El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura fecha acordada, en diciembre de 1997, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta fecha, sin duda, busca poner en el tapete de la sociedad el tema de la práctica de la tortura, que cometen, la mayoría de las veces, agentes del estado en contra de personas indefensas violando el artículo cinco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
De acuerdo a Naciones Unidas “el Día tiene como objetivo la erradicación total de la tortura y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, que entró en vigor el 26 de junio de 1987”.
Esta fecha pone la atención sobre este tipo de violación a los derechos humanos que deja secuelas físicas como psicológicas en los sobrevivientes que la han padecido. Otros tantos seres humanos, lamentablemente, han muerto cuando han sido atormentados con golpes o aplicación de corriente eléctrica por sus captores.
En nuestro país decenas de miles de personas fueron torturadas, por agentes del estado, en los tiempos de la dictadura del general Pinochet. Así dan cuenta los antecedentes que fueron recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, mejor conocida como Comisión Valech, la que, actualmente, se encuentra, por seis meses, recibiendo nuevos testimonios y antecedentes sobre casos de personas torturas producidos en esa etapa de la historia de nuestro país.
Sin embargo, la práctica de la tortura ha seguido presente en nuestro territorio como lo han denunciado diversos informes de derechos humanos y también abogados de FASIC. El último caso público, en proceso de investigación y donde se han formalizado a 8 gendarmes, se produjo a comienzos de junio de este año en el penal de Villarica donde 13 internos denunciaron apremios ilegítimos.
A partir de este año, comenzará a operar el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile que, dentro de sus funciones, podrá “deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia, por hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas”. Por lo tanto, en adelante, en nuestro país se perseguirá con más fuerzas, esperamos, el delito de torturas.
También, el gobierno de Chile, debiera este año implementar un Mecanismo Nacional de Prevención cumpliendo así los compromisos emanados de la firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Vale la pena recordar las palabras de Monseñor Oscar Romero: "No a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada". Que así sea, para respetar la dignidad que tienen todos los seres humanos.
