06 de agosto: Las críticas por la elección de Marcelo Venegas Palacios como nuevo presidente del Tribunal Constitucional no se hicieron esperar. Esto, por la trayectoria del abogado que asumirá el 28 de agosto, quien durante el régimen militar se desempeñó como director nacional de Comunicación Social (Dinacos). En 1986, aplicó censura previa a los medios de comunicación, luego del atentado que el FPMR realizó contra Augusto Pinochet y por el caso arsenal que se encontró en Carrizal Bajo. Además, el profesional, que es miembro del tribunal desde el 2006, es catalogado como uno de los ministros “conservadores”. Durante la discusión sobre la distribución de la píldora del día después, Venegas tuvo un rol decisivo al votar a favor de la prohibición del fármaco de emergencia.

12 de agosto: En una extensa reunión-almuerzo efectuada en La Moneda, la Conferencia Episcopal informó a la Presidenta Michelle Bachelet que decidió postergar la entrega de su propuesta concreta sobre un indulto humanitario por el Bicentenario.

De acuerdo a lo explicado por monseñor Alejandro Goic al término del encuentro, el documento será presentado al Gobierno "cuando se dé un momento más propicio para el diálogo ciudadano sereno que requiere una iniciativa como ésta", que será "probablemente" después de la elección presidencial.

El prelado aseguró que la Mandataria mostró "la mejor disposición" a discutir esta materia y afirmó que "acogió con mucha benevolencia" el texto con los lineamientos generales que la Iglesia le hizo llegar previamente. "Pero creemos que en el fragor de esta campaña electoral no es oportuno colocar un tema que requiere mucha serenidad, mucho diálogo y mucha paz en los corazones y ella también lo ha asumido así", recalcó.

13 de agosto: El llamado "proceso de recuperación de tierras ancestrales" mediante ocupaciones de predios privados, que es impulsado por comunidades mapuches, cobró su tercera víctima fatal en la Araucanía. Un miembro de la comunidad "Requem Pillán", identificado como Fabián Facundo Mendoza Collío (24), murió producto de un disparo a la altura de la tetilla izquierda, percutado por un funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros, que llegó -a las 15.50 horas- a desalojar el fundo "San Sebastián", de Collipulli, ocupado por 60 indígenas.

El comunero se une a Edmundo álex Lemún (2002) y Matías Catrileo (2008), quienes murieron cuando Carabineros repelía la ocupación de fundos.

Según la versión entregada por el jefe de la IX Zona Policial, general Cristián Llévenes, el carabinero actuó en defensa propia al ser emboscado por mapuches que estaban en la tierra de propiedad de Sergio González Jarpa. Los atacantes salieron de entre los matorrales y el efectivo recibió disparos de perdigones en la cabeza. Sólo su casco y chaleco antibalas evitaron lesiones mayores.

14 de agosto: Un disparo en la cabeza sería el motivo de la muerte de Víctor Jara, según el médico forense español, Francisco Echeverría, del Comité Internacional de Expertos que asesora al SML y quién analizó los restos exhumados el 4 de junio. El profesional concluyó que las funciones vitales cesaron por una herida intracraneala producidas por un par de disparos con arma corta. Aún resta por reconocer el informe final del SML

14 de agosto: "Tratándose de delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de estos ilícitos, que ofenden gravemente los derechos humanos fundamentales, surge como barrera a la impunidad", consigna el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra los tres ex oficiales y seis suboficiales de Ejército que exhumaron de manera ilegal los cuerpos de los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Tras su arresto, las víctimas fueron trasladadas al Regimiento Tacna y, posteriormente, fusiladas en un recinto militar de Peldehue, donde se enterraron sus restos.

Cinco años después, en diciembre de 1978, los sentenciados hicieron desaparecer los cuerpos en la operación que se llamó Retiro de Televisores.

Los condenados son el coronel (R) Hernán Canales Varas (comandante del Regimiento Tacna a 1978), brigadier en retiro José Darrigrandi Marques (comandante del Comando de Aviación del Ejército a 1978), coronel (R) Luis Fuenzalida Rojas (jefe de Inteligencia del Tacna a 1978) y los retirados suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez, Darío Gutiérrez de la Torre, Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz.

El dictamen del máximo tribunal ratificó así, por tres votos contra dos, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, que, en 2008, impuso 270 días de presidio a los ex uniformados por su responsabilidad en los hechos y les otorgó la remisión condicional de la pena.

Para el abogado de FASIC y querellante en el caso, Nelson Caucoto, “el máximo tribunal ratifico lo resuelto por la Corte de Apelaciones y aplicó penas bajas para exhumación de cuerpos. Pero lo que hay que destacar es que las exhumaciones no son simplemente una violación del código sanitario, sino que son el ultimo eslabón en el delito de desaparición forzada de personas y por tanto las exhumaciones son también imprescriptibles, y que constituyen un crimen de lesa humanidad”, sostuvo.

14 de agosto: Once ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) no irán a la cárcel. La Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein. Todos ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.  La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz. Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

El abogado de FASIC y querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación. "Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas".

Dijo que, "hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".

17 de agosto: La campaña iniciada por el Servicio Médico legal (SML) para dar con el paradero de dos mil personas, familiares de detenidos desaparecidos del régimen militar, que no participan de las redes de derechos humanos existentes en el país y que, por tanto, no habían sido informados de la campaña del organismo forense destinada a contar con una base de datos que posibilite la identificación de restos.

El SML está invirtiendo en la publicidad el 5,3% del presupuesto anual de su programa de derechos humanos y ya ha tenido resultados: el primer día cerca de 300 personas se comunicaron con ellos y ya hay más de 10 personas con hora agendada para la toma de muestras.

17 de agosto: En un clima de fuerte tensión, marcado por amenazas de que su muerte será vengada se desarrolló el funeral de Jaime Mendoza Collío (24), en su comunidad Requem Pillán de Ercilla, Región de la Araucanía.

El mapuche murió el miércoles pasado a causa de una bala que disparó un carabinero, en incidentes ocurridos durante el desalojo del fundo "San Sebastián", vecino a su comunidad.

Unas dos mil personas se congregaron en los caminos que llevan a la casa del joven mapuche, cuyo cuerpo fue velado por cuatro días de acuerdo a la tradición indígena. Varios lanzaron consignas en contra del Gobierno, al que acusaron de permitir "que se mate y se torture".

Con la prensa obligada a permanecer al margen por organizados custodios del funeral, a las 16 horas el cortejo enfiló al son de trutrucas y cuernos, hacia el cementerio de la comunidad. Fue un recorrido de 3 kilómetros a pie, con el féretro cargado por sus familiares y por un camino con pendientes. Los autodenominados "weichafes" (guerreros mapuches) encabezaron la columna en la que también se apreciaron indígenas a caballo con lanzas con hojas de canelo en sus puntas.

A lo lejos se observaron varios encapuchados y la ceremonia transcurrió sin incidentes.

Las agresiones llegaron luego hacia algunos profesionales de la prensa que fueron golpeados en sus piernas con coligües, a la llegada al cementerio, en una colina. Allí también está sepultado Alex Lemún, mapuche muerto en 2002.

Allí se desplegaron lienzos amenazantes: "Peñi Jaime, tu sangre será vengada con sangre y fuego" y otros en contra del carabinero autor del disparo.

18 de agosto: Desde el mausoleo de Gendarmería, ubicado en el Cementerio General, serán exhumados los próximos días los restos del ex director de Prisiones Litré Quiroga por decisión del ministro en visita Juan Eduardo Fuentes, quien indaga su muerte y se encuentra afinando los últimos detalles de la diligencia.

La diligencia contribuiría a la investigación del crimen de Quiroga y también a la indagatoria que lleva Fuentes sobre la muerte del cantautor Víctor Jara.

Esto, porque Quiroga integró el mismo grupo en que estuvo detenido el artista en el ex Estadio Chile, y los cuerpos de ambos fueron encontrados el 16 de septiembre de 1973 cerca del Cementerio Metropolitano, junto a otros cuatro cadáveres.

El abogado de FASIC y querellante de ambos casos, Nelson Caucoto, valoró la realización de la diligencia, y aseguró que los antecedentes que se pueden obtener con la exhumación permiten "ampliar el espectro de información".

Además, según el abogado de encontrarse balas en los restos de Quiroga se pueden comparar con las encontradas en el cadáver de Víctor Jara, para indagar si ambos fueron muertos con el mismo tipo de armamento.

21 de agosto: Si ere familiar de una persona desaparecida en la dictadura militar, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificar los cuerpos encontrados y los que se podrían encontrar.

Infórmate y comunícate al 800 440 700/ www.sml.cl

23 de agosto: En noviembre del año pasado se hizo públicamente conocido como el primer "falso detenido desaparecido". Su nombre fue borrado del memorial del Cementerio General, fue interrogado judicialmente, estuvo con arraigo nacional, pero hoy Germán Cofré Martínez (63) retomó su vida normal: Hace cerca de un mes y medio volvió a Argentina, donde formó una nueva familia, tras dejar Chile, y la investigación de su caso estaría próxima a cerrarse, sin responsables.

Lo mismo ocurriría, con la mitad de los 8 casos erróneos de detenidos desaparecidos. En ellos no se habría acreditado la intención de defraudar al fisco, y en dos meses más la investigación completa, que ahora lleva el ministro Alejandro Solís, podría ser cerrada.

Mientras tanto, Germán Cofré, desde la rural provincia de San Martín -distante a 45 kilómetros de Mendoza- se comunica periódicamente con sus tres hijos chilenos, y pretende visitarlos para las Fiestas Patrias. Así lo afirmó uno de ellos, Israel, quien le dio alojamiento los ocho meses que estuvo en Chile. Aunque el ministro Carlos Gajardo, el primero en indagar el caso, le impuso el arraigo nacional al "falso desaparecido", decidió levantar dicha medida antes de ser trasladado de la Corte de Apelaciones de Santiago a la de San Miguel y de entregar el caso al magistrado Alejandro Solís.

Respecto de la investigación judicial, Israel recuerda que fue interrogado junto a sus hermanos. "No había nada que declarar en realidad, si fue un asunto que lo agrandaron tanto, buscando un culpable, y el papá nunca fue culpable de nada".

23 de agosto: "Mi hijo podrá ver y escuchar mi testimonio y el de muchos más y, por fin, creerá lo que yo viví", dice con los ojos humedecidos por la emoción el ex dirigente campesino y mapuche Mario Carril Huenumán, que estuvo un par de años encarcelado en el Regimiento Tucapel de Temuco, donde sufrió -como la inmensa mayoría de los presos políticos tras el golpe militar de 1973- torturas y vejaciones.

Su nombre hoy está en la lista del Informe Valech, trabaja como taxista, y es uno de los testigos de cargo contra un ex fiscal militar que está preso en Italia por su responsabilidad en la desaparición del sacerdote Omar Venturelli.

El cura y el dirigente campesino compartieron celda en el regimiento temuquense; el primero desapareció, el segundo pudo dejar su testimonio que podrá ser visto y oído desde enero próximo en el Museo de la Memoria.

El Museo de la Memoria está emplazado en un eje de desarrollo cultural y barrial en la zona poniente de Santiago y albergará retazos de la historia reciente de Chile, aquella que partió con el bombardeo a La Moneda la mañana del martes 11 de septiembre.

Desde septiembre de 2007, una quincena de profesionales de distintas disciplinas está desarrollando el diseño museográfico, que es dirigido por la periodista Marcia Scantlebury

El proyecto del Museo de la Memoria ha comenzado a hurgar en los lugares más recónditos de Chile y el mundo para recoger un legado para los historiadores del futuro.

El patrimonio del museo se ha ido formando desde distintas vertientes. Los primeros documentos provienen de los testimonios recogidos y plasmados en los informes Rettig y Valech.

También incluye el material entregado por la Casa de la Memoria que reúne a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee) y Teleanálisis.

A ello se agregan las donaciones, entregas en comodato o por legado testamentario, entre otras modalidades, entregadas por organizaciones o particulares.

También los registros de la Cancillería cuando enviaba instrucciones a las embajadas sobre cómo tratar las condenas y censuras de la comunidad internacional a la dictadura militar.

Así como los "decretos secretos" que promulgó el general Augusto Pinochet durante los 17 años de su régimen y que pronto serán públicos cuando el Congreso levante sus reservas. Todo eso y mucho más será parte del Museo Nacional de la Memoria, para que el hijo del campesino Mario Carril Huenumán -como muchos otros- le crea a su padre que vivió esta historia y pueda "mirarla de frente".

24 de agosto: Las comunidades mapuches de la Araucanía, agrupadas en Alianza Territorial Mapuche, anunciaron que mantendrán las movilizaciones por la recuperación de tierras iniciadas el 23 de julio último hasta que la Presidenta Michelle Bachelet se comprometa a viajar a la zona y a dialogar con ellos.

Los lonkos y werkenes que se reunieron el sábado, en el sector del lago Budi de la localidad de Puerto Domínguez, aseguraron que darán las garantías para que la Mandataria no tenga problemas y prometieron una tregua.

En ese sentido, el lonko Jorge Calfuqueo rechazó la posibilidad de reunirse con delegados de gobierno, pues buscan hablar personalmente con la Presidenta evitando intermediarios.

Asimismo, refutó las declaraciones del obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, quien aseguró que no era conveniente que Bachelet visitara la Araucanía.

25 de agosto: Pablo Duque Escobedo (36) nunca conoció a su padre, el obrero agrícola Patricio Duque Orellana, ya que estaba en el vientre materno cuando militares entraron a su casa en Paine y lo secuestraron en octubre de 1973 tras el golpe militar. Nunca más supo de su progenitor hasta que en 1994 el Servicio Médico Legal (SML) aseguró haberlo identificado entre los restos hallados en la fosa clandestina del patio 29 del Cementerio General, situación que devolvió en parte el sosiego a esta familia.

Sin embargo, en 2003 a raíz de nuevas investigaciones Pablo, su madre Mercedes y sus hermanos José y Rebeca volvieron a sufrir la pérdida de Duque al enterarse que los restos fueron mal identificados y las osamentas no correspondían a él sino a otra persona sufriendo así un enorme daño emocional.

La Corte de Apelaciones de Santiago -en resolución dividida- ratificó por primera vez que el Estado de Chile es el responsable de estos perjuicios y por ende lo condenó a cancelar el monto indemnizatorio de $25 millones a estos familiares como forma de reparación. El fallo establece que se deben cancelar $10 millones a Rebeca Escobedo Carreño (cónyuge de la víctima) y $5 millones a cada uno de los tres hijos de este matrimonio.

"El Estado no cumplió debidamente con la obligación que le asistía, toda vez que procedió a entregar a los familiares los restos óseos de un tercero, como si ellos correspondieran al pariente de ellos motivado por pericias erróneas elaborados por funcionarios de esa repartición", versa la resolución. Asimismo, se hace cargo de que la entidad legista en esa época no contaba con los medios necesarios para dar certeza en un 100% a la identificación de restos óseos y que incluso los procesos entregaban un 91% de certeza. A pesar de esto, los ministros Alfredo Pfeiffer y Mario Rojas fueron del parecer de acceder al pago por el daño moral causado a las familias, quienes sólo 10 años después supieron que los restos sepultados no eran de su pariente.

31 de agosto: La presidenta de la corporación de Parque Por la Paz Villa Grimaldi, Margarita Romero, llamó al  Gobierno a aclarar la denuncia hecha por el diario La Nación, que reveló que el Ejército mantiene contratos a honorarios con ex agentes de la DINA. "El hecho en que todavía se mantengan en sus filas militares que han sido procesados y condenados, me parece inaceptable", manifestó.

Romero hizo estas declaraciones luego del acto organizado por organizaciones de Derechos Humanos en Villa Grimaldi en conmemoración del día del Detenido Desaparecido, acotando que La Moneda "debería pedir explicaciones".
Asimismo, Romero declaró que el Ejército chileno "no ha dado muestras de querer cooperar en la verdad acerca de las desapariciones y los crímenes cometidos por la dictadura", calificando a la denuncia realizada por el periódico como "una ofensa a los familiares y a la sociedad chilena".