Septiembre 2009


















ORDENAN MEJORAR CONDICIONES DE REOS DE COLINA 2

01 de septiembre: Treinta días es el plazo que la Corte de Apelaciones de Santiago le dio a Gendarmería para que informe de todas las medidas que, con carácter de urgente, le fueron ordenadas a favor de los reclusos del penal Colina 2. Esto, luego que 22 de los reos aislados en celdas de castigo denunciaran a través de un recurso de amparo las condiciones infrahumanas de hacinamiento y maltrato en las cuales están viviendo.

El tribunal de alzada capitalino fue lapidario en contra de la entidad penitenciaria, pues el propio ministro Cornelio Villarroel -que preside el tribunal- constató en terreno las condiciones de los internos de este penal luego que los demás integrantes de la sétima sala solicitaran esta medida para mejor resolver.

VIDAL DEFIENDE PRESUNCIÒN DE INOCENCIA DE EX MILITARES E IRRITA A LA CONCERTACIÓN

01 de septiembre: "Hemos manifestado a las instituciones la no conveniencia de la permanencia de personas que estuvieron involucradas en este tipo de juicios y procesos", señaló en abril de 2002, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, al revelar su reparo expresado al Ejército por el contrato a honorarios de los brigadieres (R) Miguel Krassnoff (ex DINA) y Jaime Lepe, (ex jefe de seguridad de Pinochet), ambos involucrados en causas de DD.HH.

La presión del gobierno fue recogida parcialmente por el Ejército, quien desvinculó a algunos ex agentes, pero mantuvo los contratos a otros ex militares. La explicación de entonces en Defensa era que el Ejecutivo no tenía facultades para interferir en las contrataciones.

A siete años de aquel episodio, La Moneda vuelve a encarar un capítulo similar tras la denuncia realizada en La Nación de que al menos tres ex agentes procesados de la DINA y la CNI -además de otros no encausados- trabajan a honorarios en la institución.

El titular de Defensa, Francisco Vidal, dijo que tenía una opinión sobre el tema, pero antepuso el principio de presunción de inocencia para ex militares recontratados: "El procesamiento no implica culpabilidad (…) El principio de la presunción de inocencia está ganado desde la Revolución Francesa y la presunción de inocencia no funciona cuando me conviene o cuando no, cuando son de los míos hay presunción de inocencia, pero cuando son de los otros no. Lo que nos diferencia a los demócratas con los no demócratas, es el respeto a los principios aunque duela", dijo.

JUEZ PROCESÓ A 129 EX AGENTES DE LA DINA COMO COAUTORES DE SECUESTRO CALIFICADO

02 de septiembre: El ministro Víctor Montiglio procesó a 129 ex agentes de la DINA por crímenes de lesa humanidad, cometidos en las operaciones Colombo y Cóndor y en el episodio de Calle Conferencia, donde se exterminó a la dirección clandestina del partido Comunista en 1976.

El juez dictó para ello 59 resoluciones de encausamiento, constituyéndose el hecho en el procesamiento más masivo de toda la historia de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según se informó, más de la mitad de los procesados son nuevos, vale decir, ex agentes que nunca antes habían sido encausados ni detenidos. Los encausamientos son bajo los cargos de co autores de secuestro calificado y recaen entre otros, contra los  oficiales retirados del ejército César Manríquez, Manuel  Carevic, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino. 

RECHAZAN REPONER PENA DE MUERTE

02 de septiembre: La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó por unanimidad el proyecto de ley presentado por algunos diputados de derecha para reponer la pena de muerte, luego de que la mayoría de los parlamentarios consideraran que la iniciativa adolecía de un vicio de constitucionalidad.

CORTE REVISARÁ LIBERTAD DE LOS DETENIDOS POR ATAQUE A LA PDI

04 de septiembre: Un suspiro de alivio lanzaron los familiares de los dos universitarios detenidos por el ataque anarquista al cuartel de la PDI en Providencia, cuando el tribunal rechazó la prisión preventiva para ambos.

Incluso, alguien salió a avisar a los que no pudieron entrar a la audiencia y se escucharon gritos de satisfacción y aplausos. Pero la alegría les duró poco.

Pablo Alonso Carvajal Aracena (19) y Matías Josué Castro Aguilera (20), alumnos de Derecho y Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, respectivamente, seguirán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva, si proceden las medidas cautelares que decretó la magistrada Marcela Figueroa, titular del 8º Juzgado de Garantía de la capital. Estas medidas son arresto domiciliario nocturno (de 22 a 6 horas) y arraigo nacional para los dos jóvenes.

La jueza no dio por probado el delito de homicidio frustrado del subinspector Israel Andrade Oporto (29) como pretendían la Fiscalía Oriente y la PDI, que se hizo parte a través de una querella.

En cambio, la magistrada acreditó lesiones menos graves en la persona del detective, junto con los ilícitos de porte de bombas incendiarias y, sólo en el caso de Castro, porte de arma de fuego.

CORTE RECHAZA AMPARO A EX LÌDER FRENTISTA

08 de septiembre: La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del ex líder frentista Juan Gutiérrez Fischman, supuesto autor intelectual del crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán.
Los magistrados desestimaron, esta mañana, la acción judicial que cuestionaba que existiera una orden de detención vigente en contra del también conocido comandante “Chele”, pese a que éste no ha sido procesado. El abogado Alberto Espinoza catalogaba la medida como “ilegal y arbitraria”.

Juan Gutiérrez permanece en la clandestinidad desde abril de 1991, cuando el fundador de la UDI fue víctima de un atentado a la salida del campus Oriente de la Universidad Católica. A principios de los 90, Juan Gutiérrez era uno de los máximos líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y tenía mando sobre Mauricio Hernández Normabuena, actualmente detenido en Brasil como responsable del secuestro de un publicista brasileño.

CONDENAN A CONTRERAS POR CASO LUMI VIDELA

08 de septiembre: La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la indagatoria por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina y el homicidio calificado de Lumi Videla Moya, hechos ocurridos en septiembre de 1974 y el 3 de noviembre del mismo año, en la Región Metropolitana.

En fallo dividido los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller condenaron al director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras a cinco años de cárcel por su autoría en el secuestro de Pérez Molina, y a 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla, ambas penas sin beneficios. Asimismo, igual sentencia sufrió el retirado brigadier Miguel Krassnoff Martchentko por su responsabilidad en ambos hechos.

En tanto, los coroneles en retiro Cristopher Jimiquee Floel y Marcelo Moren Brito; y el teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, fueron sentenciados a 10 años y un día de reclusión por su responsabilidad como autores en el homicidio de Lumi Videla.

A su vez, los jueces decretaron cinco años de prisión para el suboficial en retiro Basclay Zapata Reyes por su complicidad en el homicidio de Lumi Videla. Para el oficial (R) Ciro Torre Sáez, en tanto, se le condenó a igual cantidad de años tras las rejas por su responsabilidad como autor en el secuestro de Sergio Pérez, concediéndose el beneficio de la libertad vigilada. Tanto el ministro Segura como el juez Ballesteros fueron partidarios acoger el principio de la prescripción de la acción penal.

Lumi Videla y su esposo Sergio Pérez Molina fueron secuestrados por la DINA el 21 de septiembre de 1974. Mientras ella falleció en el centro de detención José Domingo Cañas, su cónyuge desapareció desde ese mismo lugar. El cuerpo de Lumi Videla fue arrojado al jardín de la embajada de Italia, en Providencia.

JUEZ ACUSA A EX MIEMBROS DE LA DINA POR ARISTA DEL CASO SORIA

09 de septiembre: El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid dictó ayer una acusación contra ex integrantes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y presentación de testigos o declaraciones falsas, en una arista de la investigación sobre el crimen del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

Madrid acusó de falsificación de instrumento público al ex fiscal militar Sergio Cea Cienfuegos y al brigadier (r) Jaime Lepe Orellana; y como cómplice, a Leonardo García Pérez.

Por asociación ilícita acusó al teniente coronel (r) René Quilhot Palma, al brigadier Lepe, al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, al suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos y a Fernán González Fernández.

Y, además, acusó a Lepe, Covarrubias, Quilhot, Quilodrán y González por haber ofrecido regalos a un testigo del crimen para que cambiara su declaración.

BACHELET CONMEMORA SU ÚLTIMO “11” COMO PRESIDENTA CON LA VOZ DE ALLENDE

11 de septiembre: Ante la presencia de unas 500 personas, encabezadas por la Presidenta Michelle Bachelet, se escuchó en el Palacio de La Moneda, por primera vez en 36 años, el último discurso que emitió el 11 de septiembre de 1973 el ex jefe de Estado socialista, Salvador Allende. Esta fue parte del acto organizado por La Moneda para conmemorar los 36 años de la intervención militar, en la cual hubo un acto litúrgico cargado de simbolismos —con la orquesta de la Universidad Mayor interpretando “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara— y que es la última ceremonia del “11” encabezada por la Presidenta Bachelet.

La actividad, que se realizó con una gran producción, contó con la presencia de ministros de Estado, encabezados por el titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma (DC), quien se fundió en un gran abrazo con la diputada Isabel Allende. También estaba Carmen, la otra hija de Allende, además de la nieta Marcia Tambutti.

Luego de las oraciones del capellán Percival Cowley y de la homilía de la capellana Juana Albornoz, Bachelet hizo un recorrido por el sector de las placas recordatorias, depositando rosas blancas en el memorial y el salón Blanco.

En su discurso, Bachelet señaló que “existe un pasado que aún genera controversia entre los chilenos, pero ejemplos como el del Presidente Allende colaboran en ese reencuentro, porque la consecuencia, la moral, los valores democráticos son hoy base de nuestra convivencia. Los valores que el Presidente Allende defendió hasta el último día”.

REBAJAN PENAS A ASESINOS DE CURA GERARDO POBLETE

11 de septiembre: De diez a seis años de cárcel fueron rebajadas las penas para los dos ex cabos de Carabineros acusados de asesinar mediante brutales torturas al cura salesiano Gerardo Francisco Poblete Fernández, quien fue detenido en Iquique tras el golpe militar de 1973.

La Corte Suprema, en el último trámite judicial de este caso, aplicó ayer la “media prescripción” como atenuante para los condenados Blas Barraza Quinteros y a Froilán Mondaca Sáez, quienes fueron sindicados como autores materiales del homicidio del religioso.

Esta situación provocó que las condenas para ambos agentes represivos se mitigara considerablemente, pese a que no se otorgó ningún otro beneficio por lo que ambos ex uniformados deberán cumplir sus condenas de forma efectiva.

EJÉRCITO CADUCÓ CONTRATOS DE EX AGENTES, PERO MANTUVO A LOS ACTIVOS

09 de septiembre: El Ejército caducó los contratos de diez ex agentes o miembros de la institución que pertenecieron a la DINA o CNI, todos en retiro, que se encuentran procesados por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el coronel Marco Antonio Bustos y los suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, los tres en servicio activo y también procesados por delitos de lesa humanidad, no serán dados de baja y se mantendrán en el Ejército hasta que sobre ellos pese una sentencia ejecutoriada.

Bustos está encausado por el secuestro y desaparición en 1987 de los cinco militantes del FPMR, y los dos suboficiales están procesados y formalmente acusados por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Esa fue la información que entregó ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta.

EX DINA PROCESADOS: CORTE LIBERA A 62 Y DEJA A 22 EN PRISIÓN

12 de septiembre: Criterios dispares tuvieron las tres salas de la Corte de Apelaciones de Santiago que se pronunciaron sobre las libertades que el ministro Víctor Montiglio concedió a 84 de los 129 ex agentes de la DINA procesados como coautores de secuestro calificado en los casos "Operación Colombo", "Calle Conferencia" y "Cóndor".

De los 129, 62 quedaron libres y 22 seguirán detenidos. La Cuarta Sala mantuvo en prisión a 15; la Quinta Sala les otorgó la libertad a 17 ex agentes, y otros 7 seguirán presos por constituir un peligro para la sociedad. La Sexta Sala dejó libres a 45.

JUEZ SOLÍS PROCESARÁ EN CASO FALSOS DETENIDOS DESAPARECIDOS

14 de septiembre: El juez chileno Alejandro Solís procesará por delito de fraude al fisco a los familiares de cuatro de los nueve casos de falsos detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Se están acumulando los antecedentes que pueden llegar eventualmente a un procesamiento", explicó el juez, quien añadió que en los cinco casos restantes no hubo dolo, sino desconocimiento por parte de los familiares del paradero de esas personas.

El informe Rettig de 1991 sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar cifró en 3.197 las víctimas del gobierno de facto, de las que 1.185 fueron detenidos desaparecidos, y el Estado otorgó pensiones a sus familiares.

Uno de los cuatro casos sospechosos es el de Gustavo Soto Peredo, que falleció a causa de una puñalada en el corazón en 1990 y cuyo hijo cobró hasta 2005 pensiones que suman diez millones de pesos (unos 18.000 dólares).

A él se suman los casos de Pedro Millas Márquez, quien falleció en un accidente ferroviario en 1982; Carlos Muñoz Mejías, muerto en un accidente de tránsito en 1973, y Carlos Rojas Campos, que vive en Buenos Aires.

Además, el juez Solís ha dictado el sobreseimiento de dos de los casos denunciados y en los próximos días cerrará los otros tres.

SUPREMA REVOCA ORDEN DE CAPTURA CONTRA EL “CHELE”

15 de septiembre: No existen antecedentes ni pruebas en el proceso judicial que relacionen a Juan Gutiérrez Fischman con el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz, cometido el 1 de abril de 1991 en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica.

Bajo estos argumentos la Sala Penal de la Corte Suprema revocó la orden de detención que existe desde hace trece años en contra del otrora líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que en su momento fue sindicado como autor intelectual en el homicidio del fundador del partido político ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI).

ENTRÓ EN VIGENCIA EL CONVENIO 169 DE LA OIT

16 de septiembre: El primer paso para la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se dio a conocer ayer en La Moneda, el mismo día en que el tratado internacional comenzó a regir en nuestro país.

El ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de la política indígena del gobierno, José Antonio Viera-Gallo, junto a la representante de la OIT, Kirsten Maria Schapira-Felderhoff, explicó el reglamento provisorio que regula los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas.

“Lo importante aquí son los derechos de consulta, participación, preafirmación de todo lo que es su identidad propia y al mismo tiempo la valoración de la costumbre como fuente del derecho”, dijo Viera-Gallo, quien informó que el reglamento está en Contraloría.

“Siguiendo la recomendación del James Anaya (relator de pueblos originarios de Naciones Unidas), junto con tomar razón vamos a consultarlo a lo largo de todo el país y según eso se harán los cambios y modificaciones que se estimen pertinentes. No pudo ser consultado antes por la estrechez del tiempo”, explicó.

Aunque muchas reglas del convenio deberán ser implementadas paulatinamente, el tema de la consulta debía estar listo para el día de ayer, sino Chile hubiera incumplido el 169. Por eso se lanzó el documento previa consulta.

CLAUS ROXIN: SECUESTRO PERMANENTE Y HOMICIDIOS DEBERÍA SER IMPRESCRIPTIBLES

23 de septiembre: El alemán Claus Roxin (78) es una eminencia en la judicatura mundial. En Chile es frecuente que la Corte Suprema lo cite en sus fallos. Por eso, el máximo tribunal aprovechó su visita a Santiago -la Universidad Andrés Bello le conferirá un doctorado Honoris Causa- para invitarlo a una reunión protocolar. Allí, y requerido por los casos en que la Suprema ha aplicado prescripción o media prescripción en casos de DD.HH., Roxin afirmó que los asesinatos y el secuestro permanente vinculado a homicidio deberían ser imprescriptibles.
Aludiendo a su país, Roxin explicó que "la jurisprudencia, presionada por el contexto internacional", ha determinado que "sólo en el caso del tipo penal de asesinato el delito es imprescriptible. En otros delitos, aunque atenten contra DD.HH., se ha admitido la prescriptibilidad", diferencia que estima "correcta". Si el secuestro permanente está vinculado a asesinatos, agregó, no debería prescribir.

EX AGENTES REVIVIERON MATANZA DE MIRISTAS EN CONCEPCIÓN

24 de septiembre: Un amplio operativo policial interrumpió la rutina diaria que se vive en la Vega Monumental, probablemente uno de los lugares más concurridos de Concepción.

El ministro Carlos Aldana llegaba al lugar trayendo una escolta policial que custodiaba la presencia de 30 ex agentes de la CNI que el 23 de agosto de 1984 asesinaron a sangre fría a tres militantes del MIR.

Horas antes se había constituido en el sector de Hualpencillo, lugar donde fue encontrado el cadáver de Luciano Aedo Arias, con un balazo en la cabeza. Grupos de seguridad del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de la PDI y Carabineros fuertemente armados custodiaron el lugar.

Un grupo de familiares de las víctimas se agolpó en el lugar para repudiar la presencia de los ex agentes y exigir justicia.

La escena del crimen se preparó con un minibús y actores que representaron a las víctimas, Nelson Herrera y Mario Lagos, que fueron acribillados en el lugar. Posteriormente, se trasladaron hasta el sector de Santa Juana, donde Lagos fue llevado agonizante para simular un enfrentamiento.

Todo se trató de un montaje, denominado Operación Carbón 1, mediante el cual la dirección metropolitana y la dirección regional de la CNI coordinaron una matanza que en dos días terminó con la vida de siete miristas en las ciudades de Los Ángeles, Temuco, Valdivia, La Unión, además de Concepción.

GOBIERNO NIEGA ABUSO DE LEY ANTITERRORISTA

25 de septiembre: Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, el gobierno negó un uso abusivo de la ley antiterrorista en contra de la comunidad mapuche.

Durante el debate de aprobación del informe final del Examen Periódico Universal (EPU), el embajador chileno Carlos Portales precisó la situación de los DDHH en el país, ante las recomendaciones de la República Checa, que en la fase previa requirió una revisión de la Ley Antiterrorista, para impedir que se la use como cobertura en la represión de los mapuches. Ante este requerimiento, el embajador Portales planteó que “los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena”.

Detalló que entre el año 1999 y 2009, la ley antiterrorista sólo se ha invocado en 16 casos. Y en “sólo dos ocasiones a personas de origen indígena", remarcó.

DICTAN CONDENAS EN CASO ACADEMIA DE GUERRA AÉREA

29 de septiembre: En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema condenaron a los generales (r) de la FACh Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jonquera a 3 años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por el delito de tormentos o rigor innecesario, causando lesiones graves en perjuicio de 17 personas que estuvieron recluidas en la Academia de Guerra Aérea (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.

Esta es la primera vez que el máximo tribunal establece que las torturas son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, tal como las ejecuciones extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.

En el fallo se señala que "el presente ilícito fue efectuado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas por agentes del Estado".

En el aspecto civil, Cevallos Jones debe pagar una indemnización de 10 millones de pesos a cada una de las 17 víctimas.