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Jueves, 04 de Abril de 2013




Resumen: Marzo 2013

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Ballesteros: causas de DDHH no están sujetas a plazo de término

01 de marzo: El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dijo que las causas de DDHH “no están sujetas a ningún plazo de término”.

Ballesteros se refirió a este tema al inaugurar el Año Judicial 2013, ceremonia en que reiteró los anhelos de autonomía financiera y de respeto a la independencia judicial.

Respecto de las causas por DDHH, Ballesteros informó que se tramitaron un total de 1.104 procesos, a cargo de 32 ministros de Cortes de Apelaciones designados para el efecto de acuerdo al informe entregado por el ministro Hugo Dolmestch.

Recordó que en una visita realizada al país en agosto pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas valoró lo avances que ha hecho la Corte Suprema en la investigación de este tipo de hechos.

“Reiteramos que el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo. Su fin está condicionado al establecimiento de la existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron, labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial atención”, dijo.

Exhumación de los restos de Pablo Neruda se realizará la primera quincena de abril

04 de marzo: El ministro en visita Mario Carroza confirmó la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda, peritajes que se realizarán durante los primeros 15 días del mes de abril en Isla Negra.

El magistrado investiga la presunta intervención de terceros en la muerte del Premio Nobel chileno registrada el 23 de septiembre de 1973, aquejado aparentemente de un cáncer a la próstata.

El ex chofer de Pablo Neruda, Manuel Araya, declaró ante la justicia sobre las sospechas de que envenenaran a Neruda cuando este se encontraba internado en la clínica Santa María declaraciones que han motivado las indagaciones judiciales.

Dictadura brasileña financió al régimen de Pinochet

05 de marzo: Documentos secretos del gobierno militar brasileño (1964-1985) revelan que Brasil concedió préstamos por un valor de 115 millones de dólares a la dictadura chilena.

Según los documentos, las cantidades tenían por objetivo la “garantía de la seguridad interna” de Chile.

Ex juez Otilio Romano acusa al Gobierno argentino de persecución política

05 de marzo: El ex magistrado argentino, Otilio Romano, acusó a la Presidenta argentina, Cristina Fernández, de encabezar una “persecución política” en su contra al solicitar su extradición a los tribunales chilenos para ser juzgado como cómplice de las violaciones a los DDHH durante el régimen militar de este país (1976-1983).

En un extenso escrito, presentado al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, concluye que “en Argentina Romano no tiene  las condiciones ni garantías mínimas para enfrentar un proceso penal”.

En respuesta, el abogado Sebastián Dal Pozzo, representante en el juicio de extradición por el Estado argentino, dijo que las acusaciones es por “98 violaciones a los DDHH, 98 delitos, frente a los cuales el requerido hizo lo contrario a lo que la legislación le exigía: investigar, promover la acción penal, juzgar”.

Avanza proyecto de Subsecretaría de Derechos Humanos en Senado

05 de marzo: El Senado aprobó en general el proyecto que crea la Subsecretaría de DDHH.

En el debate, el senador Hernán Larraín planteó la necesidad de crear un ente coordinador de las distintas acciones que desarrollan diversos organismos para garantizar el respeto a los DDHH tanto en Chile como en el  extranjero. “La idea no es crear un servicio público.

Para la senadora Isabel Allende resulta fundamental que durante el debate de la propuesta no se termine por sobreponer el rol de esta subsecretaría en detrimento del trabajo que desarrolla el INDH.

Los senadores  Letelier,  Ruiz Esquide y  Walker, abogaron por la creación de un defensor del pueblo, considerando que esta figura permitiría complementar el accionar del INDH y la Subsecretaría. Los legisladores plantearon que el defensor sea quien medie cuando se acuse al Estado de ciertas violaciones básicas.

Corte Suprema rechaza recurso de casación por indemnización a sobrevivientes de Antuco

07 de marzo: La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que a su vez confirmó un fallo del Primer Juzgado Civil de Concepción, que  condenó al Fisco a pagar una indemnización de $270.000.000 (doscientos setenta millones de pesos) a sobrevivientes de la tormenta de viento blanco en los faldeos del volcán Antuco.

En fallo unánime, los ministros desestimaron el recurso presentado por el Fisco de Chile en contra de la sentencia que estableció la responsabilidad en las lesiones provocadas a 27 conscriptos demandantes, cada uno recibirá  $10.000.000 (diez millones de pesos).

La resolución determina que se encuentra probada la responsabilidad del Estado de Chile por falta de servicio en la que incurrió el Ejército de Chile al ordenar la marcha de conscriptos bajo malas condiciones climáticas y sin las medidas de prevención correspondientes.

“Ese 18 de mayo de 2005 en los faldeos del Volcán Antuco en circunstancias adversas por órdenes de sus superiores jerárquicos, experimentaron daño moral, no sólo la juventud de los conscriptos juega para llegar a esa conclusión, sino su inexperiencia, en asuntos de montaña; ello es lo normal y corriente que se produciría en un hombre medio las circunstancias a que se vieron sometidos los demandantes. Por consiguiente, se dará por justificado que éstos sufrieron daño moral”, dice el fallo.

Ministra Sylvia Pizarro dicta procesamiento en causa de DDHH

12 de marzo:  La ministra en visita  de la Corte de Apelaciones de San Miguel, sometió a proceso a Benjamín Seguel Ortiz, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Segundo Hernán Antonio Muñoz Rojas, hecho perpetrado el 14 de octubre de 1973. 

De acuerdo a los antecedentes del proceso, en horas de la madrugada de dicho día la víctima, que se encontraba detenida en la Tenencia de Curacaví, fue sacada del lugar por un grupo de carabineros de la repartición -entre los que se encontraba Benjamín Seguel Ortiz-, apareciendo días después su cadáver en el puente Esperanza, de la comuna de Padre Hurtado, con una herida de bala abdominal torácica. 

La investigación, concluye, que la víctima encontró la muerte al margen de todo proceso legal, mientras se encontraba privada de libertad y bajo custodia de agentes del Estado, sin que exista alguna justificación razonable, la que fue abandonada, además, en la vía pública por sus victimarios como una forma de impedir que se conocieran las circunstancias precisas de su muerte. 

Acogen amparo por maltratos a reclusos de cárcel de Llancahue

13 de marzo: La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), producto de una serie de apremios denunciados por internos del módulo 31 del Centro Penitenciario de Llancahue, a comienzos de año.

En fallo unánime, los ministros de la Primera Sala, acogieron la acción cautelar presentada en favor de internos que sufrieron maltrato de parte del personal penitenciario.

La resolución determina que el personal de Gendarmería no respetó los derechos a libertad individual e integridad física y síquica de internos y ordena una serie de medidas que debe aplicar Gendarmería para evitar situaciones futuras.

El fallo ordena que “en el futuro (Gendarmería) deberá tratar dignamente a los internos y cumplir estrictamente a lo establecido en las leyes, la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de DDHH, especialmente la Convención Contra la Tortura”.

 “Asimismo, se dispone que Gendarmería de Chile deberá efectuar un sumario interno a fin de averiguar la veracidad de la denuncia  de acoso efectuada por el interno Francis Alejandro Orozco Véliz”, agrega el fallo.

Ministro de Corte de Apelaciones Temuco dicta procesamiento en causa de DDHH

15 de marzo: El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco  a cargo de los casos sobre violación de los DDHH, ocurridos en la IX Región, entre 1973 y 1990, dictó auto de procesamiento en la causa rol 27.530 del Juzgado de Letras de Carahue. 

El magistrado sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del teniente coronel (r) de Ejército Juan Enrique Silva Rebeco; del capitán (r) de Carabineros, César Gabriel Edgardo Anziani Riquelme; y del sargento primero (r) de Carabineros, Daniel del Carmen Riquelme Reyes; como autores y/o cómplices, según el caso, de los delitos de apremios ilegítimos y homicidio calificado de Bernardo Nahuelcoy Chihuaicura, Francisco Curamil Castillo, Mauricio Huenucoy Antil y Francisco Porma Cheuquecoy; y de apremios ilegítimos de Ruperto Bañares Bañares y Sonia Marta Ibáñez Ibáñez, ilícitos ocurridos en Puerto Saavedra, durante octubre de 1973. 

También está procesado por estos mismos hechos el coronel (r) de Ejército Jorge Nibaldo Del Río, actualmente recluido en el CPP Cordillera de Santiago. Del Río, además, cumple condena por otros delitos de la misma naturaleza cometidos en la Novena Región.

Corte de Arica acoge recurso de amparo a favor de inmigrante

18 de marzo: La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por el INDH a favor de una inmigrante que estaba detenida en un cuartel policial. 

La acción del INDH fue solicitada por FASIC quien tomó conocimiento de la detención prolongada e ilegal de la colombiana Jenifer Candelo Riascos quien estuvo detenida desde el 20 de enero hasta el 14 de marzo pasado, en un cuartel de la PDI, a la espera de su expulsión del país y en precarias condiciones de reclusión.

El recurso de amparo fue acogido por los ministros quienes determinaron  que la detención de Jenifer Candelo Riascos fue arbitraria por exceder el plazo de 24 horas que habilita la ley en este tipo de casos, además de vulnerar los derechos fundamentales y básicos de la amparada.

El fallo, así mismo, ordenó oficiar al Ministerio del Interior y al director de la PDI para que se indague eventuales responsabilidades administrativas. 

 “Dada la gravedad de lo acontecido se dispone oficiar, remitiendo copia de todos los antecedentes, al Ministerio del Interior y al Director de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas, y dado que esta situación, como es de público conocimiento, no parece ser un caso aislado, se establezcan protocolos que permitan dar cumplimiento a los requerimientos administrativos dentro del marco de la legalidad vigente, a objeto de poner término y evitar que actos de idéntica naturaleza se reiteren”.

Finalmente, por este mismo caso, el Secretario Ejecutivo de FASIC y la Asistente Social de nuestra institución se reunieron con la jefatura de la PDI en Arica.

Procesamiento de agentes del denominado Comando Conjunto

21 de marzo: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó el procesamiento de cinco ex integrantes del denominado Comando Conjunto por su responsabilidad en dos casos de detenidos desaparecidos, en octubre de 1975.

El magistrado Vázquez determinó someter a proceso y arraigo a Freddy Enrique Ruiz Bunger, César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola, Manuel Muñoz Gamboa y Daniel Guimpert Corvalán, como co-autores de los delitos de secuestro en las personas de Francisco Ortiz Valladares y José Rocha Álvarez, ocurridos el 30 y 31 de octubre de 1975, respectivamente, en la Región Metropolitana.  Los procesados quedaron sometidos a arraigo nacional, una vez de notificada la resolución.

Ministro en visita Álvaro Mesa dicta auto de procesamiento de ex carabineros

22 de marzo: El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco,  dictó auto de procesamiento de dos ex suboficiales de Carabineros por el homicidio calificado de Juan Segundo Tralcal Huenchumán, ilícito perpetrado –en septiembre de 1975- en la comunidad Blanco Lepín, de la comuna de Lautaro. 

En la resolución, se somete a proceso y prisión preventiva al ex suboficial mayor de Carabineros, Moisés del Carmen Contreras Díaz, y el ex cabo primero de Carabineros, Gabriel Gonzalo Gatica Riquelme, en calidad de autores del delito de homicidio calificado.

Corte Interamericana de DDHH revisará caso de tortura de Chile

22 de marzo: La Corte Interamericana de DDHH (CIDH) celebró en Colombia, tres audiencias públicas sobre casos de Chile, Ecuador y Bolivia.

La CIDH escuchó el caso del ciudadano chileno Leopoldo García Lucero, quien denunció que había sido sometido a torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, hecho que lo obligó a exiliarse en Inglaterra.

Leopoldo García Lucero, de 81 años, fue detenido el 16 de septiembre de 1973 y permaneció cautivo hasta el 12 de junio de 1975, fecha en la cual salió del territorio chileno por decreto del Ministerio del Interior.

Los siete jueces de la CIDH conocieron el caso de García Lucero, que de acuerdo con la Comisión Interamericana de DDHH, alega una falta de investigación y reparación integral por los diversos actos de tortura que habría padecido durante el régimen militar chileno.

Protestan en Alemania por refugio a Hartmut Hopp

23 de marzo: Decenas de personas protestaron en Alemania, en el centro de Krefeld, en contra del ex-jerarca de Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, condenado en Chile como cómplice del fallecido Paul Schäfer en delitos de violación, abusos y secuestro de menores en la ex Colonia Dignidad.

Axel Stahl, fiscal de Krefeld, ciudad de 235 mil habitantes, estado de Renania-Westfalia del Norte, dijo que ve factible la posibilidad de que se ejecute el fallo chileno contra Hopp en Alemania, si la Justicia chilena así lo solicita.

Familiares de víctimas de ex Colonia Dignidad exigen memorial

24 de marzo: En una caravana de vehículos con crespones negros y sus luces intermitentes encendidas llegaron activistas de DDHH a las puertas de Colonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera.  

Los participantes en la actividad colgaron flores y letreros en la reja del ex campo de prisioneros y prometieron que mantendrán las movilizaciones hasta lograr un Memorial para las víctimas y la plena Verdad y Justicia.

Nueva condena en primera instancia en contra de Manuel Contreras

25 de marzo: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en investigación por el secuestro calificado de Eduardo Fernando Zúñiga, ocurrido a partir del  23 de agosto de 1974, en la región Metropolitana.

El magistrado condenó al ex director de la DINA, general Manuel Contreras, y Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Basclay Zapata, todos a 10 años y 1 día de cárcel, sin beneficios.

Esta es la primera causa por violaciones a los DDHH que falla el ministro Llanos desde que fue nombrado en reemplazo del ministro Alejandro Solís, quien dejó el Poder Judicial en diciembre pasado.

Es detenido nuevamente líder mapuche

25 de marzo: Ramón Llanquileo, quien se encontraba con beneficio intrapenitenciario, fue detenido nuevamente por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en la localidad de Puerto Choque, en Tirúa.

Llanquileo se encontraba prófugo de la justicia desde el domingo 10 de marzo pasado, luego que no regresara a la cárcel de Lebu rompiendo así el beneficio “dominical”.

El dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, se encuentra cumpliendo la mitad de una pena de ocho años por el ataque en contra del fiscal Mario Elgueta y su comitiva, hecho ocurrido en octubre de 2008.

Corte de Santiago confirma condena DDHH de caso Torres de San Borja

25 de marzo: La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en la investigación por los homicidios de seis personas en el sector del túnel Lo Prado, el 17 de octubre de 1973, y que, previamente, habían sido detenidas en la torre 12 de la Remodelación San Borja. 

En fallo unánime, los ministros de la Octava, ratificaron en todas sus partes la sentencia del ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, quien el 6 de abril de 2011, condenó a Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa a 10 años de presidio. Sin beneficios.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, los tres ex uniformados son responsables de los homicidios calificados de: Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); del matrimonio de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta (25 años) y Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años); Víctor Garretón Romero (60 años), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25 años), estudiante universitario, y Julio Saa Pizarro (35 años), cirujano dentista. 

De acuerdo a la sentencia, se estableció que las víctimas fueron detenidas -el 16 de octubre de 1973, mientras dormían en sus domicilios, ubicados en la torre 12 de la Remodelación San Borja- por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel. 

El 17 de octubre de 1973, son sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, siendo asesinadas por ráfagas de ametralladora. 

Por encontrarse entre las víctimas un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó antecedentes de los homicidios  y, el  2 de junio de 1976, mediante resolución N°1810, determinó considerar que los hechos configuraban una grave violación del derecho a la vida, reconocido en el Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, recomendó al Gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables. 

En el aspecto civil, el fallo ratificó la decisión de condenar al Fisco y le ordena pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que figuran como demandantes en la causa.

Caso Víctor Jara: Dejan en libertad bajo fianza a cuatro de los ocho procesados

28 de marzo: La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la libertad bajo fianza para cuatro de los ocho ex oficiales del Ejército, procesados como cómplices por homicidio calificado del cantautor Víctor Jara, el 17 de septiembre de 1973. Los beneficiados son Edwin Dimter Bianchi, Raúl Jofré González, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf quienes previamente tendrán que pagar una fianza, que determinó el tribunal,.de un millón de pesos.