Octubre 2009


















NUEVA CONDENA PARA CÙPULA DE LA DINA

01 de octubre: En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller dictaron condenas contra la cúpula de la DINA por el secuestro calificado de dos militantes del MIR.

Se trata del caso de Cecilia Bojanic Abad, militante del MIR embaraza de cuatro meses, que junto a su pareja Flavio Oyarzún Soto, desaparecieron el 2 de octubre de 1974 en  la comuna de Santiago.

Por ello, el ex director de la DINA, Manuel Contreras, recibió una condena de 10 años y un día de presidio,  mientras que los ex agentes Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Fernando Laureani y Maximiliano Ferrer, fueron condenados a cuatro años con el beneficio de la libertad vigilada.

En tanto, el ex director de Gendarmería Orlando Manzo Durán recibió tres años de presidio, pero con remisión condicional.

SML IDENTIFICA A EJECUTADO POLÌTICO QUE NO FIGURABA EN INFORMA RETTEG

06 de octubre: El Servicio Médico Legal (SML) identificó los restos óseos del militante del MIR Nelson Araneda Loaiza, ejecutado político de 35 años al momento de su muerte, quien no figuraba en los registros oficiales de víctimas de violaciones a los derechos humanos consignadas en el Informe Rettig.

Araneda Loaiza fue hallado muerto junto a otras 3 personas en un auto incendiado en el camino a Las Vizcachas el 10 de noviembre de 1981. Sus restos óseos fueron exhumados en 2006 y corresponden a un cadáver que ingresó carbonizado al Servicio Médico Legal en 1981, cuyo destino final fue el Patio 29 del Cementerio General.

El director nacional del SML, Patricio Bustos Streeter, evacuó el informe pericial (Protocolo de Identificación) al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, y entregó a la familia los primeros resultados positivos bajo el nuevo sistema de identificación forense que lleva a cabo el organismo.

Luego de las pericias antropológicas, odontológicas y de causa de muerte (esta última realizada por el perito español Francisco Excheverría), realizadas por el Servicio Médico Legal, las muestras óseas de la víctima fueron enviadas al laboratorio de Innsbruck en Austria, donde se llevó a cabo la pericia genética mediante la comparación del ADN de dos hermanos, arrojando resultados positivos.

CASO HUBER: HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL PARA OFICIALES ( R )

05 de octubre: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Claudio Pavez, resolvió condenar a cuatro de los cinco oficiales del ejército acusados por el crimen del coronel Gerardo Huber, ocurrido en 1992 tras detectarse una exportación ilegal de armas a Croacia.

Después de cuatro años de indagatoria, el magistrado determinó absolver de los cargos de homicidio calificado y asociación ilícita al ex jefe de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias y sentenciar a 541 días de presidio solo por homicidio calificado al ex director de Logística del Ejército y jefe de Huber, general (R) Carlos Krumm.

En los casos del subdirector, Víctor Lizárraga este recibió una pena de 10 años de cárcel por ambos ilícitos y 8 años de cárcel para  el brigadier y ex jefe del Batallón de  Inteligencia, Manuel Provis; en tanto para el amigo de Huber, coronel (R) Julio Muñoz se dictaron 600 días de cárcel.

El ministro Pavez estimó que por las características de los hechos, los condenados no podían ser beneficiados con penas remitidas por lo que deberán cumplir las condenas con reclusión efectiva.

 DECLARAN MONUMENTO NACIONAL EL ESTADIO VÌCTOR JARA

15 de octubre: “Si hasta los militares votaron a favor”, comenta emocionada la directora de la Fundación Víctor Jara, Gloria König. Eso le dijeron sobre la sesión que la tarde de ayer decidió por unanimidad otorgar el estatus de Monumento Nacional al emblemático Estadio Víctor Jara. “Contentos, emocionados y satisfechos”, complementa König luego de conocer y vivir esta determinante decisión. “Que se declare monumento nacional por la memoria de Chile es un paso importante y significativo”, dice.

CONFIRMAN CONDENAS POR SECUESTRO DE SACERDOTE LLIDÒ

16 de octubre: La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, ocurrido en octubre de 1973 en Santiago.

En fallo de la Tercera Sala del tribunal de alzada los ministros ratificaron el fallo de primera instancia del ministro Jorge Zepeda Arancibia, que estableció siete años de presidio por su responsabilidad como autor al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y a otros tres agentes de inteligencia del Estado.

En el aspecto civil se ratificó la decisión que condena al Fisco a pagar una indemnización de $ 100 millones a la hermana del sacerdote Josefina Llidó Mengual.
El religioso se unió durante la Unidad Popular al Movimiento de Cristianos por el Socialismo, con ese fin se reunió con 80 sacerdotes con quien discutió sobre el camino que debía seguir la iglesia en aquella época.

Posteriormente se hizo militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Durante el 11 de septiembre de 1973, Llidó se dirigió a la fábrica textil Rayón Said, en Quillota, a oponer resistencia a los militares que cercaban la industria. Pasa a la clandestinidad.
Fue detenido aproximadamente el 1 de octubre de 1973 por agentes de la DINA. Su arresto está relacionado con la detención de varios militantes miristas. Fue encarcelado en un primer momento en el recinto de José Domingo Cañas, donde fue víctima de torturas repetidas. Es trasladado a la prisión de Cuatro Álamos, donde continúan las sesiones de tortura. Se le pierde el rastro aproximadamente el 25 de octubre del mismo año, cuando fue sacado de la prisión clandestina sin destino conocido. Según el convencimiento de la Comisión Rettig, Llidó fue entonces asesinado por agentes del estado, y su cadáver fue hecho desaparecer.

JUEZ INTERROGA A CORBALÁN POR DESAPARICIÓN DE FRENTISTAS EN 1987

16 de octubre: El ministro en visita Mario Carroza llegó hasta el Penal Punta Peuco para interrogar al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, en una de las últimas diligencias del proceso por la desaparición forzada de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrida en 1987.

Con esta diligencia y la toma de declaración del otrora encargado de la brigada “azul” de la CNI, Krantz Bauer, se culmina con las más de 40 diligencias que la Corte de Apelaciones de Santiago dio curso luego que el Programa de DDHH del Ministerio del Interior solicitara la reapertura del caso, que había sido cerrado en abril por el magistrado.

Con los nuevos antecedentes allegados a la causa, los querellantes quedan en condiciones para solicitar formalmente al juez Carroza que someta a proceso por el delito de secuestro calificado al el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Ricardo Ortega Prado, quien el 21 de agosto pasado declaró en calidad de inculpado en el Hotel Militar.

Esto último, pues -según los antecedentes del caso- en 1987 Ortega tenía grado de mayor y tenía a su cargo el denominado “G4” que era un comando especial del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y al cual se le otorgó como función, en esa época, labores de vigilancia a grupos opositores a la dictadura en la Región Metropolitana.

El BIE era el brazo operativo del DINE lo que vincularía directamente a Ortega en las operaciones que hubo entorno a los secuestros de los miembros del FPMR, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julián Peña, Julio Muñoz y Alejandro Pinochet, ocurridos entre el 9 y 11 de septiembre.

 “MAMO” VA A LA CORTE DE DDHH

16 de octubre: El ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que impugne la doble cadena perpetua dictada en su contra como autor de los asesinatos del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

En la mismo sentido, Contreras  solicitará a la Cámara que acuse constitucionalmente a todos los jueces que han investigado el caso Prats y que la justicia revise la tramitación de extradición del agente norteamericano Michael Townley, quien otorgó el testimonio clave con el cual se aclaró este doble homicidio.

CDE Y BANCO DE CHILE SELLAN ACUERDO POR FORTUNA DE PINOCHET

17 de octubre: La demanda que el Consejo de Defensa del Estado puso contra el Banco de Chile por el ocultamiento de la cuestionada fortuna de Augusto Pinochet, tuvo su punto final. Se acordó que el banco pagará 2 millones 250 mil dólares (más un impuesto de US 787.500) para que el Estado desista de la acción legal.

LONDRES 38: JUEZ PROCESA A CÚPULA DE LA DINA POR DESAPARICIÓN DE SECRETARIO POLÍTICO DEL PC

27 de octubre: El ministro de fuero Alejandro Solís dictó un auto de procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Riveros Villavicencio, ocurrido a partir del 15 de agosto de 1974, en la comuna de Santiago.

La víctima desempeñaba en esa época el cargo de secretario político del Partido Comunista (PC) en la comuna de Conchalí y, según consta en el expediente, fue detenido por la DINA y luego llevado hasta el recinto de detención Londres 38 desde donde se perdió su pista.

El juez Solís dictó el procesamiento de Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Nelson Paz Bustamante. Los tres primeros fueron notificados de esta resolución en sus recintos de detención, mientras que Bustamante, que estaba en libertad, quedó recluido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

APROBADA FACULTAD DEL INSTITUTO DE DD.HH PARA INICIAR JUICIOS

28 de octubre: Por unanimidad aprobó ayer la Cámara de Diputados el veto enviado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, al proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que busca facultar al organismo para que pueda iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad.

En envío del veto por parte de la Mandataria responde al cumplimiento de un acuerdo con las bancadas de la Concertación, que abogaron porque se incorporaran las consideraciones expresadas por Naciones Unidas y organismos de Derechos Humanos.

El nuevo organismo quedó de esta manera en condiciones de ser creado bajo la modalidad de una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin control jerárquico.

Entre otras consideraciones, el proyecto refuerza las políticas de reparación, estableciendo nuevas pensiones para los menores de edad nacidos en prisión y para los familiares de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos (DDHH). Asimismo, propone que el informe que cada año publique el instituto pueda ser presentado a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a instituciones dedicadas a la defensa y promoción de los DDHH.