Comunicaciones FASIC

 






















Resumen: Abril 2015

Corte de Santiago dicta sentencia por el homicidio de Carmelo Soria

 
01 de abril: La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia por diversos delitos derivados de la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria.
 
En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal revocó la sentencia dictada por el ministro en visita Alejandro Madrid, en octubre de 2011, que condenó a Jaime Lepe Orellana, Eugenio Covarrubias Valenzuela, René Quilhot Palma y Leonardo Quilodrán Burgos, como autores el delito de asociación ilícita. Además, la sala confirmó la absolución de Fernán Ruy González, por no haberse acreditado su participación en el delito de asociación ilícita.
 
Sin embargo, condenó a Jaime Lepe Orellana a la pena de 61 días de presidio por el delito de presentación de testigo falso en el juicio; y a Sergio Cea Cienfuegos y Leonardo García Pérez a penas de 541 días de presidio, por su responsabilidad en el delito de falsificación de instrumento público y a quienes se les otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena, estableciendo un tiempo de observación de tres años.
 
Ministro Carroza dicta acusaciones en procesos por violaciones a los DDHH
 
10 de abril: El ministro, Mario Carroza, dictó acusaciones en dos procesos por violaciones a los DDHH: por aplicación de tormentos y homicidio.
 
En el primer caso, el magistrado acusó a agentes de la DINA, como responsables de la aplicación de tormentos a Eva Palominos, ilícitos perpetrado a partir de diciembre de 1974. Entre los acusados esta: Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata.
 
En la investigación se logró establecer que Eva Palominos, militante del MIR, fue detenida el día 7 de diciembre de 1974, por agentes de la DINA dirigidos por Miguel Krassnoff , quienes la llevaron a Villa Grimaldi lugar donde fue confrontada con Cristián Mallol, con quien estaba ligada afectiva y políticamente y quien había sido detenido horas antes. En ese recinto fue interrogada respecto a los nombres de otros militantes de izquierda, siendo desnudada en este lugar, aplicándosele electricidad en un procedimiento conocido como "La Parrilla" en todo su cuerpo, provocándole hemorragia permanente sin recibir atención médica, y luego de permanecer tres semanas en el recinto fue trasladada a  3 y 4 Álamos y finalmente a la Cárcel Pública.
 
En tanto, por los apremios a Patricia Zúñiga, ocurridos a partir del 29 de enero de 1975, el ministro en visita acusó a: Manuel Contreras, Marcelo Moren y Gerardo Godoy.
 
En esta causa se logró establecer que Patricia Zúñiga, militante del MIR, fue detenida el 29 de enero de 1975,  junto a su pareja, Juan Molina, por agentes de la DINA dirigidos por Gerardo Godoy quienes los trasladan al “Cuartel Terranova" conocido como "Villa Grimaldi". En el lugar, fue sometida a diferentes tipos de torturas como golpes en su cuerpo, permanecer horas desnuda y a la aplicación de corriente eléctrica en diferentes partes del cuerpo con una picana, entre otros. Posteriormente, fue trasladada, en febrero de 1975, al recinto de "4 Álamos", y a los dos días después al recinto de "3 Álamos"; siendo expulsada del país el 10 de septiembre de 1975, viajando a Francia.
 
En el segundo caso, el magistrado acusó a los ex agentes de la CNI: Manuel Morales, Héctor Obal, Pedro Guzmán, René Valdovinos y Carlos Kramm, como autores del homicidio de Marcelino Marchandón ocurrido en 1986.
 
En este proceso, se logró establecer que Marcelino Marchandón habría sido detenido, entre el 5 y 6 de diciembre de 1986, por agentes de la CNI siendo trasladado al Cuartel Borgoño lugar donde habría sido ejecutado. La versión oficial de los hechos, entonces, fue que la víctima de autos, había sido abatida en un enfrentamiento armado.
 
Condenan a 78 agentes de la DINA por la Operación Colombo
 
13 de abril: El ministro, Hernán Crisosto, dictó sentencia en el episodio caratulado "María Angélica Andreoli Bravo", que forma parte de la causa denominada "Operación Colombo", condenando a 78 agentes de la DINA por su responsabilidad en el delito secuestro calificado de la militante del MIR, perpetrado a partir de agosto o septiembre de 1974.
 
En el fallo, condenó en calidad de autores a: Manuel  Contreras, César Manríquez, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff, Raúl Iturriaga, Gerardo Urrich, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence, Ciro Torré, entre otros, a penas que van desde los 13 a los 10 años de prisión.
 
También, en calidad de cómplices, se condenó a 4 años de presidio efectivo a: Luis Mora, José Mora, Camilo Torres, Carlos Bermúdez, entre otros.
 
En la etapa indagatoria se dio por establecido que el 6 de agosto de 1974, María Andreoli, militante del MIR, fue detenida en su domicilio por agentes de la DINA quienes la trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado "Yucatán" o "Londres 38” donde fue sometida a interrogatorios bajo tortura. La víctima se encuentra desaparecida hasta la fecha.
 
El nombre de María Andreoli apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O' Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que María Andreoli había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre sus miembros.
 
Corte suprema dicta condenas en tres procesos por violaciones a los DDHH
 
14 de abril: La Corte Suprema dictó sentencias en contra de agentes de Estado por diversos delitos de secuestro calificado y homicidio, perpetrados entre 1973 y 1975, en Valparaíso, Cajón del Maipo y el Cerro San Cristóbal, respectivamente.
 
En el primer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal - dictó sentencia definitiva en el caso caratulado como los "Ocho de Valparaíso". Investigación que sustanció el ministro Alejandro Solís por los secuestros calificados de: Horacio Carabantes, Alfredo García, María Gutiérrez, Fabián Ibarra, Sonia Ríos, Carlos Rioseco, Abel Vilches y Elías Villar, ilícitos perpetrados en enero de 1975, en diversos puntos de Valparaíso.
 
En fallo dividido, la Sala Penal acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, rebajando solamente a 541 días de presidio la sentencia dictada en contra Pedro Herrera, en calidad de cómplice en dos de los secuestros calificados.  En tanto, confirmó las penas de 10 años y un día de presido dictadas en contra de Rolf Wenderoth, Daniel Cancino, por su responsabilidad como autores; de 5 años y un día de presidio para Rubén Fiedler, como cómplice; y de 3 años y un día de presidio para Fernando Lauriani como autor.
 
En el aspecto civil, se ratificó la condena que ordena al fisco pagar, por el concepto de daño moral, indemnizaciones que van de los 10 a 30 millones de pesos a familiares de las víctimas.
 
En el segundo fallo, la sala dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos, Juan Povaschuck y Enrique Pargadoy, ilícitos perpetrados a fines de 1973, en el sector del Cajón del Maipo.
 
En la resolución, la sala rechazó el recurso de casación y confirmó las penas de 6 años de presidio para: Mateo Durruty, Mickel Uriarte, Gabriel Montero, Francisco Martínez, Moisés Retamal y Guillermo Vargas, en calidad autores.
 
En tanto, en el tercer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la pena de 10 años y un día de presidio para Patricio Román, por su responsabilidad en el homicidio de Germán Muñoz, perpetrado el 27 de marzo de 1974, en el sector La Pirámide del Cerro San Cristóbal. Proceso que investigó el ministro Mario Carroza.
 
Dictan condena por secuestro y homicidio de ex diputado Vicente Atencio
 
14 de abril: El ministro Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificados del ex diputado comunista Vicente Atencio, detenido el 11 de agosto de 1976, y cuyos restos aparecieron en una fosa clandestina en el sector de "Las Tórtolas" de la comuna de Colina, en 1990.
 
En la resolución, el ministro condenó a penas de 20 años de presidio por su responsabilidad en los delitos a los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Carlos López, Rolf Wenderoth, Juan Morales y Ricardo Lawrence. Asimismo, absolvió al ex agente Marcelo Moren.
 
De acuerdo a la investigación, Vicente Atencio, casado, cuatro hijos, dirigente sindical y ex diputado y Alcalde de Arica, dirigente del PC, fue detenido el 11 de agosto de 1976 por agentes de la DINA y trasladado hasta Villa Grimaldi, lugar donde se le vio por varios detenidos. Sus restos fueron encontrados el 21 de marzo de 1990 en una fosa clandestina, junto a los restos de otras dos personas, en el sector ubicado en el fundo "Las Tórtolas" de Colina, terrenos que fueron de propiedad del Ejército hasta 1980.
 
En aspecto civil, el fallo ordena al fisco pagar una indemnización de 100 millones de pesos a cada uno de los hijos de la víctima: Laura Ester, Isabel Magdalena, Iván José y Vicente Erasmo Atencio Abarca.
 
Diputados de la Comisión de DDHH entregan respaldo a Directora de INDH
 
15 de abril: La directora del INDH, Lorena Fríes, explicó ante la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados la gestación del texto destinado a estudiantes del ciclo medio, que contiene una crítica al actuar de Carabineros durante el control de manifestaciones.

Al respecto, Fríes contextualizó que esta publicación se elaboró con el objetivo de realizar una versión para público infanto-juvenil de los informes anuales sobre la situación de los DDHH que elabora el INDH, en este caso los informes de los años 2010 y 2011.

“El instituto ha realizado un trabajo serio y profesional. Creemos que de prosperar las acciones de algunos sectores de la Alianza que pretenden destituir a la directora del INDH, sería un tremendo retroceso a nuestra democracia”, señaló el diputado Raúl Saldívar.
 
Ministra Díaz entrega a familiares nuevas identificaciones de víctimas del caso Chihuio
 
16 de abril: La ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz,  informó a familiares de cuatro nuevas identificaciones de víctimas del denominado caso Chihuio, operativo militar que les costó la vida a 17 trabajadores agrícolas en 1973.
 
Los restos óseos identificados positivamente corresponden a las víctimas: Rosendo Rebolledo Méndez, José Barriga Soto, Sebastián Mora Osses y Narciso García Cancinos.
 
Dictan procesamiento en caso caravana de la muerte Curicó
 
16 de abril: La ministra Patricia González, sometió a proceso al general ® del Ejército Luis Joaquín Ramírez Pineda, como coautor de los delitos de secuestros calificados y homicidios calificados de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, perpetrados a partir del 30 de septiembre y el 5 de octubre de 1973, respectivamente.
 
La ministra González decretó el arresto domiciliario del ex militar atendida su edad y su estado de salud, tras determinar que existen presunciones fundadas de su participación en los dos delitos.
 
De acuerdo a la investigación, la magistrada logró acreditar que e11 de septiembre de 1973 fueron detenidos Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz. La detención la efectuó personal del Ejército, en el puente sobre el río Huayquillo, de la ciudad de Curicó. Que el 30 de septiembre de 1973, por orden del jefe de la Comitiva de militares provenientes de Santiago, de paso por Curicó, las víctimas fueron trasladadas hasta el Regimiento de Artillería Motorizado N° 1 Tacna en Santiago, lugar donde ilegalmente permanecieron privados de libertad. Que el 5 de octubre de 1973 fueron trasladados a un sitio de la comuna de San Bernardo donde procedieron a ejecutarlos haciendo uso de armas de fuego, y enseguida trasladaron sus restos hasta el Instituto Médico Legal donde se constató que sus decesos se habían producido a consecuencia de heridas de bala.
 
Ministro Vázquez dicta procesamiento por detenidos en La Moneda
 
16 de abril: El ministro Miguel Vázquez, dictó auto de procesamiento por los secuestros calificados y homicidios calificados de 11 miembros del Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende, detenidos el 11 de septiembre de 1973, en las inmediaciones del Palacio de La Moneda.
 
En la causa, el ministro procesó al general en retiro de la FACH Vicente Rodríguez Bustos y al general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Domingo Blanco Tarrés y José Carreño Calderón; y en los homicidios calificados de Gonzalo Jorquera Leyton, Carlos Cruz Zavala, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Garcés Portigliati, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Orrego González, William Ramírez Barría y Enrique Ropert Contreras.
 
Ministro Carroza dicta acusación por secuestro de Marcelino Lamas
 
17 de abril: El ministro Mario Carroza, dictó acusación en la investigación por el delito de secuestro calificado de Marcelino Lamas, ilícito perpetrado en diciembre de 1974, en Iquique.
 
En la resolución, el ministro Carroza acusó a Miguel Aguirre, Blas Barraza y Froilán Mondaca por su responsabilidad en el delito.
 
Según los antecedentes, el día 26 diciembre de 1974, en la ciudad de Iquique, personal del Centro de Inteligencia Regional detuvo ilegalmente a Marcelino Lamas, para luego trasladarlo al retén de Aduana de Iquique. La víctima hasta la fecha se encuentra desaparecida. De acuerdo a antecedentes de la Mesa de Diálogo sus restos habrían sido lanzados al mar.
 
Ministro procesa a ex detective por caso DDHH
 
17 de abril: El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, sometió a proceso a Jorge Barriga Soto, como autor del delito de secuestro calificado de Segundo Llancaqueo Millán, ilícito perpetrado en la comuna de Lautaro, en abril de 1975.
 
Según los antecedentes, posterior al 11 de septiembre de 1973, Segundo Llancaqueo Millán fue detenido por personal de la PDI de Lautaro, acusado de tenencia ilegal de armas. Fue sometido a apremios físicos. Al tercer o cuarto día de su permanencia en el cuartel policial, Llancaqueo Millán, condujo a los funcionarios policiales hasta un sector rural de la comuna de Lautaro, a fin de mostrarle el supuesto lugar donde se encontraría escondido el armamento. Sin embargo, al llegar y aprovechando un descuido de los policías, escapó de éstos, permaneciendo escondido por un largo período de tiempo en distintos sectores cercanos a su domicilio, recibiendo esporádicas visitas de su entonces pareja. Que la víctima, en abril de 1975 fue detenido por la PDI y “hasta la fecha, Segundo Llancaqueo Millán permanece desaparecido".
 
Ministro Carroza procesa a dos ex detectives por homicidio de dirigente del MIR
 
20 de abril: El ministro Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en contra de dos ex funcionarios de la PDI, por su responsabilidad en el homicidio calificado de Hernán Correa Ortiz, ilícito perpetrado el 28 de diciembre de 1981, en la Región Metropolitana.
 
En la resolución, el ministro Carroza encausó a los ex policías Francisco Manas Arancibia y Carlos Vergara Silva, en calidad de autores del homicidio del militante del MIR.
 
Organizaciones de la Sociedad Civil apoyan a INDH

21 de abril: Organizaciones de la sociedad civil, en una declaración pública, “vienen a expresar su apoyo al INDH y en especial a la persona de su Directora, Lorena Fríes, ante el cuestionamiento de que han sido objeto por el General Director de Carabineros de Chile y un grupo de diputados de la Derecha Política”.

 
“Tenemos la certeza de que si tuviese éxito la operación de limitar o restringir el cumplimiento de las funciones legales del Instituto lo que se obtendría como consecuencia sería autorizar la indefensión de los DDHH en nuestro país. Ni por su historia, ni por su presente ni por su futuro, Chile puede permitírselo”.
La carta fue firmada por dirigentes de la AFDD, AFEP, ACCION, Corporación El Canelo de Nos, MUMS, SERPAJ, ILAS, entre otras.

Ministro Carroza dicta resoluciones en cuatro causas de DDHH
 
21 de abril: El ministro Mario Carroza, dictó resoluciones en cuatro procesos que sustancia, relacionados con violaciones a los DDHH ocurridos en 1973 y 1974.
 
En el primer caso, el ministro Carroza condenó a los agentes de la DINA: Manuel Contreras, Marcelo Moren y Miguel Krassnoff a penas de 7 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Mónica Llanca Iturra, ilícito perpetrado a partir del 6 de septiembre de 1974. En la misma causa, sentenció a Orlando Manzo y Basclay Zapata a 5 años y un día de presidio.
 
En el aspecto civil, ordena al fisco pagar una indemnización de 50 millones de pesos a Rodrigo Maturana Llanca, hijo de la víctima; y 20 veinte millones de pesos a Manuel Maturana Palma, cónyuge.
 
En el segundo caso, el magistrado dictó acusación en contra de Alfonso Videla Valdebenito y Víctor Manuel Muñoz Muñoz –ambos miembros ® del Ejército– como responsables del homicidio calificado de Miguel Estol Mery, ilícito perpetrado el 23 de octubre de 1973.
 
En el tercer caso, el Ministro decretó el procesamiento y la prisión preventiva del oficial de Ejército ® Víctor Echeverría Henríquez, como responsable de los homicidios de Nelson Dinamarca Vidal y Carlos Poblete Hormazábal, ocurridos el 16 de octubre de 1973, en al interior del regimiento Buin del Ejército.
 
Asimismo, sometió a proceso y a prisión preventiva a Juan Martínez Oyadenel y Gustavo Marambio Olmos, por su responsabilidad en los homicidios de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, ocurridos el 11 de septiembre de 1974, al interior del parque de la Quinta Normal.
 
Corte suprema confirma sentencias por casos de DDHH
 
21 de abril: En fallo unánime, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal ratificó la sentencia dictada por el ministro Alejandro Solís que condenó a cinco agentes de la CNI por su responsabilidad en la aplicación de apremios ilegítimos al actual diputado Sergio Aguiló.
 
La sentencia condena a Roberto Schmied, Álvaro Corbalán y Manuel Gallardo a penas de 3 años de presidio por su responsabilidad en el delito; y a los agentes Carlos Contreras y Sergio Díaz a 61 días de presidio. A todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.
 
En un segundo proceso, la Sala Penal  confirmó la sentencia que condenó al oficial de la Armada ® Jorge Osses Novoa a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, por el secuestro calificado de Fernando Olivares, ilícito perpetrado a partir del 5 de octubre de 1973.
 
En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar la suma total de 700 millones de pesos a los familiares de la víctima.
 
Ministra González dicta sentencia en episodio Copiapó de la “Caravana de la Muerte”
 
21 de abril: La ministra Patricia González, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los homicidios perpetrados el 17 de octubre de 1973 en el denominado episodio Copiapó del caso "Caravana de la Muerte".
 
En la resolución, se condenó a los oficiales ® del Ejército: Sergio Arredondo, Pedro Espinoza y Marcelo Moren, a penas de 3 años y un día de presidio por los delitos de secuestros simples, y de 15 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Alfonso Gamboa, Atilio Ugarte, Fernando Carvajal, Agapito Carvajal, Winston Cabello, Manuel Cortázar, Raúl Guardia, Raúl Larravide, Edwin Mancilla, Adolfo Palleras, Héctor Vincenti, Pedro Pérez y Jaime Sierra.
 
Asimismo, la ministra condenó a: Sergio Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, a  penas de 15 años y un día de presidio por los secuestros calificados de: Benito Tapia, Maguindo Castillo y Ricardo García. En tanto, Patricio Díaz, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda y Marcelo Marambio, deberán cumplir 2 años de presidio por el delito de  secuestro simple y 10 años y un día de presidio por los homicidios de  estas víctimas.
 
Finalmente, se sentenció a Edwin Herbstaedt y Fernando Castillo a penas de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificado de Benito Tapia, Maguindo Castillo y Ricardo García.
 
En el aspecto civil, se condenó al fisco y los demandados a pagar la suma total de 6.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
 
Corte suprema ratifica condena por el homicidio calificado de Carlos Sepúlveda
 
23 de abril: La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de apelaciones de Chillan  que condenó al oficial de Carabineros ® Santiago Fernández Espinoza a la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el homicidio calificado de Carlos Sepúlveda, ilícito perpetrado el 14 de septiembre de 1973, en la comuna de Ninhue, Región del Bío Bío.
 
La sentencia considera que el homicidio de Sepúlveda constituye un crimen de lesa humanidad, por lo tanto requiere de una reparación tanto en el aspecto penal, como civil.
 
Finalmente, el fisco debe pagar una indemnización de 50 millones de pesos a Karina Sepúlveda Jara hija de la víctima. 
 
Ministro procesa a ex carabineros por el secuestro calificado de campesino
 
23 de abril: El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva de los ex carabineros: Jorge Schweizer Gómez, Marcial Vera Ríos y Domingo Campos Collao, como autores del delito de secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, ilícito perpetrado en la comuna de Lautaro, a partir del 29 de septiembre de 1973.
 
Según los antecedentes, el día 29 de septiembre de 1973,  una patrulla de Carabineros de la 1° Comisaría de Lautaro, en conjunto con dos civiles, se dirigieron hacia el Asentamiento denominado "Elmo Catalán" donde detuvieron a Pedro Millalén Huenchuñir  siendo brutalmente golpeado, tanto por los civiles como por Carabineros, quienes llegaron armados. Posteriormente, fue conducido al fundo de Bernardo Fagalde Sandoval, desconociéndose desde entonces su paradero. 
 
Ministro Carroza dicta sentencia por el secuestro calificado de José Calderón
 
29 de abril: El ministro Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de José Calderón Ovalle ilícito perpetrado a partir de febrero de 1975.
 
En la resolución, el ministro Carroza condenó a los agentes de la DINA: Manuel Contreras, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Rolf Wenderoth a penas de 7 años de presidio efectivo por su responsabilidad en el delito.
 
Según antecedentes, José Calderón Ovalle, del MIR, era parte de su fuerza central y dirigente poblacional en Lo Hermida donde era conocido como "El viejo de Lo Hermida" o "El Viejo". Fue detenido, el 17 de febrero de 1975, por la Brigada Caupolicán que era dirigida por Miguel Krassnoff, y trasladado hasta el Cuartel Terranova o Villa Grimaldi, dirigido en esa fecha por Marcelo Moren.
 
En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización de perjuicio por daño moral de 40 millones de pesos a cada una de las tres hijas de la víctima y de 20 millones de pesos a la viuda.
 
Corte suprema ordena al fisco indemnizar a familiares de víctima de 1973
 
29 de abril: La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de 240 millones de pesos a familiares de Bernardo Meza Rubilar, detenido desaparecido, a partir el 17 de septiembre de 1973, desde el retén El Abanico, en la Región del Bío Bío.
 
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país  rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó reparar el daño moral provocado a los familiares de la víctima.
 
La sentencia definitiva confirma la obligación del Estado de reparar las violaciones a los DDHH tanto en su aspecto penal, como en el ámbito civil, de acuerdo a los convenios internacionales que regulan la materia y que están vigentes en Chile.
 
Ministro Aldana decreta resoluciones en caso por violaciones a los DDHH
 
30 de abril: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó tres resoluciones en procesos que investigan y que corresponden a hechos ocurridos en los años 1973 y 1985.
 
El magistrado acusó a los funcionarios ® de la Armada Omar Dapick Bitterlich y Aníbal Aravena Miranda como autores del delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte de Héctor Velásquez Molina, por los hechos ocurridos en noviembre de 1973.
 
De acuerdo a los antecedentes, el 6 de noviembre de 1973, funcionarios de la PDI de Tomé detuvieron a Velásquez Molina, militante del Partido Radical,  trasladándolo a la unidad policial, desde donde fue derivado a la cárcel de Tomé, quedando a disposición de la Armada. En ese sitio fue acusado de realizar prácticas en contra del Régimen, siendo llevado hasta la caballeriza de la Comisaría de Carabineros de Tomé, en donde fue interrogado por funcionarios navales, quienes lo sometieron a diversos apremios.
 
En el segundo caso, el magistrado acusó a los funcionarios ® de carabineros Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, como autores del homicidio de José Randolph Segovia, ocurrido a fines de mayo de 1985.
 
De acuerdo a esta investigación, la víctima protagonizó un accidente vehicular en estado de ebriedad, siendo detenido por carabineros. Sin embargo, el cuerpo de Randolph Segovia, fue encontrado por un pescador en unos roqueríos del sector Rocoto en la tarde del 27 de mayo de 1985.
 
Finalmente, el ministro Aldana ordenó  la detención preventiva de los funcionarios  policiales Manuel Cerda Robledo, Mario Montoya Burgos y Anselmo San Martín Navarrete por los secuestros y homicidios calificados  del denominando episodio "Laja-San Rosendo", en el que 19 trabajadores fueron ejecutados en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, por carabineros de la comisaría Laja
 
Corte suprema dicta condena por secuestro calificado de Alfonso Chanfreau
 
30 de abril: La Corte Suprema dictó sentencias definitivas en dos causas por violación a los DDHH de julio de 1974 y abril de 1975, respectivamente, investigadas por ministros en visita designados para este tipo de procesos.
 
En el primer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación para que se concediera indemnizaciones civiles por 200 millones de pesos a Erika Hennings  y Natalia Chanfreau, cónyuge e hija, respectivamente, del detenido desaparecido Alfonso Chanfreau.
 
En el aspecto penal, se confirmaron las condenas de 10 años de presidio dictadas en contra de los agentes de la DINA: Manuel Contreras, Marcelo Moren, Miguel  Krassnoff, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata.
 
El proceso fue investigado por el ministro Jorge Zepeda, quien logró acreditar que el 30 de julio de 1974, en horas de la noche, Alfonso Chanfreau, estudiante de filosofía de la Universidad de Chile, dirigente del MIR, fue privado de su libertad por agentes del Estado de Chile, pertenecientes a la DINA. La víctima fue vista, en Londres 38, por sobrevivientes en muy malas condiciones debido a las torturas. Fue sacado de este recinto junto a un grupo de alrededor de siete prisioneros, permitiéndosele despedirse de su cónyuge, Erika Henning, quien también se encontraba privada de libertad en ese lugar. Desde entonces Chanfreau se encuentra desaparecido. 
 
Ministro Vázquez dicta acusación en caso "Janequeo”
 
30 de abril: El ministro Miguel Vázquez, dictó acusación en contra de 27 agentes de la CNI por su responsabilidad en los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, ilícitos perpetrados en septiembre de 1983, en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.
 
En la resolución, el magistrado acusó a los agentes: José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Sanhueza Ros, Aquiles González Cortés, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Álvaro Corbalán Castilla, entre otros, como autores de ambos homicidios calificados.
 
De acuerdo a los antecedentes, el día 7 de septiembre de 1983, un número no precisado de sujetos de la CNI, de la PDI y de otros organismos represivos, concurrió hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, el que estaba siendo vigilado desde algunas semanas, y donde comenzaron a disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego, contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto, por diversas heridas de bala, Hugo Ratier Noguera. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio, que era el lugar donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, Alejandro Salgado Troquian.
 

El presente Resumen Mensual Derechos Humanos en Chile es elaborado por la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC). Se agradece compartir con otros y otras activistas de Derechos Humanos y publicar siempre citando la fuente.