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Jueves, 08 de Agosto de 2013




Resumen: Julio 2013

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Ministro Leopoldo Llanos entrega identidades de detenidos desaparecidos

02 de julio: El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos se reunió con familiares de víctimas de violaciones a los DDHH para informarles que fue posible, por el análisis de ADN, ratificar las identidades de Vicente Atencio Cortez y Eduardo Canteros Prado y que hubo error al identificar los restos óseos pertenecientes a Alejandro Ávalos Davidson. 

De acuerdo a estos resultados, el ministro decretará una serie de diligencias tendientes a determinar la identificación de los restos que fueron erróneamente asignados a Ávalos Davidson, disponiendo todo lo que sea necesario para que sean identificados correctamente.

En marzo de 1990, en el camino de Colina, en el sector denominado Las Tórtolas -lugar donde la Compañía Minera La Disputada de Las Condes realizaba trabajos en terrenos y que habían pertenecido al Ejército hasta 1980-, fueron encontrados restos humanos.

Posteriormente, se identificaron, a través de pericias de superposición de cráneo, fotografías y odontológicas, como correspondientes a las víctimas Vicente Atencio Cortez, Eduardo Canteros Prado y Alejandro Ávalos Davidson.

El 2012, el ministro Alejandro Solís acogió una solicitud y reabrió esta causa, ordenando diligencias tendientes a la realización de un estudio de las osamentas a través de exámenes de ADN, para lo que se dispuso la exhumación completa  de los restos óseos individualizados precedentemente.

Vicente Atencio Cortez (casado, 4 hijos, dirigente de la CUT, diputado comunista y ex alcalde de Arica), fue detenido el 11 de agosto de 1976, en horas de la mañana, por agentes de la DINA. Se le vio recluido en el centro de detención Villa Grimaldi. De acuerdo a las nuevas pericias genéticas, se confirma positivamente que los restos identificados corresponden a la víctima.

Eduardo Canteros Prado (48 años, constructor civil, militante del partido comunista), fue detenido el 23 de julio de 1976, alrededor de las 21:40 horas, en la vía pública, frente a su domicilio, ubicado en calle Panamá Nº 8807, de la comuna de La Florida, por agentes de la DINA y trasladado hasta Villa Grimaldi, donde fue visto por varios testigos. De acuerdo a las nuevas pericias genéticas, se confirma positivamente que los restos identificados corresponden a la víctima.

Alejandro Juan Ávalos Davidson (31 años, soltero, profesor de la Universidad Católica y militante del Partido Comunista), fue detenido el 20 de noviembre de 1975 por agentes de la DINA. Permaneció recluido en Villa Grimaldi, donde fue visto por números testigos; se le perdió el rastro en febrero de 1976, desde ese recinto de detención. De acuerdo a las nuevas pericias de análisis genético, se logró determinar que los restos no corresponden a esta víctima.

Corte suprema acoge recurso de amparo por malos tratos

03 de julio: La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado en favor de dos internos, Luis Morales Caro y Cristián Pichicón Quezada, del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío, quienes denunciaron una serie de malos tratos por parte de personal de Gendarmería, revocando la decisión adoptada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Concepción.

La sentencia resuelve que “se decide que se acoge el recurso de amparo sólo en cuanto se dispone que Gendarmería de Chile, en el futuro, deberá ajustar sus protocolos de actuación frente a situaciones de este tipo con un grado de proporcionalidad que impida las consecuencias que se constataron y que derivaron en las lesiones de los amparados”.

La resolución agrega que “al mismo tiempo, Gendarmería deberá adoptar las medidas particulares o generales necesarias para asegurar que no se produzcan hechos que puedan afectar la integridad física de los recurrentes” y que “la Corte de Apelaciones de Concepción deberá disponer la remisión de estos antecedentes al Ministerio Público, para los fines que fueren pertinentes”.

Ministro Mario Carroza condena a ex agentes de la DINA

05 de julio: El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó condena de primera instancia en la investigación por asociación ilícita y homicidio calificado de Luis Arias Pino, ocurrido el 19 de febrero de 1975, en Santiago. 

El magistrado condenó a Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Gerardo Godoy García a 15 años de presidio por homicidio calificado y 3 años de presidio por asociación ilícita. Sin beneficios.

Respecto del delito de homicidio, el ministro de fuero determinó que, con el mérito de los antecedentes analizados, se logró establecer “que el día 19 de febrero de 1975, la víctima Luis Fidel Arias Pino, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, alías Cachencho, en el marco de un operativo realizado por la DINA, destinado a su detención, fue herido a bala al intentar huir desde su domicilio ubicado en calle Príncipe de Gales”.

“Que la víctima, herida es reducida y trasladada al recinto clandestino de detención denominado Terra Nova o Villa Grimaldí, ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la misma comuna; falleciendo ese mismo día en horas de la noche por una herida de bala toraco abdominotorácica sin salida de proyectil”.

“Que la detención y posterior muerte de Luis Fidel Arias Pino, fue planificada y llevada a cabo por un grupo de personas organizadas para cometer crímenes en contra de opositores al régimen político vigente en la época, conocido con el nombre de  Dirección Nacional de Inteligencia, DINA”. 

En cuanto a la asociación ilícita, la resolución sostiene que los hechos descritos “son suficiente para tener por acreditada la existencia del delito de Asociación Ilícita, toda vez que nuestro Legislador al emplear la expresión “asociación” ha pensado en aquel conjunto de personas que se han dado un mínimo de organización para la consecución de un fin común y que está destinada a perdurar en el tiempo; máxime si en el artículo 293 del Código Penal, al regular la penalidad del delito, se refiere a “los jefes” o “los que hubieren ejercido mando” en la asociación; lo que denota claramente una organización y una jerarquización al interior de la misma; además de que dicha organización debe tener un carácter más o menos permanente en el tiempo y la finalidad de cometer uno o más de los delitos, elementos objetivos del tipo penal que se configuran en el caso Sub-lite”.

En el aspecto civil, el ministro condenó al Fisco a pagar 20 millones de pesos a Rosario Arias Aguilar y a Luis Arias Aguilar, por daño moral.

Ministro Álvaro Mesa dicta procesamiento en causa de DDHH

08 de julio: El  ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso al Capitán (r) de Carabineros de Chile, Patricio Horacio Burgueño Robles, como autor del delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, perpetrado en la comuna de Gorbea, en noviembre de 1973.

En la indagatoria, el ministro Mesa dio por establecido los siguientes hechos: “Que el día 10 de noviembre de 1973, Nicanor Moyano Valdés, concurrió a la Tenencia de Carabineros de Gorbea, a fin de cumplir con la obligación de firma semanal impuesta el 22 de octubre de ese mismo año, luego de permanecer, por varios días, recluido en el Regimiento Tucapel de Temuco. Al llegar a ese lugar, quedó detenido por orden del teniente de la unidad policial de la comuna, ya que se habría producido un intercambio de palabras entre ambos. Posteriormente, el teniente, junto a tres carabineros de la Tenencia, se dirigió junto al detenido hasta el río Donguil, donde procedieron a ejecutarlo con sus armas de servicio, cayendo su cuerpo a las aguas de éste”.

“Que al no contar con noticias de Nicanor Moyano Valdés, la familia acudió a la Tenencia de Carabineros de Gorbea, a objeto de solicitar información sobre éste. Sin embargo, en dicha unidad les indicaron que no se habría presentado a cumplir con su deber de firma semanal. Por lo anterior, la familia se abocó a la búsqueda de Moyano Valdés, encontrando su cuerpo varios días después, en la ribera del río Donguil, específicamente en el lugar denominado Puente Salinas. De lo anterior dieron cuenta al teniente de la Tenencia de Carabineros de Gorbea, quien les sugirió regresar a su domicilio, ya que él y su personal se encargarían de la situación”.

“Que dicho teniente, junto al personal que participó en la ejecución de Moyano Valdés, se trasladó en horas de la madrugada hasta el lugar indicado por los familiares y procedieron a sacar el cuerpo de la víctima de las aguas, subirlo al vehículo utilizado en sus labores, llevarlo hasta el río en el cual desembocaba el río Donguil y lanzarlo a su cauce. Posteriormente, se dirigieron hasta el domicilio de los familiares de Moyano Valdés, a fin de hacerles creer que habían buscado el cadáver, pero éste ya no estaba”.

Ministro Leopoldo Llanos dicta condena por caso DDHH

15 de julio: El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados de Alejandro de la Barra Villarroel y Ana María Puga Rojas, ocurridos el 3 de diciembre de 1974, en la Región Metropolitana.

El magistrado condenó a Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito a 15 años y un día de presidio por su responsabilidades como autores de ambos homicidios calificados; a Eduardo Jaime  Astorga a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de ambos homicidios calificados, y a Miguel Krassnoff Martchenko a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor de ambos homicidios calificados.

De acuerdo a los antecedentes del proceso: “Agentes de la DINA lograron averiguar que los miembros y dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, Ana María Puga Rojas, actriz y profesora, y Alejandro de la Barra Villarroel, cientista político, tenían un hijo de un año y meses de edad que asistía a un jardín infantil, el día 3 de diciembre del mismo año, se organizaron en grupos para esperar que aquellos concurrieran” a buscar al infante. Cuando los agentes vieron aproximarse el auto donde venían estos fueron interceptados, “disparando contra la pareja, sin que hubiese habido orden de detención ni resistencia de su parte, muriendo ambos a causa de heridas cefálicas y cervicales”.

En el aspecto civil, el magistrado determinó que el Fisco debe pagar 50 millones de pesos a Rodrigo Hernández Puga, hijo de la mujer víctima. Asimismo, el Fisco y los condenados deben cancelar solidariamente 50 millones de pesos a Álvaro de la Barra Puga, hijo de ambas víctimas.

Ministro de la corte de Valparaíso dicta procesamientos en causa de DDHH

15 de julio: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda, dictó procesamientos en la investigación por el homicidio calificado de Onofre Peña Castro, ocurrido el 9 de octubre de 1973.

El magistrado sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva de los ex miembros de Carabineros Guillermo Bermúdez Roco y Orlando Astete Sánchez, por su responsabilidad como autores del delito.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, se ha logrado determinar que el “9 de octubre de 1973, alrededor de las 21:30 horas, fue detenido al interior de su domicilio Onofre Peña Castro, por funcionarios de la tenencia de Catemu. Posteriormente a su detención, Onofre Peña, es trasladado al sector del túnel La Calavera, lugar en donde es abatido por los funcionarios que lo custodiaban, recibiendo impactos de bala en la cabeza y tórax. Su cuerpo fue hallado en un canal de regadío a los días después, esto es, el 17 de octubre de 1973, por uno de sus hijos”.

Corte de Puerto Montt dicta condena en caso de DDHH

18 de julio: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, como subrogante legal de la Corte de Punta Arenas, confirmó la pena de 5 años de presidio para Eduardo Mancilla Manríquez, en calidad de autor del homicidio calificado de Jorge Parra Alarcón, perpetrado el 24 de octubre de 1973, en la Región de Magallanes.

En la causa, el tribunal de alzada dejó sin efecto el pago de una indemnización que se había resuelto en el fallo de primera instancia, en contra del Fisco de Chile.

Corte de Rancagua confirma absolución de Carabineros por muerte de líderes del FPMR

23 de julio: La Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó la absolución de cuatro ex miembros de Carabineros, Julio Verne Acosta, Carlos Bezmalinovic Hidalgo, Juan Rivera Iratchet y Walther Soto Medina, quienes fueron procesados y acusados en la causa  por la muerte de Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, comandantes del FPMR, ocurridas el 30 de octubre de 1988, en el río Tinguiririca.

De acuerdo a lo resuelto por al tribunal de alzada, no existen antecedentes que permitan determinar la existencia del delito de homicidio en contra de Pellegrin Friedmann y Magni Camino, y por la imposibilidad de determinar la participación de terceros en la muerte de la pareja.

Carla Pellegrin y Rafael Walker, familiares de los frentistas asesinados, rechazaron el fallo, indicando que no se tomó en cuenta otras pruebas que indicaban que los Comandantes del FPMR fueron torturados por personal de carabineros. Los familiares anunciaron que recurrirán ante la Corte Suprema.

Se solicitará a Alemania extradición de Hartmut Hopp

25 de julio: La Corte Suprema determinó acoger la petición planteada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González García, de solicitar a Alemania la extradición del ciudadano germano Hartmut Wilhelm Hopp Miottel, condenado en Chile a cinco años y un día de presidio por su participación como cómplice en cuatro delitos de violación y 16 casos de abuso sexual, perpetrados en la ex Colonia Dignidad.

De acuerdo al fallo del máximo tribunal, pese a que no existe un tratado de extradición entre Chile y Alemania, corresponde acceder al pedido, de acuerdo a las normas del derecho internacional“, como lo preceptúa el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal”.

Ministro Araya declara improcedente extraditar a España a ex agentes de la DINA

26 de julio: El ministro de la Corte Suprema Juan Araya Elizalde determinó que no procede acceder a la extradición de seis ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), requeridos por la justicia de España por el homicidio de Carmelo Soria Espinoza. Se desestimó el requerimiento de la justicia española, al considerar que los mismos hechos están siendo investigados en Chile -por el también ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas Rocha-, por lo que opera el principio de territorialidad.

La solicitud fue planteada en enero pasado por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, de dictar la extradición de Manuel Contreras Sepúlveda, José Remigio Ríos San Marín, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres y René Quilhot Palma, por el homicidio del diplomático español, ocurrido el 14 de julio de 1976, en Santiago.

Piden a Chile no aplicar ley antiterrorista a mapuches

30 de julio: El relator especial sobre la promoción y protección de los DDHH en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, Ben Emmerson, recomendó al Estado chileno implementar una estrategia nacional sobre la problemática mapuche y poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista y a la impunidad en las muertes de comuneros.

"Hoy recomiendo que debería cesar todo uso de las legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuches", La legislación antiterrorista, indicó. "ha sido usada de un modo que discrimina a los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante".

Poder judicial dona al museo de la memoria documental sobre ministros en causas de DDHH

30 de julio: El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, encabezó la ceremonia que oficializó la donación  del documental: “Ministros en visita en causas de Derechos Humanos: reconocimiento al ministro Héctor Solís por su contribución al Caso Paine”, que hace el Poder Judicial al Museo de la Memoria y los DDHH.

El trabajo audiovisual –de una hora de duración- refleja la ardua investigación que  desarrolló el magistrado Héctor Solís junto a su asistente Sebastián Sarret -con la colaboración de la policía, el Servicio Médico Legal y peritos de diversas disciplinas-, en la pesquisa del caso Paine, y que tuvo como resultado el hallazgo del lugar donde fueron ejecutados y sepultados un número aproximado de 22 personas que fueron detenidas, en octubre de 1973, en la comuna ubicada en la zona sur de la Región Metropolitana.

DDHH: Suprema confirma condena por crimen de profesor Almonacid

31 de julio: El caso del asesinato del profesor comunista Luis Almonacid en 1973 había sido anulado por la Corte Interamericana de DDHH luego que el tribunal militar le aplicara la Ley de Amnistía y volvió a ser investigado por la justicia civil chilena. Carabinero fue sentenciado a 5 años de libertad vigilada.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal , rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que ratificó la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, para el ex integrante de Carabineros, Raúl Neveu  Cortes

Cinco días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Luis Almonacid Arellano, profesor universitario y militante del Partido Comunista, fue detenido en su casa por un grupo de carabineros.

Mientras era trasladado en un vehículo policial, un oficial de Carabineros le disparó y le provocó una herida que finalmente le causó la muerte, según comprobó la investigación judicial.

Encuentran rieles usados para arrojar a ejecutados políticos al mar

31 de julio: Varios rieles usados para lanzar cadáveres de prisioneros políticos al mar y hacerlos desaparecer durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron hallados en las costas de Caldera, revelaron  fuentes judiciales.

Los pedazos de metal, encontrados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie desde el fondo marino y su hallazgo fue posible gracias a un militar que participó en esas acciones y que confesó antes de morir.

La diligencia se cumplió en el marco de la investigación por los episodios de la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, referido a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades.