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           Actualizado : | Derechos Humanos en Chile BALANCE 2001 | |
El tema de los Derechos Humanos en Chile durante el año 2001, se articuló básicamente alrededor de dos ejes centrales cuya raíz fue la misma: la herencia pendiente en materia de violaciones a los mismos durante la dictadura militar. El año se inició con gran expectación ante la entrega que el 6 de enero del 2001 hicieron las FF.AA y Carabineros al Presidente de la República de los antecedentes que recopilaron respecto a detenidos desaparecidos, a consecuencia del compromiso que asumieron con ocasión de la Mesa de Diálogo. La segunda vertiente que alimentó el tema se radicó en el juicio seguido en contra de Augusto Pinochet y las definiciones judiciales que en torno a él se produjeron. Por cierto que los Derechos Humanos como materia que gravita en el acontecer nacional no se agotaron en esos dos episodios, pero sin duda, ellos absorbieron el interés nacional de suerte tal que otros aspectos pasaron casi inadvertidos. Nos referiremos a esos dos importantes hitos y las consecuencias que a partir de ambos se derivaron: 1. INFORME DE LAS FFAA. Y DE ORDEN Las FF.AA. y de Orden (Carabineros) se habían comprometido, a recabar antecedentes que permitieran determinar el destino final de los detenidos desaparecidos y de ser posible localizar sus restos. Más aún, habían proclamado, junto con los demás actores integrantes de la Mesa de Diálogo, que no entregar esa información por parte de quienes la poseían era moralmente inaceptable, incurriéndose en una actitud antipatriótica. De allí, que la entrega de la información que habían estado recopilando durante seis meses era esperada con grandes expectativas y esperanzas. Cabe consignar que existía en el país un clima ampliamente sensible y receptivo al tema de los detenidos desaparecidos y a la necesidad ética de dar una respuesta a sus familiares como al país en su conjunto. Básicamente la información entregada dio cuenta de información parcial y fragmentada de alrededor de un (20) % de los casos que no obstante lo sucinta que resultó, dio cuenta de una realidad brutal que dejó al desnudo una verdad que hasta el momento era conocida y sostenida fundamentalmente por los sectores más vinculados a los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que habían apoyado sus demandas. El informe de las FF.AA. y Carabineros estaba constituido por un listado de 180 nombres de personas, mas 20 NN; de los cuales 138 son detenidos desaparecidos y 42 ejecutados políticos cuya detención y posterior asesinato se reconocía, indicándose una fecha de la primera, y el destino final de sus cuerpos. En el grueso de ellas, se informaba que sus cuerpos habían sido lanzados al mar frente a diversos puntos del litoral nacional agregándose además información de algunos puntos territoriales en que podrían ser localizadas osamentas de otros que fueron clandestinamente inhumados. Respecto de todos los casos que se informaban, el mayor número se trataba de detenidos desaparecidos cuyos antecedentes se registraban desde hace años en los organismos de Derechos Humanos. Estos habían sido denunciados oportunamente a los tribunales de justicia, existiendo en muchos de ellos investigaciones judiciales aún abiertas, y en las cuales invariablemente las autoridades militares de la época, como las autoridades de la dictadura, habían negado por una parte sistemáticamente sus detenciones y por la otra conocer qué había pasado con ellas. Indudablemente que la información fue muy precaria y dejaba muchas interrogantes sin respuestas y un primer chequeo de la misma arrojaba importantes discrepancias con los antecedentes reunidos tras años de investigación. Con todo y a pesar de ello, el Informe produjo un tremendo impacto en el país y lo conmovió hasta sus cimientos. Naturalmente, sus efectos en las organizaciones de los familiares de las víctimas fueron contradictorios y por cierto que sus demandas históricas de verdad y justicia estaban aún lejos de alcanzarse con dicho informe. Una comprensible desconfianza de su parte se vio reforzada por las primeras inconsistencias que la información presentaba. Los pasos siguientes a la entrega del Informe corrieron por cuenta del Presidente de la República quien junto con disponer que se informara personalmente a cada familiar de las víctimas individualizadas de tales antecedentes, los remitió a la Corte Suprema de Justicia para que adoptara las medidas judiciales que correspondieren. En dicha instancia, se nominaron a petición del gobierno en forma inmediata dos ministros en visita para que localizaran los restos de osamentas humanas que el informe de las FF.AA. y Carabineros indicaba datos precisos para su ubicación, junto con iniciarse un procesamiento de datos que permitiera adoptar medidas para que las investigaciones judiciales en curso se agilizaran con la nueva información revelada. El país recuerda las dramáticas imágenes de búsqueda de osamentas que se llevaron a cabo en los meses siguientes en Cuesta Barriga y en el Fuerte Arteaga en la Región Metropolitana y los escasos resultados obtenidos, como asimismo, la demostración que mucha de la información inicialmente entregada quedaba desmentida con los escasos hallazgos de restos encontrados. Ello puso seriamente en duda el Informe entregado por las FF.AA. y Carabineros de suerte tal que éstas debieron asumir que éste podía contener errores. Los familiares de las víctimas y muchos sectores vinculados al tema de los Derechos Humanos hablaron directamente de mentiras y sentirse burlados y nuevamente vejados por los hombres de armas. El Informe se fue debilitando fruto de sus propias limitaciones y contradicciones quedando en entredicho el solemne compromiso que las FF.AA. y Carabineros habían asumido con el país. PODER JUDICIAL Por su parte, la administración de justicia, luego de la reacción inicial de nombrar los dos ministros en visita, entró en un proceso de dilaciones y vacilaciones en torno a cómo proseguir y darles un nuevo impulso a las causas sobre Derechos Humanos a partir del nuevo escenario nacional y la información entregada por las FF.AA y Carabineros. Asímismo el Gobierno se fue enredando y dilatando las medidas que la urgencia demandaban, perdiéndose un valioso tiempo para actuar en un clima muy propicio para avanzar decididamente en pos de la verdad y la justicia. Una vez más quedó la sensación que en muchas autoridades del Estado, lo acontecido lo procesaban como el último y final esfuerzo en esta materia más que el inicio de una nueva etapa que había que dinamizar y animar. Finalmente, la Corte Suprema en el mes de junio (20) acordó designar nueve jueces con dedicación exclusiva para conocer causas sobre detenidos desaparecidos y otros 51 con dedicación preferente a dichas causas, por espacio de tres meses renovables. Este trabajo aún no ha arrojado sus frutos pero sin duda, la acción emprendida por estos jueces merece el más amplio y decidido apoyo pues se trata de un serio y profundo esfuerzo por avanzar decididamente en el esclarecimiento de estos casos y determinación y sanción de los responsables. Más aún, los avances que se han logrado hacen aconsejable ampliar estas Comisiones en cuanto a la cantidad de magistrados nombrados como tambien el tiempo por el cual se les designa. Esta iniciativa necesariamente debe contar con el apoyo financiero del Ejecutivo y una clara determinación de la Corte Suprema de reforzar, ampliar y coordinar este esfuerzo, de tal forma que se agreguen otras causas sobre detenidos desaparecidos a las cuales no han alcanzado estos impulsos. Sobre esta materia, es necesario hacer presente que esta iniciativa judicial, es el esfuerzo de mayor envergadura que se ha llevado a cabo hasta ahora por los tribunales de justicia. La experiencia recogida aconseja persistir en ello y reforzar y ampliar sus alcances, reafirmando de este forma el camino que históricamente ha sido exigido para enfrentar el tema de las violaciones a los Derechos Humanos. 2. PINOCHETIZACIÓN DEL TEMA DE LOS DDHH. 2.- Sin duda el juicio seguido en contra de Augusto Pinochet ha concitado y concentrado la atención en la agenda de los Derechos Humanos hasta tal punto, que el tema en sí se pinochetizó opacando sus otras aristas y dimensiones. Es posible que la concentración exclusiva de los esfuerzos apuntando solo hacia la persona del ex dictador, brindó algunos logros y sobre todo, protagonismo a ciertos sectores, pero lo cierto fue que cambió el sentido estratégico central con que la materia había sido tratada en el mundo de los Derechos Humanos: Avanzar en el esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades subsecuentes en términos de dejar al descubierto tanto las responsabilidades personales como institucionales comprometidas en estos crímenes, cuestión que por cierto implica dar a conocer todo un sistema y organización que se extendió mucho más allá de la persona de Pinochet. Por lo tanto, una vez resuelta la situación procesal de Pinochet a través de la forma como se hizo, trajo como consecuencia un notorio desinterés del tema de los Derechos Humanos, siendo reposicionado en una zona marginal del quehacer nacional. Sin embargo, los avances logrados en torno al establecimiento de las responsabilidades criminales del ex dictador no son un dato menor y deben anotarse en la columna de los haberes en la búsqueda del establecimiento de cierto equilibrio histórico con nuestro pasado reciente. Notable como maniobra de ingeniería política resulta el mecanismo que finalmente se encontró para alejar a Pinochet de la mano de la justicia pero al mismo tiempo dejarlo totalmente inmovilizado como actor político, pretensión diseñada por su círculo de poder después de su retiro de la jefatura del Ejército. La defensa de Pinochet no logró en definitiva una declaración de inocencia respecto de los graves crímenes que se le imputaron, quedando congelado su procesamiento por razones de salud que según sus abogados le impedía defenderse adecuadamente en el juicio, manteniéndose a firme su auto procesamiento como encubridor de graves asesinatos perpetrados por una asociación ilícita criminal. Por cierto que justicia finalmente no hubo, pero tampoco la impunidad total logró imponerse a su respecto. Con todo, mirado en perspectiva el proceso que se llevó a cabo, era inimaginable para todos nosotros visualizar lo que se pudo avanzar a este respecto. LABOR DESARROLLADA POR EL MINISTRO DE FUERO JUAN GUZMÁN. Dentro de los diversos episodios que investiga el ministro Guzmán cabe mencionar el referido a los centros de Tortura de la DINA en especial Villa Grimaldi que llevó a dicho magistrado a determinar que la DINA fue una asociación ilícita, no obstante que dicha resolución fue revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones, se abrió a los procesamientos de los diversos agentes pertenecientes a dicho organismo de seguridad . Manifestamos preocupación por ciertos retrocesos a criterios ya establecidos por la Sala Penal de la Corte Suprema en materia de aplicación de la prescripción, cosa juzgada y amnistía en recientes resoluciones de la Corte de Apelaciones, tema que creíamos sanjado. Cabe sin embargo, rescatar algunos otros acontecimientos que marcan positivamente. avances de los Derechos Humanos en nuestra comunidad nacional: a. Abolición de la pena de muerte para casi la totalidad de los delitos, quedando solamente subsistente en el campo del derecho penal militar. b. La nominación del Defensor del Ciudadano por parte del Presidente de la República, y a la constitución y la creación de una comisión que se aboque al diseño de lo que a futuro será el Ombusdman. c. La ruptura del círculo de la impunidad que rodeo por larguísimos años a crímenes atroces tales como el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez (1982), el homicidio de 4 dirigentes en represalia por el atentado a Pinochet (1986) ;Operación Albania o el asesinato de los 12 jóvenes pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez (1987); el secuestro agravado de 5 jóvenes militantes del Partido Comunistas(1987); y el último asesinato político de la dictadura ,el de Jeckar Neghme (1989). En los cuatro primeros procesos se ha revelado la verdad y se han identificado responsables petenecientes al mundo militar como civiles . En el ultimo proceso por fin se está avanzando en su investigación. Hechos negativos 1. Incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales: Chile es signatario de diversos Tratados Internacionales de DDHH, todos ellos tienen rango constitucional, le reconoce competencia al órgano de control del Sistema Interamericano :la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA. En 1996, 1998 y 2001 esta Comisión ha dictado tres Recomedaciones al Estado Chileno en la cual le señala que la ley de amnistía debe ser derogada en las causas de detenidos desaparecidos , se deben reabrir todas las investigaciones judiciales que han sido cerradas en virtud de esa legislación de facto y se debe indemnizar a los familiares de las víctimas por la negación de justicia de que han sido objeto. Lamentablemente debemos reconocer que ninguna de las autoridades del Estado (ejecutivo- legislativo y Judicial ) ha prestado la más mínima atención atención a estas Recomendaciones. Para los afectados estos compromisos de protección a los DDHH que Chile se compromete a cumplir son letras muertas. 2. La desafección cada vez más creciente del conjunto de la clase política hacia estas materias, lo que quedó de manifiesto en la última elección parlamentaria en que el tema estuvo ausente del debate, excluido por la totalidad del espectro político. 3. Chilenos que revindican su condición de presos políticos Es necesario destacar el problema afecta a un grupo de hombres y mujeres que están privados de libertad en diversos penales del país, la gran mayoría en la Cárcel de Alta Seguridad en la ciudad de Santiago. Han sido víctimas de violación a los Derechos Humanos porque se les ha desconocido el derecho a un debido proceso, en la medida que han sido procesados por la Justicia Militar no obstante su condición de civiles y a su vez juzgados por delitos que no son propiamente militares. Han debido soportar largos juicios que se han prolongado por años, desconociéndose el derecho a ser juzgados en un plazo breve y razonable, se les ha aplicado un régimen carcelario en la Cárcel de Alta Seguridad que ha puesto en serio riesgo la vida integridad física y síquica,. En cuanto al derecho al otorgamiento de beneficios carcelarios para aquellos que han cumplido más de la mitad de sus condenas no podemos dejar de mencionar la falta de una política de parte del gobierno, radicada en el Ministerio de Justicia. Demandamos del Gobierno una mayor atención a este problema, para buscar soluciones legales y o administrativas. 4. Actuación Policial y los derechos ciudadanos. Hemos recibido denuncias por abuso policial que cometen los Carabineros al interior de los recintos policiales. Los derechos de los detenidos, independientemente de los delitos que se les imputen, deben ser resguardados y respetados en forma estricta y debe darse plena garantía del respeto al derecho a defensa y del derecho a la integridad física y síquica. Todo trato inhumano o degradante debe ser erradicado y castigado judicialmente. Carabineros constituye una fuerza cuya misión está vinculada a la seguridad ciudadana y al orden público, de modo que tiene que priviligiar en esta interacción con las personas, una relación civica por sobre una relación militarizada. En esta perspectiva, sería conveniente una intervención del gobierno en orden a suprimir de la competencia de la Justicia Militar todas las acciones delictivas asociadas a la conducta policial especialmente, cuando esta conducta está relacionada con civiles. Santiago, enero de 2002. | ||