No hubo mayores recordatorios en Chile, salvo algunos escasos esfuerzos  académicos.

Para sorpresa de muchos, el día de esa detención en Londres, tampoco hubo una manifestación masiva y enfervorizada de ese acontecimiento.  Hemos sabido que salió más gente en Madrid y en Buenos Aires a celebrar ese hecho histórico.  Esa especie de apatía, parece formar parte de un rasgo connatural a nuestra nacionalidad.  Sin embargo y a pesar de este preámbulo, es inobjetable que para Chile y para el mundo, la detención del dictador ha constituido un hito histórico, que marca un antes y un después para la humanidad  entera.

Parto con la premisa básica que ese hecho,  tiene inobjetable  repercusión mundial.  Nunca más los violadores de derechos humanos han podido salir de sus países con la libertad y holgura que lo hicieron antes de la detención de Pinochet.    Kissinger  debió ajustar su agenda  y adoptar medidas de extrema seguridad para moverse en el mundo.  El oficial de Ejército  chileno, Luis Ramírez Pineda, imputado y procesado en la desaparición de prisioneros de La Moneda y colaboradores de Allende, hizo caso omiso a esa circunstancia, y luego de un viaje a Mendoza, Argentina, por un fin de semana,  fue detenido  y tuvo que soportar  un proceso de extradición, que demoró  6 meses para ser devuelto a Chile, y continuar siendo enjuiciado. Actualmente otro chileno, un ex fiscal militar, imputado por casos de violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Temuco, también desoyendo la advertencia, permanece aún detenido en Italia, desconociéndose lo que acontecerá en el futuro inmediato.

Esa es probablemente la consecuencia más universal de la detención de Pinochet,  la más visible y de más largo alcance.  Se han levantado a partir de ese acontecimiento verdaderas  cárceles virtuales para los violadores de derechos humanos al interior de sus propias fronteras nacionales.  Hecho inédito hasta ahora.   

Resulta obvio decir, que a partir de la detención de Pinochet, se ha fortalecido el derecho internacional de los derechos humanos, consolidándose un proceso de avance incontenible en ese sentido, desde 1945 con la Carta Universal de Naciones Unidas.  Se ha afianzado el concepto de Justicia Universal, siendo claramente reconocible a partir desde el apresamiento de Pinochet.

Para Chile, lo ocurrido en Inglaterra, trajo indudablemente consecuencias positivas para el espectro de derechos  humanos .   La sociedad chilena, de repente redescubrió un pasado reciente plagado de crímenes, tortura y abusos del cual no había dado debida cuenta.   Era impensado hasta 1998 que tantos países europeos y EEUU, reclamaran para sí el juzgamiento de Pinochet.  Las autoridades de gobierno de esa fecha, simplemente quedaron sin respuestas inmediatas y sumidos bajo la presión militar y de los poderosos sectores influenciados por el pinochetismo.   Así, se tiene que las reacciones de esas autoridades consistieron en oponerse a esa detención y comenzaron a bregar a favor de Pinochet, criticando la competencia que se había arrogado España.  Será ésta, en definitiva una etapa triste para las autoridades de entonces, y quedará en la memoria colectiva la forma en que se condujeron protegiendo a Pinochet y en desmedro del anhelo de justicia de las víctimas y de sus familiares.

A pesar de ello, algo ya había cambiado en nuestro país en esos días y se abrían espacios para un nuevo entendimiento de lo que había sido la Dictadura, sus crímenes y la necesidad de enfrentarlos civilizadamente.  

En el plano de la Justicia, entre 1997 y 1998, antes de la detención de Pinochet se habían comenzado a abrir tímidamente las compuertas para un proceso promisorio en materia de derechos humanos. Dos factores –algo olvidados- había sido determinantes :  una reforma a la Corte Suprema que permitió el ingreso de profesionales  que no hicieron carrera judicial para ocupar cargos en esa judicatura.  Para fortuna de los derechos humanos, llegó gente muy preparada jurídicamente y con una mirada progresista, descomprometida con la dictadura, que trajo consigo nuevos aires al máximo tribunal. El segundo factor, lo constituye el proceso de especialización de las salas de la Corte Suprema, creándose una sala penal, que sería la que conociera de toda la temática de derechos humanos, marcando la composición de esa sala, una correlación de jueces proclives a la posición de las víctimas.  Es decir, antes de la detención de Pinochet, había comenzado a cambiar la historia judicial sobre la temática, dejándose de aplicar la amnistía y negando la competencia de los tribunales militares, con una sala penal dispuesta a hacer justicia. 

A esos factores, habrá que agregar uno complementario, que tuvo también efectos positivos: El gobierno,  impedido de cambiar completamente la correlación pinochetista de la Corte Suprema,  optó por una singular medida para apurar la salida de esos jueces cuyo cargo lo ejercerían hasta los 75 años : ofreció un bono económico ascendente a 100 millones de pesos para aquellos jueces que quisieran adelantar su retiro del poder judicial.  Para sorpresa de muchos, hubo varios jueces de la Corte Suprema que aceptaron el bono y se retiraron de su actividad jurisdiccional, dejando así el camino más despejado para una renovación de la judicatura.

En ese escenario local irrumpe la detención de Pinochet.  Ese acontecimiento, entre otras secuelas,  tiene en Chile, un enorme efecto catalizador de muchas acciones y demandas en derechos humanos, de pérdida de miedos, pero no tiene un carácter fundacional de esta lucha como algunos pretenden creer.

En todo ese período (1990-1997) el mundo de derechos humanos debió enfrentarse a diferentes desafíos, uno el comunicacional, a través del cual se le obligaba a “mirar hacia el futuro y no quedarse estancado en el pasado” . La tesis del olvido y” dar vuelta la página” fue una potente herramienta  contra las reivindicaciones de las agrupaciones de víctimas.    El otro desafío provenía desde las autoridades de gobierno, las que solicitaban a las agrupaciones de víctimas, que adscribieran a la “ética de la responsabilidad”.  Extraña denominación,  para un mensaje muy simple:  “Bajen sus banderas, no sigan pidiendo verdad y justicia, pues si lo hacen se nos viene abajo todo el entramado institucional y político hasta ahora logrados”. Había que ser responsables, para que no volvieran los militares.

Surgía así el falso dilema de oponer la paz en lugar de la justicia, ignorando sus promotores que la paz es  precisamente fruto de la justicia.

Las características de la transición política desde dictadura a democracia, pactada en secreto entre militares y dirigentes políticos, había arrebatado a los familiares de las víctimas, a sus agrupaciones, y al mundo de derechos humanos sus legítimas reivindicaciones de verdad y justicia.   A poco andar se conocieron aspectos de ese Pacto,  los militares no aceptarían ser llevados a los estrados de la justicia, y a cambio de ello harían entrega del Ejecutivo.  Quedaba prohibido investigar en materia económica todo lo acontecido con anterioridad a 1990, es decir los negociados, las ventas a precio vil de las empresas del Estado, la irrupción de los nuevos ricos y de la clase empresarial, quedaba fuera del escrutinio público y de la justicia.

De manera que llegado a 1997, eran  fácilmente explicables  los nulos avances en materia de juicios por derechos humanos.   Sin embargo, todo pudo ser peor si no hubiese existido en Chile, un consistente y porfiado mundo de los derechos humanos, encabezados por las agrupaciones de víctimas, que a esa fecha ya no contaban con el potente apoyo que les había brindado la Iglesia Católica y de algunas iglesias protestantes, durante la dictadura.

Fueron esas agrupaciones y quienes les acompañaron en esa larga jornada, las que en ese marco de impunidad,  sembraron conciencia social en forma paciente, respecto de su temática,  logrando que en forma paulatina se fuera provocando un cambio en la sensibilidad de la sociedad y de las autoridades de gobierno.  Es manifiesto que estas últimas, siempre estuvieron atadas al Pacto de la transición con los militares, y a menudo dieron muestras de un temor reverencial a éstos, más allá de lo necesario y prudente.

De esa manera la detención de Pinochet viene a insuflar nuevas místicas,  rompiendo la monotonía aletargada de los juicios que se seguían en Chile, y que a esa fecha – con las reformas a la Corte Suprema- ya comenzaban a vislumbrar también vientos de cambios.

Hoy se puede sostener con la lejanía de los acontecimientos que la detención del dictador, coincide con un período de alza en el tratamiento judicial del tema.

Por ello es que decimos que la detención de Pinochet en Londres, cataliza un fenómeno de cambios en ciernes, que fortalece la lucha judicial enormemente.  Se interpone la primera querella contra Pinochet por parte del Partido Comunista, y para sorpresa de todo Chile, los tribunales en lugar de buscar un pretexto, una argucia legal, un pretexto jurídico, para rechazarla de plano, la acogen y se nombra un Ministro de Corte de Apelaciones (Juan Guzmán Tapia), para su conocimiento y tramitación.  Esa acción legal se transforma  indudablemente, en la llave maestra, para demostrar la responsabilidad penal del dictador en los crímenes, de manera inédita en Chile, y significa un inmenso avance en la lucha contra la impunidad.

Es un hecho que recogerá la historia, que los militares se comprometieron a desterrar la práctica de los golpes militares, y asumieron el reconocimiento de que violaron los derechos humanos y que repudian esos hechos criminales. Al mismo tiempo entregaron determinadas informaciones de algunos de esos casos, asumiendo el Ejército su responsabilidad en la detención y desaparición  de al menos 200 personas, las que habrían sido lanzadas al mar.  Todo ello parece inédito en nuestro Continente.

Pero probablemente el éxito mayor, se tradujo en la creación de un mecanismo, que luego de su aplicación, se transformaría en el más eficiente que nunca jamás haya tenido la historia judicial chilena: los jueces con dedicación exclusiva.

Se trata de magistrados de juzgados del crimen, que dejan las labores habituales en sus tribunales, entregando sus procesos al secretario del juzgado y ellos se dedican única y exclusivamente a la tarea de investigar casos de ejecutados y desaparecidos.  El cambio es radical, ellos abandonan  tres mil procesos  de distinta naturaleza del ámbito penal, número de causas que es el promedio del cual conocían y se abocan a conocer un número inmensamente menor, de diez o treinta causas de derechos humanos.

Ello trajo como consecuencias interesantes, que los jueces se empapan de los casos asumidos, descubren situaciones en profundidad, que antes conocían superficialmente, tienen las 24 horas del día para desplegar hipótesis, se enfrentan a verdaderos puzles que es necesario resolver, se enfrentan a desafíos mayores, como lo es interiorizarse de crímenes cometidos desde el Estado con el objeto de no ser aclarados, comprenden desde una dimensión distinta el porqué la porfía de los familiares de lograr verdad y justicia, internalizarán el cómo las autoridades de la dictadura engañaron, ocultaron o disfrazaron la realidad de los hechos.  Entenderán las críticas que se formularon al comportamiento del Poder Judicial en tiempos de dictadura   Luego de ello, a poco andar tendremos a jueces sensibilizados con episodios de su propia historia nacional.

Con este procedimiento, entre el año 2000 y el 2003, se logró más verdad que lo conseguido en 27 años anteriores, lo que deviene en un logro asombroso.  Existiendo más verdad, ello trae consigo otro efecto positivo, es la época de la mayor cantidad de confesiones de los agentes.  Culmina todo lo anterior, con 400 procesamientos que nunca antes existieron.

Al producirse confesiones, ello redundará más adelante en el rompimiento del hermetismo tan propio de los aparatos de seguridad y entidades militares. De ese modo, las lealtades y falsas solidaridades se van derruyendo tras la necesidad de cada agente, de asumir culpas sólo en los casos que intervinieron y no tener que asumir otras, pertenecientes a otros culpables.

Hoy, en el año 2008, el número de procesados se eleva por sobre los 700 agentes estatales, incluyendo Generales y Oficiales superiores.  Existen cerca de 250 condenados y cerca de 70 cumpliendo penas privados de libertad.

Hoy en Chile se ha logrado reconocer judicialmente, después de más de treinta años de lucha, que los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e innamistiables.  Hoy se reconoce por nuestros tribunales la fuerza vinculante del derecho consuetudinario, de los Principios Generales y las normas del ius cogens que provienen de ese derecho internacional.

Es probable que ese reconocimiento pueda ser considerado como tardío, respecto de crímenes cometidos hace ya 35 años, sin embargo, es un inmenso avance para las futuras generaciones, saber que sus tribunales están definitivamente conectados en la preservación de sus derechos fundamentales, con las tradiciones de países avanzados.

Es una potente señal, saber que los crímenes cometidos por la dictadura de ayer y las dictaduras del futuro, serán perseguibles  por siempre, no importando el tiempo y lugar en que se cometieron.

Esta potencia del derecho internacional, su internalización en la judicatura y en la sociedad chilena, como secuela de la detención de Pinochet hace 10 años atrás, también ha comenzado a abrir las compuertas para las demandas de reparación que exigen los familiares de víctimas, ante los tribunales de justicia. Ha costado hacer entender a la judicatura que si los crímenes son imprescriptibles, también lo son las acciones de reparación por los daños ocasionados en virtud de esos mismos crímenes imprescriptibles. Todo ello en un plano de coherencia mínima.   Se han obtenido varios éxitos en ese sentido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y hoy comienzan a lograrse también en algunos fallos de la Corte Suprema.

Hay todavía un amplio camino que recorrer en Chile en materia de juicios.  La clave de los éxitos de hoy, es la persistencia infinita y la fe en la justicia que han mostrado las agrupaciones de víctimas, quienes nos han enseñado que no existen plazos predeterminado para hacer realidad la utopía por la que siempre han luchado.  No hay que cejar ante los fracasos.  En dictadura presentaron cerca de 30 mil recursos de amparos , con nulos resultados.  Presentaron miles de denuncias y nunca fructificó alguna.  Tuvieron que esperar 27 años para comenzar a ver  logros de su largo peregrinar, han logrado ir cambiando la historia oficial, han sensibilizado a la sociedad, sus familiares dejaron de ser “presuntos” ejecutados o “presuntos desaparecidos”, hoy de manera transversal, aún los más recalcitrantes pinochetistas, saben que las víctimas existieron y que los crímenes fueron reales.  Nadie osa negarles a estos familiares su legítimo y sagrado derecho de lograr verdad y justicia.

Chile, a diez años de la detención de Pinochet, judicialmente, política y culturalmente es un país distinto.

Nadie reivindica socialmente la obra de la dictadura, y sobre Pinochet recayó un nuevo baldón, de violador de los derechos humanos, hoy se presente como un sujeto envuelto en la corrupción, al descubrirse la inmensa fortuna que poseía en Bancos Internacionales.  Este último aspecto le enajenó inclusive la adhesión de sus más fervientes partidarios, los militares en retiro.  Hoy no resulta extraño que un subalterno radique todas las culpas en los crímenes a las órdenes emanadas desde Pinochet, cuestión inimaginable hace algunos años atrás

El movimiento de derechos humanos, con altos y bajos, como una característica recurrente, permanece activo, vigilante, alzando sus banderas de siempre, que al comienzo parecieron una simple utopía y que hoy siguen cristalizando en una justicia que avanza, para lograr sus tres objetivos básicos; conocer la verdad, obtener sanciones penales y lograr la reparación, que son los componentes para conjugar el concepto complejo de la verdadera justicia.

Hoy estamos construyendo el futuro, generando las bases de una pacífica convivencia nacional en el marco de un sistema verdaderamente democrático.  Hagámoslo bien y civilizadamente, haciendo realidad la garantía de no repetición, a que se encuentra sometido el Estado de Chile ante la comunidad internacional.

Que las futuras generaciones asuman que hay crímenes que son imperdonables y que serán sancionados adecuadamente, atendiendo a la gravedad del daño producido y a la importancia del bien jurídico protegido.

Hoy en el 2008, la Justicia en derechos humanos en Chile, sigue siendo un tema pendiente e inconcluso.

* Abogado, parte del Equipo Jurídico de FASIC

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