Mientras la agenda de los medios de comunicación aparece copada por asuntos como el diferendo limítrofe con Perú, los sensibles trasplantes de órganos y ahora la escandalosa colusión de las farmacias para subir los precios, el Senado, entre gallos y medianoche, envió a la basura una iniciativa que pretendía declarar imprescriptibles e inamnistiables el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra. Por nueve votos en contra y dos a favor, la cámara alta rechazó la sola idea de legislar, vale decir, ni siquiera discutir dicho proyecto. Esto representa un revés para las promesas que hizo la propia Presidenta Michelle Bachelet, quien ya había comprometido los esfuerzos del Ejecutivo en ello.
Pero ese día, los políticos que gustan de vociferar de su preocupación por los derechos humanos y su compromiso para que los dramáticos hechos de nuestra historia reciente no se repitan, brillaban por su ausencia. No estaban en su lugar de trabajo, para el que -vale la pena recordarlo- fueron elegidos por la gente que creyó en ellos y en su discurso.
Pero sí estaban aquéllos del sector político que estuvo comprometido con la dictadura y que luego de este rechazo confirman que siguen fuertemente atados al legado de ese régimen. Para impedir este avance en consonancia con la historia y la conciencia de la humanidad, levantaron su mano los Allamand, los Espina, los Larraín y los Novoa, entre otros de ese sector. Pero, en fin, de ellos no era esperable una conducta diferente en estas materias, aunque en período electoral su memoria se vuelva más porosa.
Para ser justos, sólo Alejandro Navarro y Carlos Ominami dieron aprobación para una moción que no sólo lograría llenar algunos de los graves forados que viene demostrando el Estado en su real compromiso con los derechos humanos, tanto en la práctica de instituciones del Estado, como sus cuerpos policiales, así como en el marco jurídico y legal del que dota a estas prácticas.
Como nación, aceptar lo imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad -por los que la gente decente del mundo solidarizó con Chile-, no nos sitúa en la zona más civilizada y desarrollada del planeta, la misma que nuestras elites gustan invocar como norte y modelo. A lo más nos permitía llegar atrasados a ese espacio, pasar con un cuatro el examen de consistencia jurídica y ética que se pide en la sociedad moderna a quienes quieren vestirse con el adjetivo de “progresista”.
*Abogada, encargada de Equipo Juríidco de FASIC.