El problema indígena mapuche nunca había estado tan encendido como ahora. La huelga de hambre de la activista Patricia Troncoso y la posterior muerte del joven Matías Catrileo a manos de Carabineros, fueron los hechos que encendieron la llama. Una llama que traspasa las reivindicaciones territoriales y culturales y que ahora más que nunca se define como un conflicto político, económico y social.

Este comienzo del 2008 no fue del todo bueno para las comunidades indígenas, en especial para el pueblo mapuche, las autoridades han debido ver morir a un joven estudiante y agonizar a una mujer para tomar cartas en el asunto.

¿Se debía llegar a este extremo? llegar a usar la fuerza, el abuso y la arbitrariedad como algo natural?.

Era necesario disparar por la espalda o ver agonizar a una persona para reaccionar? todo indica que sí. Tras ello no sólo se consiguió que la justicia actuara con mayor rapidez, sino que hizo que el Gobierno adoptara medidas necesarias para las comunidades, en especial para quienes cumplen condenas por delitos terroristas. No se trata de privilegios, sino de beneficios intracarcelarios que comenzaran a regir en marzo, tanto para Troncoso como para Juan Millalén y Jaime Marileo. También se consiguió el traslado de los tres a un Centro de Estudios y Trabajo, con custodia de Gendarmería; del mismo modo, se nombró a Rodrigo Egaña como Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, será quien deberá reimpulsar el diálogo con las comunidades y sus dirigentes y trabajar con el Congreso Nacional, para lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación del convenio 169 de la OIT, entre otras funciones; por otro lado y en un tema no menor, se logró levantar la demanda mapuche y ponerla en la agenda nacional e internacional.

Por lo demás en su obligación estaban las autoridades de platear soluciones al conflicto, pues según lo establece la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, adoptada por Chile el 13 de septiembre de 2007, el Estado debe prestar la debida atención a situaciones de esta naturaleza promoviendo soluciones que no atenten contra los derechos humanos de ninguna persona.

Lo extraño es que hasta aquí el tema pareciera haber quedado parcialmente solucionado, pero lo cierto es que queda mucho camino por recorrer y asuntos pendientes que atender. Como punto de partida se puede mencionar el concepto de delito por el que son condenados los comuneros mapuches. Sus acciones reivindicativas han sido tratadas judicialmente como terroristas. El vacío que existe en la ley se hace nota cuando mientras algunos fueron condenados como terroristas, otros por un delito común de incendio. Es ahí el conflicto penal, en el urgente y necesario cambio de la figura delictiva.

Por otro lado, por años el tema mapuche se ha abordado desde las más diversas aristas, entre ellas lo que respecta a la tan ansiada autonomía para satisfacer la demanda indígena más radicalizada y el problema de la devolución de territorios y el conflicto con las hidroeléctricas, sólo por mencionar algunas.

Con respecto a lo último, los mapuches están predestinados a seguir luchando por sus tierras, eso mientras el Gobierno, las autoridades, y la población en general entiendan y asimilen el respeto que tanto han esperado y que aunque no muchos concuerden, se merecen.

*** Por Daniela Caucoto T. Periodista, encargada Comunicaciones FASIC