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Lunes, 02 de Septiembre de 2013




Resumen: Agosto 2013

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Ministro Vázquez dictó procesamiento por homicidio en Estadio Chile

05 de agosto: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó auto procesamiento contra  seis ex integrantes del Ejército por su responsabilidad en el homicidio del ex director de prisiones, actual servicio de Gendarmería de Chile, Littre Quiroga Carvajal, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, en el entonces Estadio Chile, en Santiago.

El magistrado determinó someter a proceso a Hugo Sánchez Marmonti y Raúl Jofré González en calidad de autores de homicidio calificado; y a Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio y Ernesto Bethke Wulf como cómplices del mismo delito.

En horas de la noche del 11 de septiembre de 1973, una patrulla de Carabineros -pertenecientes a la Tercera Comisaría de Santiago-, en conocimiento de que Quiroga Carvajal se encontraba en la Dirección General de Prisiones, “lo conminó a salir de su oficina y entregarse, trasladándolo a dicha Unidad Policial, posteriormente fue conducido al Regimiento Blindados N° 2, donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, al entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara)”.

“Durante el período de su detención en el Estadio Chile, Quiroga Carvajal fue reconocido por el personal militar instalado al interior del recinto y separado del resto de los prisioneros, para ser llevado a otras dependencias ubicadas en los camarines las que operaban como salas de interrogatorios y apremios físicos, así como lugares aledaños al hall de acceso; donde fuera agredido físicamente en forma permanente, por varios Oficiales”.

“El día 16 de septiembre de 1973, se procedió al traslado hacia el Estadio Nacional, de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Littré Abraham Quiroga Carvajal, así como de Víctor Lidio Jara Martínez; oportunidad en que se dio muerte a Littré Quiroga Carvajal, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, veintitrés impactos de bala de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los respectivos informes de autopsia, informe pericial integrado e informe balístico, acompañados al proceso”.

“El cadáver de Littré Abraham Quiroga Carvajal, junto con el cadáver de Víctor Lidio Jara Martínez y de otras tres personas más, fue encontrado en los días posteriores, por pobladores, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes en el cuerpo y los impactos de bala detallados en el informe de autopsia”.

Los procesados fueron notificados de la resolución, quedando en la libertad bajo fianza, ya que se encuentran sometidos a proceso en la investigación por el homicidio calificado de Víctor Jara Martínez.

Ministro Miguel Vázquez dicta procesamiento en dos causas de DDHH

07 de agosto: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó dos procesamientos en causas por violaciones a los DDHH, encausando a ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), respectivamente.

En el primer caso, el magistrado sometió a proceso a cuatro ex miembros de la DINA, a Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, y Ricardo Lawrence Mires, por el secuestro del dirigente del Partido Comunista Waldo Pizarro Molina, ocurrido a partir del 15 de diciembre de 1976, en el sector de Plaza Egaña.

De acuerdo a los antecedentes del proceso, se puede tener por acreditado que, cerca de las 18 horas del 15 de diciembre de 1976, “Waldo Ulises Pizarro Molina, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA quienes lo trasladaron a un cuartel secreto ubicado en  Simón Bolívar N° 8.800, comuna de La Reina, donde fue interrogado bajo apremio ilegítimo y posteriormente hecho desaparecer”.

En tanto, en la segunda investigación, sometió a  proceso a dos ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): José Soto Torres y Teresa Osorio Navarro por los homicidios de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Juan Olivares Pérez y Rubén Orta Jopia, ocurridos el 7 de noviembre de 1980, en Santiago.

De acuerdo a los antecedentes del proceso: “El día 06 de noviembre de 1980, agentes operativos de la CNI procedieron a seguir durante toda la jornada a Juan Ramón Olivares Pérez y Rubén Eduardo Orta Jopia, a quienes tenían plenamente identificados, interceptándolos en horas de la madrugada del día 07 de noviembre de 1980 en el vehículo en que se movilizaban, para luego darles muerte mediante disparos de balas con armas de fuego, simulando un enfrentamiento”.

En ambos casos, todos los procesados quedaron en prisión preventiva.

Ministros que investigan causas de DDHH realizan encuentro nacional

10 de agosto: Los 29 ministros de cortes de apelaciones que se encuentran investigando causas por violaciones a los DDHH se reunieron para revisar diversos aspectos relacionados a este tipo de procesos que tramitan en todo el país.

Bajo la coordinación del ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch Urra, los magistrados compartieron experiencias en la sustanciación de los casos por violaciones a los DDHH, cometidos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Hasta la fecha, la Corte Suprema ha dictado un total de 143 sentencias definitivas en causas por violaciones a los DDHH, cometidas en el país, aplicando sanciones por los delitos de homicidio calificado, secuestro calificado, torturas de prisioneros políticos e inhumación ilegal de víctimas.

Corte de apelaciones confirma que fisco debe indemnizar a familiares de detenido desaparecido

12 de agosto: La Corte de Apelaciones de Santiago confirma sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 150 millones a cinco de los hermanos de Sergio Tormen Méndez, detenido desaparecido a partir del 20 de julio de 1974, en Santiago.

En fallo unánime, la Cuarta Sala ratificó la resolución de la jueza Jenny Book, del  Séptimo Juzgado Civil de Santiago, quien condenó al Estado a pagar  30 millones por concepto de daño moral, para cada uno de los demandantes, hermanos  de la víctima.

En el aspecto penal, la Corte Suprema, el 21 de enero de 2009, condenó a Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito a la pena de 10 años de presidio, como responsables del secuestro de Sergio Tormen Méndez y Luis Guajardo Sepúlveda.

Corte suprema acoge recurso de casación en caso de comunero mapuche

12 de agosto: La Corte Suprema acogió un recurso de casación y dictó sentencia de reemplazo en la investigación por el homicidio del comunero mapuche Jaime Mendoza Collio ocurrido el 12 de agosto de 2009 en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía.

En fallo dividido, los ministros de la sala penal  y el auditor general (s) del Ejército Roberto Reveco acogieron el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y condenaron al cabo de carabineros Miguel Patricio Jara Muñoz, a la pena de tres años de presidio por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

La decisión determina que Mendoza Collio murió por disparos de Carabineros desestimando la tesis de la legítima defensa que había aplicado la Corte Marcial para absolver al uniformado.

Lejderman: “Yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio”

21 de agosto: Ernesto Lejderman, hijo de un matrimonio asesinado por militares en 1973, le dijo cara a cara al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, que no le desea a él “ni a ningún militar genocida ni a nadie lo que mis padres vivieron”.

El ciudadano argentino Ernesto Lejderman interpeló al ex comandante en jefe de Ejército, Luis Emilio Cheyre, que revele las razones por las cuales no contó todo lo que sabía respecto al asesinato de sus padres en la precordillera de la región de Coquimbo en 1973.

El ex militar, Juan Emilio Cheyre, indicó por su parte que: “El compromiso con la verdad que yo asumí fue integral. Si yo hubiese sabido algo más en relación al caso de Ernesto, sin duda lo habría dicho. No sé más de lo que dije en tribunales y no es del caso analizar ahora porque creo que nuestra conversación no va por el tema de tribunales sino que va por el tema humano, por el tema dolor por el tema profundo del sentimiento humano de los sentimientos que están cruzados”.

Cheyre insiste en su inocencia

22 de agosto: El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y quien renunció a la presidencia del SERVEL, dijo que recién conoció la verdad sobre violaciones a los DDHH gracias a libros como “La Caravana de la Muerte” y asumió entonces como error haber creído en la versión de Pinochet.

Requerido por la evidencia del Informe Rettig que refleja los miles de casos de violaciones a los DDHH enfatizó: "cuando se conoce en Chile el Ejército lo niega, yo nunca lo leí. Fue un error. Cuando se hace, el general Pinochet saca un informe propio y ese es el que conocemos los oficiales. Yo podría haber sido más acucioso".

"Cuando yo capto la fuerza de los DDHH dónde me involucro, dónde está mi acervo de conocimiento real de los DDHH es en los libros de Mónica González, de  Patricia Pulitzer, de mi amiga, y que en paz descanse,  Patricia Verdugo (La Caravana de la Muerte)", recordó Cheyre.

José Zalaquett: Cheyre es responsable moral en caso Lejderman

25 de agosto: El abogado especialista en DDHH, José Zalaquett, afirmó que el ex general Juan Emilio Cheyre es responsable moral en el caso Lejderman.

Zalaquett sostuvo además que "sería favorable" que los representantes de la derecha pidan disculpas públicas por su participación en la dictadura de Pinochet, debido a que hubo una generación que tuvo cargos en el Estado durante el gobierno militar.

También dijo que se debe avanzar más en el tema de los detenidos desaparecidos, donde "hay que hacer todo lo humanamente posible para hacer la verdad, pero en estos estándares estamos quedando cortos, porque hay mucho militares que entienden que el honor militar es quedarse en silencio".

Corte de Santiago y Ministro Carroza dictan resoluciones en casos de DDHH

26 de agosto: La Corte de Apelaciones de Santiago y el ministro en visita Mario Carroza  dictaron dos resoluciones relacionadas con causas por violaciones a los DDHH cometidas entre el 11 de  septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En la primera resolución, la Tercera Sala del tribunal de alzada  dictó  sentencia de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, contra Guillermo Hombitzer Fernández, por su responsabilidad, en calidad de autor, en el homicidio de José Laurel Almonacid, ocurrido el 12 de mayo de 1974.

En la segunda resolución, el ministro Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por el secuestro de Mónica Llanca Iturra, ocurrido a partir del 6 de septiembre de 1973,  en la Región Metropolitana.

El magistrado encausó como responsables del delito a los ex integrantes de la DINA: Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán.

Matthei: “El golpe de Estado no vino porque sí, no llegó de la nada”

27 de agosto: La candidata presidencial, Evelyn Matthei, dijo que el golpe de Estado en Chile “no vino porque sí, no llegó de la nada”, y reafirmó sus argumentos para no pedir disculpas por las violaciones a los DDHH tras el golpe de Estado: “Siento que no tengo que pedir perdón porque siempre tuve una posición clarísima”.

Matthei subrayó que fue la primera diputada de derecha que discutió “en forma muy clara la violación de los DDHH”, y añadió que “hay personas que creen que a lo mejor pudieron haber hecho más. Eso es súper entendible. Aquí cada persona tiene que hacerse cargo de cómo lo vivió. Yo lo viví siempre con un rechazo absoluto a cualquier persona a la que se le violaron los DDHH. Cada uno tiene que hacerse cargo de su pasado”, sentenció Matthei.

Piñera: En el gobierno militar “hubo muchos que fueron cómplices pasivos”

31 de agosto: El Presidente Sebastián Piñera expresó que “el gobierno militar tuvo sombras muy profundas, como el atropello reiterado, permanente y sistemático de los derechos humanos por parte de agentes del Estado o la pérdida de libertad y la supresión de los derechos esenciales”, agregando también que “hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada” como jueces y periodistas, indicó.

Sin embargo, recalcó que “también hubo algunas luces, como el programa de modernización de nuestra sociedad, de nuestra economía e instituciones, la apertura al exterior, la incorporación de la economía social de mercado y las oportunidades para la iniciativa individual”.