Febrero 2009


















CHILENOS IMPULSAN DECLARACION DE LOS PUEBLOS

01 de febrero: Con 1.400 millones de personas que en 2009 deberán subsistir con US$2 diarios, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas busca crear rápidamente un instrumento jurídico coercitivo para los estados en la lucha contra la extrema pobreza, según los resultados de una cumbre de especialistas organizada por la ONU, en Ginebra.

Al igual que lo hiciera junto a Argentina, cuando se elaboró la Convención contra las Desapariciones Forzada (2006), la diplomacia francesa vuelve a tomar la delantera.

Esta vez, respaldó las investigaciones de dos expertos chilenos, José Bengoa y Magdalena Sepúlveda, referentes mundiales en la materia.

La instancia se propone lograr antes de fin de año una suerte de "declaración universal" que fije compromisos para quienes pueden influir en frenar el hambre y la miseria: gobiernos, multinacionales, el Banco Mundial y el FMI.

Los "principios rectores" de esta especie de tratado sobre los derechos de los pobres, procuran dejar atrás el idioma menesteroso que moviliza la ayuda humanitaria cuando se trata de paliar las hambrunas y otras necesidades acuciantes en conflictos armados y catástrofes naturales.

Ahora se incorpora la idea de consultar con las comunidades afectadas los planes para erradicar la pobreza, cuya ausencia sería la causa principal del fracaso de muchas iniciativas que se han intentado aplicar en el pasado.

Redactado en el 2006, el texto ha sido desempolvado recientemente por la ONU, para adoptarlo pronto. El modelo original estipula que la miseria y la exclusión social traslucen "una violación de la dignidad humana por lo que se debe dar prioridad a la adopción de medidas en los planos nacional e internacional para eliminarlas".

LA CORTE SUPREMA Y LOS FALLOS DE DERECHOS HUMANOS

03 de febrero: La libertad vigilada con que la Corte Suprema benefició a los asesinos del dirigente del MIR Jecar Nehgme en enero pasado, plantea ciertas dudas respecto del rol del máximo tribunal en los fallos sobre crímenes políticos y violaciones de los derechos humanos.

Ello, no sólo por una cuestión estadística (pues la mayoría de los casos que llegan a la Suprema en estas materias tiende a sufrir una rebaja en las penas), sino también por las particularidades del caso de Nehgme, que escapan a otros emblemáticos crímenes de la dictadura.

Las decisiones recientes se suman a los fallos de septiembre último, en que fueron dejados libres los responsables de la matanza de quince campesinos en Liquiñe, así como los militares sentenciados por la muerte de un suboficial que trataba de asilarse en la embajada de Venezuela en 1978, y los ex agentes de la CNI responsables del homicidio del joven mirista Fernando Vergara en 1984.

La importancia de los fallos sobre derechos humanos se orienta, por lo tanto, no sólo a la aplicación de las leyes (que siempre tienen más de una interpretación o de lo contrario no haría falta más que un juez, y no cinco por cada sala de la Suprema), sino también a la construcción de la memoria del país y a la capacidad de la nación de aprender de los errores.

A ello ha de sumarse, por último, la capacidad de los poderes públicos de seguir los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que Chile ha suscrito y que, aun teniendo carácter vinculante, no parecen estar presentes en los casos señalados.

MIL 100 CRÍMENES DE LA DICTADURA ESTÁN SIN INVESTIGAR

06 de febrero: Sólo el 50% de los 338 procesos que se instruyen en el país por violaciones de los derechos humanos cuentan con una investigación judicial.

Ello significa que sólo en la mitad de las 3 mil 278 víctimas de la pasada dictadura, entre desaparecidos y ejecutados, se está haciendo justicia.

Esta es una de las conclusiones del balance de Derechos Humanos 2008 que dio a conocer la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC).

De acuerdo a la FASIC, esto sucede, entre otras deficiencias del sistema judicial, porque la Corte Suprema en mayo de 2005 eliminó la figura del "juez con dedicación exclusiva" para que se abocaran sólo a investigar este tipo de causas. En cambio, la Suprema traspasó los procesos a 22 magistrados de Corte de Apelaciones en calidad de "ministros en visita".

Sin embargo, estos jueces debieron, además, asumir las otras funciones normales de un ministro de corte, restando así tiempo a la indagatoria en estos juicios.

"No se puede renunciar a investigar el otro 50 por ciento faltante, pues todas fueron víctimas del mismo régimen criminal", dijo la FASIC en su balance.

La organización pidió hace un tiempo a la Corte Suprema que restituya la figura del juez con dedicación exclusiva para estos procesos, pero hasta ahora el pleno del máximo tribunal no responde.

A esto se suma la inquietud de que en diciembre de 2010 se termina en Chile toda la estructura restante del antiguo sistema procesal penal, incluidos los jueces del crimen y la figura del ministro en visita.

De esta manera, todas las causas que se instruyen por delitos de lesa humanidad, incluido el 50 por ciento donde no se investiga, se quedarán sin jueces instructores si a ello no se le encuentra una solución.

AGRUPACIÓN PIDE REAPERTURA PERMANENTE DE COMISIONES VALECH Y RETTIG

07 de febrero: La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Mireya García, acudió al Palacio de La Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, a quien le solicitó que el Gobierno haga las gestiones necesarias para reabrir de forma permanente las comisiones Rettig y Valech, a propósito de los casos que han salido a la luz de falsas víctimas de la dictadura.

La dirigenta dijo que la agrupación quería que se recogieran aquellas denuncias de casos de falsos detenidos desaparecidos, agregando que con esta gestión también se podrá favorecer a quienes no calificaron como víctimas.

García añadió que el último caso de Gustavo Soto Peredo es en extremo complejo y que, con los datos que se manejan en la actualidad, efectivamente no se trataría de una víctima de secuestro permanente. Esto a pesar de que el Gobierno aún no confirma si este caso estuvo mal calificado en la Comisión Rettig.

Y, finalmente, subrayó que es un deseo de la AFDD que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que permita terminar con los 50 años de secreto del Informe Rettig, para así "saber quiénes son los responsables de todas estas situaciones".

GOBIERNO CONFIRMA OTROS DOS CASOS DE FALSOS DD.DD

12 de febrero: El ministro (s) del Interior, Patricio Rosende, confirmó otros dos casos de falsos detenidos desaparecidos, con lo que ascienden a siete las irregularidades en esta materia.

Se trata de Gustavo Edmundo Soto Peredo, quien aparece en el Informe Rettig, pero murió en agosto de 1973, y el de su supuesto hijo Rubén Soto Cabrera -citado también en dicho documento de DDHH- pero que estaría vivo y no se ha podido dar con su paradero.

El caso de Gustavo Edmundo Soto Peredo fue develado por Canal 13, tras conocerse que pese a ser declarado como víctima de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, figura como fallecido en agosto de 1973, en Talcahuano.

El caso de Soto Peredo fue denunciado a la Vicaria de la Solidaridad en 1975 por María Cabrera Silva, quien afirmó ser su conviviente y con quien tenía varios hijos. Ella señaló que su marido era un activo militante comunista y que había sido detenido por militares el 13 de septiembre de 1973 y trasladado al Estadio Nacional, lugar desde donde desapareció. 

Ante los antecedentes entregados, la Comisión Rettig consideró que sí se trataba de un caso de violación de derechos humanos. 

Sin embargo, todos estos datos entregados por Cabrera resultaron ser falsos. Ella no era cónyuge de Soto Peredo, sino del hermano de éste, Héctor Soto Peredo. 

DETENIDO “COLMILLO BLANCO”, AGENTE DEL COMANDO CONJUNTO

13 de febrero: La Policía de Investigaciones detuvo a Otto Trujillo, el agente del Comando Conjunto conocido por su chapa de “Colmillo Blanco”.

En el Cuartel Borgoño de Independencia, el jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Gilberto Loch, entregó antecedentes respecto al arresto, tras lo cual el sujeto fue puesto a disposición de tribunales. 

Trujillo tenía una orden de detención pendiente por el asesinato del militante del PC, David Urrutia, hecho ocurrido en diciembre de 1975.  

El ex agente también está procesado en otras causas de violaciones de derechos humanos, como la depsaracición del  ex militante comunista Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, perpetrado en noviembre de 1975  

“Colmillo Blanco” formaba parte del Comando Conjunto, grupo represor  formado en 1975 por un grupo de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros y civiles de Patria y Libertad para coordinar la represión contra militantes de izquierda, especialmente comunistas y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. 

DD.HH: INFORME DE EE.UU APUNTA A CONDICIONES CARCELARIAS EN CHILE

25  de febrero: El informe de DDHH 2008 sobre Chile publicado por el Departamento de Estado de EEUU, destaca que "el gobierno generalmente respeta los derechos humanos de sus habitantes", pero constata que se han reportado incidentes aislados sobre el excesivo uso de la fuerza y maltrato de parte de la policía, abuso físico y psicológico en cárceles y malas condiciones de vida en prisiones.

En el plano judicial, el texto cita casos pendientes como la muerte de Matías Catrileo en Vilcún, y causas históricas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura que aún están sin condena. No obstante, destaca la confirmación de presidio del general Sergio Arellano Stark por el caso Caravana de la Muerte.  

En cuanto a la situación de las cárceles, el informe señala que las condiciones carcelarias son “pobres”, y asegura que los penales están sobrepoblados, son anticuados, y cuentan con condiciones sanitarias bajo los estándares. Es más, dice que se ha constatado excesivo uso de la fuerza, y daño sistemático, incluso de carácter psicológico contra los reos.  

De todos modos, corrobora que el Gobierno "tomó los pasos necesarios para investigar los casos y castigar a quienes cometieron los abusos". En esta  misma línea, destaca que "las autoridades civiles generalmente mantienen un control sobre las fuerzas policiales".  

CHILE SALE AL PASO POR INFORME DE DD.HH

27 de febrero: Una fuerte respuesta lanzó La Moneda al informe anual de derechos humanos que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. En tono enérgico, el portavoz del Gobierno bajó el perfil a la "autoridad moral" que ese país podría tener para cuestionar la vigencia de los derechos humanos, y "devolvió la mano" asegurando que si bien en Chile hay hacinamiento en las cárceles y persisten los femicidios, "no hay Guantánamo".

De este modo, aludió a la base militar estadounidense -en territorio cubano usurpado- que se instaló como centro de detención de cientos de supuestos terroristas desde el ataque a las Torres Gemelas, el 2001, y que ha sido objeto de duras críticas por parte de la comunidad internacional.

A renglón seguido, el vocero del Ejecutivo destacó que Chile también ha planteado en los organismos multilaterales pertinentes los abusos cometidos por soldados estadounidenses en Irak, así como la preocupación por lo que ha ocurrido en Guantánamo.