Actualizado el
miércoles, 5 enero 2005



Enero 1998
 Corte Suprema ordenó reabrir proceso por caso "Operación Albania".
3 de enero : La 2º sala de la Corte Suprema reabrió la totalidad de la investigación sobre la muerte de doce miembros del Frente Manuel Rodríguez, ocurridas en junio de 1987, y ordenó a la justicia militar una serie de diligencias destinadas a aclarar la identidad de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que intervinieron en los hechos conocidos como "Operación Albania".
Para el abogado de FASIC, defensor de los familiares de las víctimas, Nelson Caucoto, el fallo compromete al Estado en la búsqueda de los responsables de los hechos, puesto que hasta ahora en el proceso no se ha establecido quiénes intervinieron en los operativos.
 Diputados DC acusarán constitucionalmente a Pinochet.
4 de enero : La bancada de diputados demócratas cristianos, anunciaron la presentación, durante los próximos días, de una acusación constitucional en contra del general Pinochet basada en que sus dichos y acciones se excederían de las atribuciones que le corresponden y comprometerían el honor y la seguridad nacional. Este recurso consideraría las actuaciones de Pinochet a partir del 11 de marzo de 1990.
 Gobierno presiona para que no se presente acusación constitucional contra Pinochet.
7 de enero : El gobierno reforzó su estrategia destinada a persuadir a los partidos de la coalición política gobernante, para que sus parlamentarios se desistan de presentar la acusación constitucional en contra de Augusto Pinochet.
Trascendió que el presidente Frei instruyó personalmente a los Ministros del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia, para solicitar directamente a los presidentes de los partidos de la alianza echar pie atrás en la acusación constitucional, por considerarla "inconveniente". El Ministro de Interior declaró: "Hemos caminado desde 1989 en un proceso de transición que no ha sido fácil, que ha estado sujeto a numerosos momentos de alta tensión y respecto a la relación con la comandancia en jefe del Ejército ese proceso está concluyendo con el retiro del general Pinochet".
Agregó que "a estas alturas del proceso de transición, donde todos los actores políticos han actuado con prudencia y moderación, no nos parece conveniente la acusación constitucional, para el proceso que vive el país".
 Acusarán al Estado chileno ante Comisión de DD.HH. de la OEA.
7 de enero : Un grupo de defensores de los DD.HH., encabezados por el diputado DC Andrés Aylwin, presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA, para cuestionar la existencia de senadores designados y vitalicios en Chile.
"La mantención de instituciones arbitrarias y antidemocráticas constituye una violación del Estado de Chile a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que sitúa el origen del poder en la soberanía en el pueblo".
 Cámara de Diputados repudió incorporación de Pinochet al Senado.
8 de enero : La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo en que manifiesta "su rechazo y repudio a la asunción como senador vitalicio del general Pinochet, por considerar que su presencia en el senado no ayuda a la reconciliación, ni al reencuentro entre civiles y militares y deteriora la imagen internacional de Chile y, muy especialmente, del Poder Legislativo".
El proyecto de acuerdo consiste en una expresión política institucional de la Cámara, aunque no tiene efectos prácticos, como una acusación constitucional.
 The Economist plantea que Pinochet no debe ir al Senado.
9 de enero : El referido medio plantea que el ex Presidente debe retirarse de la vida pública y no buscar, asumiendo como senador vitalicio, inmunidad frente a los juicios por violaciones a los DD.HH. Bajo el título "Tiempo de irse", el artículo expone que quizás sería correcto, para el futuro de la paz civil, que Chile fije una cruda y clara línea con el pasado como lo hizo Argentina unos siete años después que la democracia se restauró. "Pero,, no sólo deberían ser los demócratas los que hagan concesiones. El general Pinochet podría valorar su asiento para darle inmunidad contra juicios. Pero si realmente quiere servir a su patria, se le debería dejar renunciar a la vida pública y tomar los riesgos contra el brazo de la justicia -más lento que largo en Chile- en su retiro".
 "Juicio político a Pinochet pone en riesgo econimia del país."
12 de enero : Los empresarios Hernán Briones y Eugenio Heiremans, ex dirigentes de organizaciones empresariales y partidarios del general Pinochet, coincidieron en señalar que el juicio político en contra de Pinochet que pretenden llevar a cabo un grupo de Diputados en el Congreso, pone en riesgo la actual situación económica del país que se ve enfrentado a un momento sumamente delicado, agravado principalmente por el efecto de la crisis financiera asiática.
Rechazaron las acusaciones referidas a que Pinochet habría puesto en riesgo la seguridad de la nación y afirmaron que, al contrario, son los propios creadores de esta iniciativa quienes ponen en peligro la estabilidad nacional.
 Se crea un nuevo referente social.
13 de enero : Con el propósito de impulsar la realización de un plebiscito constitucional y rechazar la llegada de Pinochet al Senado, se constituyó el Movimiento por la Dignidad Nacional, entidad que agrupa a representantes políticos y sociales de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria.
 Presentada querella criminal contra Pinochet.
13 de enero : Una querella criminal contra el general Pinochet, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Partido Comunista de Chile, representado por su secretaria general Gladys Marín. El libelo formula cargos en contra del querellado por genocidio. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma inmediata nombró un Ministro de Fuero a fin de que instruyera la causa.
 General Pinochet aplazó fecha de entrega del mando de jefatura del Ejército.
14 de enero : Por decisión personal y rompiendo un acuerdo que había pactado con el Gobierno de entregar el mando el 26 de enero en curso, comunicó al ejecutivo que prorrogaba dicho traspaso de mando para el 11 de marzo próximo, interpretándose esa decisión como laforma de reaccionar del Ejército ante los anuncios de llevar adelante una acusación constitucional en contra del ex dictador.
 Primer caso de muerte por torturas en democracia
15 de enero : Raúl Osvaldo Palma Salgado, de 35 años de edad, se convirtió en una de esas estadísticas que nadie querría que existieran: es el primer chileno muerto por torturas en la nueva democracia.
En fuentes del Servicio Médico Legal se confirmó que el informe de autopsia del fallecido durante un interrogatorio en el cuartel del Servicio de Investigaciones Policiales de Carabineros, describe que el cuerpo de la víctima "presentaba diversos desgarros internos y quebraduras múltiples, que sólo son explicables por golpiza y apremios físicos producidos prevaimente a su paro cardio respiratorio".
Sobre este caso, editorializó el diario La Epoca bajo el título "Muerte de un detenido". Reproducimos algunos párrafos relevantes:
"La tortura fue una práctica desgraciadamente sistemática de los organismos de seguridad y policiales durante el régimen dictatorial. Esta comprobación histórica no es una cuestión que hoy pueda sorprender a alguien. Sin embargo, las administraciones de la Concertación han postulado la creación de un nuevo clima dentro de las policías en relación con los ciudadanos. Por esta razón es de lamentar que a más de ocho años de restituida la democracia todavía haya situaciones -que para ciertos sectores son aisladas, pero para otros no- de uso indebido de las potestades que tienen los cuerpos policiales para investigar delitos".
"No está demás recordar que hace un tiempo un relator de Naciones Unidas entregó un informe donde sostenía que el maltrato era un método policial habitual para obtener informaciones o confesiones. Este documento fue airadamente rechazado por el Gobierno".
"La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) ha representado su preocupación porque no existen canales para dialogar con el Ejecutivo y las propias policías sobre estos temas aparte de las instancias judiciales, que se sabe lentas. Su inquietud merecería ser considerada por las autoridades. Esto y el paralizado proyecto de estatuto del detenido podrían contribuir a salvaguardar dos bienes sociales de la máxima importancia: atribuciones y eficacia para luchar contra el delito, pero siempre dentro de un marco de respeto a la dignidad de las personas, incluso si son delincuentes, y a los derechos humanos".
 Abogados de DD.HH. afirman que abusos no han cesado.
17 de enero : Académicos y abogados coincidieron en que el retorno a la democracia ha atenuado el atropello a los derechos fundamentales por parte de la policía, pero no los ha extirpado por completo.
Existen problemas estructurales que facilitan los apremios. Uno de ellos es el tiempo que pasa el detenido en dependencias policiales, que es de 24 a 48 horas. "Ese es un período en que la persona queda en una indefensión absoluta, porque nadie sabe lo que pasa ahí".
Por su parte el abogado de FASIC Héctor salazar indicó que para evitar los excesos policiales "debe haber un cambio en la formación" de la policía. Agrega que la violencia no solo se manifiesta en maltrato físico, sino que también hen el abuso de autoridad o en el trato humillante en las detenciones.
 Detenidos e incomunicados cuatro carabineros.
22 de enero : El Fiscal Militar de la 1ª Fiscalía de Santiago, dispuso la detención e incomunicación de cuatro carabineros dados de baja por su institución, bajo presunciones de ser los responsables de la muerte por torturas del taxista Raúl Palma Salgado, hecho ocurrido el 12 de enero como resultado del violento interrogatorio a que fue sometido en el cuartel de la SIP (Sección de Investigaciones Policiales).
 Carta de laicos católicos contra Obispo Medin
26 de enero : Dolidos y preocupados por el nombramiento del obispo Jorge Medina como Cardenal, un grupo de laicos y personalidades del mundo católico, dieron a conocer diversos antecedentes en los que cuestionan el accionar pastoral de este nuevo príncipe de la Iglesia Católica.
En la misiva se sostiene que "durante los 17 años de la dictadura militar, monseñor Medina mantuvo una permanente identificación y colaboración con los que ejercían su dominio sobre el pueblo de Chile, negando uno de los sentidos principales del evangelio."
Agregan que "durante ese período mantuvo además un permanente y absoluto silencio frente a las graves violaciones a los DD.HH. mientras que la pastoral de la Iglesia Católica se hacía presente en la defensa de los perseguidos. Debe agregarse su reconocida actitud de enviar cartas al Vaticano denunciando a sus hermanos obispos que mantienen posturas progresistas, o a las políticas del gobierno democrático que no son de su agrado".
 Balance de FASIC en materia de dd.hh. correspondiente a 1997
30 de enero : Cuarenta y dos denuncias sobre violaciones a los DD.HH. llegaron a los Tribunales durante 1997, señaló el FASIC en su balance anual sobre la materia. "Estas denuncias son indicativas de que en Chile, en pleno régimen constitucional, se siguen violando los derechos fundamentales de las personas", indicó el abogado Nelson Caucoto, quien afirmó además, que para la institución, que tales violaciones se dan dentro del marco de acción de la fuerza policial, situación que los distingue de los abusos cometidos por el órganos de la dictadura militar: "No hay desaparecidos, ni ejecutados, pero los excesos policiales son una manera flagrante de violación de los derechos fundamentales", concluyó el citado profesional.
Por su parte, el abogado de FASIC Héctor Salazar, en una dura crítica al Gobierno sostuvo que éste "no ha asumido el tema en su raíz. Las señales del Gobierno son preocupantes pues el olvido de su compromiso programático político ha permitido que la impunidad se entronice".