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Resumen: Enero 2015

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Justicia condena a 7 funcionarios de la PDI por tortura y otros delitos 

05 enero: Luego de que el Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declarara culpables en noviembre pasado a 9 funcionarios de la Policía de Investigaciones –PDI-acusados de participar de una red de corrupción que realizó apremios ilegítimos, detenciones ilegales, allanamientos ilegales y falsificación de partes policiales, el mismo tribunal realizó la lectura de sentencia, ordenando penas de prisión efectiva -de entre 6 y 7 años- para siete de los detectives.
 
Los otros dos condenados quedaron en libertad, pues uno se acogió al beneficio de libertad vigilada, mientras el otro presenta la pena cumplida luego del periodo que pasó en prisión preventiva.
 
El INDHH presentó una querella por tortura en contra de 8 de estos  funcionarios, los cuales fueron declarados culpables del delito de apremios ilegítimos, que es como se encuentra tipificada la tortura en el código penal chileno.
 
Ministro Carroza dicta acusación por secuestro calificado
 
06 de enero: El ministro Mario Carroza, dictó acusación por el delito de secuestro calificado de Luis Piñones Vega quien fue detenido, en enero de 1975, en Santiago.
 
En la resolución, se acusó a los ex integrantes de la DINA: Fernando Lauriani, Gerardo Godoy, Rolf Wenderoth, Manuel Contreras, Marcelo Moren y María Órdenes como coautores del delito de secuestro calificado de la víctima.
 
De acuerdo a la investigación, Piñones Vega, de 21 años de edad, militantes del MIR, se encontraba viviendo en la clandestinidad luego de haber sido allanado el domicilio de sus padres. En estas circunstancias, fue detenido el día 8 de enero de 1975 por agentes pertenecientes a la DINA, sin que existiera orden emanada de autoridad legítima. Fue trasladado al recinto clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde fue visto y reconocido por otros detenidos que lograron su libertad y entregaron su versión. Piñones Vega, continuó privado de libertad en dicho centro hasta el día 25 de enero de 1975, fecha en que se pierde su rastro. Tras la acusación, la causa se eleva al estado de plenario.
 
Dictan condenas de cárcel a 21 ex DINA por desaparición de militante PS
 
08 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, dictó sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir de septiembre de 1974.
 
En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras, César Manríquez, Pedro Espinoza, Gerardo Ulrrich, Manuel Carevic y Raúl Iturriaga a cumplir penas de 13 años de presidio.
 
Asimismo, se condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo, Pedro Alfaro, Armando Cofre, Héctor Flores, Enrique Gutiérrez, Hugo Hernández, Manuel Rivas, Risiere  Altez, Juan Duarte, Manuel Avendaño, Alfredo Moya, Alejandro Astudillo, Demóstenes Cárdenas, Hernán Valenzuela y Alejandro Molina, a 10 años de presidio. En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Iturriaga y José Hormazábal a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata.
 
Según la resolución, se dio por acreditado que, el 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del PS, fue detenido en su domicilio y llevado a un cuartel de la PDI donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA, quienes lo llevaron al recinto denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N°3037, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000.
 
“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”.
 
El nombre de Bernardo de Castro López apareció en el listado de los 119 chilenos, en 1975, en medios de prensa, donde se indicaba que este había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas. Una maniobra de la DINA que fue conocida como “Operación Colombo”.
 
Ministro Carroza dicta sentencia por caso DDHH
 
09 de enero: El ministro Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación por el delito de homicidio calificado de Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán ilícitos perpetrados, en septiembre de 1973, en Santiago.
 
En la resolución, se condenó a penas efectivas, como autores de los delitos, a: Pedro Silva y Pedro Rivera a penas de 5 años y un día de presidio; a Jaime García a 7 años de presidio, y Jorge Muñoz a 10 años y un día.
 
De acuerdo a los antecedentes, el 27 de septiembre de 1973, una patrulla militar concurre hasta la empresa "Chilean Autos SA", y detienen a los dirigentes sindicales Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán quienes son trasladados a dependencias de la Academia de Guerra donde son interrogados, y donde se decide su ejecución y el abandono de sus cuerpos en la vía pública. Ambos son asesinados por múltiples heridas a bala.
 
Ministro Carroza dicta sentencia por homicidio en el cerro San Cristóbal
 
12 de enero: El ministro Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación por el delito de homicidio calificado de Segundo Sandoval Puga ilícito perpetrado, en el sector La Pirámide del cerro San Cristóbal de Santiago, en febrero de 1974.
 
En la causa, Carroza condenó como autor del delito al brigadier de Ejército en retiro Patricio Román Herrera a la pena de ocho años de presidio, sin beneficios.
 
De acuerdo a los antecedentes, el día 26 de febrero de 1974, en horas de la tarde, Segundo Sandoval Puga, en estado de ebriedad y causando disturbios, fue detenido por militares  y trasladarlo hasta el Regimiento Buin que se encontraba bajo el mando del Teniente Patricio Román Herrera.
 
El 28 de febrero se encontró el cuerpo de Segundo Sandoval Puga sin vida en el Sector de la Pirámide del Cerro San Cristóbal, con dos heridas a bala, una en el cráneo encefálico y la otra en el abdomen.
 
Condenan a ex agentes de la DINA por aplicación de torturas
 
14 de enero: El ministro Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la aplicación de tormentos (tortura) a 37 víctimas del caso caratulado como: "Villa Grimaldi", episodio "María Cristina Chacaltana y otros", detenidos y trasladados al recinto clandestino en 1975.
 
En la resolución, se condenó en calidad de autores a los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff, Rolf  Wenderoth, Fernando Lauriani, Gerardo Godoy, Francisco Ferrer  y Ricardo Lawrence, a penas únicas y efectivas de 7 años de presidio; en tanto, Basclay Zapata y Orlando Manzo deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios.
 
En el aspecto civil, el ministro Llanos acogió, "con costas, las demandas interpuestas por 36 de los actores en contra del fisco de Chile, condenándolo a pagar a cada uno de ellos una indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral, ascendente a la suma de 50 millones de pesos".
 
DDHH: procesan a militares por ataque a la UTE
 
16 de enero: El Ministro Mario Carroza, encausó a Donato López Almarza y Marcelo Moren Brito por los homicidios de Hugo Araya González y Marta Vallejo Buschmann, quienes perdieron la vida cuando fue atacada la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile, por tropas del Batallón del Regimiento Yungay N° 3 de San Felipe y del Regimiento de Arica de La Serena.
 
41 años después, el magistrado les imputó responsabilidad por el homicidio calificado de estos dos funcionarios de la universidad los que se encontraban cercados, en septiembre de 1973, juntos a otras 600 personas entre alumnos, profesores, directivos y trabajadores, incluyendo al popular cantautor Víctor Jara.
 
Se amplía auto de procesamiento por detenidos desaparecidos de “Londres 38”
 
22 de enero: El ministro Leopoldo Llanos, dictó ampliación del auto de procesamiento en la investigación que sustancia por los secuestros calificados María Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto ocurridos en 1974.
 
Al contar con nuevos antecedentes, el ministro decidió procesar a los ex agentes de la DINA: César Manríquez, Sergio Castillo, Nelson Paz, José Yévenes, Osvaldo Pulgar, Risiere Altez, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de María Alvarado Borgel y de Martín Elgueta Pinto.
 
En la resolución, además, se sometió  a proceso a Orlando Manzo, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Martín Elgueta Pinto.
 
De acuerdo a la investigación, María Alvarado Borgel, 21 años de edad, secretaria, militante del MIR, fue detenida el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA en la vía pública, siendo trasladada a Londres 38, lugar donde fue visto por testigos y lugar desde donde se pierde su rastro.
 
Martín Elgueta Pinto, 21 años de edad, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, militante del MIR, fue detenido el 15 de julio de 1974, por agentes de la DINA siendo trasladado a Londres 38. Días después, es visto en el recinto de Cuatro Álamos desde donde se pierde su rastro.
 
Procesan a Manuel Contreras por asesinato de asesora del hogar
 
22 de enero: El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a proceso al ex director de la DINA, Manuel Contreras, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Enriqueta Reyes Valeria, ilícito perpetrado, en 1975, en Santiago.
 
De acuerdo a los antecedentes, el 1 de noviembre de 1975, agentes de la Brigada Lautaro de la DINA, por orden de su director Manuel Contreras, con el fin de lograr la detención de la doctora Cassidy Drew, iniciaron un ataque a la residencia donde esta se encontraba disparando hacia el interior.
 
La asesora del hogar, Enriqueta Reyes resultó herida y posteriormente fue trasladada a la Asistencia Pública, donde falleció por herida de bala según certificado de defunción.
 
Ministra Pizarro dicta auto de procesamiento por homicidio de Jorge Espinoza
 
23 de enero: La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Sylvia Pizarro, sometió a proceso a Héctor Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de autores del delito de homicidio calificado de Jorge Espinoza Farías, ilícito perpetrado, en octubre de 1973, en la comuna de La Granja.
 
De acuerdo a los antecedentes, el 7 de octubre de 1973 en la Población San Gregorio, comuna de La Granja, se llevó a cabo un operativo conjunto de las FFAA, Carabineros  y PDI quienes procedieron a allanar las casas y detener a los hombres, los que fueron llevados a una cancha de fútbol, en un número aproximado de mil personas, entre las cuales se encontraba la víctima Jorge Espinoza Farías.
 
En el lugar, los aprehensores chequearon las identidades de los detenidos, dejando a algunos en libertad; en tanto, otro grupo fue derivado a la subcomisaria de Carabineros de la comuna, sin que existiera una orden de autoridad competente que lo permitiera. En estas circunstancias, se pierde todo rastro de la víctima.
 
Posteriormente, el SML logró identificar los  restos de Jorge Espinoza Farías, los que habían sido inhumados ilegalmente y bajo el nombre de otra persona, en el Cementerio General.
 
El 14 de mayo de 2011, los restos de Espinoza Farías fueron entregados a sus familiares constando en el certificado de defunción que falleció producto de un politraumatismo causado por proyectiles balísticos, sin lograr precisarse la fecha de su muerte ni el lugar.
 
La causa se encuentra en etapa de sumario (investigación), con diligencias pendientes.
 
Ministro Llanos dicta sentencia contra ex agentes de la DINA
 
23 de enero: El ministro Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de José Ramírez Rosales, ocurrido a partir del 27 de julio de 1974, víctima cuyo rastro se pierde en el centro de detención clandestino de Londres 38.
 
En el fallo, el magistrado condenó como autores del delito a los ex integrantes de la DINA: Manuel Contreras Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito y Basclay Zapata, a penas de 10 años y un día de presidio.
 
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización, por daño moral, de 100 millones de pesos a Nelly Berenguer Rodríguez, esposa de la víctima.
 
Corte suprema dicta sentencia por el secuestro de Patricio Santana  en Valparaíso
 
23 de enero: La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de secuestro de Patricio Santana Boza, detenido en enero de 1975 en Viña del Mar y que permaneció recluido en el regimiento Maipo del Ejército y el cuartel Silva Palma de la Armada.
 
En fallo divido, la Segunda Sala condenó a los miembros en retiro del Ejército: Marcelo Moren Brito y Fernando Lauriani Maturana a cumplir penas de 3 años de presidio por su responsabilidad en el delito.
 
La sentencia –adoptada con el voto en contra del ministro Cerda– acogió el recurso de casación, determinando que Santana Boza permaneció privado de libertad ilegalmente en los recintos militares y no en la Cárcel Pública del Valparaíso, donde fue trasladado con posterioridad.
 
En el aspecto civil, la Sala Penal determinó que el fisco debe pagar 10 millones de pesos a la víctima por concepto de daño moral. Decisión que adoptó con el voto en contra de la ministra Muñoz, quien estuvo por acoger la figura de la prescripción de la acción civil planteada por el fisco.
 
Ministro Carroza condena a carabinero por homicidio de menor de 15 años
 
23 de enero: El ministro Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el homicidio calificado del menor de 15 años Orlando Ponce Quezada, ejecutado en octubre de 1973, en los faldeos del cerro Colorado de la comuna de Renca.
 
Se condeno al teniente en retiro de Carabineros Mario Pizarro Cortés a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito. Asimismo, absolvió al sargento en retiro de la policía uniformada Patricio Montesinos Bustos, por falta de participación en los hechos.
 
En el aspecto civil, se resolvió condenar al fisco a pagar la suma de 15 millones de pesos por el concepto de daño moral al querellante Alberto Haroldo Ponce Quezada, hermano de la víctima.
 
De acuerdo a los antecedentes, el día 13 de octubre de 1973, efectivos de las FFAA y de orden realizaron un allanamiento en la población Cerro Colorado en la comuna de Renca. "En el curso de este procedimiento, la víctima Orlando Ponce Quezada, de tan sólo 15 años de edad, por curiosidad se asoma al antejardín de la casa en la cual vivía con el propósito de ver lo que acontecía siendo sorprendido por un militar quien le dice que se entre y no salga, pero éste hace caso omiso de la orden e incurre en la misma conducta, lo que habría llevado al militar a ordenarle que también vaya donde estaban los varones adultos”.
 
Posteriormente, es llevado por Carabineros hasta los faldeos del Cerro Colorado, donde le ordenan bajarse y acto seguido comienzan a golpearlo, junto a otros detenidos. El teniente Mario Pizarro Cortés le ordena a Ponce Quezada caminar delante de ellos quien obedece y camina un par de metros, instante que aprovecha el teniente Mario Pizarro Cortés para ordenarle a los carabineros que lo acompañan que le disparen, lo cual ellos cumplen y consiguen abatir al menor, quien cae al suelo con vida. Pizarro Cortés le remata con su arma de servicio, hecho que finalmente provoca su muerte.
 
Suprema ordenó libertad inmediata de ex agente de la DINA
 
26 de enero: La Corte Suprema ratificó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de amparo presentado por Nelson Paz Bustamante, condenado en una causa por violaciones a los DDHH, en contra del Ministerio de Justicia por negarse a otorgar el beneficio concedido por la comisión de reducción de condenas.
 
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal  ratificó la sentencia que acogió la acción cautelar presentada por defensa del agente de la DINA condenado por el secuestro calificado de Álvaro Barrios Duque, y ordenó su inmediata libertad.
 
La sentencia reitera el criterio del máximo tribunal que ha acogido diversos recursos de amparo presentados por condenados por delitos comunes en situaciones similares, resoluciones que establecieron que el Ministerio de Justicia no tiene facultades para revisar los criterios de las comisiones de rebajas de condenas de los tribunales de alzada.
 
Ratifican condena contra carabinero por muerte de socialista en 1973
 
27 de enero: La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el caso por el homicidio calificado de Néstor González Lorca, dirigente del PS, quien fue asesinado a tiros por el carabinero Julio Rodríguez Muñoz, el 15 de octubre de 1973, en la localidad rural de Marchigüe, en la Región de O’Higgins.
 
La causa fue investigada en primera instancia por el ministro Carlos Aránguiz. La indagatoria permitió establecer la responsabilidad del uniformado, a quien el máximo tribunal condenó definitivamente a 5 años con el beneficio de libertad vigilada.
 
En fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal acogió además el recurso presentado en contra de la sentencia que en primera instancia rechazó indemnizar a la familia de la víctima y ordenó el pago de 400 millones de pesos a la viuda y los cuatro hijos de González Lorca.
 
Según el fallo, los tratados internacionales en materia de DDHH firmados y vigentes en Chile, contemplan una reparación integral, por lo tanto son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como civil.
 
Corte suprema dicta sentencia por el secuestro calificado Juan Ibarra Toledo
 
29 de enero: La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Juan Ibarra Toledo, ocurrido en julio de 1974, proceso que sustanció en primera instancia el ministro Leopoldo Llanos.
 
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal  ratificó las penas de 10 años y un día de presidio que deberán cumplir los autores del delito, los ex agentes de la DINA: Manuel Contreras, Marcel Moren, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata
 
La resolución se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes estuvieron por aplicar el principio de la media prescripción.
 
La investigación, señala que Juan Ibarra Toledo, estudiante universitario, de 21 años de edad, militante del MIR, fue detenido el 25 de julio de 1974, sin orden judicial ni administrativa alguna, por agentes de la DINA y fue visto, posteriormente, por diversos testigos en el centro clandestino Londres 38, ignorándose, hasta esta fecha, su paradero, sin que haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste,  tampoco, su defunción.
 
Ministro Vázquez procesa a seis miembros del denominado “Comando Conjunto”
 
29 de enero: El ministro en visita, Miguel Vázquez, dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el secuestro calificado de Mariano Turiel Palomera, ilícito perpetrado a partir de julio de 1976, en la Región Metropolitana.
 
En la resolución, el ministro Vázquez sometió a proceso a los ex agentes del denominado "Comando Conjunto": Enrique Ruiz Bunguer, Antonio Quiroz Reyes, Juan Saavedra Loyola, Manuel Muñoz Gamboa, Daniel Guimpert Corvalán y César Palma Ramírez, por su responsabilidad en el delito.
 
De acuerdo a los antecedentes, el 15 julio de 1976 Mariano Turiel Palomera, de las Juventudes comunistas-JJCC-, salió de su domicilio a realizar diversas diligencias. Ese día se pierde su rastro.
 
Con posterioridad a la desaparición de Turiel Palomera, se hizo llegar a Tribunales un anónimo donde se indicó que Mariano Turiel Palomera, fue detenido cerca de la Estación Mapocho por el denominado Comando Conjunto.
 
INDH: Presenta querella por trata de personas
 
30 de enero: El INDH presentó una querella por trata de personas en grado de consumado contra dos ciudadanos coreanos, quienes “desde a lo menos el mes de Octubre de 2014, actuando de manera organizada, se han dedicado de manera sistemática y permanente a la trata de personas con fines de explotación sexual, facilitando la entrada a Chile y el traslado dentro de nuestro país a ciudadanas coreanas, a efectos de ejercer la prostitución, engañándolas y aprovechando el estado de vulnerabilidad en que se encontraban”, según consigna la querella presentada ante la justicia por el INDH.
 
El presente Resumen Mensual Derechos Humanos en Chile es elaborado por la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC). Se agradece compartir con otros y otras activistas de Derechos Humanos y publicar siempre citando la fuente.