El proyecto de creación de un Museo de la Memoria dependiente del Instituto de Derechos Humanos, actualmente en trámite en el Congreso, ha provocado reacciones diversas en el ámbito de la historia. En el mes de Mayo, El Mercurio publicaba las ‘voces discordantes’ de varios historiadores que se manifestaban en contra de la creación del Museo argumentando, entre otros puntos, que entregaría una visión sesgada de la historia, que la memoria es colectiva y no puede reducirse a un plano único y que la memoria oficial no existe.

Estas voces discordantes recuerdan la polémica que ha suscitado en Argentina la iniciativa de crear un Museo de la Memoria en la que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida por la dictadura argentina desde 1976 a 1983 en un centro clandestino de detención y tortura. Quienes se oponen a la creación del Museo se preguntan, qué versión de la historia será la contada y recordada, quiénes tomarán la decisión -los intelectuales, el Estado o las víctimas-, o si el horror podrá narrarse en su verdadera dimensión. Estas y otras preguntas han abierto debate y generado controversia, no obstante el Museo de la Memoria es actualmente un proyecto avanzado que dio su primer paso en Mayo del 2004, cuando el presidente Kirchner firmó un convenio con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acordando la construcción del Museo en el predio donde funciona la ESMA.

El punto central, a mi juicio, de la discusión en torno a la creación del Museo de la Memoria radica – de manera semejante a lo que ocurre en Argentina- en que al ser un proyecto creado por el Estado, ha puesto en el tapete el tema de la competencia de éste en la representación, narración y articulación de la memoria sobre el pasado reciente.

No cabe duda que la Unidad Popular, el golpe de estado del 73 y la dictadura militar, son objeto de interpretaciones diversas, cargadas aun de pasiones y perspectivas ideologizadas, que son a su vez reflejo de la multiplicidad y heterogeneidad de las memorias sobre el periodo. Pero ello no debiera invalidar la necesidad de levantar un Museo de la Memoria que recuerde y nombre la sistemática política de violación a los derechos fundamentales de las personas, protagonizada por el Estado bajo dictadura militar. No con un afán revanchista o contrario a la reconciliación, sino como una acción encaminada a provocar el repudio al horror generado por la violencia estatal.

La diversidad de memorias sobre nuestro pasado reciente es un hecho innegable, que como historiadores debiésemos tomar en cuenta a la hora de interpretar ese pasado; nos da luces para comprender la complejidad y profundidad de las transformaciones experimentadas por nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. Pero una cosa distinta es, ante la imposibilidad de establecer una memoria única, silenciar las graves violaciones a los derechos humanos. Y es, a mi juicio, competencia del Estado, contribuir a levantar el velo del silencio, del mismo modo que en Argentina fue competencia del Estado el proyecto de creación del Museo ESMA. No para perpetuar el rencor y el odio, o para levantar unas memorias en desmedro de otras, sino para contribuir al proceso de reconocimiento del pasado traumático y evitar la repetición de hechos de esa naturaleza.

La historiadora Gabriela Aguila nos recuerda cómo la memoria traumática en los pueblos que han vivido genocidios no puede silenciarse, a pesar de los mecanismos de represión y olvido a los que constantemente se ve enfrentada. Muy por el contrario, la memoria traumática, reemerge, se reactualiza y resignifica, a través de verdaderos ‘ciclos de memoria’. El proyecto de un Museo de la Memoria en Chile puede entenderse en este contexto, el de levantar el velo del silencio, como lo manifestó Kirchner, quien en la ceremonia que dio a conocer la creación del Museo ESMA, pidió perdón en nombre del Estado ‘por haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades’.

Nancy Nicholls. Historiadora.