Enero 2009


















CASO GARCÍA FRANCO: CORTE REBAJA PENAS A 4 CARABINEROS (R)

01 de enero: En una resolución de segunda instancia, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago,  rebajó las penas impuestas por el ministro Joaquín Billard   a cuatro carabineros (r) por su participación en el secuestro calificado del médico ecuatoriano José Félix García Franco, quien fue detenido el 13 de septiembre de 1973, cuando se perdió su rastro.

La corte rebajó las penas de 10 y 8 años a 5 años y un día de presidio, al suboficial (r) Hugo Opazo Insunza, al mayor (r) Juan Bustamante León, y a los sargentos (r) Juan Fritz Vega y Omar Burgos Dejean.  Mientras que se mantuvo la demanda civil fijada en 30 millones de pesos, por concepto de daño moral

El abogado de FASIC y querellante en el caso, Sergio Concha, estimó como negativa la sentencia. Consideró “que hubo una rebaja de penas excesivas y que se consideraron atenuantes que nunca debieron aplicarse”.

Informó que, en los próximos días presentará ante el tribunal de alzada  un recurso de casación, en donde espera obtener mejores resultados.

INP EXIGE A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE DD.HH. DEVOLUCIÓN DE MONTOS PAGADOS ERRONEAMENTE

04 de enero: Entidad previsional equivocó el cálculo de la reforma de 2004, que aumentó pensiones de familiares de detenidos desaparecidos.

Contraloría detectó el problema en 2007, y en mayo de 2008 en INP inició las gestiones de restitución de dineros.

Afectados, que ignoraban los errores, han sido citados bajo advertencia de acciones de cobro en caso de no presentarse.

Organismo planteó que habría disposición de analizar eventuales condonaciones.

EL INCIERTO DESTINO QUE ESPERA A CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

05 de enero: El término definitivo de la estructura del antiguo sistema procesal penal, en diciembre de 2010, pone en duda el destino que tendrán cientos de causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura que permanecen abiertas en todo el país.

De acuerdo a la ley que reguló el nuevo procedimiento procesal penal, en diciembre del año del bicentenario desaparecerán todos los juzgados del Crimen y con ellos la figura del ministro en visita.

Esto tiene directa incidencia en las causas de DDHH que en la actualidad están en manos de 22 ministros de cortes de Apelaciones, quienes operan en la calidad de ministros visitadores. En Santiago, donde se concentra casi el 80 por ciento de las 340 causas, existen siete de estos magistrados.

Si se cumple la ley procesal penal, los referidos juicios quedarán absolutamente huérfanos, sin jueces que los continúen instruyendo. La situación inquieta a organismos de derechos humanos, sus abogados y las agrupaciones de familiares de las víctimas.

De las 340 causas abiertas, sólo en 138 de ellas existe ya sentencia definitiva, lo que equivale al 40,5 por ciento. De esta manera, en 202 juicios (59,5%) aún no concluye la investigación para dictar sentencia.

CONDENAN A EX DINA POR DESAPARCIÓN DE MIRISTA

07 de enero: La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena por el secuestro calificado del técnico electrónico Marcelo Salinas Eytel, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974 en Santiago. En fallo unánime, Patricia González y el abogado ratificaron la condena de primera instancia dictada por el ministro de fuero Alejandro Solís, quien el 17 de abril pasado sentenció a Manuel Contreras a la pena de 15 años y un día de cárcel como autor de este crimen. Asimismo, fueron confirmadas la condena de 10 años y un día para los agentes César Manríquez, Pedro Espinoza, Maximiliano Ferrer y Miguel Krassnoff. Como también los jueces coincidieron con la absolución de Orlando Manzo por falta de participación en la desaparición de Salinas Eytel.

PROCESADOS LOS QUE MATARON POR LA ESPALDA EN PISAGUA

09 de enero: La mañana del 29 de septiembre de 1973, el equipo de oficiales a cargo del campo de concentración de Pisagua ingresó a la cárcel. El capitán Sergio Benavides Villarreal portaba una lista en la mano. La nómina había sido dictada al campo la noche anterior a través del teléfono de campaña por el general Carlos Forestier, comandante de la VI División del Ejército en Iquique, y jefe superior de Pisagua.

La orden era matarlos, pero sacándolos engañados desde la prisión. El capitán Benavides junto a los entonces tenientes y subtenientes Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López, y Arturo Contador Rosales, juntaron a los seis detenidos elegidos desde Iquique y les dieron a conocer el "regalo" que les esperaba.

El conscripto Michel Nash Sáez, quien se había negado a reprimir a la población ocurrido el golpe de Estado, los Infantes de Marina Juan Jiménez Vidal y Juan Calderón Villalón, que habían hecho lo propio, y los militantes de izquierda Norberto Cañas Cañas, Marcelo Guzmán Fuentes y Luis Lizardi Lizardi, salieron de la cárcel bajo la promesa de que pasarían a retirar unas herramientas por el camino hacia el cementerio de Pisagua para realizar el trabajo.

Por ello, el ministro Joaquín Billard procesó ayer a los mencionados cinco oficiales (R) de Ejército, además del suboficial (R) de Carabineros, Manuel Vega Collao, jefe entonces del retén de Pisagua, como coautores del secuestro de los tres desaparecidos Nash, Jiménez y Cañas.

Antes, Billard había encausado también a los mismos seis como coautores de homicidio calificado por las muertes de Calderón, Guzmán y Lizardi, cuyos cuerpos sí se hallaron dentro de la sepultura encubierta.

El mismo equipo se encuentra igualmente procesado por los asesinatos el 11 de octubre de 1973 en un falso Consejo de Guerra de Julio Cabezas Gacitúa, José Córdova Croxatto, Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa y Humberto Lizardi Flores.

PROFESORA LESBIANA DEMANDA AL ESTADO TRAS SER MARGINADA DE SU TRABAJO

09 de enero: La profesora lesbiana Sandra Pavez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del Estado de Chile denunciando discriminación, luego que fuera marginada por su orientación sexual.

La mujer trabajaba haciendo clases de religión en el Colegio Cardenal Enrique Samoré de San Bernardo, pero en agosto de 2007 el obispo de esa comuna, Juan Ignacio González, tras enterarse de su inclinación sexual, la separó de sus labores.

Esta decisión motivó a la docente a presentar un recurso de protección ante los tribunales de justicia, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel y por el máximo tribunal.

TRIBUNAL ITALIANO DEJA EN SUSPENSO PETICIÓN DE PODLECH PARA OBTENER LIBERTAD

12 de enero: Dos horas y media duró la audiencia en que la defensa del ex fiscal militar Alfonso Podlech solicitó la modificación o la revocación de la orden de prisión cautelar por la desaparición del ítalo chileno, Omar Venturelli ocurrido en 1973.

La solicitud se presentó en el Tribunal de la Libertad (de apelación). Este dejó en suspenso su decisión y se espera que en los próximos días resuelva si lo deja en libertad al interior de Italia o permite su viaje a Chile.

Según relató el abogado Luis Valentín Ferrada, la defensa italiana de Podlech “demostró al tribunal que en este caso no existe ni una prueba que vincule a Podlech con el desaparecimiento y muerte de Venturelli, dado que el fiscal Giancarlo Capaldo está operando con una lógica de circunstancias. Esta se basa en que como Podlech fue colaborador de Pinochet debía tener responsabilidad por los hechos que se produjeron en Temuco”.

Podlech, de 74 años, está detenido en la cárcel romana de Rebibbia, tras ser extraditado el 13 de agosto desde España. Fue arrestado el 27 de julio en el aeropuerto madrileño de Barajas, por el que estaba transitando para tomar un vuelo hacia Praga (República Checa).

PROCESAN A MILITARES ( R ) POR SECUESTRO DE URUGUAYOS

15 de enero: Un general y un brigadier retirados fueron procesados por el juez Joaquín Billard, como autores del secuestro y desaparición en septiembre de 1973 de los ciudadanos uruguayos, Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.

Los encausados son el general Francisco Martínez Benavides y el coronel Lander Uriarte Burotto, además del suboficial también retirado René Cruces Tapia.

Antes había sido igualmente declarado reo por este mismo delito el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, coronel (R) Mateo Durruty Blanco.

Días después del golpe militar, seis uruguayos fueron arrestados por Carabineros de la subcomisaría de San José de Maipo al interior de una mina abandonada de la zona cordillerana.

Los policías los condujeron hasta el referido regimiento, donde de acuerdo a los antecedentes del proceso fueron torturados reiteradamente, al igual que los centenares de prisioneros que pasaron por ese cuartel que comandaba Durruty.

Desde aquel cuartel son sacados una noche por personal de Ejército para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional. Sin embargo, en el trayecto los custodios bajaron del vehículo militar a los tres uruguayos mencionados y los hicieron desaparecer hasta hoy.

“FALTAS A LA ETICA” DERRIBARON A RUBILAR

15 de enero: No fue sorpresa. La diputada RN Karla Rubilar fue destituida de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja por "gravísimas faltas a la ética" tras la denuncia errónea de tres casos de detenidos desaparecidos.

La moción de censura fue aprobada por 8 votos a favor y 5 en contra, lo que revela que -pese a los cuestionamientos UDI al actuar de Rubilar-, el gremialismo optó por alinearse con los legisladores de RN que integran el comité y respaldar a la diputada.

La comisión será presidida en forma interina por el emblemático diputado PPD Tucapel Jiménez, cargo que sería ocupado por un diputado de la DC, posiblemente Gabriel Ascencio.

“¡DE UNA VEZ POR TODAS: LA INFORMACIÓN NO ESTÁ AQUÍ¡”

18 de enero: “¡De una vez por todas la información no está aquí, por favor¡” con esas palabras el  Comandante en Jefe del Ejército,  Oscar Izurieta,  reaccionó tras ser consultado por la supuesta información que aún permanece en la institución y que no ha sido entregada en su totalidad a la justicia y que según abogados de DD.HH muchos de los temas y casos actualmente cuestionados tras los falsos detenidos desaparecidos se habrían solucionado.

Agregó que “las FF.AA pueden entregar la información de que disponen; si es que hay más,  es porque la tienen las personas. Quiero decir algunos detalles estadísticos: de todos los militares que existen hoy en el Ejército- 20 mil entre oficiales y cuadro permanente, sin contar a los conscriptos- sólo seis estábamos en servicio activo el 11 de septiembre de 1973”.

PROCESAN A EX MILITARES POR OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

20 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid dictó procesamientos en contra de cinco ex integrantes de la DINA por asociación ilícita para obstruir la investigación por la muerte del diplomático español Carmelo Soria Espinoza.
Los procesados son el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana, el general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente coronel (r) René Quilhot Palma, el suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán González Fernández, quienes habrían ofrecido regalos a un testigo del crimen para que cambiara su declaración.
El ministro también procesó al ex brigadier Jaime Lepe Orellana y al ex fiscal militar Sergio Cea Cienfuegos, por el delito de falsificación de instrumento público.

DD.HH: CORTE DICTA NUEVAS SENTENCIAS

21 de enero: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Gajardo Galdames adoptó decisiones en dos en investigaciones que instruye por causas a violaciones a los derechos humanos.

En un primero caso, el magistrado dictó condena en la investigación por el homicidio calificado de Fernando Iribarren González, ocurrido el 7 de febrero de 1983, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El ministro Gajardo condenó a 10 años y un día de presidio a Aquiles González Cortés y Claudio Sanhueza Sanhueza por su responsabilidad como autores del homicidio calificado antes señalado.

En otra investigación, conocida como “Torres de San Borja”, el juez dictó procesamiento en contra de Gerardo Urrich González, Juan Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa por el delito de secuestro con grave daño (muerte) de Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zuleta, Beatriz Díaz Agüero, Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Paradisi y Julio Saa Pizarro, ilícito ocurrido el 17 de octubre de 1973 en la comuna de Santiago.

El abogado de FASIC y querellante en ambas causas, Nelson Caucoto, valoró las resoluciones y señaló que en el caso de Fernando Iribarren, se demostró que es un nuevo caso de falso enfrentamiento y que quedó establecido con la investigación judicial”.

SUPREMA CONFIRMA CONDENAS POR SECUETRO Y DESAPARICIÓN DE SERGIO TORMEN

22 de enero: La Corte Suprema ratificó la condena en la investigación por los secuestros calificados de Sergio Tormen Méndez y Luis Guajardo Zamorano, cometidos a partir del 20 de julio de 1974, en la Región Metropolitana.

En fallo dividido, la Sala Penal del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que condenó a 10 años de presidio a Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito.

El abogado de FASIC y querellante en la causa, Nelson Caucoto, valoró la resolución del Máximo Tribunal toda vez “que dejó sin efecto la prescripción y la Amnistía”. Por sobre todo valoró el “que se hayan aplicado penas acordes con la gravedad de los hechos”.

Corte Suprema dicta sentencia definitiva en secuestro calificado de Jacqueline Binfa Contreras

22 de enero: La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Jacqueline Binfa Contreras, ocurrido a partir del 27 de agosto de 1974, en la ciudad de Santiago.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal del país determinó dictar la absolución de las personas que se individualizan a continuación y que habían sido condenadas por el ministro en visita Alejandro Solís y la Corte de Apelación de Santiago:

-Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Torré Sáez

Los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres fueron partidarios de acoger el recurso de casación presentado en contra de la sentencias de primera y segunda instancia y aplicar el principio de la prescripción de la acción penal. En tanto, los ministros Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch fueron partidarios de rechazar los recursos de casación presentados y confirmar la sentencia.

PRESENTAN “DENUNCIA CRIMINAL” CONTRA RUBILAR (RN)

26 de enero: La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, y el abogado Hugo Gutiérrez, concretaron  en tribunales la anunciada presentación de una denuncia criminal contra la diputada de RN y destituida presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Karla Rubilar, por el rol que le pudiera caber en la divulgación de nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos.
La acción legal apunta a los delitos de asociación ilícita, vejación injusta contra particulares y falsificación de instrumento público, y no sólo está dirigida contra la parlamentaria, sino también contra el ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, y su procurador, Javier Gómez. Éste último, según reconoció la propia diputada, le entregó datos para su denuncia.

SIGUE POLÉMICA POR INTEGRACIÓN DE SALA PENAL

27 de enero: Al rojo vivo sigue la polémica por la integración de la segunda sala de la Corte Suprema, lo que la semana pasada, significó que dos fallos de DD.HH tuviera rumbos totalmente distintos en base a los criterios de prescripción de delitos de lesa humanidad.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó la situación como impresentable. Mientras que el ex ministro integrante de la sala, Enrique Cury, señaló que una solución podría ser que se unifique la jurisprudencia  dentro de los cánones  del derecho internacional, previo a una presentación ante el pleno del máximo tribunal.

SUPREMA RECHAZA DEMANDA POR DESAPARECIDOS DE LA MONEDA

26 de enero: La Corte Suprema declaró prescrita la demanda interpuesta en el caso Claudio Jimeno Grendi, detenido desaparecido el 11 de septiembre 1973.

El máximo tribunal determinó que la acción civil, que buscaba una indemnización por los daños que sufrió la familia del desaparecido militante socialista, excedió los plazos legales de tramitación.

Para los jueces esta acción debería haber sido presentada hasta cuatro años después de ocurrida la desaparición (hasta 1977) o cuatro años desde que los hijos cumplieron la mayoría de edad (hasta 1987) o, en su defecto, cuatro años después de que "el país volvió a la normalidad democrática", plazo que se habría vencido en 1994.

Según consta en el expediente de la causa, la demanda fue proveída en 1999 lo que a juicio de la mayoría de los magistrados que integró la sala excedió todos los plazos y terminó por desechar la acción indemnizatoria.

CORTE SUPREMA OTORGÓ PENA REMITIDA A CULPABLES DE CRIMEN DE JECAR NEHGME

28 de enero: La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre de 1989.

Según la investigación desarrollada por el ministro Hugo Dolmestch, Nehgme fue asesinado para provocar que la gente desistiera de apoyar la opción "No" del plebiscito de 1988, puesto que el militante era un activo participante de la campaña para el retorno a la democracia.

Acogiendo la medida de prescripción, además de las atenuantes que señaló en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal condenó a cinco años de pena remitida al ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda y a tres años al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capital (r) Luis Sanhueza Ross.

El abogado de FASIC y querellante en la causa, Nelson Caucoto, criticó duramente el fallo señalando que no comprende como los autores confesos e intelectuales de este crimen "sean simplemente mandados a sus casas".

NO HUBO CLEMENCIA PARA LOS ASESINOS  PRATS Y ESPOSA

29 de enero: Por primera vez en un fallo judicial, la DINA fue calificada como una "organización de carácter terrorista".

Así lo estableció la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar en todas sus partes las altas condenas dictadas el 30 de junio pasado por el ministro Alejandro Solís, en contra de nueve ex agentes, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue planificado y cometido por agentes de este organismo a las 00:40 del 30 de septiembre de 1974.

El agente Michael Townley instaló 48 horas antes una bomba en el auto Fiat del general, estacionado al interior del edificio de calle Malabia 3359, barrio de Palermo en Buenos Aires. En el tercer piso habitaba Prats junto a su esposa.

La resolución adoptada en forma unánime por los magistrados Jorge Dahm y Mario Rojas y la ministra Dobra Lusic, fue conocida en medio de las fuertes críticas que organismos de derechos humanos, abogados, parlamentarios y familiares de las víctimas, han formulado en contra de los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema.

SENADORES DE DERECHA FUERON REPROBADOS EN DD.HH

30 de enero: Siete senadores de la Alianza por Chile fueron evaluados como "mediana o débilmente comprometidos" con los derechos humanos y la democracia, según un estudio hecho por el Observatorio Parlamentario, que encuestó a los miembros de la cámara ata sobre diversos aspectos del trabajo parlamentario y leyes referentes a dichos temas.

La muestra preguntó a los legisladores acerca de su disposición a votar favorablemente o no, diez proyectos de ley sobre temáticas como la aplicación de la amnistía a los crímenes de lesa humanidad, paridad, aborto terapéutico o la ratificación de la Corte Penal Internacional.

A partir de las respuestas, el estudio realizó un "ranking de compromiso" en el que 10 era la nota máxima.

En éste, los senadores RN Antonio Horvath y Carlos Kuschel, junto con los gremialistas Jovino Novoa, Jorge Arancibia, Andrés Chadwick y Jaime Orpis, obtuvieron notas entre 4 y 5, con lo que fueron catalogados como "medianamente comprometidos".

Mientras el senador RN José García cosechó nota 2, quedando evaluado como "débilmente comprometido".

En concreto, la mayoría de los senadores de la Alianza se oponen, por ejemplo, a una iniciativa que permita a la ciudadanía presentar proyectos de ley, a la limitación en la reelección de los miembros del Parlamento, a la ratificación del Estatuto de Roma, que crea una Corte Penal Internacional, a la aprobación del aborto terapéutico y a una ley de paridad que obligue a los partidos políticos a incluir al menos un 40% de mujeres en las listas de candidaturas al Parlamento.

Carolina Carrera, vicepresidenta de la Corporación Humanas, y una de las coordinadoras de la muestra, indicó que esta actitud tiene que ver con "no querer hacer país, no estar dispuestos a otorgar mayores derechos".

FASIC: BALANCE ANUAL DE DD.HH

31 de enero: El 2008, fue el año de las condenas para los violadores de los derechos humanos, según el balance anual realizado por el Equipo Jurídico de FASIC.

Los juristas destacaron como el gran  hito en la historia judicial del país la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Pese a ello,  al mismo tiempo criticaron duramente la postura ambigua que ha adoptado la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema al momento de fallar en causas por crímenes de lesa humanidad, acogiendo  atenuantes como la media prescripción, lo que se ha traducido en penas extremadamente bajas y absolutamente desproporcionadas a la gravedad de los delitos.

Con respecto a los casos de falsos detenidos desaparecidos, FASIC, y a modo de revertir lo ocurrido propone realizar investigaciones judiciales para todas las causas de DD.HH pendientes, es decir, nombrar para los procesos jueces con dedicación exclusiva.

Dentro de los aspecto negativos  consideraron lamentable: que no se haya podido sacar adelante el proyecto que crea el Instituto de los Derechos Humanos, iniciativa que si bien, consideran puede presentar algunas insuficiencias, es un paso en la dirección deseada en orden a crear una institucionalidad que promueva, difunda y defienda los derechos humanos en nuestro país; y las condiciones carcelarias en el país, las cuales siguen siendo indignas, acentuándose las precarias e inhumanas condiciones en que viven las personas privadas de libertad.

Como preocupantes: el aumento de las denuncias por abusos policiales, en especial, de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Si bien no se constata que el fenómeno sea sistemático, como en el pasado, si es un flagelo que se ha mantenido; y los conflictos que se han suscitado con comunidades y organizaciones mapuches, cuyo tratamiento represivo han generado problemas que son indiciarios de una falta de comprensión de la verdadera naturaleza de dicho conflicto.

Como tarea pendiente destacan: la reforma a la Justicia Militar y la creación de una Ley de Inmigración.