Preocupación por situación de Presos Políticos mapuche en huelga de hambre

El Observatorio Ciudadano y la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN, que reúne a 70 instituciones, entre ellas a FASIC, han emitido una declaración por la huelga de hambre que iniciaron el 12 de julio una veintena de prisioneros políticos mapuche.

“Entre las demandas que plantean al Estado -señala el comunicado- se encuentran el término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran, el fin al procesamiento de algunos de ellos por la justicia militar, un juicio justo y la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos, políticos y territoriales.

De acuerdo al documento, existen 58 personas mapuche o relacionadas con el pueblo mapuche procesadas o condenadas por la ley antiterrorista. De ellas, cinco se encuentran condenadas y 42 en prisión preventiva. Mientras que 11 se encuentran cumpliendo medidas cautelares en libertad. “Entre los delitos que se les imputan, o por los cuales cumplen condena, están los de incendio terrorista, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, amenazas terroristas, y el de asociación ilícita terrorista”, señala el comunicado.

Se denuncia que la ley antiterrorista, y que fue promulgada en 1984 por el régimen militar, ha sido aplicada en forma casi exclusiva a los mapuche frente a hechos de protesta social. “Aunque en algunas ocasiones estos hechos de protesta social puedan ser constitutivos de delitos, entidades nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado la aplicación de dicha ley”, señalan, agregando que dicha legislación “no garantiza adecuadamente el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación, al admitir la protección de los testigos, dando lugar a la existencia de testigos sin rostro en los procesos que se siguen en base a ella, al posibilitar la intercepción de las comunicaciones del imputado, y al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva”.

La declaración señala, asimismo, que la intervención de la justicia militar en algunos de los procesos en contra de los mapuche “carece de la imparcialidad necesaria para juzgar delitos en que intervienen civiles, ya sea como ofendidos o como ofensores. En el caso del pueblo mapuche, la impunidad en que se encuentran los homicidios de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, todos ellos cometidos por efectivos policiales y conocidos por la justicia militar, son un claro ejemplo de ello”.

Finalmente, llaman a las autoridades a “considerar y a acoger las demandas de los presos mapuche”. En particular, poniendo término a la aplicación de la ley antiterrorista, a la militarización de las comunidades mapuche y abogando porque, “a la brevedad”, se hagan las reformas propuestas por Naciones Unidas, a la ley antiterrorista y al Código de Justicia Militar. “Ello, para adecuarlas a la normativa internacional de los derechos humanos, garantizando el derecho al debido proceso y la realización de justicia en las causas que involucran a los mapuche, así como en general, a la población civil”.

Lea la Declaración Completa, aquí