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Lunes, 30 de Enero de 2012




Resumen: Enero 2012

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CERC: 12% cree que muertes en dictadura fueron "un mal necesario"

04 de enero: En el último “Barómetro de la Política”, realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC),  de diciembre pasado, un 12 por ciento de los chilenos expresó estar de acuerdo con la afirmación de que las "muertes durante el régimen militar fueron un mal necesario para impedir el comunismo" contra un 69% que se mostró en desacuerdo con esta afirmación.

Entre los que están de acuerdo la opinión mayoritaria son votantes de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), los partidos de Gobierno. Pero también llamó la atención que la apreciación es compartida por adherentes de la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia (PPD), ambos de la Concertación.

INDH: “El nombre del régimen de Pinochet es dictadura”

04 de enero: Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de DDHH (INDH), declaró como “lamentable” la decisión del Ministerio de Educación de cambiar, en las bases curriculares del ramo de Historia y Geografía, el nombre de “dictadura” por el de “gobierno militar”.

La etapa histórica de Chile, correspondiente entre 1973 y 1990, se denomina “dictadura”, sostiene el INDH.  Fríes explica que “el problema aquí es que las dictaduras no se nombran así porque hayan entregado o no el poder, sino porque tienen poder total y deciden incluso sobre la vida y la muerte de las personas, no hay que minimizar. El nombre del régimen de Pinochet es dictadura”.

MINEDUC: echa pie atrás en cambio que sustituye la palabra "dictadura"

05 de enero: “El Gobierno nunca pretendió desconocer el carácter no democrático del régimen militar y las violaciones a los DDHH que allí ocurrieron”, expresó el ministro de Educación, Harald Beyer, añadiendo que se entregará una nueva propuesta de bases curriculares en la próxima sesión del Consejo Nacional de Educación.

Suprema ratifica amparo a favor de comunidad de Temucuicui

05 de enero: En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco.

La resolución de primera instancia, ratificada por la Corte Suprema, agrega que para cautelar que no se produzcan excesos "se ordena a la Prefectura de Carabineros de Malleco efectuar los procedimiento policiales en dicho sector, con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad".

Ballesteros: “resolví siempre conforme a derecho”

06 de enero: “No puedo dejar de referirme a mi participación en Consejos de Guerra en la circunstancias extraordinarias que vivió el país durante el pasado haciendo presente que resolví siempre conforme a derecho”, dijo el juez Rubén Ballesteros al asumir como nuevo Presidente de la Corte Suprema en reemplazo de Milton Juica.

Ballesteros fue cuestionado por organizaciones de DDHH que señalaron que siempre éste voto a favor de la amnistía o la prescripción de dichas causas.

Dos años del museo de la memoria y los DDHH

10 de enero: El Museo de la Memoria y los DDHH  celebró su segundo aniversario, con la presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven.    
Recordemos que el Museo de la Memoria y los DDHH es un espacio que inauguró la ex Presidenta Michelle Bachelet, el 2010, y donde se quiere visibilizar las violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura militar.

Su actual director, Ricardo Brodsky, dice que el Museo “debe convertirse en un centro para difundir valores, especialmente a los jóvenes, a partir de la experiencia con los DDHH, y dar un mensaje de futuro”. 

Consejero de CONADI: “El Estado debe reconocer violación de los DDHH de los mapuches”

10 de enero: El Consejero de CONADI, Hilario Huirilef, afirmó que la única forma de alcanzar la tranquilidad y la paz social en la zona de la Araucanía es que el Estado dé un paso en el reconocimiento de que “ha violado los DDHH del pueblo mapuche”.

“El no reconocimiento de que aquí ha habido una violación de los DDHH del pueblo mapuche durante 130 años, el no convocar a todas las partes para sentarse a conversar, y que el gobierno sólo se siente con sus amigos, incluso con quienes están vinculados a empresas forestales, eso también son actos de violencia”, dijo Huirilef.

“Durante la dictadura se asesinó, se mató, se hizo desparecer y se exilió. El Estado de Chile, con el Presidente (Patricio) Aylwin, inició un reconocimiento y un pedir perdón. Hubo leyes que se ingresaron en el Congreso para reparar a quienes sobrevivieron, porque el Estado reconoció que hubo una violación de DDHH”, recordó.

“El Estado chileno no sólo tiene que pedir perdón. Además, tiene que reconocer que aquí se violaron los derechos esenciales. Este acto de reparación y reconocimiento es el que en La Araucanía no ha habido. Y mientras eso no exista y no se avance en aquello, es difícil pensar en la paz social y la tranquilidad de los habitantes de la región, mapuche y no mapuche”, sostuvo.

Instan al gobierno a optar por el diálogo en el tema mapuche

11 de enero: Un llamado a las autoridades a optar por el camino del diálogo y no del enfrentamiento mediático en la Región de La Araucanía, formuló la Comisión de Defensa por los Derechos del Pueblo Mapuche.

“Nuestro llamado a las autoridades nacionales y de la Región es a emprender un camino de diálogo que nos acerque a la solución de los problemas ancestrales del pueblo mapuche, y a cumplir con su tarea de resguardo de la paz social con pleno respeto a los derechos de las personas y de las comunidades, como corresponde a un régimen democrático”, indicaron en un comunicado. Ver declaración, aquí

Suprema redistribuye causas de DDHH y pone plazo para cerrar investigaciones

11 de enero: La Corte Suprema redistribuyó algunas de las causas de DDHH que eran tramitadas por ministros que fallecieron, dejaron el Poder Judicial o subieron al máximo tribunal.

Esto luego de la decisión de sumar tres nuevos Ministros en Visita para investigar estos delitos. En ese marco, a los cuatro ya existentes (Alejandro Madrid, Alejandro Solís, Jorge Zepeda y Joaquín Billard) se añadieron los magistrados Patricia González, Miguel Vásquez y Adriana Sottovía.

Los casos Colombo, Cóndor y Caravana de la Muerte serán investigados por la jueza González.

Conferencia 1 y 2, Víctor Jara y otros casos de detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda serán vistos por el ministro Vásquez. Mientras que a la magistrada Sottovía se le asignaron causas de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El vocero del máximo tribunal del país, ministro  Jaime Rodríguez, explicó que la idea es que todas las causas sobre delitos de lesa humanidad puedan concluir en un plazo de dos años.

AI: “Ley antitomas puede vulnerar derechos fundamentales”

12 de enero: En el marco del debate sobre la Ley de Resguardo del Orden Público, más conocida como “Ley Antitomas”, Amnistía Internacional (AI) instó a las autoridades y parlamentarios chilenos a que la discusión de este proyecto y el texto final se ajuste plenamente  a la normativa internacional de DDHH y recordó que "Chile ha ratificado los principales tratados de DDHH, por lo que tiene la obligación a nivel internacional e interno de respetar los DDHH, y en particular el derecho a celebrar reuniones o manifestaciones pacíficas".

 A la organización internacional le preocupa los efectos que podría tener la ley, si su texto actual se mantiene tal cual, ya que temen que se incremente "la criminalización" de la protesta social.

Investigación revela que la CPMC participó en una matanza en 1973

15 de enero: Una investigación judicial permitió establecer que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CPMC), facilitó y proporcionó medios para que 14 de sus trabajadores, además de otras 5 personas, fueran asesinadas por carabineros en el sur del país días después del golpe militar de 1973.

14 de las víctimas eran trabajadores de CPMC que tras el golpe militar  fueron detenidos en las localidades de Laja y San Rosendo.

En agosto de 2011, el juez especial Carlos Aldana ordenó la detención de 14 de los presuntos autores (otros tres habían fallecido) y por primera vez obtuvo detalles de las ejecuciones.

Entre ellos, dos ejecutivos de la CMPC, Carlos Ferrer y Humberto Garrido, prepararon una “lista negra” con los nombres de trabajadores que consideraban “activistas”, entregándola a las autoridades para su detención. La empresa también proporcionó a la policía autobuses para trasladar a los detenidos y, en las horas previas a la matanza,  y abundante licor.

Corte Suprema niega salida dominical a Manuel Contreras

16 de enero: En un fallo unánime la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó otorgarle el beneficio de libertad dominical al ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras.

La defensa del general en retiro, que suma condenas por cerca de 250 años por diversas violaciones a los DDHH, presentó el citado recurso de protección luego que su representado denunciara al Penal Cordillera por negarle la salida tras permanecer encarcelado desde hace seis años.

En noviembre pasado la Corte de Apelaciones había rechazo otorgarle el beneficio a Contreras.

Escolar se querella contra carabineros: “Me golpearon en la vagina”

18 de enero: Una querella en contra de quienes resulten responsables por el caso de “violencia sexual policial” interpuso Patricia Rada, abogada de la Corporación Humanas.

Javiera Sepúlveda, estudiante del Liceo Darío Salas, acusó a Carabineros por la golpiza que recibió mientras se manifestaba en el lecho del Mapocho. Según la abogada de Corporación Humanas, se configura un caso de “violencia sexual policial”.

“No teníamos nada como para agredirlos", cuenta, señalando que en el mismo desalojo del río "4 carabineros me tomaron y uno me golpeó en la vagina y en la espalda".

"Me tuvieron que parar entre dos compañeras, porque yo no me podía parar, me dolía mucho la boca del estómago y la vagina", relata la estudiante.

Javiera aseguró que la golpiza no se detuvo ahí. Al ser trasladada al Hospital Calvo Mackenna en una patrulla policial, la menor relata que "iban 2 carabineros y una mujer. La mujer me iba pegando atrás y tenían la música fuerte para que la gente no escuchara mis gritos".

Ministro Jorge Zepeda dicta condena en episodio “Juan Maino Canales”

23 de enero: El ministro Jorge Zepeda Arancibia dictó sentencia de 1° instancia en la investigación  por  el denominado  episodio Juan Maino Canales, proceso ligado a la investigación por la denominada Colonia Dignidad.

 El magistrado condenó a Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y de Elizabeth Rekas Urra. Además fueron condenados Eugenio Fieldhouse Chávez,  Gerard Mücke y Johan van den Berg a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de estos secuestros calificados.

La sentencia, de 136 páginas, estableció que el 26 de mayo de 1976 la DINA detuvo y trasladó a “Villa Grimaldi” a las víctimas, quienes  pertenecían al movimiento político “MAPU”,  y, además,  les sustrajo sus vehículos.

Los agentes de la DINA, para facilitar la comisión de los crímenes, contaron con la colaboración de “Colonia Dignidad”, dirigida por el líder Paul Schafer.

Con los dirigentes de “Colonia Dignidad” los agentes de la DINA coordinaron la persecución, secuestro, tortura y desaparición de los opositores al régimen dictatorial. En este caso, tal colaboración incluyó la desaparición de los vehículos de las víctimas.

La sentencia sobreseyó por muerte a Paul Schafer, quien falleció encontrándose en prisión preventiva; al agente de la DINA Rolf Wenderoth, por no estar presente en “Villa Grimaldi” al ser secuestradas las víctimas; y sobreseyó temporalmente a Hartmut Hopp, por estar prófugo en Alemania y haber el tribunal solicitado su extradición.

En el aspecto civil se condenó al Fisco y los condenados a pagar solidariamente  $ 90.000.000 (noventa millones de pesos) a los familiares de cada uno de las víctimas como indemnización de perjuicios.

Chile desciende en ranking de libertad de prensa

24 de enero: Un informe de Reporteros Sin Fronteras indicó que Chile fue el 2011 un escenario de “violencia contra los periodistas”, “atentados contra redacciones” y de “ataques físicos y en línea”. Junto a esto, el estudio señaló que hubo serios cuestionamientos del movimiento estudiantil contra “la extrema concentración de los medios”.

Lo anterior derivó en una caída de 47 puestos en relación al informe del año anterior, dejando a nuestro país en el lugar  80 del ranking mundial que ya tiene 10 años de existencia.

Comunidad mapuche denunció violento allanamiento policial

24 de enero: Un nuevo allanamiento realizó carabineros en la comunidad mapuche José Guiñón, comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía.

El lonko José Cariqueo, señaló que el gobierno ejerce terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

La misma comunidad fue allanada la semana pasada, donde se detuvo a Luis Marileo. Anteriormente a eso, en otros allanamientos dos menores resultaron lesionados y tras la utilización de bombas lacrimógenas dentro de las viviendas, una mujer, Teresa Millacheo, tuvo síntomas de pérdida.

Encuesta acusa “incoherencia” de senadores frente a proyectos de DDHH y democracia

26 de enero: Mayoría de senadores respalda iniciativas sobre DDHH y Democracia en encuesta del Observatorio Parlamentario. Sin embargo, no se constatan avances en las distintas materias consultadas.

Por ejemplo, destaca el apoyo transversal del 93,3% al reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Pero dicho proyecto lleve casi tres años estancado en una comisión pese a haberlo comprometido el Presidente de la República.

El 76,7% estuvo de acuerdo en prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género pero dicho el proyecto lleva casi 7 años de tramitación.

Según la coordinadora del Observatorio Parlamentario y abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, la encuesta revela “la enorme brecha entre el compromiso que los senadores y senadoras dicen tener con los derechos humanos y la democracia, y lo que realmente ocurre

Ministerio Público deberá pagar costas del caso “Bombas”

26 de enero: La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del juez del Octavo Juzgado de Garantía, Fernando Valderrama, quien estimó que el Ministerio Público debe pagar $29 millones para cubrir las costas de este proceso penal que mantuvo con los imputados del denominado “Caso Bombas”.

Así lo indica el fallo de Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino que señaló: “sí se puede decir que si la inmensa mayoría de dicha prueba fue desechada, por la razón que fuere, por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por esta Corte, no resulta serio, prudente, ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación (incluso con extensos períodos de privación de libertad) sostener que se litigó con motivo plausible”.