Febrero 2008


















FAMILIA SORIA RECIBIÓ REPARACIÓN DE US$ 1,5 MILLÓN POR MUERTE DE DIPLOMÁTICO ESPAÑOL
01 de febrero 2008: Después que la iniciativa enviada por el gobierno para indemnizar a la familia Soria permaneciera en el Congreso durante tres años, en julio del año pasado se aprobó una reparación de US$ 1,5 millón, debido a la muerte del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por la DINA.
A diferencia del caso Tucapel Jiménez, la indemnización a la familia Soria no resultó de una decisión judicial, sino de un acuerdo del Gobierno con los familiares, después de que la Corte Interamericana de DD.HH. concluyera que el Estado chileno violó los derechos fundamentales de Soria.

CORTE FIJA HISTÓRICA INDEMNIZACIÓN PARA FAMILIA DE TUCAPEL JIMENEZ
01 de febrero 2008: La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el pago de 1.200 millones de pesos a los hijos del asesinado líder sindical Tucapel Jiménez.
El monto indemnizatorio por el daño moral que causó en los deudos la muerte de su padre deberá ser cancelado por el fisco.
El tribunal de alzada capitalino acogió la demanda civil deducida por sus hijos Tucapel, Isabel y María, los tres de apellidos Jiménez Fuentes; y Sara Jiménez Weber y Rodrigo Jiménez Roa. A cada uno el Estado los deberá indemnizar con la suma de 200 millones de pesos.
En el dictamen además se incluye el desagravio a favor de Haydée Fuentes Salinas, esposa del otrora presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Estos 200 millones se les entregarán al diputado Tucapel Jiménez y a sus hermanas, al encontrarse fallecida su madre.

INMIGRANTES PERUANOS PIDEN PRÓRROGA POR AMNISTÍA
05 de febrero 2008: Al menos 45 mil inmigrantes legalizaron su situación en el país gracias a la amnistía que se entregó en noviembre pasado, pero el plazo no fue suficiente. Se estima que la mitad de los peruanos en Chile no hicieron el trámite que ya venció. El presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Raúl Paiba, consideró que es necesario dar más plazo para el trámite. “Su costo debió ser de gratuidad absoluta. Es un contrasentido solicitar 30 mil pesos a quienes no tienen dinero para cubrir sus necesidades elementales”, dijo.

MILITAR (R) EVALÚA IMPUGNAR PENA DE DD.HH. ANTE JUSTICIA INTERNACIONAL
03 de febrero 2008: El comandante (r) Hernán Ovalle Hidalgo (57), que el 22 de enero ingresó al penal Punta Peuco a cumplir una condena a 12 años por los homicidios de tres trabajadores de la empresa Sumar, evalúa recurrir a la justicia internacional, pues considera que se le impuso una pena excesivamente elevada cuando sólo fue condenado como cómplice.
Su familia evalúa recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de que ésta decida que la situación de Ovalle debe ser revisada, aunque están conscientes de que tal proceso podría durar varios años.
Para el entorno del militar (r), los tribunales chilenos han dictado fallos muy disímiles sobre la vigencia y aplicación de los tratados internacionales, pues muchos de los ex uniformados condenados han sido beneficiados con la media prescripción, recibido la libertad vigilada o incluso han sido absueltos, dependiendo de la sala que revise sus casos.
De concretarse la presentación, sería la primera vez que un ex militar condenado acude a la justicia internacional.

FASIC ACUSA RETROCESOS DURANTE 2007
03 de febrero 2008: Más retrocesos que avances en materia de derechos humanos durante 2007 en Chile consigna el balance realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC.
El documento, presentado por los abogados Verónica Reyna, Héctor Salazar, Nelson Caucoto y Alberto Espinoza, indica que en 2007 se constató un retroceso evidente en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos en el régimen militar, lo que quedó en evidencia por la dictación de algunas sentencias de término que declararon extinguida la responsabilidad penal o que aplicaron penas muy bajas.
También muestran su preocupación, "como un signo evidente de denegación de justicia", por el cierre de los tribunales del crimen, los únicos competentes para conocer esos delitos.
Los abogados hacen ver su mirada crítica a la política del Consejo de Defensa del Estado en lo referente a las demandas civiles de las víctimas.
Otros aspectos negativos señalados son el tratamiento al problema mapuche, el incumplimiento de compromisos internacionales y el mayor énfasis en las políticas represivas por sobre las preventivas y de reinserción social en el tema de la delincuencia.
Como positivo, valoran la creación del Instituto de Derechos Humanos, la preocupación del Gobierno por corregir los errores en el Instituto Médico Legal y la actividad en los juicios del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior.

GENERAL GONZALO SANTELICES RENUNCIA AL EJÉRCITO
05 de febrero 2008: Gonzalo Santelices, jefe de la guarnición militar de Santiago, presentó voluntariamente su renuncia, tras reconocer ante la justicia, que en 1974 época en la que era subteniente, participó en el traslado de catorce prisioneros políticos de la cárcel de Antofagasta a la Quebrada del Way, donde los entregó a sus superiores entre ellos el General (r) Sergio Arellano Stark, y posteriormente fueron asesinados.
Santelices ya había declarado en esa causa en calidad de testigo, pero ahora enfrentaría a la justicia como inculpado del delito de homicidio calificado.
Por su parte el Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta, señaló: "he resuelto aceptar la solicitud de renuncia voluntaria de la institución presentada por el general de división Gonzalo Santelices Cuevas, renuncia que está fundada en el elevado propósito de no implicar al Ejército en la causa que se tramita en los tribunales de Justicia".

GENERALES ACTIVOS DECLARAN ANTE JUEZ POR CASO PAINE
06 de febrero 2008: Ante el ministro en visita Héctor Solís declararon los generales Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, en el marco del proceso por los crímenes de Paine cometidos después del golpe militar por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
La diligencia se realiza en dependencias de la Auditoría General del Ejército, en el edificio institucional de calle Zanteno.
En la investigación de Paine, el juez Solís está tras la identificación de dos oficiales que, con el grado de subteniente en 1973, participaron junto al subteniente Andrés Magaña en el crimen de 22 campesinos el 16 de octubre de 1973.
Los cuatro generales indagados en este caso ocupan altos cargos dentro del organigrama institucional: Castro es general de brigada y jefe de la II División de Ejercito; Aldunate es comandante de la División Escuelas; Le Dantec es director de Finanzas y Baeza ejerce como director de Logística.

CRECE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL A HOMOSEXUALES
08 de febrero 2008: Malas noticias trajo el VI Informe Anual de Derechos Humanos de las Minorías Sexuales.
El documento, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y publicado ayer, dio cuenta de un alza de 16 por ciento en los casos de discriminación contra las minorías sexuales, poniendo fin a la tendencia a la baja registrada en los últimos dos años.
En 2007 hubo un total de 57 denuncias en diversos ámbitos - atropellos educacionales, campañas homofóbicas, agresiones civiles, entre otras -, siendo la discriminación laboral el área en que se constató un mayor aumento de casos, pasándose de uno en 2006 a 10 durante el año pasado.

JUEZ BILLARD CONDENA A CARABINERO (R) POR DESAPARICIÓN DE MÉDICO ECUATORIANO
08 de febrero 2008: El ministro de fuero Joaquín Billard (en la foto) condenó a Juan de Dios Fritz Vega, sargento primero (R) de Carabineros; a Omar Burgos Dejean, quien ostentaba el mismo cargo, y a Juan Miguel Bustamante León, mayor (R) de Carabineros, a la pena de ocho años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de secuestro calificado del médico ecuatoriano Félix García Franco.
Además, Hugo Opazo Inzunza, suboficial (R) de Carabineros, fue condenado a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por su participación en la desaparición del profesional de la salud el 13 de septiembre de 1973.
El juez Billard también acogió la demanda civil solidaria por indemnización de perjuicio y daño moral interpuesta en contra de los carabineros en retiro, sentenciándolos al pago solidario de 30 millones de pesos.

FRANCIA JUZGARÁ DE LEJOS A REPRESORES
12 de febrero 2008: Entre el 19 y 23 de mayo próximos serán enjuiciados en París 17 colaboradores del fallecido general (R) Augusto Pinochet, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar.
Entre ellos figuran el teclo Paul Shäfer, el "Mamo" Contreras, Enrique Arancibia Clavel, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito.

GOBIERNO RECHAZÓ PLEBISCITO POR DERECHOS HUMANOS
13 de febrero 2008: El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, rechazó la idea propuesta por el abogado Luis Valentín Ferrada en cuanto a llamar a un plebiscito para terminar con procesos pendientes de ex militares.
El secretario de Estado dijo que experiencias como esas no han sido positivas y están fuera de las normas de la Constitución.
El abogado sostuvo que a su juicio, la mayoría de los chilenos optaría por un "punto final" para los acusados.
Esto en el marco de las polémicas generadas tras la renuncia al Ejército de quien se desempeñaba como jefe de la guarnición militar de Santiago, Gonzalo Santelices. El general habría participado en violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH) en el denominado caso "Caravana de la Muerte".

CHEYRE CRITICA EL ACCIONAR DEL GOBIERNO Y LABOR DE MEDIO DE COMUNICACIÓN EN CASO SANTELICES
13 de febrero 2008: El ex comandante en jefe del Ejército y actual director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, general (R) Juan Emilio Cheyre, instó al Parlamento a "clausurar" el diario La Nación y acusó a sus periodistas de "comprar" expedientes y cuadernos secretos de los procesos que se instruyen por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura.
Cheyre emitió sus declaraciones criticando a la Presidenta Michelle Bachelet, a su ministro de Defensa, José Goñi, y al diario, por la renuncia a la que fue obligado el ahora general retirado y ex comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, Gonzalo Santelices, a raíz de la participación que le correspondió cumplir en la fase preparativa del asesinato de 14 prisioneros políticos en Antofagasta al paso de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.
Cheyre fue preguntado por el acuerdo que él habría llegado cuando fue jefe del Ejército con el entonces Presidente Ricardo Lagos, en el sentido de que ningún oficial ni superior ni con el grado de general sería sacado de las filas sin que antes estuviera procesado y/o condenado en algún proceso por violación de los derechos humanos, y si éste se habría roto hoy con la salida de Santelices.
Respondió con una dura crítica a la Presidenta Bachelet, acusando a su gobierno de echar por tierra "una política de Estado (y no un acuerdo) impulsada por el Presidente Lagos en un sentido, que (ahora) cambia de giro, curiosamente con un Gobierno que le debiera dar continuidad".
Además, en el caso Santelices acusó al gobierno de Bachelet de ejercer "una presión indebida a la única institución (el Ejército) que ha dado la cara y dicho la verdad, y ha ido a responder ante los tribunales".

QUERELLANTE CASO PAINE: “NO PODRÍA ASEGURAR” QUE EL GENERAL CASTRO PARTICIPÓ
15 de febrero de 2008: El abogado de FASIC y querellante en el caso Paine, Nelson Caucoto, dijo que “no podría asegurar” que el general en servicio activo del Ejército, Guillermo Castro, haya participado en el operativo que terminó con el fusilamiento de 22 campesinos en octubre de 1973.
Caucoto tuvo acceso a las declaraciones que los cuatro generales activos –Guillermo Castro, Eduardo Aldunate, Julio Baeza y Cristian Le Dantec- realizaron hace dos semanas voluntariamente al Ministro de la Corte de Apelaciones que investiga el caso, Héctor Solís, en el cual “niegan toda responsabilidad en los hechos”.
Por eso, el jurista de FASIC explicó, “no podría asegurar que Castro haya participado”, y añadió que “para mí los sospechosos son los 70 subtenientes que llegaron en agosto del 73 a la Escuela de Infantería de San Bernardo”, señaló.

LA MONEDA DESDRAMATIZA PRESENTACIÓN DE AYLWIN ANTE LA OEA
16 de febrero de 2008: El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmó que su cartera no ha recibido ninguna misiva oficial del director del Observatorio de Derechos Indígenas, José Aylwin ni del Relator Especial de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, con respecto al tema mapuche.
Pérez Yoma, desdramatizó de antemano la presencia ante la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) del codirector del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin,, señalando que Chile se atendrá a la legalidad internacional
Por su parte, el hijo del ex presidente Aylwin, será recibido el lunes 10 de marzo por el organismo multinacional, para denunciar la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el país.

TRASLADAN OSAMENTAS DE PRESUNTAS VÍCTIMAS DE ESCUELA SANTA MARÍA
18 de febrero de 2008: Hasta una fosa construida en terrenos del Cementerio Nº. 3 de Iquique fueron trasladados los cuerpos de 2.342 presuntas víctimas de la matanza de Santa María. Los restos estaban desde septiembre del año pasado guardados en tres contenedores que permanecían en la vía pública, después de que fueron exhumados desde un osario en el marco conmemoración de la matanza obrera y debido a las obras de ampliación del Servicio Médico Legal de Iquique.
Los restos pertenecen al período de fines de 1800 hasta 1940, aproximadamente, siendo coincidentes con la época en que ocurrió la masacre obrera, aunque en la observación preliminar que se realizó de los cuerpos no se encontró la evidencia física que tuviese algún correlato con los hechos registrados en la Escuela Santa María de Iquique, tales como, heridas de bala, lanzas o bayonetas. Sólo las pericias de laboratorio permitirán determinar si corresponden a víctimas de los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 1907.

GOBIERNO ENTREGA AL PC GRAN INDEMNIZACIÓN POR IMPRENTA CONFISCADA EN RÉGIMEN MILITAR
21 de febrero de 2008: La directiva del Partido Comunista, encabezada por Guillermo Teillier, recibirá de parte del Fisco el pago de $ 5 mil millones de pesos por los daños y perdidas sufridas a raíz de la confiscación, durante el gobierno militar, de la emblemática imprenta Horizonte, que publicaba los diarios "El Siglo" y "Puro Chile". La indemnización que recibirá la colectividad fue el resultado de una transacción extrajudicial que se selló entre el gobierno y los abogados del PC en noviembre de 2007.
Jorge Insunza, dirigente comunista que ha estado ligado al tema de la devolución de bienes confiscados por el gobierno militar, manifestó que la transacción se consolidó "después de 14 años de juicio". Agregó que la cifra acordada, "estaba muy por debajo del valor real de la empresa y de todo el lucro cesante que significó el hecho que no funcionara por más de 30 años".

DE LA DINA A LA RIOJA, PASANDO POR PROVIDENCIA
24 de febrero de 2008: "Un ponente muy singular". Así calificó el diario español "El País" el más prestigioso del mundo en lengua española al alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien el 5 de febrero asistió como exponente a unas jornadas sobre innovación y cambio cultural organizadas por el Gobierno conservador de la Comunidad Autónoma (región) de La Rioja.
Claro que lo que llamó la atención en el viejo continente no fueron las ideas de Labbé sobre administración municipal, sino su pasado ligado a las violaciones de los DD.HH..
El ex prisionero Anatolio Zárate, miembro del Partido Socialista, acusó directamente a Labbé de haberle torturado. Labbé también fue acusado de estar presente en el centro de tortura Rocas de Santo Domingo. Prisioneros de aquel centro le reconocieron e incluso un ex agente de la DINA testificó que su presencia era habitual en 1974", señala el reportaje, titulado "De la DINA a La Rioja", y que destaca que el edil fue absuelto, al considerar el juez que la enseñanza de los métodos de tortura no es un delito.

INDEMNIZAN CON US$ 50 MIL A UNA EX CARABINERA EXONERADA
25 de febrero de 2008: Una reparación de US$ 50 mil (unos $23,3 millones) pagará el Estado de Chile a la ex teniente de Carabineros Marcela Valdés, exonerada en 1999 luego que ambas partes llegaran a un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras casi ocho años de proceso.
La denuncia de la ex carabinera contra el Estado de Chile se presentó en 2000, después de un largo recorrido por distintas reparticiones de Carabineros y los tribunales de justicia. Los hechos se iniciaron en Valdivia, cuando la ex teniente y su entonces marido y capitán de Carabineros Claudio Vásquez protagonizaron un episodio de violencia intrafamiliar, por una conversación telefónica que la mujer sostuvo con otro policía.
La Prefectura de Valdivia instruyó un sumario interno que terminó con una sanción de diez días de arresto para Valdés por haber incurrido en "una conducta privada impropia" al mantener una amistad profunda, aunque no sentimental, con el teniente Manuel Suazo, lo que llevó a un quiebre matrimonial.
El caso fue llevado a la CIDH y fue declarado admisible en 2003, al considerarse que los hechos ameritaban una decisión sobre eventuales vulneraciones, por el Estado de Chile, de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

JUEZ SOLÍS PREPARA NUEVAS DILIGENCIAS EN CASO PAINE
26 de febrero de 2008: Una serie de nuevas diligencias prepara el juez del caso Paine, Héctor Solís, sobre la identificación de dos oficiales con el grado de subteniente que, según testigos oculares, en octubre de 1973 habrían formado parte del operativo en el que efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo mataron a 22 campesinos.
Las diligencias dicen también relación con la indagatoria para determinar a los autores de la exhumación de los cuerpos en 1978 y su posterior lanzamiento al mar.
Respecto de la identificación de los dos subtenientes, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, declaró el domingo que "hay generales (en servicio) a los que se les ha tratado de involucrar en el caso (Paine) que investiga un tribunal, y quiero reiterar la confianza total (en ellos) del comandante en jefe".

EX MIEMBRO DEL COMANDO CONJUNTO SE ENCUENTRA PROFUGO
27 de febrero de 2008: Cesar Palma Ramírez (55), apodado “El fito”, y ex miembro del Comando Conjunto que operó durante los primeros años del régimen militar, está prófugo de la justicia, tras no comparecer a notificarse de la primera condena a firme en su contra, por el secuestro de Carlos Contreras Maluje. El Ministro Juan Eduardo Fuentes dio una orden amplia de detención contra el sujeto. Este es el tercer condenado por delitos de lesa humanidad que pretende evadir la justicia, ya antes lo hicieron el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el ex carabinero Iván Quiroz, quienes ya fueron detenidos.

Comunicaciones FASIC