetrados en Buenos Aires en 1974.

Ambos militares, que estaban en libertad, fueron informados de sus sentencias a 15 años y un día por homicidio y a 100 días por asociación ilícita en una diligencia realizada en el Comando Administrativo del Ejército.

En tanto el ex líder de la DINA, Manuel Contreras, y su segundo en el mando, el brigadier Pedro Espinoza, fueron informados de sus respectivas sentencias en el Penal Cordillera de la comuna de Peñalolén, donde se encuentran encarcelados.

Tras ser informado de la condena, el brigadier Zara insistió en que es inocente. "Reitero mi inocencia y se me ha condenado exclusivamente por presunciones de la Justicia. No hay nada concreto en mi contra, pero confío que la verdad se dé a conocer en algún instante", declaró.

Presidente del PC propone tomar contacto con FF.AA. para abordar temas de DD.HH.

18 de julio: En el último pleno del comité central del PC, el Presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, puso una sorpresiva idea sobre la mesa durante su intervención.

"Ya es hora de que el Partido Comunista como tal se entreviste con los jefes del Ejército y otras ramas de las FF.AA. para tratar directamente el tema de los Derechos Humanos. Esa conversación tendría que hacerse con mucha franqueza, con amplitud de criterio", comentó Teillier a La Tercera.

El diputado agregó que el objetivo es "intercambiar opiniones de qué acercamiento podemos producir o, a lo mejor, en qué cosa no existe ninguna posibilidad de acercamiento".

En todo caso, el parlamentario comunista precisó que la idea no es tratar el indulto, sino tener un primer encuentro para ver los "temas pendientes".

Informe Ravinet: Los siete criterios para abordar eventuales beneficios a uniformados

19 de julio: Un detallado documento, donde se analizan los criterios para enfrentar eventuales beneficios a uniformados condenados por causas de derechos humanos, recibió el Presidente Sebastián Piñera de su ministro de Defensa, Jaime Ravinet. El texto enviado por Ravinet hace al menos siete consideraciones para enfrentar los casos de DD.HH., dejando expresamente excluidos tanto de beneficios carcelarios como de un eventual indulto a quienes hayan sido condenados a presidio perpetuo simple o calificado o sobre quienes recaigan más de una sentencia condenatoria a pena aflictiva , con lo cual en la práctica quedan fuera de cualquier decisión en este ámbito sentenciados emblemáticos, como el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien cumple una condena por 294 años y, entre otros, el brigadier (r) Pedro Espinoza.

Se propone, entre otros, que a los condenados mayores de 70 años se les pueda “conmutar sus penas privativas de libertad por medidas alternativas tales como libertad vigilada, remisión condicional” u otras análogas que establezca nuestro ordenamiento jurídico. A los menores de esa edad, que se estudie la posibilidad de “reducción del 50% de la condena”, independientemente del tiempo que lleven cumpliendo su sentencia. Además, se les hace extensiva la opción de acceder a beneficios intrapenitenciarios que se otorgan una vez que se han cumplido determinados requisitos. A los condenados que hayan cumplido más de la mitad de la pena, se propone que sean “beneficiarios con medidas de cumplimiento alternativo de sus penas de libertad”. Finalmente, a los Enfermos graves se sugiere el “cumplimiento alternativo en su domicilio u otro lugar”.

Preocupación por situación de Presos Políticos mapuche en huelga de hambre

19 de Julio: El Observatorio Ciudadano y la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN, que reúne a 70 instituciones, entre ellas a FASIC, han emitido una declaración manifestando su preocupación por la huelga de hambre que iniciaron el 12 de julio una veintena de prisioneros políticos mapuche.

“Entre las demandas que plantean al Estado -señala el comunicado- se encuentran el término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran, el fin al procesamiento de algunos de ellos por la justicia militar, un juicio justo y la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos, políticos y territoriales.

De acuerdo al documento, existen 58 personas mapuche o relacionadas con el pueblo mapuche procesadas o condenadas por la ley antiterrorista. De ellas, cinco se encuentran condenadas y 42 en prisión preventiva. Mientras que 11 se encuentran cumpliendo medidas cautelares en libertad. “Entre los delitos que se les imputan, o por los cuales cumplen condena, están los de incendio terrorista, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, amenazas terroristas, y el de asociación ilícita terrorista”, señala el comunicado.

Iglesia Católica entrega en La Moneda su propuesta de Indulto Bicentenario

21 de julio: Luego de una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, la Iglesia Católica dio a conocer su propuesta de Indulto Bicentenario que incluye a militares condenados por delitos de lesa humanidad.

En el documento titulado "Chile, una mesa para todos en el Bicentenario" - se establece que "no sería completa la 'mesa para todos' si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar".

"La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos", señala el documento.

Programa de DD.HH. del Interior presenta 14 nuevas querellas


21 de julio: El miércoles pasado el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentó catorce nuevas querellas por víctimas que figuraban en el Informe Rettig, pero que no eran investigadas.

Seis de las querellas fueron interpuestas en Santiago en contra del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general (r) Manuel Contreras; el brigadier (r) Pedro Espinoza, los coroneles (r) del Ejército Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth, Miguel Krassnoff, y Basclay Zapata, por secuestro y homicidio calificado.

Se trata de víctimas que habrían sido torturadas en el centro de detención ilegal conocido como Villa Grimaldi: Sonia de las Mercedes Bustos Reyes, Guillermo González de Asis, Amelia Ana Braun Fernández, José Calderón Ovalle, Luis Humberto Piñones Vega y Jorge Antonio Herrera Cofré.

Milton Juica: rechaza indultos

21 de julio: El Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, consultado sobre la propuesta de indulto, presentada por la Iglesia Católica, afirmó que "cada juez tiene su punto de vista particular sobre el tema. Yo personalmente creo que todavía son situaciones que ya están obsoletas en una sociedad moderna. Los indultos y la amnistía no debieran coexistir en un régimen democrático como el que tenemos. Esa es una opinión personal".

La propuesta entregada por la Iglesia pide no excluir a condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos, aunque pide analizar caso a caso las distintas situaciones, tomando en cuenta diversos factores relacionados con el grado de participación en los delitos.

Admiten una demanda de peruano contra Estado chileno


21 de Julio: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible una demanda contra el Estado de Chile, presentada por el ciudadano peruano Juan Luis Pimentel Román. Éste denunció que en julio de 2004, estando en Santiago con sus papeles en regla, se le denegó atención médica y hospitalaria para tratar las lesiones sufridas en un accidente a bordo de un microbús.

La denuncia señala que el Centro de Referencia de Salud Cordillera, ubicado a un costado del hospital Luis Tisné, no lo atendió y que el subdirector médico del establecimiento, Rodrigo Martínez argumentó instrucciones de Fonasa. El médico declaró al diario La Nación que el hombre no poseía cédula de identidad y que le recomendó que regularizara su situación.

Piñera da señales contra indulto en víspera de proyecto de Iglesia

21 de julio: “Nos vamos tranquilas", comentó Cecilia Prats, al término del encuentro que ella y sus hermanas -Sofía y Angélica- sostuvieron con el Presidente Sebastián Piñera. La hija del asesinado ex comandante en jefe del Ejército aludía a la sensación con que abandonaron La Moneda, tras pedirle al Presidente que no aplique ningún indulto a militares en retiro encarcelados por violaciones a los DD.HH.

La cita se produjo dos semanas después que la Corte Suprema dictara sentencia en contra de los civiles y uniformados involucrados en la muerte del ex general y su esposa, en Buenos Aires, en septiembre de 1974.

"(El Presidente) claramente ha comprendido nuestra postura respecto del indulto", sostuvo Cecilia Prats, tras una cita que estuvo marcada por gestos del Mandatario a las hijas del ex general. Contexto muy distinto al de la audiencia que hace unas semanas ofreció a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes se retiraron molestas de una reunión donde no hubo acceso a la prensa.

Piñera se refirió al encuentro en compañía de sus invitadas. Ahí, celebró el fallo. "Marca un reencuentro y salda una deuda no sólo con la familia del general Prats, sino que también con el alma de nuestro país", dijo.

Presidente Piñera recibe propuesta de indulto de Iglesias Evangélicas

22 de julio: Representantes de diversas iglesias encabezados por el presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, el obispo Emiliano Soto, se reunieron con el Presidente Sebastian Piñera para plantearle sus propuestas sobre un posible indulto bicentenario.

En el documento, titulado "Chile en el Bicentenario, un país bendecido por Dios", los religiosos llaman a llegar a un "gran acuerdo nacional" que permita lograr un reencuentro en el país en este año. Pidieron respetar los tratados internacionales que Chile ha suscrito, tomar en cuenta los sentimientos de las víctimas y valorar los fallos judiciales. Además, pusieron ciertos requisitos para los condenados que puedan acceder al beneficio.

Además, dijeron que este esfuerzo sería insuficiente si no se abordan los problemas de fondo de la situación en las cárceles a lo largo del país, por lo que su propuesta incluye programas de rehabilitación y reinserción social, y pidieron solucionar el tema del hacinamiento carcelario.

Lorena Fríes, designada primera directora del Instituto de DD.HH.

22 de julio: El consejo del nuevo Instituto de Derechos Humanos designó a la abogada de la Universidad de Chile Lorena Fríes Monleón como la nueva y primera directora de la entidad que se constituyó oficialmente ayer.

La profesional es además máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, y hasta hoy se desempeñaba como presidenta de la Corporación Humanas y Coordinadora Latinoamericana para el proyecto sobre Mujeres Migrantes y Trabajadoras Domésticas.

La ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre del 2009 y el pasado 2 de julio se nombró al último de los 11 consejeros, quienes fueron designados en consideración a sus trayectorias en el ámbito de los derechos humanos. El Instituto de Derechos Humanos se constituyó luego de cuatro años de debate parlamentario.

Corte niega arresto domiciliario y mantiene a Podlech en cárcel  

23 de Julio: En Roma, Italia, se cerró la primera parte del juicio contra el ex fiscal militar de Temuco Alfonso Podlech, acusado de ser responsable del secuestro y posterior desaparición, en 1973, del profesor de la Universidad Católica de Temuco Omar Venturelli Leonelli.

Durante el contrainterrogatorio, que duró aproximadamente cinco horas, el ex fiscal reiteró su inocencia, recordando que había asumido el cargo de fiscal militar en Temuco solamente en marzo de 1974 y que desde el 11 de septiembre de 1973 había sido solamente asesor jurídico del fiscal militar Luis Jofré. Sobre las declaraciones de numerosos testigos del fiscal Giancarlo Capaldo que durante estos meses declararon que habían sufrido torturas, Podlech señaló que eran personas "resentidas", que no decían la verdad.

La Corte rechazó una nueva petición de arrestos domiciliarios motivando esta decisión en dos elementos: el peligro de fuga y la falta de colaboración chilena, ya que, se recordó, a pesar de que Podlech tenía mandato de captura internacional, la policía lo dejó salir del país sin problemas. Sin embargo, Alfonso Podlech podría acceder de todas maneras al arresto domiciliario si hace una presentación ante otra instancia de la Corte de Casación, que en caso de ser acogida, le permitiría acceder a la medida antes de la próxima audiencia que se realizará el 6 de octubre.

Piñera rechaza ley general de indulto

24 de Julio: El Presidente Sebastián Piñera decidió este domingo no aplicar la ley general de indulto propuesta por las iglesias Católica y Evangélica, afirmando que no es conveniente para el país promover una legislación de este tipo porque reabre las heridas del pasado. Además, establece como regla general el estudio caso a caso de aquellos casos que cumplan con ciertos requisitos para ser considerados, dejando afuera los delitos más emblemáticos.

El mandatario dijo que tras recibir las propuestas de ambas iglesias, conversar con líderes del mundo político y religioso, y seguir con atención el debate que se generó sobre esta materia en a sociedad civil, “me ha permitido un proceso de serena reflexión sobre estas propuestas y sobre las consecuencias que ellas tendrían sobre nuestra convivencia y sobre nuestra sociedad, y me ha permitido también formarme una profunda reflexión de lo que creo es lo mejor para nuestro país y para el alma de nuestra sociedad”.

En la ocasión, Piñera valoró la reflexiones hechas por ambas iglesias sobre virtudes como el perdón, la compasión y la reconciliación entre los chilenos, además, de resaltar el espíritu noble y constructivo detrás de estas propuestas.

“Este Presidente y nuestro gobierno comparten plenamente esos valores y tenemos la firme voluntad de promover que la compasión, el perdón y la reconciliación penetren con toda la fuerza del mundo el alma de nuestro país”, precisó.

Bulnes estima en un 70% el hacinamiento en cárceles

27 de julio: Luego que el Presidente Sebastián Piñera le impusiera un plazo de tres meses para revisar y proponer medidas para mejorar la situación carcelaria del país, en el marco del pronunciamiento sobre el indulto propuesto por las iglesias Católica y Evangélica, el ministro de Justicia Felipe Bulnes comenzó las visitas en el penal El Manzano I y II de Concepción, en la Región del Biobío, donde el hacinamiento empeoró tras el terremoto del pasado 27 de febrero.

Según los últimos informes de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema -que realiza visitas semestrales a los penales-, los problemas que hay actualmente son de hacinamiento, alimentación deficiente, falta de planes de rehabilitación, malas condiciones sanitarias e higiénicas y muerte de reos en los recintos, entre otros.

Consultado por el hacinamiento en las cárceles, el ministro Bulnes expresó que a nivel nacional el fenómeno bordea el 70% -según Radio Cooperativa-, agregando que “es un tema que, como gobierno, nos preocupa”.

Asamblea General reconoce como derecho humano el acceso al agua

28 de julio: La Asamblea General de la ONU reconoció hoy el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano básico y llamó a garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho.

La resolución fue adoptada por la Asamblea por 122 votos a favor, ninguna en contra y 41 abstenciones. El texto –propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33 Estados miembros de la ONU – recuerda que más de 2.600 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad.


“Según el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir como la diarrea producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos y medio: uno, dos tres… Como dicen en mi pueblo: ´ahora es cuando´”, expresó el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón.

Indagan muerte de ex carabinero vinculado a causas de DDHH

29 de julio: Con un impacto de bala en el tórax fue encontrado cerca de las 22 horas del martes, en el Puente Cruces de Valdivia, el ex suboficial de Carabineros Luis Enrique Jara Riquelme (75). El uniformado (R) tenía antecedentes por los delitos de secuestro y homicidio calificado en una causa de derechos humanos, el caso Paine.

Su muerte está siendo investigada por el fiscal (S) de Valdivia Juan Pablo Lebedina, quien ya ordenó las primeras diligencias. De hecho, el Servicio Médico Legal (SML) entregaría el preinforme de autopsia que determinará la data de muerte y si tenía restos de pólvora en las manos, pues no se descarta que se tratara de un suicidio.

Pedirán extraditar a ex agente fugada a Dinamarca

30 de julio: El abogado Nelson Caucoto, pedirá la extradición desde Dinamarca de la ex agente DINA-CNI, suboficial (R) de la Armada, Ema Verónica Ceballos Núñez, involucrada en el crimen de cinco militantes del FPMR en 1987.

Previendo su procesamiento, la ex agente huyó a Dinamarca el pasado 10 de mayo saliendo por el aeropuerto internacional de Santiago.

El magistrado Mario Carroza la encausó el 9 de julio último en calidad de coautora del secuestro y desaparición del frentista Julián Peña Maltés, uno de los cinco que fueron secuestrados y posteriomente asesinados en el cuartel Borgoño de la CNI.

El abogado Caucoto dijo a La Nación que “se cumplen todos los requisitos para pedir la extradición”, aclarando que aunque no existiera tratado bilateral entre Chile y Dinamarca “opera el principio de la reciprocidad”.

Manuel Contreras: “A Prats lo mandó a matar la CIA

30 de julio: El ex jefe de DINA, Manuel Contreras, que se encuentra condenado por diversos casos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, negó haber ordenado el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y culpó de ese crimen a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA).

En una entrevista exclusiva dada en el Penal Cordillera al noticiero de Chilevisión, el ex general que recientemente fue condenado a 17 años de prisión por el asesinato del ex comandante en jefe dijo que “al general Prats lo mandó matar la CIA”. Además, descartó haber sido un agente pagado de la agencia de inteligencia estadounidense: “Nunca he recibido un cinco de la CIA, ni para la DINA ni para mí”.

Contreras afirmó que “no matamos a nadie que no fuera terrorista cuando se enfrentaron a nosotros… A nadie he mandado a matar jamás ni he dado ninguna orden de matar. En el Ejército de Chile no se da orden de matar. La manos no las tengo manchadas con sangre”.

Contreras, quien acumula más de 40 condenas por violaciones a los derechos humanos, aseveró que “yo fui jefe de una institución que eliminó el terrorismo en Chile… estoy orgulloso de lo que hizo la DINA”.

Ministro Solís dicta nuevas condenas para cúpula de la Dina

31 de julio: El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz dictó la sentencia por los secuestros calificados de Horacio Carabantes Olivares, Alfredo García Vega, María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, Sonia Ríos Pacheco, Carlos Rioseco Espinoza, Abel Vilches Figueroa y Elías Villar Guijón, causa conocida como los "Ocho de Valparaíso".

La pena más alta fue para el ex jefe de la Dina general (r) Manuel Contreras, quien fue condenado a 15 años y un día de presidio. Mientras que a los coroneles (r) del Ejército Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Daniel Cancino Varas se los sentenció a 10 años y un día. A ellos se suma la condena al oficial (r) de Gendarmería Orlando Manzo Durán, al ex oficial del Ejército Rubén Fiedler Alvarado y a Pedro Herrera Henríquez, a quienes les dio una pena de 5 años y un día de presidio.

Los hechos investigados ocurrieron el 17 de enero de 1975, cuando fueron detenidos en Viña del Mar la pareja Sonia Ríos y Fabián Ibarra. Un día después fueron detenidos Carlos Rioseco y Alfredo García. El 21 de enero de 1975 se detuvo a Horacio Carabantes en la misma ciudad; el 24 de enero, en Quilpué, a María Isabel Gutiérrez; el 25 de enero, a Abel Vilches, en Viña del Mar, y el 27 de enero, en Valparaíso, a Elías Villar. Todos fueron trasladados al Regimiento Maipú y, el 28 de enero de 1975, llevados a la Villa Grimaldi, donde desaparecieron.

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