Septiembre 2008


















CORTE SUPREMA RATIFICÓ NUEVA CONDENA PARA MANUEL CONTRERAS

02 de septiembre 2008: La Corte Suprema ratificó la condena de 10 años y un día en contra del ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras, por el homicidio calificado del estudiante Carlos Alberto Cuevas Moya.

Además de Contreras fueron condenados los ex agentes Marcelo Moren Brito y José  Fritz Esparza. Con este nuevo dictamen, "Mamo" Contreras suma más de 50 años ejecutoriados por causas de Derechos Humanos.

Se espera que dentro de los próximos días el ministro Joaquín Billard dicte el cúmplase a la sentencia e informe a los tres sentenciados.

Cuevas Moya, quien era encargado del comité local del Partido Comunista, fue asesinado el 21 de diciembre de 1973 junto a otros cuatro miembros de la célula comunista del comité local “Galo González”, de la población La Legua.

Los ejecutados fueron acusados de idear y planear el llamado "Plan Leopardo".

CIDH ORDENA AL ESTADO CHILENO QUE INFORME SITUACIÓN DE DOCUMENTALISTA ELENA VARELA

02 de septiembre 2008: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado chileno informar sobre la situación de la documentalista Elena Varela, así como de la incautación de los archivos de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante".

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, junto con la Asociación de Documentalistas de Chile, el Observatorio de los Derechos de Pueblos Indígenas, Amnistía internacional y un grupo de destacados artistas y realizadores audiovisuales chilenos solicitaron las medidas cautelares a favor de Varela.

En la solicitud de medidas cautelares se alega la vulneración de su derecho a la libertad de expresión, así como el derecho que tienen los documentalistas de proteger la identidad de sus fuentes –derecho ya reconocido para los periodistas-.

De acuerdo a la resolución, el Gobierno tiene un plazo de 15 días a partir del pasado 28 de agosto -fecha en la cual fue notificado- para evacuar la información relacionada con el caso.

Elena Varela se encuentra en libertad bajo fianza, luego de cumplir tres meses de detención preventiva luego de su formalización por el delito de asociación ilícita para delinquir, por su supuesta participación en el robo de una institución previsional el 2005, y de ayudar al robo de un banco en 2004.

CONDENAN A OFICIAL (R) DE LA FACH POR CRIMEN DE MAPUCHE EN 1973

04 de septiembre 2008: Quien fuera sindicado como el jefe de la patrulla salvaje, conocido grupo de la base aérea Maquehue de Temuco que practicó detenciones, interrogatorios y torturas tras el golpe militar de 1973 fue nuevamente condenado.

El oficial (R) FACH Heriberto Pereira Rojas fue sentenciado el lunes pasado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad a cumplir la pena de cinco años y un día de cárcel como cómplice del asesinato del joven mapuche Nelson Curiñir Lincoqueo.

Con este dictamen, el tribunal de alzada de la IX Región revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño, quien desestimó la autoría y participación de Pereira en el caso del homicidio calificado del ex militante de las Juventudes Comunistas (JJCC), quien fue detenido y trasladado desde su hogar a centros de tortura el 5 de octubre de 1973.

Sin embargo, la Corte sostuvo que tuvo un grado de participación en el crimen y ordenó también una indemnización para la familia de Curiñir.

INÉDITO ENCUENTRO DE LA  ARMADA CON AGRUPACIONES DE DD.HH.

05 de septiembre 2008: Organizaciones de derechos humanos -entre las que se cuenta la Agrupación de Amigos del desaparecido sacerdote Miguel Woodward- pidieron al jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, que haga pública la información que tiene la institución acerca de los marinos que participaron en actos de tortura y desaparición durante la dictadura militar.

El texto incluye la exigencia de la entrega de información sobre los hechos, el reconocimiento formal por la Armada de los crímenes y las responsabilidades, la aplicación por parte de la Armada y por tribunales ordinarios de una verdadera justicia a los responsables, la reforma de la doctrina de la seguridad nacional y la obediencia debida, un cambio en el rol del buque escuela "Esmeralda", arrepentimiento y perdón, e identificar formas activas de reparación a las víctimas.  

CORTE RATIFICA FALLO POR SECUESTRO DE MUJER EN 1973

05 de septiembre 2008: A cinco años y un día de cárcel y al pago de 50 millones de pesos quedó condenado el oficial (R) de Carabineros Guillermo Cofré Silva por el secuestro calificado de María Edith Vásquez Fredes, hecho ocurrido en octubre de 1973 en la ciudad de Curalinahue, VIII Región.

La sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones de la Región del Bíobío, que en un fallo unánime ratificó la resolución del ministro en visita Carlos Aldana.

María Edith Vásquez Fredes, comerciante y militante del PC fue detenida el 23 de octubre de 1973 tras presentarse voluntariamente a la comisaría de la ciudad, luego de enterarse que en las diligencias que la policía realizaba para dar con su paradero, uno de sus hermanos había sido detenido y estaba siendo torturado.

Su rastro se perdió tras ingresar a recinto policial, pero existen dos testigos que la vieron en el momento que se presentó a la comisaría.

CASO CARRASCO: DEVUELVEN LA PELOTA A GERENTE DE CHILECTRA

05 de septiembre 2008: Esta mañana el gerente de Comunicaciones de Chilectra, Juan Pablo Larraín, podrá divertirse en su oficina con un balón de fútbol que le será devuelto a las 11 horas por el Colegio de Periodistas, que había solicitado a la compañía eléctrica ayuda para realizar un homenaje al cumplirse los 22 años del asesinato del periodista José Carrasco Tapia.

Larraín envió el "presente" a la entidad junto con una carta en que explica que la empresa no colabora en actividades de esta índole y que, por lo tanto, no era posible facilitar energía para el equipo de amplificación que necesitaba utilizar el gremio en el acto de conmemoración en honor al profesional que fue ultimado en dictadura.

El evento, que se desarrolló el sábado 6 en el frontis del Parque del Recuerdo, en la zona norte de Santiago, se realiza desde hace más de dos décadas y recuerda al profesional que a los 44 años fue acribillado en 1986 frente al cementerio capitalino. Trece balas, la mayoría en la cabeza, recibió el periodista de la revista Análisis, dirigente gremial y editor internacional de la desaparecida revista.

El simbolismo del caso explica la indignación del presidente del consejo metropolitano del Colegio de Periodistas, Juan Domingo Silva, quien denunció la situación. "Esta acción ha sido no sólo desatinada, sino ofensiva para nuestro gremio. Nosotros le hicimos una solicitud formal para homenajear a un colega asesinado, en un acto solemne, y nos envía un balón de fútbol como si se tratara de una actividad deportiva", acusó.

CORTE CONFIRMÓ CIERRE DE CASO DE EUGENIO BERRIOS

09 de septiembre 2008: La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones confirmó el cierre de la investigación por el secuestro y muerte del químico de la DINA cuyos restos aparecieron en Uruguay, Eugenio Berríos, que decretó en enero pasado el ministro Alejandro Madrid tras cinco años de investigación.

Madrid estableció que funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) ejecutaron el secuestro y homicidio del químico, con el fin de que no declarara en el proceso por la muerte de Orlando Letelier. Entre los procesados figuran los ex jefes del organismo Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, entre otros.

EJECUTORES CNI DE JOVEN MIRISTA NO IRÁN A LA CÁRCEL

18 de septiembre 2008: La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que ninguno de los autores del homicidio del militante del MIR, Fernando Vergara Vargas, cometido el 15 de diciembre de 1984 en Santiago por agentes de la CNI, deberá cumplir pena efectiva de prisión.

Si bien esta sentencia definitiva mantuvo la absolución dictada antes por la Corte de Apelaciones de Santiago de los ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, en el caso de los otros cuatro ex agentes les rebajó las condenas a cinco años de presidio, permitiendo con ello que calificaran para obtener el beneficio de la libertad vigilada, lo que les concedió.

Los favorecidos con esta medida son los ex agentes Luis Sanhueza Ros, Luis Gálvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, y Jorge Ramírez Romero.

De esta manera el homicidio cometido en contra del encargado de las comunicaciones clandestinas del MIR y director de la Radio Liberación, quien había regresado a Chile en 1982 con identidad falsa tras un período de exilio, quedó sin responsables que cumplan pena efectiva de cárcel.

El abogado de FASIC querellante en el caso, Nelson Caucoto, señaló que ésta “es una sentencia de dulce y de agraz, puesto que los avances alcanzados en materia civil, no se corresponden con lo resuelto en materia penal”. En este sentido y en este último ámbito el jurista dijo que “la sentencia es demasiado benigna con los violadores de DD.HH, partiendo con la absolución de los jefes y una magra sentencia contra los ejecutores materiales”.    

SENADO PIDE AL EJECUTIVO REABRIR COMISIÓN VALECH

19 de septiembre 2008: Con 8 votos a favor, 3 en contra y la abstención de Antonio Horvath, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que solicitan a la Presidenta de la República el envío de una iniciativa legal que permita reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura, y ampliar su ámbito de cobertura. El proyecto de acuerdo aprobado fue presentado por los senadores PS Carlos Ominami y Jaime Naranjo, luego que el Ejecutivo retirara el proyecto que crea un Instituto de Derechos Humanos y que ampliaba el plazo para que la Comisión de Prisión Política y Tortura recabara nuevos antecedentes. La reapertura de la Comisión Valech permitiría que entreguen sus testimonios aquellos ex presos políticos que no concurrieron con anterioridad y que las viudas de los ex presos políticos que fueron calificados anteriormente puedan acceder a la pensión del causante.

EXPULSAN A VIVANCO DE VENEZUELA Y GOBIERNO PIDE EXPLICACIONES

20 de septiembre 2008: En una sorpresiva decisión, el Ejecutivo venezolano expulsó el al director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, junto al subdirector de organismo HRW, Daniel Wilkinson, horas después de la divulgación de un crítico informe de esa organización sobre el estado de los derechos humanos tras los diez años que el Presidente Hugo Chávez lleva en el poder.

Dado que Vivanco "ha violado la Constitución y las leyes de Venezuela", "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana e inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país, (el Gobierno) ha decidido expulsar del territorio venezolano al referido ciudadano", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida fue calificada como "desproporcionada" por el subsecretario de Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, quien adelantó que el Gobierno chileno pedirá explicaciones a su par venezolano.

Tras arribar en un vuelo comercial al aeropuerto internacional de Sao Paulo, José Miguel Vivanco enfatizó que su expulsión tiene "el propósito de intimidar a la sociedad civil interna", agregando que "es necesario ponerle mucha más atención a la situación interna en Venezuela que sufre un deterioro creciente de sus instituciones democráticas. En sus conductas (del Gobierno) prima la discriminación política".

CONDENAN A MIEMBROS DE LA DINA POR SECUESTRO DE SACERDOTE ANTONIO LLIDÓ

23 de septiembre 2008: La justicia chilena condenó a ex integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) a siete años de cárcel por el secuestro del sacerdote español Antonio Llidó.

El ministro Jorge Zepeda condenó al director de la DINA Manuel Contreras, Miguel Krassnoff , Marcelo Morembrito y Basklay Zapata, también el magistrado absolvió a los agentes Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán.

El fallo judicial acoge además la demanda civil por 100 millones de pesos a favor de los familiares del sacerdote español Antonio Llidó, representados por el abogado de FASIC, Héctor Salazar.

El religioso católico, fue detenido por una patrulla militar que, según consta en el expediente judicial, lo entregó a efectivos de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a partir de lo cual desapareció hasta nuestros días.

PROCESAN A 13 EX MARINOS POR DESAPARICIÓN DE SACERDOTE MIGUEL WOODWARD

24 de septiembre 2008: La jueza María Elena Quezada, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso procesó a 13 ex oficiales de la Armada por el secuestro calificado del  sacerdote Miguel Woodward y decretó su prisión preventiva.

Con la medida, la magistrada amplió los procesamientos que dictó en abril pasado, cuando procesó a tres vicealmirantes, dos capitanes de navío y un teniente de la Armada, todos en retiro, como coautores y encubridores del crimen del religioso.

Los ex miembros de la Fuerzas Armadas afectados por la medida son los capitanes de navío Sergio Valverde, Luis Holley; los capitanes de fragata José Yañez y Marco Silva.  Los suboficiales de infantería de marina José García, Alfredo Mondaca, Luis Pinda y Carlos Nino. El Sub oficial mayor José Rojas; los sargento primero Pedro Vidal y Héctor Palomino; el cabo segundo Guillermo Inoztroza; y el marinero primero Claudio Cerezo.

POR SEGUNDA VEZ INTERROGAN A PODLECH EN ITALIA

25 de septiembre 2008: Tres horas y media duró el interrogatorio a Alfonso Podlech Michaud, ante el fiscal italiano Giancarlo Capaldo.

Podlech reiteró su inocencia, explicando que su designación como fiscal militar en Temuco fue a principios de 1974, por lo tanto mal podría haber firmado la orden de libertad del señor Omar Venturelli, en octubre de 1973. Reconoció, sin embargo, que hasta su designación oficial se desempeñaba como fiscal ad hoc, para poner orden en la fiscalía militar y designó a cuatro técnicos expertos en Derecho para que realizaran los interrogatorios de manera absolutamente legal.

Asimismo, Podlech informó al fiscal Capaldo que por este mismo delito, es decir, su responsabilidad en la desaparición de Omar Venturelli, ya había sido procesado en Chile y que la magistratura de nuestro país había archivado el caso, declarándolo inocente al no encontrar pruebas que lo culparan.

FISCO PAGA $30 MILLONES POR CENSURA A “LIBRO NEGRO DE LA JUSTICIA

26 de septiembre 2008: El Consejo de Defensa del Estado acordó reparar con 30 millones de pesos a la periodista Alejandra Matus por la violación a sus derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, cometida por la censura de su obra «El Libro Negro de la Justicia Chilena». El CDE aceptó la “proposición de transacción” presentada por el abogado de la autora, Adil Brkovic, en el marco de un juicio civil iniciado por la profesional para conseguir el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe final sobre el caso 12.142, la comisión determinó que el Estado chileno violó los derechos de la periodista al aplicar en su contra el artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado —hoy derogado— y que fue víctima de censura.

GENERAL FUENTE-ALBA, INTERROGADO EN CALIDAD DE “INCULPADO”

28 de septiembre 2008: El ministro Víctor Montiglio, que investiga los crímenes de la Caravana de la Muerte, interrogó esta semana, bajo estricta reserva y en calidad de "inculpado", al general de división, cuarta antigüedad en el alto mando y comandante de Institutos y Doctrina del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

El magistrado debe determinar si Fuente-Alba dice o no la verdad al insistir que no estuvo en el Regimiento Calama el 19 de octubre de 1973, cuando la Caravana de la Muerte asesinó a 26 prisioneros en el desierto. Esta es la tercera vez que este oficial es interrogado por el mismo motivo.

PANEL SOBRE EL QUIEBRE DE LA IMPUNIDAD EN ARGENTINA Y CHILE

30 de septiembre 2008: En el marco de la muestra “Imágenes para la memoria” -que desde el 16 de septiembre se presenta en la Biblioteca de Santiago (Matucana 151)- se realizó el panel “Justicia para la democracia: el quiebre de la impunidad en Argentina y Chile”. Expusieron los abogados Claudio Orosz (Argentina) y Nelson Caucoto (Chile) querellantes en causas penales emblemáticas como los casos del “La Perla” y “Comando Conjunto”, respectivamente. También participó el fiscal Jorge Auat, -a cargo de coordinar y seguir las causas de DDHH, en Argentina- y el sociólogo Manuel Antonio Garretón (Chile). Los panelistas debatieron sobre el avance de los procesos de violaciones de DDHH durante las dictaduras militares en ambos países y la capacidad de promover el debate sobre la institucionalidad democrática en el presente.