La Corte Suprema ratificó la condena en la investigación por los secuestros calificados de Sergio Tormen Méndez y Luis Guajardo Zamorano, cometidos a partir del 20 de julio de 1974, en la Región Metropolitana.
En fallo dividido, la Sala Penal del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que condenó a 10 años de presidio a Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito.
Los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández, estuvieron por rechazar los recursos de casación; en tanto, los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros fueron del parecer de acoger el mencionado recurso y dictar sentencia absolutoria, acogiendo la figura de la prescripción.
En el aspecto civil, también se rechazó la casación presentada, acogiéndose así la demanda de indemnización de perjuicios presentado por Cinthya Tormen (hermana de una de las víctimas), condenando al Fisco a pagar la suma de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos)
En este aspecto, la sentencia se adoptó por votación de mayoría de los ministros Dolmestch, Künsemüller y el abogado Hernández y con el voto en contra de los magistrados Segura y Ballesteros, tras una discordancia en posiciones de los jueces.
Los ministros Dolmestch y Künsemüller fueron partidarios de rechazar la casación planteada; en tanto, los magistrados Segura y Ballesteros estuvieron por no emitir pronunciamiento, acogiendo la incompetencia del tribunal para resolver el tema; y el abogado Hernández era partidario de declarar extinguida la responsabilidad civil dado el tiempo transcurrido.
De acuerdo al artículo 86 del Código Orgánico de Tribunales, se ordenó la exclusión de la opinión minoritaria, la del abogado Hernández, quien se sumó a la posición de los ministros Dolmestch y Künsemüller.
El abogado de FASIC y querellante en la causa, Nelson Caucoto, valoró la resolución del Máximo Tribunal, toda vez, “que dejó sin efecto la prescripción y la Amnistía”. Por sobre todo el profesional valoró el “que se hayan aplicado penas acordes con la gravedad de los hechos”.