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Viernes, 01 de Febrero de 2013




Resumen: Enero 2013

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Militares detenidos por crimen de Víctor Jara

03 de enero: Seis de los 8 ex militares, fueron procesados como autores y cómplices de la muerte del cantautor Víctor Jara, y están detenidos y a disposición del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza.

Se trata del coronel (r) Hugo Sánchez, sindicado como uno de los autores del asesinato del cantautor en el Estadio Chile y de Jorge Smith, quienes fueron detenidos. Voluntariamente, se presentaron en el tribunal Nelson Hasse, Edwin Dimter, Raúl Jofré y Luis Bethke.

INDH rechaza atentado en Vilcún y aplicación de la Ley Antiterrorista

04 de de enero: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) repudió el atentado incendiario que provocó la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne McKay en la Región de La Araucanía. El INDH expresó su solidaridad con los familiares y amigos de la familia afectada. “Reiteramos nuestra condena a la violencia, sea cual sea su origen, como forma de solución a los problemas de la zona”, señaló la institución.

Al mismo tiempo, el Consejo del INDH rechazó que se siga aplicando la Ley Antiterrorista  en contra de los presuntos responsables del mortal atentado incendiario de Vilcún. En este punto, enfatizan, "volvemos a afirmar que la Ley Antiterrorista, tal como lo han establecido organismos internacionales de DDHH, vulnera principios del debido proceso. Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables".

Comandante Eduardo: “No participé en crimen de Jaime Guzmán”

09 de enero: El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Enrique Villanueva, conocido como "comandante Eduardo", aseguró que él no tuvo "participación alguna" en el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991.

El ex frentista, actualmente esta procesado, por el ministro en visita Mario Carroza, como presunto autor intelectual del atentado y arriesga una condena mínima de 15 años hasta cadena perpetua. Villanueva señaló que “no fui dirigente del Frente al momento en que se decide  su  muerte”.

Museo de la Memoria celebra su tercer Aniversario

11 de enero:  Con la  muestra de fotografías emblemáticas del período 1973-1990 y la obra musical “Canto por una semilla", compuesta por Luis Advis con versos de Violeta Parra, e interpretada por  los Inti Illimani Históricos, Denisse Malebrán y la Orquesta Nacional de Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebró su tercer aniversario.

Formalizan a comuneros mapuche por muertes en Vilcún

11 de enero: En el Juzgado de Garantía de Temuco, se realizó  la formalización de los hermanos Celestino Cerafín y José Arturo Córdova Tránsito imputados por la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne McKay.

El fiscal regional Francisco Ljubetic, designado exclusivo para este caso, presentó la formalización ante los abogados y familiares directos de imputados y víctimas.

Director del PUND rechaza militarización del conflicto mapuche

12 de enero: El director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, rechazó la militarización de la respuesta al conflicto mapuche por ser, a su juicio, "inconducente" hacia una solución del problema.

Señalo  que  en Latinoamérica, la militarización de la lucha contra las drogas ha fracasado, como en el caso de México, según diversos líderes y expertos.

Chadwick le resta “carácter político” a investigación por muerte de Miguel Enríquez

15 de enero: El Gobierno presentó en diciembre una querella que busca aclarar la muerte del fundador y secretario general del MIR, Miguel Enríquez.

 "El Ministerio del Interior, a través del Departamento de DDHH, cumpliendo con los deberes legales va presentando distintas acciones y querellas que dicen relación con situaciones que aún estén pendientes en materia de derechos humanos. No queremos en esto hacer ninguna situación de carácter político. Es el cumplimiento de la ley y así se estableció y así nosotros la cumplimos", señaló el ministro Andrés Chadwick.

El proceso judicial por la muerte de Enríquez está en manos del juez Mario Carroza y sindica como responsables directos del crimen a la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política de la dictadura.

Garzón: Vuelta de Pinochet a Chile “me dejó una sensación de disgusto y pena por las víctimas”

16 de enero: El abogado español y ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, llegó a Chile para una visita de 4 días al país.

El ex magistrado español, quien se hizo conocido luego de lograr -con una orden de detención internacional  dictada por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena- que la justicia británica retuviera al ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres desde octubre de 1998 hasta marzo de 2000. 

Sobre el retorno de Pinochet a Chile en esa época  la calificó como “una decisión política” pero que le dejó “una sensación de disgusto y pena por las víctimas”.

Respecto al gesto del ex dictador al llegar a Chile en silla de ruedas y pararse con ayuda de su bastón Garzón aseguró que “quedó demostrado que no había tal incapacidad para afrontar un juicio” y recalcó que su decisión de entonces “la sigo manteniendo hoy, guardaba todos los requisitos legales”.

Estudiantes solicitan presencia de organismos internacionales por conflicto mapuche

17 de enero: La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), en conjunto con otros movimientos sociales de DDHH expresaron su solidaridad con el pueblo mapuche ante el "recrudecimiento de la violencia ejercida por el Estado chileno".

Las organizaciones realizaron un llamado a la inmediata desmilitarización de la zona y solicitaron la visita del relator de la Naciones Unidas, James Anaya, así como de otras instituciones internacionales de carácter humanitario como la Cruz Roja.

Ministro Cisternas ordena reabrir investigación del Caso Soria

21 de enero: El ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, en calidad de instructor en la causa por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, resolvió reabrir la investigación del diplomático español asesinado en 1976 por agentes de la DINA.

De esta manera, el ministro dio lugar a lo solicitado por  Carmen Soria González, hija del ex funcionario de la CEPAL en Chile.

En 2011, el juez Alejandro Madrid condenó a tres años a siete ex oficiales de Ejército como miembros de una asociación ilícita para obstruir a la justicia (ocultar información) en el caso Soria, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones.

En su resolución, el ministro Lamberto Cisterna indica que en esta oportunidad las diligencias solicitadas por la parte querellante son “precisas y determinadas, las que se fundamentan en antecedentes que allí se desarrollan con alguna latitud, petición que parece plausible y conducente a los fines de la investigación”.

Por lo mismo, el ministro Cisternas dispuso la realización de varias las diligencias, entre las que se cuentan una orden de investigar a cargo de la Brigada de DDHH de la PDI; una citación a declarar al periodista Javier Rebolledo, quien en su libro “La danza de los cuervos” entrega más antecedentes del caso, y pedir informes a Interpol-Chile sobre órdenes de detención a personas mencionadas en la causa.

Corte Suprema anula indemnización del fisco en caso de DDHH

22 de enero: El pleno de la Corte Suprema anuló el pago de una indemnización a que había sido condenado el Fisco en un juicio por violaciones a los DDHH. Es el primer pronunciamiento del máximo tribunal del país en una causa civil de este tipo.

En fallo dividido, el pleno de la Corte Suprema acogió el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que solicitó anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Este tribunal de alzada había concedido una indemnización de $50.000.000 a la hermana del médico Eduardo González Galeno, desaparecido a partir del 14 de septiembre de 1973, en la localidad de Cunco donde fue director del hospital local, en la actual Región de La Araucanía.

En la causa, el CDE solicitó el pronunciamiento del pleno de la Suprema al existir discrepancias en sentencias sobre indemnizaciones de reparación por daño moral en procesos ligados a violaciones a los DDHH, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

El pleno acogió el argumento planteado por el CDE en cuanto a que la acción de carácter civil se encuentra prescrita y que la imprescriptibilidad de los delitos por violaciones a los DDHH, determinada por la legislación internacional para el aspecto penal, no se extiende al aspecto civil.

No obstante, el pleno determinó que el plazo de prescripción debe comenzar a contarse desde que los familiares de la víctima tuvieron certeza del ilícito perpetrado, no desde la fecha de la desaparición.

Por lo mismo, los ministros estimaron que la convicción del delito se produjo con la publicación del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación o Informe Rettig.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Juica, Muñoz, Dolmestch, Araya, Künsemüller, Brito y Escobar, quienes fueron partidarios de rechazar el recurso de casación y extender la imprescriptibilidad al aspecto civil de la sentencia.


Organizaciones de la sociedad civil eligen a sus nuevos representantes en el Consejo del INDH

23 enero: Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción, y José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano, fueron electos por amplia mayoría para ser consejeros del INDH.

Como parte de la renovación parcial que establece la Ley 20.405 que crea el INDH, 29 organizaciones de la sociedad civil emitieron sus votos, para así elegir por 24 sufragios a José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano y por 19 votos a Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción.

De este modo, deberán dejar el Consejo del INDH, Sergio Fuenzalida y Enrique Núñez, ambos elegidos por la sociedad civil por su amplia trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales en 2010. Por su parte, los/as nuevos/as Consejeros/as asumirán sus funciones el 2 de julio próximo.

Isla Dawson: Condenan al fisco a pagar  150 millones a 30 detenidos

24 de enero: La jueza del 18° Juzgado Civil de Santiago, resolvió acoger la demanda de indemnización por daño moral presentada por 30 víctimas en contra del Estado de Chile, las que fueron secuestradas por agentes estatales -entre el 11 y el 31 de diciembre de 1973- en la Región de Magallanes y confinadas en centros de detención de la zona, especialmente en el ubicado en la Isla Dawson.

En el fallo, la magistrada Donoso resolvió que el Fisco debe pagar $150.000.000 a cada uno de los demandantes, “atendida la gravedad de las violaciones a los DDHH a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Asimismo, Claudia Donoso rechazó la excepción de prescripción presentada por el Consejo de Defensa del Estado, manifestando que “no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del DDHH conculcado”.

La magistrada, además, sustenta su resolución en el Convenio de Ginebra,  que, en su artículo 131, sostiene que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos”.

En la misma línea argumental, la jueza Donoso cita la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, la que establece en su artículo 4°, la imprescriptibilidad de la acción penal de los crímenes mencionados en el artículo 1. Lo que “no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil.

Labbé declaró ante la PDI por caso de DDHH

25 de enero: El ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, prestó declaración en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) por una causa de DDHH en la que aparece aludido.

El interrogatorio fue encargado por el juez Mario Carroza, quien investiga el crimen de Orlando Letelier en Washington. Se le preguntó por su presencia como agregado militar en Washington más de una década después del asesinato.

De acuerdo a un artículo de prensa, que cita palabras que habría formulado Federico Willoughby, ex colaborador del régimen de Pinochet, la misión de Labbé habría sido vigilar los pasos del ex agente de la DINA Armando Fernández Larios, quien ya había desertado del organismo represor y colaboraba con la justicia estadounidense.

Deponen huelga de hambre comuneros mapuches

28 de enero: El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, puso fin a su huelga de hambre que ya cumplía 76 días. La medida, también incluye el fin de la huelga de hambre de Ramón Llanquileo, que está en la cárcel de Angol, fue tomada luego de que ambos recibieron la visita de observadores de Derechos Humanos y se estableció la creación de una comisión nacional e internacional de observación de DDHH de los mapuches.

CIDH admite caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile

28 de enero: La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) admitió el caso de Alex Lemún contra Chile. La presentación denuncia la ejecución extrajudicial de Lemún por efectivos de Carabineros y la impunidad en que quedó el caso como consecuencia de su procesamiento en la jurisdicción militar. La notificación fue recibida el pasado 25 de enero por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la familia Lemún ante la CIDH.

El caso –presentado a la CIDH el 25 de abril de 2006–denuncia la ejecución del niño mapuche Alex Lemún como resultado del uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en favor del reclamo por los derechos del Pueblo Mapuche en la Región de La Araucanía, así como la incompatibilidad de la jurisdicción militar vigente en Chile con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

La CIDH admitió el caso evidenciando una posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la protección judicial.

A partir de esta notificación, se inicia un plazo de tres meses para que la familia de víctima presente sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos al Estado para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de DDHH denunciadas.