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Miércoles, 12 de Febrero de 2014




Resumen: Enero 2014

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DDHH: Ex FACH arrestados por desaparición de cura francés

07 de enero: El juez Mario Carroza procesó y dejó en arresto en una base área a nueve miembros en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), por el secuestro calificado (desaparición) del ex sacerdote, francés y militante del Partido Socialista Etienne Pesle de Menil, en 1973.

Los encausados son Emilio Sandoval, Enrique Rebolledo, Luis Soto, Leonardo Reyes, Luis Yáñez, Jorge Soto, Jorge Valdebenito, Heriberto Pereira y Crisóstomo Ferrada, todos ellos antiguos oficiales, suboficiales u oficiales de reserva de la FACH.

Pesle de Menil desapareció el 19 de septiembre de 1973, en Temuco, donde fue detenido en las dependencias del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), por una patrulla de efectivos de la base aérea de Maquehue, situada en esa localidad.

Fue trasladado dentro de la base a un lugar denominado la "Torre", lugar de incomunicación, donde se perdió su rastro.

Caso Torres de San Borja: ratifican condena a ex militares por crímenes

07 de enero: En fallo dividido, la segunda sala de la Corte Suprema ratificó condenas en contra de tres ex agentes del Estado que, el 16 de octubre de 1973, detuvieron a seis personas en la torre 12 de la remodelación San Borja, llevándolos al día siguiente  a las inmediaciones del túnel Lo Prado donde finalmente se les dio muerte.

Gerardo Urrich, Juan Fernández y René Cardemil deberán pasar 10 años sin beneficios carcelarios por el secuestro y posterior asesinato, en los alrededores del túnel Lo Prado, de Ricardo Montesinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero; Víctor Garretón Romero, importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Paradisi, estudiante universitario y del cirujano dentista Julio Saa Pizarro.

El caso tuvo una fuerte repercusión internacional cuando el FMI pidió a la ONU que se investiguen los hechos por considerarlos una grave violación a los DDHH. La ONU solicitó al gobierno de Pinochet iniciar una investigación que diera con los culpables del asesinato, pero finalmente el caso fue cerrado sin novedades.

Muerte de Allende: Suprema confirma fallo que estableció suicidio

07 de enero: El máximo tribunal sentenció que el Presidente Salvador Allende se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973 durante el ataque de las FFAA a La Moneda en el Golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.

La resolución del máximo tribunal de justicia ratificó en todas sus partes lo dictaminado en septiembre del 2012 por el juez Mario Carroza quien estuvo a cargo de la investigación que se abrió en enero de 2011 tras una denuncia de la fiscal Beatriz Pedrals. La resolución del juez Carroza ya había sido ratificada por la II Sala de la Corte de Apelaciones el 24 de junio de 2013.

Según señala el texto del fallo, mientras La Moneda ardía, tras ser bombardeada por la Fuerza Aérea, el 11 de septiembre de 1973, Allende se dirigió al Salón Independencia, situado en el segundo piso de la sede del Ejecutivo, "cerrando la puerta", y continúa; "Una vez en su interior, se sienta en un sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo acciona, falleciendo en forma instantánea producto del disparo recibido". Agrega el texto: "A consecuencia de esta acción, su cuerpo quedó en una posición tal que su cabeza se cargó hacia la derecha e inclinó sobre el tórax. La bóveda craneana tuvo una pérdida importante de masa encefálica, que queda disgregada en el suelo y en el muro ubicado a sus espaldas” consigna el documento.

Respecto de la eventual participación de militares en la muerte de Salvador Allende, la resolución señala que las tropas que asaltaron La Moneda durante el golpe militar "llegaron al salón con posterioridad al instante en que el presidente Allende se quita la vida" y subraya que "no hay ningún testigo que pueda avalar la tesis del enfrentamiento".

La sentencia, apoyada en las investigaciones que encabezó el juez Carroza, que incluyeron la exhumación del cuerpo de Allende desde el Cementerio General de Santiago, descarta también la utilización de dos armas de fuego, como sostuvieron en su momento quienes defienden la tesis del homicidio.

La resolución concluye que "los hechos que significaron la muerte del presidente Salvador Allende Gossens provienen de un acto deliberado en el que, voluntariamente éste se quita la vida y no hay intervención de terceros, ya sea para su cometido como para su auxilio".

Los restos de Salvador Allende fueron exhumados en mayo de 2011 y tras diversos análisis, un equipo multidisciplinario de peritos concluyó dos meses después que la causa de muerte de Allende se debió a una "lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto", lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio.

Ministra Liliana Mera dictó procesamiento por homicidio de Luis Toro Veloso

08 de enero: La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Liliana Mera Muñoz,  sometió a proceso a Rubén Osvaldo Barría Igor por su responsabilidad, en calidad de autor, del delito de homicidio calificado de Luis Esteban Toro Veloso, perpetrado el 12 de octubre de 1973.

Según los antecedentes de la investigación, “el 12 de octubre de 1973, en horas de la tarde una patrulla de Carabineros compuesta aproximadamente de cuatro efectivos, debidamente uniformados y armados, ingresaron a una Quinta de Recreo en la Comuna de Puente Alto, donde se encontraban unas 13 personas entre ellos, Luis Esteban Toro Veloso, a los que se llevaron en calidad de detenidos y los trasladaron a la Comisaría de Puente Alto, posteriormente a la 4° Comisaría de Santiago y desde allí a la Tenencia Rogelio Ugarte. Finalmente, fueron conducidos hasta la ribera del río Mapocho donde les dispararon, resultando muerto como consecuencia de ello, entre otros, Luis Esteban Toro Veloso”.

Corte suprema dicta condena por secuestros calificados

10 de enero: La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Sergio Cádiz Cortés y Gilberto Pino Baeza, ocurridos a partir del 22 de octubre de 1973, en la ciudad de Chillán, Región del Bío Bío.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala  acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que resolvió el asunto.

La sentencia  determina que el único condenado en la causa Patricio Jeldres Rodríguez debe cumplir una pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por tratarse de un crimen de lesa humanidad que no admite la media prescripción.

En el aspecto civil, también se consideró que no existe prescripción y se determinó que el fisco debe pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de los 10 familiares demandante, por concepto de daño moral.

Ministro Mario Carroza dicta auto de procesamiento en tres causas de DDHH

10 de enero: El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto procesamiento en contra de ex agentes de la DINA, por su responsabilidad en los delitos de apremios ilegítimos, secuestro calificado y homicidio calificado, perpetrados entre 1974 y 1975.

En el primer caso, el magistrado procesó por los apremios ilegítimos infringidos al matrimonio de Rosalía Martínez Cereceda y Manuel Laks Feller, aplicados en septiembre de 1974, en el centro de detención clandestino de José Domingo Cañas. 

En la causa, se sometió a proceso a los ex agentes Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes, y Fernando Lauriani Maturana. 

En el caso por el secuestro calificado de Luis Piñones Vega, detenido en enero de 1975 y conducido hasta el centro de detención conocido como Villa Grimaldi,  encausó a Manuel Contreras Sepúlveda; Marcelo Moren Brito; Rolf Wenderoth Pozo; Fernando Lauriani Maturana; Gerardo Godoy García, y Gabriela Órdenes Montesinos. 

En la tercera causa, por el homicidio de Eulogio Fritz Monsalvez, ejecutado en febrero  de 1975, en la comuna de El Bosque, procesó a Basclay Zapata Reyes.

Corte Suprema solicitará extradición desde Australia de ex agente de la DINA

16 de enero: La Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición de la ciudadana chilena radicada en Australia, Adriana Rivas González, quien se encuentra sometida a proceso en la causa  “episodio Conferencia “2, por el secuestro calificado de Víctor Díaz López, ilícito perpetrado en 1976, en el cuartel Simón Bolívar de la DINA. 

 “Que en el caso examinado, la persona solicitada se encuentra suficientemente individualizada, habiendo prestado declaración en su oportunidad ante el instructor y existiendo antecedentes que la señalan en la situación investigada. Asimismo, se trata de un hecho cometido en esta ciudad, que se encuentra sancionado en ambos Estados, que tiene asignada una pena superior a un año de privación de libertad. Se trata de un delito que no tiene carácter político; existe auto de procesamiento pronunciado contra la imputada respecto de quien se ha librado orden de captura internacional y la acción penal no se encuentra prescrita, teniendo en consideración al respecto que se trata de un delito de lesa humanidad”, afirma el fallo.

Operación Colombo: Ministro dicta procesamiento

17 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, dictó auto de procesamiento en contra del (r) general de Carabineros  Horacio Jiménez Albornoz por el homicidio calificado de Leopoldo Benítez Herrera, perpetrado en Santiago el 17 de septiembre de 1973, y una de las víctimas de la denominada “Operación Colombo”.

Según la resolución, “el día 17 de septiembre de 1973, alrededor de las 20:00 horas, rigiendo ya el “toque de queda”, dispuesto por la Junta Militar, en  circunstancias que Leopoldo Benítez Herrera, arquitecto, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y simpatizante de izquierda, se encontraba en el domicilio de sus suegros ubicado en la actual comuna de Macul, se produjo un allanamiento al domicilio, por un grupo de efectivos pertenecientes a la Escuela de Suboficiales de Carabineros, en esa época denominada Centro de Perfeccionamiento de Suboficiales, al mando de un oficial, quienes en el marco de una selectiva represión a simpatizantes del gobierno depuesto, procedieron a llevarse a Benítez, en contra de su voluntad” y que “el día 24 de septiembre de 1973, el cuerpo sin vida de Leopoldo Raúl Benítez Herrera, fue encontrado por familiares, en el Servicio Médico Legal de Santiago, siendo la causa de muerte según el informe de autopsia “múltiples heridas a bala”, constando  que el cuerpo fue encontrado por militares en la vía pública alrededor de las 01:00 horas del día 18 de septiembre de 1973,  con heridas de bala.

Ministro Carlos Aldana procesa a ex carabineros por inhumación ilegal

20 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, sometió a proceso a 14 ex carabineros, en calidad de coautores de los delitos de inhumación ilegal de 19 ejecutados políticos en el denominado episodio Laja-San Rosendo.

Según ha logrado constatar la investigación, entre el 13 y el 17 de septiembre, funcionarios de la Tenencia de Laja detuvieron a 19 personas de las comunas de Laja y San Rosendo, ingresándolas en los calabozos de la unidad policial, desde donde fueron sacados en la noche del 17 de septiembre para ser ultimados a balazos, “tendidos uno al lado del otro, boca abajo y amarrados de manos”, en el Fundo San Juan de Yumbel.

Posteriormente, fueron enterrados en una fosa de 60 centímetros de profundidad, cubierta con una capa de cal y tierra. Finalizado el operativo, los funcionarios retornaron a la tenencia, guardando silencio con respecto a lo ocurrido.

Ministro Mario Carroza dicta acusación y procesamientos en casos DDHH

20 de enero: El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una serie de resoluciones en causas de homicidios calificados, ilícitos perpetrados entre 1973 y 1986, en la jurisdicción.

En el primer caso, el magistrado dictó acusación por el homicidio de Raúl Antonio Muñoz Muñoz, ocurrido el 7 de octubre de 1973, en la ciudad de Santiago. Resolución en la que acusó a los siguientes ex miembros de Carabineros como responsables del delito: Carlos Moreira Donoso; José Torres Riquelme; Juan de Dios Mansilla Díaz; Iván González Jorquera; Andrés Riquelme Hernández; Pedro Pablo Hormazábal Fuentes, y Luis Hernández Gutiérrez. 

En el segundo caso, por el homicidio de Nelson Flores Zapata, ocurrido el 2 de octubre de 1973, el ministro Carroza sometió a proceso a: Miguel Ángel Álvarez Muñoz y Luis Duarte Arriagada.

Por el homicidio de Manuel Alfredo Puentes Oria, ocurrido el 14 de junio de 1986, procesó a: Marco Antonio Osorio Verdugo.

En el cuarto caso, por los homicidios calificado de Rodolfo Rojas González, Juan Inostroza Mallea, Carlos Ibarra Espinoza, Ramón Beltrán Sandoval y Abraham Romero Jeldres, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 1973, el magistrado Mario Carroza encausó a: Juan Andrés Guzmán Valencia, Rolando Luengo Luengo, Leonidas Bustos San Juan y René Ortega Troncoso.

Asimismo, por el homicidio de Luis Romero Rosales, ocurrido el 16 de octubre de 1973, sometió a proceso a: Ruperto Sepúlveda Soto, Cecilio Acevedo Arias y Juan Antonio Peña Tobar.

En sexto lugar, el ministro dictó auto de procesamiento en contra de: Nelson Rivera Vidal, Benjamín Labbé Campos y Pedro Muñoz Sepúlveda, por su responsabilidad en el homicidio de Blanca Marina Carrasco Peña, ocurrido el 15 de septiembre de 1973.

En el séptimo caso, el magistrado sometió a proceso a: Jorge Gómez Sagredo y Jorge Yepsen Sanzana, como autores de los homicidios de Juan Guillermo Arredondo González, Fernando Vera Ortega, José Molina Guerrero y Juan Manuel Reyes Jara, ocurrido el 22 de septiembre de 1973. 

En el octavo caso, se encausó a Leandro Morales Sanhueza por el homicidio de Domingo Salvador Yáñez Hernández, ocurrido el 5 de septiembre de 1985.

En el noveno caso, sometió a proceso a Carlos Córdova Salinas, por los homicidios de Carlos Astudillo Monsalve, Juan Morales Herrera, Gabriel Martínez Leyton, Sergio Rojas González y Hernán González Nicolau, ocurridos el 26 de septiembre de 1973. 

Corte de apelaciones de Santiago dicta condena por el secuestro calificado

23 de enero: La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en la investigación por el secuestro calificado de los hermanos Mario Fernando y Nilda Patricia Peña Solari, ocurrido el 9 y 10 de diciembre de 1974, respectivamente, en la Región Metropolitana.  En fallo unánime modificaron las penas dictadas en primera instancia –el 30 de marzo de 2012- por el ministro en visita Joaquín Billard Acuña.

La resolución del tribunal de alzada condena a los ex agentes DINA Raúl Iturriaga Neumann y Manuel Carevic Cubillos a 6 años de presidio, sin beneficios; a Risiere Altez España y Hugo Hernández del Valle a  5 años y 1 día de presidio, sin beneficios; y a Manuel Rivas Díaz: 3 años de presidio. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional.

En el aspecto civil, se anuló la condena contra el fisco y se rechazó la demanda presentada en contra del Estado por los familiares de las víctimas.

Ministro Álvaro Mesa dicta procesamiento en causa de DDHH

24 de enero: El ministro en visita para causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó procesamiento en la investigación por el homicidio de Gumersindo Gutiérrez Contreras, ilícito ocurrido el 20 de marzo de 1981, en la localidad de Lautaro. 

En la causa, el magistrado sometió a proceso al ex oficial del Ejército Carlos Enrique Blanco Plummer, como responsable del delito cometido en el al interior del regimiento “La Concepción” de Lautaro. 

De acuerdo a los antecedentes del  proceso: “Gumersindo Gutiérrez Contreras fue llamado a cumplir con su servicio militar obligatorio con fecha 15 de octubre de 1980 en el regimiento Infantería Nº 20 “La Concepción” de Lautaro siendo encuadrado en la compañía Andina, actividad que realizó sin variación ni contratiempos hasta el 20 de marzo de 1981 (…) en la misma unidad militar antes indicada se encontraba prestando servicios un oficial recién egresado de la Escuela Militar quien tenía el grado de alférez. Este oficial desde que llegó al regimiento se hizo notar por su manifiesta inclinación a hacer alarde del manejo y dominio que tenía sobre las armas que portaba. Del mismo modo, comenzó a amedrentar a soldados conscriptos durante las instrucciones y las rondas que pasaba en los turnos de guardia, colocando su pistola en la sien, en la boca o en el cuello del conscripto que tuviese cerca (…)  durante la  mañana del 20 de marzo de 1981 el alférez antes indicado cumplía su rol de oficial de servicio pasando la ronda a los puestos de vigilancia del perímetro del regimiento “La Concepción” de Lautaro. Cuando pasó ante la garita del puesto Nº 2 se detuvo y sacó su arma de servicio frente a unos soldados conscriptos que estaban efectuando labores de limpieza en el patio y le puso el arma en el cuello a uno diciéndole: “¿quieres morir peladito? (…) Posteriormente, este oficial se dirigió hacia la garita donde estaba Gumersindo Gutiérrez Contreras para lo cual subió por las escaleras que conducían a ese puesto de vigilancia. En ese lugar repitió la acción descrita anteriormente, poniendo su arma de servicio en la boca de la víctima y disparándole, lo que provocó una herida de tal magnitud a la víctima, que le causó la muerte casi instantáneamente”.

Ministro Leopoldo Llanos cierra investigaciones en causas de derechos humanos

24 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos decretó el cierre del sumario en dos investigaciones por  violaciones a los derechos humanos, ilícitos perpetrados entre 1973 y 1990.

En el primer caso, el magistrado cerró el proceso por el  homicidio calificado del periodista Augusto Carmona Acevedo. En la causa, se encuentran sometidos a proceso los ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Miguel Krassnoff Marchenko, Enrique Sandoval Arancibia, Manuel Provis Carrasco, José Fuentes Torres, Luis Torres Méndez, Teresa Osorio Navarro y Basclay Zapata Reyes.

Asimismo, cerró la investigación por el delito de apremios ilegítimos de Haydee Oberreuter Umazabal. Causa en que se encuentran sometidos a proceso: Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Manuel Atilio Leiva Donoso. 

Ministro Llanos procesa a ex agentes de la DINA

24 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó auto de procesamiento por los secuestros calificados de siete militantes del Partido Comunista, detenidos entre julio y agosto de 1976, en la Región Metropolitana, y cuyo rastro se pierde desde el centro de detención clandestino “Simón Bolívar”.

El magistrado Llanos sometió a proceso a los ex integrantes de la DINA: Manuel Contreras Sepúlveda, Juan Morales Salgado, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo y Ricardo Lawrence Mires. Según la indagación, el grupo de ex agentes tiene responsabilidad en los secuestros calificados de José Vicente Toloza Vásquez, Guillermo Gálvez Rivadeneira, Guillermo Martínez Quijón, Óscar Ramos Garrido, Óscar Ramos Vivanco, Alicia Herrera Benítez y Nicolás Vivanco Herrera.

Las víctimas son José Vicente Toloza Vásquez, casado, un hijo, linotipista, fue detenido el 15 de julio de 1976; Guillermo Gálvez Rivadeneira, viudo, cinco hijos, periodista, ex dirigente sindical,  detenido el 28 de julio de 1976; Martínez Quijón; casado, linotipista, , fue detenido el 21 de julio de 1976; Alicia Herrera Benítez, casada, un hijo, dueña de casa, detenida el 4 de agosto de 1976; Óscar Ramos Garrido, casado dos hijos, linotipista, ex intendente de Llanquihue, y miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido el 5 de agosto de 1976; Óscar Ramos Vivanco, soltero, 24 años, detenido junto al anterior; y Nicolás Vivanco Herrera, casado, 3 hijos, obrero automotriz,  detenido el 10 de agosto de 1976.

De acuerdo a los antecedentes del proceso: “La DINA mantuvo, desde fines de 1975 y al menos durante todo el año 1977 el Cuartel “SIMÓN BOLÍVAR”, ubicado en calle Simón Bolívar Nº8.630, comuna de La Reina, recinto en que operaba la brigada denominada “Lautaro”, cuya principal función, además de labores represivas de detención de disidentes políticos, era de protección del Director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda y de su familia” y que, finalmente, “las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares, tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción”.

Ministro Miguel Vázquez dicta sentencia

28 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Eduardo Vázquez Plaza, dictó sentencia condenatoria en la investigación por el delito de secuestro calificado de Ruth María Escobar Salinas, ilícito perpetrado a partir del 30 de junio de 1974.

El magistrado resolvió condenar, en calidad de coautores del ilícito, a los agentes de la DINA Marcelo Luis Manuel Moren Brito y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, a la penas efectivas de diez años de presidio, además a las accesorias legales;, y al pago de las costas de la causa.

En el aspecto civil, el magistrado acogió la demanda de indemnización de perjuicios, condenando a Contreras Sepúlveda, Moren Brito y al fisco de Chile “a pagar solidariamente por concepto de daño moral” la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos), más reajustes e intereses, a cada uno de los dos demandantes hermanos de la víctima. 

Según los antecedentes recopilados en el proceso, se dio “por acreditado que el día 30 de junio de 1974, se dejaron de tener noticias de Ruth Escobar Salinas, debido a que fue detenida por agentes de la DINA, quienes la trasladaron al centro clandestino de detención, ubicado en calle Londres 38, donde se le practicaron interrogatorios bajo tortura, perdiéndose su rastro en dicho lugar; el que era utilizado por los agentes operativos a fin de mantener privados de libertad e interrogar bajo tormento a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (…)”. 

Ministro Leopoldo Llanos se reúne con familiares de víctimas de la “caravana de la muerte”

31 de enero: El ministro en visita, Leopoldo Llanos, se reunió con familiares de víctimas del denominado “Caso Caravana de la Muerte-Episodio Calama” para dar cuenta de los informes periciales integrados, remitidos por el Servicio Médico Legal, asociadas a las 26 personas ejecutadas en Calama, el 19 de octubre de 1973, cuyo proceso criminal lo investiga la ministra Patricia González.

En consecuencia, el ministro en visita procedió a notificar los resultados de los informes genéticos respecto de cinco víctimas reconocidas científicamente. Se trata de la identificación de Carlos Alfredo Escobedo Caris; Hernán Elizardo Moreno Villarroel; Carlos Berger Guralnik; Mario Argüelles Toro; y Luis Alfonso Moreno Villarroel.  

Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.

Con estas nuevas diligencias se llega a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 cuerpos encontrados.