Frente a la situación desencadenada con el arresto del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, los abogados de DD.HH. nos sentimos con el deber moral de declarar lo siguiente:

PRIMERO: La Soberanía nacional NO SE ENCUENTRA AFECTADA NI ATROPELLADA. Una sostenida campaña de desinformación, pretende alterar los hechos que motivan la privación de libertad de Pinochet, y encubrir las verdaderas causas del problema que enfrenta con la justicia española e inglesa.
En efecto, Pinochet se encuentra enfrentado a la justicia bajo cargos de tener responsabilidad en asesinatos, secuestros y torturas, todos crímenes gravísimos que no han podido ser juzgados en Chile. Nada de ello tiene que ver con la soberanía, patrimonio de todos los chilenos, y la cual Pinochet no personifica.
Si algo ha afectado efectivamente nuestra soberanía y la dignidad nacionales, fueron precisamente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante su dictadura, que fueron denunciadas y condenadas internacionalmente durante 16 años.

SEGUNDO: Los declarantes nos hemos sentido todos estos años profundamente afectados en nuestra dignidad personal y de ciudadanos, tanto porque hemos conocido muy de cerca las consecuencias de la actividad criminal de Pinochet, como por haber sufrido en carne propia, muchos de nosotros, esas acciones deleznables.
Lo anterior se ha visto profundizado, al constatar que la institucionalidad heredada por la dictadura ha impedido sistemáticamente que, en nuestra patria y con nuestros jueces, haya sido posible llevar a la gran mayoría de los criminales, junto con Pinochet, ante los Tribunales chilenos.
Tanto es así, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, ya en dos oportunidades ha sentenciado que en Chile existe DENEGACIÓN DE JUSTICIA en casos de violaciones de DD.HH., pronunciamientos emitidos el año pasado y éste, que puestos en conocimiento de la Corte Suprema, ésta ordenó archivar.

TERCERO: El principio de territorialidad jurisdiccional supuestamente afectado por la acción de los tribunales ingleses y españoles, alegado por nuestras autoridades, es un argumento falso y tendencioso, pues omite deliberadamente tratados internacionales suscritos por Chile hace ya 48 años, que precisamente aceptan la jurisdicción de los tribunales de otros Estados, para crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país y previstos en tales tratados. Debemos recordar en todo caso, que la organización criminal que dependía de Pinochet, la DINA, extendió sus actividades delictivas más allá de nuestras fronteras, alcanzando incluso a Europa y EE.UU.

CUARTO: Tenemos la más íntima convicción, construida a partir de nuestras propias experiencias como abogados de derechos humanos, que en Chile NO EXISTEN condiciones objetivas ni subjetivas para enjuiciar al ex dictador, y que la circunstancia de encontrarse cumpliendo condena un pequeño grupo de violadores de los derechos fundamentales, no implica, en ningún caso que existan posibilidades que Pinochet sea sometido a la justicia chilena.
Al efecto, queremos recordar que en Chile no existe ninguna persona condenada por algún caso de detenido desaparecido, y que los que actualmente pugnan benignas condenas, son sólo un puñado de ex uniformados, cuyas responsabilidades pudieron hacerse efectivas, en un reducido número de casos denunciados a nuestros tribunales, fundamentalmente porque fueron objeto de presiones internacionales. Sin embargo, es necesario remarcar que, de todos las denuncias formuladas ante nuestros tribunales por violaciones a los DD.HH., el 99,5 % de los casos han sido cerrados sin que hubiera justicia, y lo que es más grave, sin que se haya podido siquiera individualizar a los delincuentes.

QUINTO: Tenemos la más firma convicción que la comunidad internacional, de la cual somos parte como chilenos, ha dado un gigantesco paso adelante, al colocar, finalmente, límites que redundarán en una mayor protección a la persona humana, de lo cual sólo cabe alegrarnos profundamente.